Comenzando junio de 2018, se repite la pregunta de siempre ¿qué hacer?

Con la información al alcance de los ciudadanos políticamente interesados, el comienzo de junio de 2018 pareciese estas signado por la continuidad del régimen, siendo la única incógnita cuan larga será la temporalidad de dicha continuidad.

En este momento, ni de derecho ni de hecho se puede presumir que el gobierno de Maduro tenga garantizada su permanencia en el poder por mucho tiempo más  ni que esa garantía pueda extenderse al período 2019 – 2025.

Lo anterior se apoya en una crisis económica insoluble que de seguir en práctica como es aparente las políticas equivocadas del régimen, se agudizará en sus expresiones hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, fallas graves en los servicios públicos  y la agudización de la inseguridad pública.

Ante ello es indispensable plantearse escenarios que permita definir en cuál o cuáles de ellos puede participar la sociedad civil políticamente organizada, ya bien sea en partidos o en asociaciones no partidistas, pero eso sí y siendo coherentes, actuando de una manera coordinada a la que se llegue mediante mecanismos de consulta y acuerdo que se establezcan con el consenso de todos.

En primer lugar y para facilitar el análisis debemos mencionar aquellos escenarios en los que la sociedad civil no tendría ninguna participación colectiva directa y que por lo tanto, su ocurrencia queda fuera del alcance de la misma.

Entre ellas aparece el difícil de siquiera imaginar cambio en las políticas económicas del gobierno que acompañadas de un relativo “relajamiento” del control político pudiesen devolverle al régimen una gobernabilidad cuya falta cada vez es más evidente. Este escenario conduciría a la tan mal mentada “cohabitación” aparentemente buscada por una parte de la dirigencia y no menos rechazada por la otra, y ante la que se abre la incógnita sobre cuál sería la reacción del común de la gente.

Otro escenario, también ajeno al accionar de la sociedad civil, sería que el régimen ante la evidencia de su propia incapacidad para enfrentar la crisis generada por sus actuaciones erradas, decidiera presentar la dimisión del presidente y abrirle el paso al proceso constitucional establecido para afrontar tal eventualidad. Esta posibilidad luce improbable pues representaría en términos prácticos una “rendición incondicional” que dejaría a sus personeros en manos de la providencia y no precisamente la divina.

En este mismo ámbito se insertan las asonadas militares internas y las improbables intervenciones armadas extranjeras; ante la eventual concreción de alguna de ellas los demócratas, más allá de la diversidad de interpretaciones ideológicas, tendríamos la obligación de exigirle públicamente a los perpetradores de las mismas el inmediato retorno a la legalidad establecida en nuestro marco constitucional.

Intentando acercarnos a lo que luce más probable y basados en indicios provenientes del oficialismo, el escenario previsible es el que el régimen intentará mantenerse en el poder el mayor tiempo posible en la búsqueda de una salida que pueda satisfacer, en el mayor grado posible, los diversos y encontrados intereses que hacen vida en su seno.

Para que la búsqueda de una salida “honorable” tenga que procurarse en el menor tiempo posible es indispensable que el régimen en primer lugar sienta que las presiones internacionales no van a relajarse, al menos en lo inmediato y que el descontento interno, ya no solo por motivaciones políticas, sino por las más apremiantes, es decir las económicas con sus consecuencias sociales se intensifican, acercando el momento de la explosión popular y aumentando consecuentemente la necesidad de aumentar la represión para mantener un poder cada vez  menos productivo en términos políticos y por supuesto, en beneficios económicos para los ejecutores de las negociaciones gubernamentales.

Adicionalmente, para que esa salida se pueda vislumbrar, es obligante que una parte de la oposición venezolana, significativa en número y representativa en cualidad, entienda que tienen que facilitarla acompañando el descontento interno de las mayoría con acciones concretas de denuncia, protesta y propuestas para los problemas más apremiantes, mientras que a la par entienda y explique al país, que la política, al igual que el resto de las actividades humanas, se ejerce exitosamente a través de la negociación entre los que son diferentes.

¿Qué negociar? He allí el gran escollo. Para la inmensa mayoría de los que nos oponemos al régimen, la salida del mismo es la meta inmediata de todo proceso de negociación y hacia su consecución tienen que estar dedicados todos los esfuerzos.

Aceptando lo anterior como premisa, no deja de ser menos importante el internalizar que toda negociación para merecer el calificativo implica beneficios parar las partes y si bien estos no siempre son equitativos, los acuerdos dependerán de que ellos existan para todos los involucrados.

Partiendo de ello y por ser lo más fácil, intentaremos explicitar algunos de los beneficios a los que pudiese aspirar la representación de la oposición democrática, siendo oportuno enfatizar que esta no solo incluye a los que sentimos políticamente, sino que más del 80% de la población venezolana rechaza el régimen de Maduro y apoyaría todo lo que conduzca a su sustitución.

En consecuencia, el reemplazo del actual gobierno por uno de transición es un objetivo innegociable, dejando claro que al decir transición no decimos necesariamente ni obligatoriamente que el mismo tiene que ser de coalición.

Gobierno de transición significa precisamente un equipo de personas honorables y capacitadas capaz de acometer las medidas de corte económico, social y ambiental que son indispensables en lo inmediato, medidas cuyo contenido, por obvio, cuenta con una aceptación muy amplia producto de la dolorosa experiencia que hemos vivido al menos en los últimos 40 años. Escapa a la intención de este escrito el enumerarlas detalladamente, pero es indudable que las mismas deben estar claramente explicitadas en un eventual memorándum de acuerdo.

La composición, la duración de su ejercicio y los compromisos que tendrán que asumir los que puedan llegar a constituir ese gobierno es algo que ya debería estarse estableciendo, dejando claro que al final lo que se pretende es comenzar la ruta hacia la recuperación del país y el restablecimiento de una institucionalidad hoy totalmente ausente.

Para que esto pueda ser aceptable para el régimen actual es necesario que el gobierno de transición les brinde algunas seguridades y allí nuevamente afloran los escollos, no porque no lo entendamos, sino porque el temor a los “francotiradores” de lado y lado coartaría la franqueza necesaria.

Establecer que transición no es “cacería de brujas” es fundamental, pero hasta ahí. En lo internacional las  decisiones le competen a otros y poco, si algo, podrá hacer un nuevo gobierno ya que eso depende de razones y penas que en ningún caso le correspondería aplicar a la justicia venezolana.

Igualmente, nadie puede dar garantía de que aquellos que hayan vulnerado derechos individuales o colectivos, una vez restablecido el estado de derecho, puedan estar exentos de acción judiciales de parte de los que consideren haber sido perjudicados. La impunidad no es parte del sistema de justicia al que aspiramos y así debe quedar postulado.

Puestos en el lugar de algunos personeros del régimen, el cómo y quienes constituirían el gobierno de transición no deja de ser motivo de preocupación. Si no fuese posible el acuerdo, que siempre es la mejor vía para resolver conflictos, constitucionalmente existe una forma que aunque retardaría un poco más el cambio, indudablemente le daría más sustentabilidad a la transición y a la vez permitiría sobre la marcha la reinstitucionalización deseada.

Obviamente esta forma sería la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales acordadas y refrendadas por la gente, la cual de inmediato designaría el gobierno de transición y daría inicia al proceso de reconformación de todos los poderes públicos.

Para que esta propuesta pudiese generar la confianza de todos, no solo de los políticos, se requeriría la designación de un órgano electoral ad hoc que a través de la reglamentación garantizaría la presencia de todos en dicha asamblea como resultado de la voluntad libérrima de los electores, rescatando los principios de equidad en la representación territorial así como en el de la proporcionalidad de dicha representación, hoy seriamente vulnerados.

Por supuesto y de tanta importancia como la designación de los responsables de la transición y del comienzo de la reinstitucionalización operativa de los poderes, la asamblea tendría que ajustar la constitución actual en todos aquellos aspectos en los que se ha demostrado insuficiente, imprecisa e inconveniente, mediante un proyecto que tendría que ser aprobado por la  gente como el nuevo y verdaderamente democrático contrato social que regirá la Venezuela que queremos todos.

Nada de lo escrito es nuevo, ha venido siendo planteado por diversas organizaciones e individualidades y lo rescatamos en aras de la coherencia, cambiando la pregunta a ¿por qué no lo hacemos?