Costos políticos y costos jurídicos

Apreciación de la situación política 106

Luego de más de 40 días de protestas y manifestaciones continuadas con un saldo de 39 inocentes fallecidos, cientos de heridos y miles de detenidos por la jurisdicción militar, que no es competente para esto, el mayor logro para la oposición democrática es desnudar el carácter delincuencial de los personeros que dirigen al régimen. Otros calificativos como autoritario, dictatorial, antidemocrático, etc., pasan a ser complementarios.

Existen suficientes elementos de juicio para aseverarlo, aunque debe aclararse que las pruebas aportadas, todas provenientes de instituciones internacionales o de otros países porque en el nuestro no hay ninguna investigación seria, tendrían carácter circunstancial por darle un nombre jurídico.

Nadie, en este país, puede creer que los sobrinos de la primera combatiente cometieran sus delitos de narcotráfico, con pasaportes diplomáticos, con aviones del Estado y la pareja presidencial estuviera inocente completamente de estos procederes. Ya son varios los funcionarios de CITGO en manos de la justicia norteamericana que han reconocido los delitos de los que se les acusan. Los depósitos de un ministerio en el banco de Andorra, aún siguen sin explicación alguna y últimamente las comisiones entregadas por la empresa brasilera ODEBRECHT a funcionarios venezolanos para lograr contratos en el país de obras que no han sido concluidas o ni siquiera iniciadas, las presuntas inversiones del vicepresidente actual por intermedio de un testaferro en el imperio mismo, son noticias que aparecen en las páginas de diarios de otros países frecuentemente y que el régimen no puede impedir que por los medios informáticos nos enteremos en nuestro país.

Todas estas informaciones llegan en medio de las protestas y manifestaciones de los últimos días que hubiesen provocado que cualquier dictadura, al menos, habría intentado establecer un canal de negociación para buscar una salida medianamente democrática como, por ejemplo, establecer un cronograma electoral en el corto plazo para elecciones regionales pendientes y bajar así la intensidad de las manifestaciones. Pero con un gobierno delincuencial no es posible, el temor a las consecuencias jurídicas de muchos altos personeros del régimen es mucho mayor que los costos políticos que deberían afrontar. Marcar la diferencia entre costos jurídicos y costos políticos para el gobierno es una tarea que la oposición democrática debe sopesar para establecer una estrategia que le permita al régimen entrar a una negociación para un gobierno de transición donde los costos jurídicos no tengan que ser pagados en el corto o mediano plazo por los funcionarios del gobierno.

De allí que, la fraudulenta convocatoria a una asamblea constituyente que no resuelve ninguno de los graves problemas del país, para el gobierno significa un costo político que ya ha comenzado a pagar internacionalmente, pero que jurídicamente le da, en su lógica de supervivencia, tiempo para evadir elecciones y mecanismos democráticos y mantenerse en el poder el tiempo necesario para, y hasta posiblemente, perpetuarse en el poder, que es lo único que le pudiera garantizar evadir la justicia nacional e internacional.

Mantener la presión en la calle ve a ser indispensable para mantener la presión política y sus costos negativos para el gobierno, pero la solución final tendrá que ver más con garantías jurídicas para los integrantes del régimen que con su futuro político.

@lesterllopezo