Las elecciones del próximo 20 de mayo no son libres ni imparciales

Informe de Irregularidades 2018

Resumen ejecutivo

Introducción

El voto en Venezuela ha perdido legitimidad porque el sistema electoral es hoy percibido por muchos como poco  transparente y administrado por instituciones que no son imparciales. Es un deterioro que no se ha interrumpido, sino que por el contrario, tiende a agravarse por los propósitos y funciones que  se ha abrogado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) espuriamente electa en  julio del pasado año.  Violando  expresas disposiciones constitucionales esa institución ha actuado en los procesos electorales recientes adoptando medidas que  menoscaban derechos políticos y electorales de los venezolanos.

Antecedentes

El funcionamiento reciente de la justicia electoral ha contribuido al menoscabo de la legitimidad democrática, poniendo en riesgo la credibilidad de los procesos electorales y llevando a muchos ciudadanos a cuestionar incluso su participación en el próximo proceso y desconocer sus eventuales resultados. Se ilustra esto con tres casos recientes.

Elecciones de diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas.

El 30 diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia mediante la cual suspendía los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en Amazonas y la Región Indígena Sur, sustentada en la acusación de una supuesta compra de votos, basada en una grabación telefónica ilegal.

Eso bastó para  abrir una  averiguación, considerar procedente la solicitud de amparo cautelar y ordenar de forma provisional e inmediata –mientras ese  proceso concluye– la anulación de  las  consecuencias de  la elección, con  lo que  se le restó a la Asamblea Nacional (AN) cuatro diputados, tres de ellos opositores. De esa sentencia hace ya más dos años y el estado Amazonas continúa sin representación ante la Asamblea Nacional.

Elecciones del gobernador del estado Bolívar

El 18 de octubre de  2017,  tres días  después de realizadas las  elecciones, la Junta Regional del CNE en Bolívar proclamó a Justo Noguera Pietri, candidato del PSUV, como gobernador del Estado, con una diferencia de apenas 0,26% de votos válidos. El candidato opositor Andrés Velásquez impugnó esos resultados, apoyándose en copias de actas de  escrutinio. Sin embargo, el gobernador impugnado en  base a pruebas físicas que parecen irrefutables, está ya instalado en el Palacio de Gobierno del Estado.

Elección de gobernador del estado Zulia

A los  candidatos ganadores en  los  comicios de  gobernadores de  2017,  la ANC les impuso como requisito para  asumir el cargo,  que debía juramentarse ante ella, requisito que no está contemplado en la legislación electoral vigente. Juan Pablo  Guanipa,  gana- dor en el estado Zulia con el 51,35% de los votos,  decidió no acudir  al acto de juramentación por considerarlo ilegal.  Ante su  negativa, la ANC declaró la falta  absoluta en la gobernación del Zulia y ordenó la repetición de esa elección.

Anulación de partidos

Atendiendo a una solicitud presidencial, la ANC decidió sancionar a los partidos que no participaron en la elección de alcaldes de diciembre de 2017.  Para ello aprobaron un decreto obligando a los partidos políticos sancionados a someterse a un nuevo  proceso de validación de su militancia, como condición para  no ser eliminados. Esta  sanción no está contemplada en la legislación electoral vigente y fue, por tanto, aplicada de manera ilegal y retroactiva.

Los partidos ilegalizados fueron: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La fecha de las elecciones como acto de ventajismo

Después de la elección parlamentaria de 2015, el CNE ha escogido tanto el momento de hacer los anuncios, como la fecha de los próximos comicios y publicación de los cronogramas correspondientes. Para ello el árbitro ha actuado con absoluta discrecionalidad beneficiando al partido gobernante y dificultando la participación de otros actores políticos.

Observamos desde entonces como los comicios organizados por el CNE se desarrollan en tiempos y fechas arbitrarias. Primero,  en 2016,  se alargó el proceso de convocatoria de referéndum revocatorio, para  finalmente suspenderlo. En segundo lugar, las elecciones regionales no se realizaron en diciembre de 2016, fecha pautada por la Constitución. El CNE organizó igualmente una  elección intempestiva de una  Asamblea Nacional  Constituyente, propuesta por el Presidente, programando luego, en apenas poco más de dos  meses, la elección de gobernadores. Dicha elección fue separada de la de los consejos legislativos estadales violando disposiciones expresas de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales. Después de conocidos sus resultados, se convocó la elección de alcaldes disponiendo tan sólo 38 días  para  su realización.

En este contexto de decisiones discrecionales se están convocando las  elecciones del 20 de mayo.  Acatando un mandato inconstitucional proveniente de la ANC, el miércoles 7 de febrero la presidenta del CNE, Tibisay  Lucena,  anunció que la elección presidencial se celebraría el 22 de abril.

Al evaluar los  plazos del primer Cronograma Electoral, se evidencia la eliminación de  actividades relacionadas al catastro, simulacro electoral, uso  de  la tinta  indeleble, observación nacional y acompañamiento internacional e, incluso, dejó por fuera las postulaciones de candidatos por grupos de electores o iniciativa propia.  Aunado  a esto,  el organismo recortó drásticamente los  lapsos para  la presentación de  candidaturas, la organización del Registro Electoral,  la campaña electoral y el ensamblaje de material. Aunque  los lapsos de varias actividades se sobreponen, la suma de todas las  disminuciones en los lapsos, comparado con el cronograma de la elección presidencial de 2012, alcanza a 295 días.

Acuerdo de Garantías Electorales

El jueves 1 de marzo integrantes del partido PSUV y un sector de la oposición representado por los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei  firmaron  un llamado “Acuerdo de  Garantías Electorales” en  la sede del Poder Electoral. Producto del acuerdo el CNE reprogramó las  presidenciales para  (realizarse) el 20 de  mayo  y convocó para  la misma fecha los  comicios de  Consejos Legislativos Estadales y Concejos Municipales.

Así, se modificó el cronograma electoral que ya había sido presentado, acordando nuevas condiciones y lapsos sin prestar atención a las disposiciones legales correspondientes. Con la difusión del segundo Cronograma Electoral la etapa más afectada por la reducción fue la de postulaciones. Además, 16 actividades se comprimieron para  ejecutarse en apenas 17 días.  Esto implicó una reducción de 98 días  respecto a los lapsos de las mismas actividades en el proceso de 2015.

El CNE fijó lapsos muy reducidos para  inscribir  candidatos no postulados por parti- dos,  y los electores no contaron con  tiempo suficiente para  enterarse cuándo y dónde validar en apoyo  a la candidatura de un dirigente postulado por iniciativa propia  o por un

El árbitro dio a los  postulados por  iniciativa propia  o grupo  de  electores un  plazo de apenas seis días  para  consignar y validar  firmas  del 5% del Registro Electoral como requisito para  inscribirse, una  cifra diez veces mayor  a la exigida  en procesos de renovación de  nóminas de  partidos políticos anteriores (que  fue  de  0,5% en  al menos 12 estados). Esto  significó que  para  postularse por iniciativa propia  o grupo  de electores en este 2018 los candidatos debieron recolectar 987.046 manifestaciones de voluntad.

El Poder Electoral confirmó que dos  candidatos alcanzaron la postulación mediante estos mecanismos: Javier Bertucci (grupo de electores) y Alejandro  Ratti (iniciativa propia). Surgen al respecto dos  interrogantes. La primera,  ¿cómo alcanzaron a recolectar en el mismo lapso casi  un millón de firmas  cada uno, en cinco  días  distribuidas en 18 estados del país, sin contar con las campañas informativas del organismo? Y la segunda, ¿por qué el CNE no ha publicado los resultados de la verificación de esas manifestaciones de voluntad?

Registro Electoral

Se estipularon apenas 20 días  para  los operativos de actualización e inscripción de nuevos electores en el Registro. Este  lapso resultó insuficiente para  que se inscribieran los casi  dos millones de jóvenes con edad para  sufragar no inscritos, o para  que actualizaran sus datos alrededor de un millón y medio de electores residenciados en el exterior del país, emigrados recientemente.

Campaña Electoral, Ventajismo De Estado

Para las  elecciones de 2018  el CNE estipuló para  la campaña electoral un lapso de 26 días, esto es, una reducción de 70 días  en comparación al tiempo asignado para  esta actividad en las presidenciales en 2012 (96 días).

Antes  de que fueran convocadas las elecciones, el gobierno ya estaba en campaña. El 26 de enero Maduro promocionó el logo y tema oficial “Juntos podemos más”,  además de ocupar importantes espacios en radio y televisión en los meses siguientes.

Por su parte,  el  PSUV (de forma  sistemática) con  la denominada “maquinaria roja”, ha realizado de manera sistemática acciones de coacción e intimidación del voto a través del chequeo de votantes en listas 1x10 y anuncios del uso  del Carnet  de la Patria en las cercanías de centros de votación, para  verificar quienes han votado. El Carnet  de la Patria ya ha sido utilizado por el oficialismo en elecciones anteriores como un mecanismo para  activar al electorado, ya sea bajo  el temor de sentirse amenazado o con  la promesa de obtener un beneficio. El presidente Nicolás Maduro, al momento de sufragar en las  elecciones de gobernadores declaró: “Mala idea  no es, aquí  el que  haya  votado con su Carnet  de la Patria tendrá un premio  de la República, mala  idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen”. Por su parte,  en esas mismas elecciones, el coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy  Bernal, conminó públicamente a los jefes de cuadras de los Clap: “Ustedes saben cómo hacerlo: con lista en mano,  cada beneficiario del Clap que venga a reafirmar su voto”.

Desequilibrio informativo

Respecto a los medios de comunicación, el desequilibrio informativo, la desinformación, la censura y la autocensura han marcado los asuntos electorales. Así lo demostraron investigaciones adelantadas por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) con la colaboración del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Confianza en el sistema automatizado de votación

Un elemento clave del sistema automatizado de votación es su confiabilidad. Esa necesaria confianza, sin embargo, sufrió un duro golpe con la denuncia hecha por la empresa Smartmatic, encargada desde 2004  y hasta ese  momento de suministrar la plataforma para  automatizar el sufragio en Venezuela. Aseguró esa empresa que el CNE habría agregado al menos un millón de votos al total  de participación registrado en la elección constituyente y que, por primera vez en 13 años, no podía avalar los resultados oficiales: “Lo que nosotros podemos asegurar, sin ninguna duda, es que las (cifras) oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan (…) La data fue manipulada”. La denuncia de Smartmatic no fue formalmente investigada, el CNE no esclareció los hechos.

Conclusiones

El OEV ha acumulado suficientes evidencias para  señalar que  se trata de un evento marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos políticos de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido drásticamente limitados por las reglas del juego  impuestas por el árbitro electoral:

  • Se inhabilitaron candidatos.
  • Se ilegalizaron importantes partidos políticos, con amplia participación en la Asamblea Nacional
  • Se limitó la actualización e inscripción en el registro electoral de los residentes en Venezuela y fue aún  más dramático en el caso de los venezolanos residentes en el exterior.
  • Se aceptaron candidatos por cuenta propia  y por grupos de electores a la elección presidencial para  los cuales luce prácticamente imposible que hayan cumplido con los requisitos de ley para  participar como elegibles del proceso electoral.

En esta, como otras ocasiones, actores opositores compiten contra la estructura del Estado. El CNE no sólo no regula el período de precampaña, sino que establece normas para  luego no aplicar ninguna sanción o limitación al gobierno por el uso indiscriminado de los recursos y medios públicos. Así, la campaña se muestra injusta y desequilibrada. Todo ello arroja  dudas sobre la confiabilidad de los resultados.

La consecuencia negativa más grave  de este proceso sería la desvalorización en el pueblo venezolano del voto como vía democrática para  resolver nuestras diferencias y enfrentar la crisis  política  económica y social que vive el país.

Caracas, mayo 2018

El informe completo se incluye en el archivo anexo