El chantaje: los “secretos de Estado” de Rafael Ramírez

Luego de casi veinte años en los más altos cargos del régimen, ahora ninguno de los que ha estado al frente de este desastre acepta tener culpa alguna. 

En la pelea de las cúpulas del chavismo por el poder, los argumentos que esgrime Maduro contra Rafael Ramírez y éste contra Maduro confirman lo que hemos dicho: nos enfrentamos a un Estado delincuente. Una casta cívico-militar se apoderó de las instituciones y las empresas del Estado para enriquecerse grotescamente, al mismo tiempo que empobreció hasta la hambruna al resto del país.

Luego de casi veinte años en los más altos cargos del régimen, ahora ninguno de los que ha estado al frente de este desastre acepta tener culpa alguna. Maduro señala a la corrupción de Ramírez y su grupo, y Ramírez responsabiliza a la incapacidad y sed de poder y riqueza de Maduro.

Apuestan a la desinformación del pueblo, lograda a pulso con los ataques a la libertad de expresión y de prensa, a los periodistas y además con la ilegal compra de radios, televisoras y periódicos usando fondos del Estado, que comenzó con Chávez y que Maduro y su grupo profundizó hasta llegar al punto que solo una reducida parte de los venezolanos sabe lo que, mas o menos, sucede en el país.

El defenestrado Ramírez de hoy, amenaza con sacar a la luz los trapos sucios de la revolución, sobre la que dice tener más de 24 cajas de documentos que sin embargo no devela porque son “secretos de Estado”.

El Ramírez que ahora amenaza, pero no concreta, con denunciar la corrupción de Maduro y su entorno, pretende que el país olvide los ilícitos y desmanes cometidos en Pdvsa por él mismo y su red de familiares, amigos y asociados, colocados al frente de los cargos más importantes de la petrolera.

Ramírez como presidente de Pdvsa, y su vicepresidente Asdrúbal Chávez, tuvieron el control económico y financiero de la nación durante la mayor parte de esta mal llamada revolución y por ello tienen responsabilidad civil, política y penal en la actual calamidad que viven todos los venezolanos. No puede ahora Ramírez ofrecerse como otro “salvador de la Patria”, vendiéndose a los chavistas como el “verdadero revolucionario”, el que restaurará el “mar de a felicidad” que supuestamente existía con Chávez.

La corrupción con la importación de alimentos con divisas preferenciales expuesta por el escándalo de Pudreval, la falta de mantenimiento y los ilícitos con los seguros y reaseguros de Pdvsa, destapados por la tragedia de Amuay, los sobornos de empresarios nacionales y extranjeros a altos cargos de Pdvsa, el Fondo Chino y a su primo y testaferro Diego Salazar Carreño develados por el caso Banca Privada de Andorra, la debacle del sistema eléctrico nacional producida por la “emergencia” eléctrica que repartió grandes contratos a sus socios y amigos, las irregularidades con los contratos de exploración y explotación de la Faja del Orinoco, la contabilidad paralela en la venta del crudo pero sobre todo las milmillonarias operaciones ilícitas con el diferencial cambiario realizadas por sus operadores financieros personales en el Cadivi paralelo que montó Ramírez en la petrolera, son solo algunas de las puntas que sobresalen en el amplio horizonte de la oscura, críptica e ilegal gestión de Rafael Ramírez al frente de Pdvsa, a la que destruyó cuando la convirtió en el arma “roja-rojita” del PSUV y por lo tanto, inescrutable e intocable para el resto del Estado y la sociedad, incluyendo las instituciones responsables de controlarla y la opinión pública.

La corrupción y la impunidad se adueñaron del país. La legalidad y el Estado de Derecho fueron sustituidos por un entramado criminal, tal como lo denunciamos en nuestros libros Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela (2013) y El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2015).

Ambas investigaciones fueron enviadas en su momento, tanto a la Asamblea Nacional como al Ministerio Público e inclusive al despacho de la presidencia de la República. La plenaria de la AN debatió el informe presentado por el presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Guevara (hoy perseguido y en calidad de invitado en la embajada de Chile en Caracas), el cual estableció claramente la responsabilidad política y administrativa de Rafael Ramírez, emitiendo un voto de censura en su contra, el cual por cierto, fue anulado por el actual TSJ, siguiendo instrucciones de Maduro.

Es más que evidente que la corrupción política ha empobrecido a la mayoría del país y es en gran parte la causa de nuestros males y una clara violación masiva y sistemática a los derechos humanos de todos los venezolanos.

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