Una demagógica y manipulada "asamblea"

 El domingo 28 de enero, en horas de la tarde, asistí a la “asamblea” convocada para tratar el tema de la distribución de alimentos regulados en el supermercado (llamado por costumbre: el minimercado) José Félix Ribas; el cual está ubicado en la calle Los Jabillos, entre los sectores 3 y 5 de la urbanización del mismo nombre, parroquia Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua. Al llegar al sitio escogido para realizar el evento (entrada del módulo de salud de la UD 12, sector 9 de la Urb.

 El domingo 28 de enero, en horas de la tarde, asistí a la “asamblea” convocada para tratar el tema de la distribución de alimentos regulados en el supermercado (llamado por costumbre: el minimercado) José Félix Ribas; el cual está ubicado en la calle Los Jabillos, entre los sectores 3 y 5 de la urbanización del mismo nombre, parroquia Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua. Al llegar al sitio escogido para realizar el evento (entrada del módulo de salud de la UD 12, sector 9 de la Urb. Caña de Azúcar) pude notar que la gran mayoría de los vecinos no atendió al llamado; sin embargo, la asistencia era bastante numerosa si la comparamos con las de otras ocasiones, cuando la invitación había sido para tratar problemas como: la no recolección de la basura, los botes de aguas negras o el enmalezamiento de las áreas verdes.

Allí me enteré, entre otras cosas, que los convocantes a la “asamblea” fueron los miembros del CLAP del sector; y que un representante del gobierno nacional y regional sería el encargado de dar la información. Este resultó ser un circunspecto personaje (no memoricé su nombre) que participó haber tenido reuniones previas con altos funcionarios; citando entre ellos al Ministro de Alimentación, al Alto Mando de los CLAP, al jefe de la ZODI y al gobernador Marco Torres. De su discurso, especie de sermón político-evangélico, matizado de citas bíblicas y adjudicando las culpas de la tragedia que estamos padeciendo a los “pecados” que, según, él hemos cometido en nuestras vidas, pudimos saber que: en vista del despelote en las colas, el cobro de puestos y demás atropellos que venían ocurriendo en el citado expendio, el gobierno había tomado la decisión de entregar a los CLAP la responsabilidad de organizar las compras de productos regulados; que en tal sentido, habían hecho una distribución de cupos por sector y a la UD 12 del sector 9 le correspondían solamente 40; los cuales deberían ser repartidos entre los ocupantes de los 20 bloques que allí existen.

Resulta entonces, que cada uno de estos bloques tiene 4 plantas y 7 apartamentos por planta, para un total de 28 apartamentos por bloque; los cuales, multiplicados por 20 representan un mínimo de 560 familias en el sector, y si tomamos conservadoramente un promedio de 4 miembros por familia, tendremos finalmente a más de 2.000 personas disputándose el “beneficio” de los 40 cupos. Esto, sin contar que generalmente, debido a la escasez de vivienda y otros factores de la crisis, en cada apartamento habita más de una familia. La genial fórmula diseñada por el gobierno para distribuir estos cupos, permite que solo los jefes de familia de 2 apartamentos por bloque puedan comprar los alimentos el día que corresponda al terminal de su número de cédula; no pudiendo hacerlo más hasta que no se cumpla el ciclo completo. Los criterios para seleccionar a estas personas quedarían en manos de los habitantes de cada bloque, pudiendo ser escogidos por sorteo, condición social, edad, etc.

Una vez cumplido su cometido, y después de haber regañado y amenazado a todos los presentes con posibles suspensiones y arrestos de continuar su “mal comportamiento”, el funcionario-predicador se retiró de la “asamblea” con la excusa de tener que cumplir otros compromisos; no sin antes llamar a la unidad de los vecinos con los miembros del CLAP para trabajar conjuntamente; es decir, a trabajar con los militantes del PSUV que son los que exclusivamente son seleccionados para formar parte de los CLAP, y sin dejar de señalar que los miembros de esta organización son y representan a la autoridad en este caso. La “asamblea” quedó luego bajo la dirección de la concejala Amarilis Soto (PSUV), quien ratificó las palabras del personaje de marras y pidió a los vecinos firmar una solicitud dirigida a las empresas que suministran harina (Polar), pasta (Sindoni) y azúcar, para que aumenten la cantidad de estos productos enviada al supermercado JFR.

Coloco “asamblea” entre comillas, porque lo realizado no fue más que una parodia; pues, una verdadera asamblea es una instancia de participación de los ciudadanos, donde democráticamente se debaten los temas, se designan a quienes la dirigen y se toman decisiones. En el caso que comentamos, a pesar de que muchos asistentes creyeron erróneamente que allí se podía discutir y proponer soluciones al problema del abastecimiento y adquisición de productos regulados, o por lo menos estar en desacuerdo con la cantidad de cupos designados, la realidad es que estos funcionarios vinieron solamente a informar e implementar las decisiones tomadas de antemano, al más alto nivel gubernamental; sin tomar en cuenta para nada que la comunidad había electo con anterioridad sus propios voceros ante los dueños del expendio, los cuales fueron desplazados de golpe y porrazo, sin informarles siquiera, de la manera improvisada y arbitraria que caracteriza a las acciones de este régimen. Sin embargo, los vecinos no perdieron la oportunidad para expresar su descontento por las dificultades que han tenido para obtener alimentos para la comida diaria, y su malestar a causa de los atropellos que sufren por esta razón, así como su rechazo y sus reclamos a los CLAP; pero, en medio del desorden que caracterizó a la reunión, terminaron aceptando de hecho los planteamientos presentados, pues, designaron a los vecinos que deben trabajar junto con los CLAP (la mayoría de ellos fueron los mismos que habían sido electos anteriormente como voceros) y, sin haber terminado la asamblea, muchos de ellos se formaron e hicieron una cola para firmar la solicitud dirigida a las empresas.

Es conveniente recordar, que las distribuidoras de alimentos están trabajando muy por debajo de su capacidad, debido al acoso y a las políticas restriccionistas que ha implementado el mismo gobierno representado por los CLAP; por lo tanto, queda en duda la capacidad que estas tengan de aumentar su oferta si no se mejoran sus condiciones actuales. De no poder hacerlo, estas firmas seguramente serán utilizadas para endilgarles a los empresarios la culpa del desabastecimiento y acusarlos de practicar la fantasmal “guerra económica”; y de una vez, salvar las responsabilidades del CLAP y el gobierno.

Caña de Azúcar, 31 de enero 2018

Concejal MBI