Derechos Humanos y soberanía

La última semana de septiembre fue histórica para Venezuela. A las recientes sanciones de EEUU y Europa contra los principales miembros de la cleptocracia de Maduro, se agregan dos episodios inéditos protagonizados por la comunidad internacional, que reflejan la tragedia que vivimos los venezolanos.

Seis países presentaron una solicitud conjunta ante la Corte Penal Internacional (CPI) para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, apoyados por Francia que se pronunció un día después, piden investigar la violación de derechos humanos perpetrada en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La solicitud fue acompañada de dos informes – uno de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y otro del secretario general de la OEA, Luis Almagro – que documentan las ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Se trata de la primera vez en los 16 años de historia de la CPI que un grupo de Estados-Parte remite la situación de un tercer país a la Fiscalía. Es una clara señal de la gravedad de las circunstancias que sufre Venezuela y del sólido apoyo mundial con el que cuentan los venezolanos, víctimas de la dictadura del hambre y la corrupción de Maduro.

A esto se suma la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del jueves pasado, también inédita, que insta a un gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas. Como dice Adama Dieng, Asesor Especial de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, el Estado tiene la obligación de proteger a su propio pueblo y no puede usar la soberanía como excusa. Si un Estado falla en cumplir, otros tienen la obligación de actuar. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, se valorizan los Derechos Humanos por encima de la no intervención. Los Estados ya no son responsables solo de sus ciudadanos, sino de los seres humanos en general.

El chavismo ha sufrido la peor derrota diplomática en sus veinte años de gobierno autoritario. El régimen de Maduro no tiene ninguna legitimidad. La comunidad global no lo reconoce y el 80% de los venezolanos lo rechaza.

Además de la falta de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la violencia y el ataque sistemático a la libertad de expresión, la corrupción y la impunidad se han adueñado del país aplastando la Constitución y el Estado de Derecho. La Carta Magna prevé (arts. 333 y 350) los mecanismos para proteger su vigencia frente a los abusos del autócrata en contra de los intereses individuales, colectivos y difusos de la nación.

El mensaje enviado desde la comunidad internacional convoca al régimen a ceder y facilitar sin más traumas, una solución política, y por lo tanto pacífica, a la grave emergencia que sacude a Venezuela.

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