¿Golpe de estado? (a propósito de la caída de Evo Morales)

Si se trata de definir sugiero hacer una diferencia: la de la definición originaria y la de la definición adquirida. Casi nunca coinciden. Mas bien, casi siempre difieren. Es el caso del término golpe de Estado. Acerca de su origen semántico los cronistas no están de acuerdo. Hay quienes lo sitúan en la Suiza del siglo XVl, usado para caracterizar revueltas en contra de los organismos centrales del poder. Otros – es la acepción más generalizada- lo sitúan en el mismo siglo XVl en Francia aunque como sinónimo de “golpe de autoridad” del Rey en contra de poderes colaterales. La frase de Luis XV “El Estado soy yo” llevada a la práctica sería un golpe de Estado.

El golpe de Estado era, originariamente, un golpe no en contra sino desde el Estado mediante el cual el monarca hacía valer la absolutidad de su poder. Partiendo de esa premisa, el jurista Carl Schmitt (“La Dictadura”) definió el poder político de acuerdo al criterio absolutista: “quién está en condición de dictar el Estado de excepción (supresión de los poderes públicos) tiene el poder”. Eso significa: quién está en condición de dar un golpe desde el Estado, tiene el poder.

El término golpe de Estado en sentido más amplio y popular provino solo en parte de la definición originaria. Fue cuando el presidente vencedor en las elecciones francesas del diciembre de 1848, Louis Bonaparte, sobrino de Napoleón, impulsó en diciembre de 1851 una sublevación militar desde la presidencia asumiendo la totalidad del poder, suprimiendo el sistema electoral, y con ello, violando a la Constitución.

La semejanza entre el golpe de Estado monárquico y el bonapartista reside en el hecho de haber provenido desde el propio Estado. La diferencia es que mediante el primero el Rey hacía valer la Constitución monárquica hasta las últimas consecuencias. El segundo en cambio violaba a la Constitución. Y si pensamos que la Constitución es el acta que constituye jurídicamente al Estado, violaba al propio Estado.

En consecuencias, de acuerdo a sus orígenes podemos definir a un golpe de Estado como el sometimiento de todos los poderes públicos al Ejecutivo, representado en una entidad monárquica o presidencial, vale decir, un golpe de autoridad y de fuerza dentro del Estado.

En todos los casos el sujeto del golpe de Estado fue el poder Ejecutivo. No obstante esa definición de golpe de Estado, vigente a lo largo de casi todo el siglo XlX, sufriría modificaciones durante el siglo XX. El sujeto del golpe sería sustituido por los cuerpos armados y el objeto del golpe sería el propio Ejecutivo. Dicha sustitución tiene que ver en parte con los diversos golpes de Estado que han tenido lugar en América Latina.

Un clásico golpe de Estado latinoamericano del siglo XX mantenía las siguientes características: (a) toma del poder por un grupo militar sublevado el que (b) de modo repentino y violento destituía al gobierno reemplazándolo (c) por una junta militar que nombraba a un representante máximo (casi siempre militar) el que (d) prometía devolver el poder a las fuerzas cívicas (nunca ocurrió). Después del golpe (e) era instaurado un Estado de excepción, el parlamento era disuelto, el poder judicial convertido en oficina notarial del ejecutivo, las libertades individuales y colectivas suspendidas y los derechos humanos pisoteados.

Como es posible advertir, la noción de golpe de Estado del siglo XlX europeo difiere de la del siglo XX latinoamericano. Mientras la tendencia predominante en la Europa decimonónica fue la toma del poder por el Ejecutivo, en la América Latina del pasado siglo la tendencia fue la destitución del presidente y la asunción del Ejecutivo por el Ejército. La fase más alta de esa tendencia culminó en las cruentas dictaduras militares del Cono Sur, sobre todo en las de Pinochet en Chile y Videla en Argentina.

Después de la Guerra Fría parecía que la era de las dictaduras llegaba a su fin en América Latina. No pocos, plenos de optimismo, llegamos a penar que comenzaba otra era en la cual la mayoría de los países transitarían por las amplias avenidas de la democracia. Dicha ruta, ahora lo sabemos, no era ni horizontal ni vertical sino diagonal. Eso quiere decir que no tardarían en sobrevenir gobiernos híbridos a los que es difícil definir como dictaduras en sentido tradicional pero a las que tampoco podemos definir como democracias. Gobiernos autoritarios los llaman de modo suave algunos. Autocracias es el término que parece haberse impuesto en la analítica política al definir regímenes como los de Nicaragua, Venezuela y hasta hace muy poco Bolivia (la de Cuba es un residuo de los totalitarismos del siglo XX). Fenómeno global: las autocracias latinoamericanas, o semi-dictaduras, o dictaduras parciales y no totales (hay muchas definiciones) son equivalentes a las de la Europa marginal. Las más conocidas son las de Turquía, Bielorrusia y Rusia.

Si es difícil caracterizar a las autocracias del siglo XXl, más difícil ha sido definir como golpes de Estado a hechos que han puesto fin a gobiernos autocráticos como los de Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y, muy recientemente, Morales en Bolivia. ¿Pueden ser denominados “golpes de Estado”? En el sentido originario del término, no. En el sentido latinoamericano de los siglos XlX y XX, tampoco.

El hecho es que así como nos encontramos frente a nuevas formas de dominación no-democrática nos encontramos también frente a eventos que no han recibido todavía denominación en el campo de la teoría política. Por eso, antes de incursionar en el caso boliviano parece ser importante revisar episodios precedentes como fueron los sucedidos en Honduras y Paraguay.

El día 28 de junio de 2009 Manuel Zelaya, presidente de Honduras. fue secuestrado por tropas del ejército desde su residencia en Tegucigalpa y arrojado en un avión rumbo a Costa Rica. Si no más eso hubiera sucedido, podríamos hablar sin problemas de golpe de Estado. En efecto, ahí hubo violencia armada.

El tema comienza a relativizarse si tomamos en cuenta que la acción militar fue una respuesta a una violación constitucional urdida por Zelaya destinada a prorrogar ilegalmente su mandato. Más todavía si consideramos que no hubo ocupación militar del gobierno pues Roberto Micheletti asumió el cargo de presidente interino encomendado por el propio Parlamento del cual había sido presidente. En términos estrictos, el “golpe” a Zelaya fue una destitución del presidente por un Parlamento llevada a cabo con auxilio de la fuerza militar.

Más aún: el gobernante interino respetó la independencia de poderes abriendo condiciones para que tuvieran lugar elecciones libres, algo que no había ocurrido en la gran mayoría de los golpes de Estados habidos en el continente. En ese sentido podríamos hablar de un “golpe al gobierno” y no al Estado. Conviene retener el término.

Distinta fue la destitución que expulsó a Fernando Lugo del gobierno paraguayo el 22 de Junio de 2012.

Allí hubo efectivamente una conjura parlamentaria, pero no hubo violencia ni intervención militar como en Honduras. En el fondo se trató de una destitución del presidente, hecho que suele ocurrir en países europeos, aunque en países latinoamericanos –-dado el sobrepeso del poder ejecutivo sobre el parlamentario- es considerado casi como un regicidio. Mas todavía, hay constancia escrita de que el propio Lugo aceptó su renuncia. La destitución de Lugo no fue entonces un golpe de Estado, ni típico ni atípico. Fue una destitución presidencial.

Donde hay todavía discusiones es en el tema de si se trató de una destitución constitucional o puramente institucional. A favor de la primera tesis habla el hecho de que el juicio político por medio de la Cámara de Diputados y la vigilancia del Senado está estipulado en la Constitución paraguaya. En contra habla el hecho de que Lugo sólo fue acusado de mal gobierno pero no de violación a la Carta Constitucional. Pero no hay dudas que la salida de Lugo resultó de un clásico conflicto de poderes al interior del Estado. Golpe de Estado no hubo. Golpe de gobierno, tal vez.

¿Y en Bolivia? ¿Hubo golpe de Estado? Si lo hubo fue en el sentido más originario del término. Un golpe doble. Ocurrió cuando Morales desconoció el resultado del plebiscito de 2016 por el mismo convocado y ocurrió cuando la Consultoría de la OEA comprobó que el gobierno había cometido fraude en las elecciones presidenciales del 2019. En ambos casos hubo abierta violación a la Constitución. Los llevados a cabo por Morales fueron dos golpes a la Constitución, al estilo de Louis Bonaparte en su 18 de Brumario. Desde esa perspectiva, el de noviembre habría sido un contragolpe.

Hay que reiterar: los movimientos de protesta que culminaron con la huida de Morales y García Linera a México, surgieron en defensa y no en contra de la Constitución. Si el de noviembre fue golpe, habría sido el primer golpe constitucional de la historia moderna. Pero no puede haber golpes constitucionales. Hablar de golpe constitucional es de por sí una contradicción.

El movimiento adquirió las características de una auténtica rebelión popular no en contra de la persona de Morales sino en contra del doble fraude. Un movimiento que solo fue posible porque la oposición unida participó en las elecciones, comprobó el fraude, lo dio a conocer a las instancias electorales y fue evidenciado por la consultoría de la OEA, aceptada por el mismo Morales a través del TSE, confiado en que el fallo sería favorable gracias a la amistad que lo unía con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro (así creen arreglar las cosas los autócratas)

De acuerdo al lapidario informe de la OEA hubo “falsificación de firmas y actas”, en un “proceso reñido con las buenas prácticas”, “manipulación del sistema informático de tal magnitud que deben ser investigadas profundamente por el Estado” y un “cúmulo de irregularidades” que el equipo auditor “no puede validar los resultados de la presente elección" recomendando otro proceso electoral con nuevas autoridades electorales.

Conocido el informe, la oposición ya no estaba en condiciones de transar con Morales. Solo cabía, desde el punto de vista constitucional, la abdicación del mandatario. Importante es por lo tanto ordenar los hechos de acuerdo a su sucesión cronológica: 1. Reclamos de la oposición 2. Estallido de la rebelión constitucional en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz 3. Informe de la OEA. Y después de esos tres hechos 4. La policía anunció no estar dispuesta a reprimir a conciudadanos por razones políticas y 5. Solo al final, muy al final, apareció la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas a Morales para que dimitiera.

La pasiva intervención militar fue solo el eslabón de una cadena de acontecimientos que situaba al Ejército en el dilema de, o convertirse en guardia pretoriana al servicio de un presidente que había violado la Constitución, o asumir el veredicto de la OEA y del poderoso movimiento político y social levantado en contra de la presidencia.

La rebelión popular fue la instancia determinante. Fue también la principal diferencia con los hechos que determinaron la salida de Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay. En Honduras y en Paraguay no hubo rebelión popular.

Extraño “golpe de Estado” el de Bolivia donde las instituciones del Estado permanecieron intactas después de la salida de Morales, donde ninguna junta militar asumió el mando, donde ningún general se sentó en el sillón presidencial. Más extraño todavía cuando la presidenta interina Jeanine Añez, de acuerdo con la presidenta del Senado Eva Copas del MAS, partido de Morales, anunció convocar a elecciones en donde el mismo MAS participará sin ninguna limitación aparte de que ni Morales ni García Linera podrán ser candidatos.

Por las razones expuestas nos será posible afirmar que los sucesos acaecidos en Bolivia no permiten hablar de un golpe de Estado. Ni en el sentido original ni en el sentido adquirido del término.

Por supuesto, el hecho de que no hubiera habido golpe de Estado no impedirá al MAS y a gran parte de la izquierda latinoamericana afirmar que sí lo hubo. Algo inevitable. Gracias a Hannah Arendt (“Verdad y mentira en la política”) sabemos que la verdad política no es la misma que la verdad objetiva, que la primera se hace con arreglo a intereses y la segunda de acuerdo a los hechos tal cual fueron.

La gran filósofa de la política estableció la diferencia entre verdad factual (o verdad de hecho) y verdad de la razón (o verdad del discurso). Los políticos de profesión hacen uso continuo de la segunda. Los que sin ser políticos, pero pensamos y escribimos sobre política, nos debemos sin condiciones a la primera verdad, por amarga y dura que ella sea.

Noviembre 28 de 2019

Polis

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