La privatización de Venezuela

A finales de década ochenta y en los años noventa del siglo pasado, ante el estallido de la crisis de la deuda externa en países en desarrollo, se impuso el denominado “Consenso de Washington”, consistente en un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal que llevaban a la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio, desregulación de los mercados laborales, disminución del tamaño del Estado, desestructuración del Estado de bienestar en países desarrollados, dejando a la “mano invisible” del mercado la toma de decisiones en Economía. 

Estas medidas se aplicaron a través de las agencias financieras de la órbita de los EE.UU. como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro del país del norte. En esos tiempos la llegada al poder de los partidos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña, de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros factores, fue determinante para que fuera puesta en marcha el severo proceso de liberalización de las economías.

Los partidos políticos de izquierda, aquellos ubicados en el centro del espectro político e inclusive los de centro derecha moderados del mundo criticaron la propuesta, por dejar desprotegidos a los más vulnerables, generar más pobreza y aumentar la brecha entre ricos y pobres. Ciertamente el resultado no fue nada satisfactorio para los países involucrados, ruinoso en muchos casos, siendo esto reconocido mucho después por las mencionadas agencias financieras. Estas han replanteado políticas menos radicales, reconociendo el papel regulador del Estado y promulgando un mayor equilibrio entre este y el sector privado, gran motor de la Economía.

En Venezuela, se ha dado la gran paradoja de que quienes gobiernan desde hace 19 años, con un discurso a favor de los pobres, contra capitalismo y el “neoliberalismo salvaje”, auto denominados como “socialismo del siglo XXI”, en los hechos presentan mayor privatización de lo que se imaginaron en el pasado los propulsores del “Consenso de Washington”, y sus resultados son muchos más calamitosos. Todo hay que pagarlo en el país. Los servicios públicos que prestaban los gobiernos anteriores han sido total o parcialmente “transferidos” de manera fraudulenta y encubierta a la gente común, ante la incapacidad de sostenerlos. Veamos algunos ejemplos.

Los pobres, quienes son los que consultan en los hospitales públicos, tienen que comprar todos los medicamentos e insumos que requieran sus familiares enfermos. Esto se llama “gasto de bolsillo”, y se sabe que genera más pobreza, es mucho más injusto e inequitativo que otras formas de financiamiento de la salud. Por otro lado, Las medicinas para las enfermedades agudas y crónicas, no se encuentran, y cuando ocurre son inaccesibles por su costo para la mayoría de la población.

El agua potable, usualmente no llega a las residencias y comercios, y las personas tienen que pagar de su bolsillo a camiones privados para que le surtan del preciado líquido. El aseo urbano está muy caótico, pasando muchos días, incluso semanas, sin recogerla, por lo que la gente decide pagar a vehículos privados o al mismo aseo municipal, ante el peligro cierto de enfermedades. El gas para cocinar está también en una situación terrible. La gente tiene que pagarlo mucho más caro  y cancelar aparte el transporte, por la escasez de cilindros y del producto mismo.

La seguridad personal, que es clara responsabilidad del Estado, como no está garantizada y el hampa manda en las calles, hay empresas y negocios que contratan a guarda espaldas o a policías activos a cambio de un ingreso que complemente sus famélicos sueldos. La electricidad, que en el pasado proporcionaba Cadafe y luego las empresas eléctricas estatales, ahora se caracteriza por apagones continuos, por la incapacidad de producirla el Estado. Por esta razón los centros comerciales y grandes empresas deben auto-generarla, so pena de ser multados por el que tiene la responsabilidad y no cumple.

Podemos seguir mencionado ejemplos de servicios públicos liberalizados. Pero lo que queremos resaltar es que en nuestro país el gobierno, aunque tenga un discurso contra la privatización, en realidad ha hecho todo lo contrario al abandonar su responsabilidad, dejando que cada quien resuelva por su lado.

Neoliberalismo puro. Mucha envidia deben tenerle a Maduro y al “socialismo del siglo XXI” los creyentes e impulsores de aquel consenso que desnacionalizó todo, pero que al igual que en Venezuela trajo tanta pobreza en el mundo en desarrollo.