Región agitada: ¿pero estable?

Varios países de la región se presentan convulsionados, bajo una creciente polarización y agitación social; con altos niveles de corrupción y desgaste de los políticos y los partidos; empero, y paradójicamente, en algunos de los casos de mayor tensión, como Perú y Ecuador, la institucionalidad democrática pareciera estable, tanto el poder judicial, como las instituciones electorales, se presentan relativamente autónomos y eficientes, todo lo contrario, al caso venezolano.

Ahora bien, en la medida que la crisis se incremente, pude abrir espacios a los proyectos radicales que, en buena medida, están promoviendo la crisis, para abrirse camino al poder, manipulando a la población y aprovechando las bondades de la institucionalidad democrática.

Los casos recientes de Perú y Ecuador resultan significativos y sorprenden por lo repetitivo de los escenarios. En el caso peruano impacta que todos los Expresidentes vivos son objeto de investigaciones judiciales, algunos en prisión, otros fugitivos e incluso, previó a su detención, se suicidó el veterano aprista Alan García, quien ejerció la Presidencia en dos oportunidades. Pero el poder judicial se mantiene firme, las fuerzas armadas ocupando su lugar y respetando la institucionalidad.

El enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo peruanos no es nuevo, pero ha llegado en estos días a un nivel extremo, al utilizar el Presidente Martin Vizcarra, la atribución constitucional que le permite disolver al Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. El Congreso, por su parte, reaccionó de inmediato, suspendiendo al Presidente y designando provisionalmente a la Vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como encargada.

Sorprende como se repite el escenario, pues el Presidente Vizcarra llegó al poder, producto de una crisis previa, en la que el Presidente electo, P.P. Kuczynski, se vio obligado a renunciar y se encuentra bajo investigación judicial.

Pareciera que en la esencia del conflicto de poderes en el Perú, destaca la arrogancia del fujimorismo y sus aliados, que controlan el Congreso, y desde allí aspiran controlar del resto de las instituciones, en particular del Tribunal Constitucional. Pero la jugada no está resultando exitosa. La OEA ha declarado de forma adecuada y conveniente y se espera que el orden constitucional se imponga. En consecuencia, el país se debe preparar para nuevas elecciones, un reto complicado, pues la maquinaria fujimorista está bien organizada y el resto de los partidos fraccionados y enfrentados. Lo admirable del caso peruano es que la institucionalidad democrática prevalece, se impone y se consolida.

Ecuador nos evoca un Déjà Vu, pues la protesta social, particularmente indígena, ya ha generado graves crisis políticas y algunas han desembocado en la salida de Presidentes en ejercicio; al respecto, nos podríamos remontar al caso de Abdala Bucaram en 1997, luego la renuncia de Jamil Mahuad, por las protestas debido a la dolarización del país en el 2000 y posteriormente a la “rebelión de los forajidos”, contra Lucio Gutiérrez en el 2005.

Pudiéramos pensar que faltó manejo político y sensibilidad social, para adoptar las necesarias reformas económicas aprobadas por el Presidente Lenin Moreno, lo que a todas luces resulta evidente, es la participación en la protesta de los grupos radicales, fieles intérpretes del Foro de San Pablo. En esta oportunidad la situación se empeora, por la presunta participación de grupos militares favorables al radicalismo. Estos son los típicos grupos que promueven la violencia, aprovechando la democracia y manipulando el discurso, para llegar al poder y, al lograrlo, inician el desmantelamiento de la institucionalidad y la violación de los derechos humanos, para perpetuarse en el poder.

El caso ecuatoriano se pudiera complicar con la participación de apoyos extranjeros para los radicales, de allí la necesidad que la comunidad internacional democrática mantenga su atención y participación preventiva. Es un tema que se debería abordar en la OEA a los fines de proceder bajo el sistema de la alerta temprana y evitar que la situación se desborde.

Para la lucha democrática venezolana, estos dos conflictos son preocupantes, entre otros, en alguna medida debilitan la fortaleza del Grupo de Lima, complican la agenda. Ahora bien, convendría que este mecanismo se reúna de emergencia, para evaluar las posibilidades de su participación, con el objeto de cuidar por la paz, la convivencia y la estabilidad de la democracia.

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