Golpes a la universidad

Una cosa es lo que se dice en la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación y en la vigente Ley de Universidades sobre la autonomía y las correspondientes capacidades de nuestras instituciones universitarias: para la planificación, organización y realización de sus programas de investigación, de docencia y de extensión; para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; para la organización y administración de su patrimonio.

Otra muy distinta son las condiciones indispensables para el ejercicio de ese principio en nuestras casas de estudio, para que puedan ejercer la libertad necesaria en la búsqueda, preservación y transmisión del saber y la verdad, para que efectivamente esas normas de autogobierno puedan cumplirse a cabalidad y tengan la traducción esperada en la realidad.

Hoy la universidad venezolana vive una fuerte ruptura en el ejercicio de su autonomía consagrada constitucionalmente como principio y jerarquía. Se pone de manifiesto en las serias dificultades confrontadas por la institución para llevar a la práctica ese valor esencial previsto tanto en la carta magna como en los textos legales antes mencionados. Es un quiebre que adquiere mayor significación a partir de ciertos hechos ocurridos durante las dos últimas décadas, los cuales provocaron una gran desestabilización en su funcionamiento. Diferentes medidas gubernamentales que afectaron particularmente a las universidades autónomas desde hace varios años, aunadas con determinados efectos de la grave y compleja crisis actual, son los principales factores perturbadores que alimentan esa ruptura con mayor fuerza y de un modo alarmante en el presente.

La toma del Consejo Universitario y del edificio del rectorado de la UCV por partidarios del oficialismo en el mes de marzo del año 2001 marca el inicio de una estrategia desestabilizadora contra la universidad autónoma, a la cual les siguieron diversos ataques violentos a esta misma institución y a otras universidades tildadas igualmente de enemigas por el régimen.

Tal proceso desestabilizador continuó, entre otros, con los siguientes hechos: el intento de reforma universitaria con la aprobación de la LOE (2009) y la LEU (sancionada por la Asamblea Nacional en 2010 y vetada después por el presidente Chávez en 2011), de graves implicaciones para el funcionamiento, la gobernabilidad y la calidad académica de la universidad; las interferencias sistemáticas del TSJ en asuntos académicos (relativos a concursos de oposición y de credenciales de profesores, por ejemplo) y en procesos electorales de autoridades, profesores y estudiantes (suspendidos desde el año 2008); la imposición arbitraria por el Ejecutivo de un nuevo modelo de asignación de cupos que privilegia criterios no académicos para el ingreso de estudiantes a las universidades; las grandes restricciones asociadas a la precariedad presupuestaria que amenazan en la actualidad con el colapso definitivo de la vida institucional; el desconocimiento del derecho a la asociación de los trabajadores por parte del Ejecutivo, al imponer de manera arbitraria condiciones de naturaleza política e ideológica en los procesos de negociación colectiva (con desplazamiento de las asociaciones de profesores por los sindicatos); amenazas, ataques intimidatorios, descalificaciones, persecuciones, o medidas de prisión contra algunos miembros de la comunidad académica, cuyas opiniones o actuaciones han sido consideradas contrarias a los intereses del régimen.

A lo anterior debemos agregar los serios trastornos que en su vida académica sufren ahora las instituciones universitarias por la pérdida creciente de alumnos y docentes, quienes ante la tragedia nacional que hoy padecemos se ven en la necesidad de renunciar e ir en la búsqueda de nuevos horizontes y mejores condiciones de vida, trabajo y estudio.

En definitiva, en las circunstancias actuales podemos hablar con propiedad de una universidad autónoma sitiada por el régimen y víctima además de los efectos devastadores de una crisis de la cual este es el gran responsable; e igualmente de una autonomía universitaria que de manera lamentable tiende a convertirse en letra muerta en la Venezuela de estos tiempos.

El momento es para recordar que si nuestra comunidad académica no logra articular sus esfuerzos, organizarse y movilizarse en defensa de su institución, la universidad autónoma quedará expuesta a mayores peligros. Hagamos nuestras estas palabras de Almudena Grandes: “Nuestro futuro está en nuestras manos, pero todos los caminos para conquistarlo pasan por la derrota de la resignación”.

@eleazarnarvaez

narvaez.eleazar@gmail.com

EL NACIONAL. 02/04/2018