Consenso político y programas de estabilización económica.

En mi artículo anterior discuto el antagonismo entre el desarrollo económico y el conflicto político y dejo por sentado que este ultimo causa estragos en el segundo y ahora toco el tema de la relación entre la dimensión política y la necesidad de enfrentarse a un programa de estabilización, en especial de aquellos diseñados por el Fondo Monetario Internacional, en coordinación o el apoyo del Banco Mundial.

Primero que nada, hay que definir de que tratan esos programas y porque tienen su origen en esas instituciones. “Estabilizar” significa poner orden en un cierto desorden, en los términos más generales, “equilibrar lo que está desequilibrado” y, en lo económico, estabilizar la tasa de cambio, la balanza de pagos y el déficit fiscal, estimular el crecimiento económico y, especialmente, alinear los precios de bienes y servicios al mercado.

Lo diseñan y los ejecutan estas dos instituciones porque son las únicas que realizan préstamos para déficits de balanza de pagos y para el desarrollo y, por consecuencia, aplican una serie de condiciones (condicionalidades), todas ellas dominadas por principios de austeridad y de mercado.  

En general su aplicación implica convencer a los gobiernos y al país entero que deben aceptarlos, a veces, con duras o graves consecuencias políticas, tales como perder elecciones y, aun peor, entrar en crisis recurrentes de sostenibilidad política y económica. Se comprenderá que se trata de un tema de alta complejidad, porque afecta todos los componentes del aparato económico y tienen serias implicaciones sociales y políticas.

Hasta ahora, esas instituciones no han evaluado el tema de la conexión entre la dimensión política y la económica, de tal forma que su diseño y ejecución sea lo menos dolorosa posible. Tanto el FMI, como el Banco Mundial han pagado bien caro sus resultados y su respuesta, a mi juicio insuficiente, ha sido desarrollar programas auxiliares para proteger su impacto sobre la pobreza y unas consideraciones de lo que denominan “costo social”, colocándolos en un plano subordinado, cuando ellos deberían ser, precisamente, sus objetivos primarios. (*)

Una reflexión sobre la necesidad de un consenso político para ponerlos en práctica debería entrar en su ecuación valorativa y no darle un privilegio excesivo al programa mismo, lo cual termina etiquetándole como “tecnocrático”. Quizás, el caso venezolano de los 90’s sea un buen ejemplo de ello, porque la ausencia de un consenso político bien estudiado y concebido nos habría evitado las dolorosas consecuencias que aun se viven.  

(*)IMF/World Bank Comprehensive Review of the Poverty Reduction Strategy Papers.