Una mirada al Acuerdo de la AN sobre el caso Requesens y Borges

La Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2018, ha sido categórica al aprobar el Acuerdo en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás Maduro Moros en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges y en contra de la Institucionalidad de la Asamblea Nacional[1]al advertir y concluir:

-Que la detención ordenada del diputado Julio Borges es una acción de naturaleza estrictamente política.

-Que la desaparición forzada del diputado Juan Resquesens, es responsabilidad personal de todos los funcionarios que participaron en esa detención, pero en particular del ciudadano Nicolás Maduro, según lo establecido en el artículo 29 de la Constitución.

-Que es inexistente la decisión de la ilegítima asamblea nacional constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Requesens y Borges según los artículos 138 de la Constitución. Reiterando nuevamente que el ciudadano Nicolás Maduro y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia implicados, así como los miembros de la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente incurren en responsabilidad penal por esa decisión de conformidad con el artículo 200 de la Constitución.

El Acuerdo además reitera que el régimen de Nicolás Maduro, a través de vías de hecho amparadas por la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos humanos que constituyente crímenes de lesa humanidad.

El Acuerdo hace una relación de los hechos que permiten argumentar con gran coherencia que se trata de un nuevo caso de abuso y violación de los derechos humanos por parte del régimen. Además, reitera el irrespeto a la figura de la inmunidad parlamentaria y a la competencia que la Constitución le reconoce a la Asamblea Nacional para allanar esa inmunidad.

También el acuerdo denuncia que el régimen intenta “disimular” la evidente constitucionalidad de todas esas actuaciones, argumentando que la detención del diputado Requesens fue realizada en flagrancia, lo cual, afirma la Asamblea Nacional, es imposible, pues esa detención fue ordenada días después de los supuestos delitos penales por los cuales se intenta enjuiciar al diputado Requesens

El principal acuerdo es la solicitud de liberación inmediata del diputado Juan Requesens y declarar inaplicable la extradición que se solicitó, por no existir ningún allanamiento de inmunidad, pues no lo ha acordado la Asamblea Nacional vigente y legítima.

En esa discusión fue importante la presencia de una representación importante del cuerpo diplomático acreditado en Caracas. ¿Los ciudadanos, los electores de Borges y de Requesens, y todos los electores en general, tendrán algo que decir? La premisa es muy clara, el 333 y 350 se unen para reclamar la inexistencia de una asamblea nacional constituyente y en consecuencia, todas esas decisiones que han asumido como válidas, son simplemente inexistentes.

A un año de esa constituyente, no ha logrado ser reconocida puertas adentro y puertas afuera de nuestros límites territoriales.

Nuevamente la Asamblea Nacional se ve amenazada, amedrentada y violentada como la expresión legítima del pueblo democrático.  

Cada ciudadano puede tener su apreciación personal sobre la labor de la Asamblea Nacional, pero cada Acuerdo que ha sido aprobado desde el año 2016, registra con mucha claridad la voz del reclamo y la ruta del abuso más grotesco del orden democrático y constitucional de quienes han pretendido imponer el Socialismo del Siglo XXI, que a todas luces evidencia su fracaso. No podía ser de otra forma, porque no responde a la voluntad popular amplia, plural y mayoritaria.

Requesens, Borges y cada uno de los diputados que se han visto obligado a exiliarse, a dejar su espacio de lucha en la Asamblea Nacional; y aquellos diputados, quienes dando la batalla en la Asamblea Nacional, han recibido ofensas, golpes y arriesgan su libertad e incluso hasta su vida, han demostrado con su conducta, que están comprometidos con ese voto popular que les da legitimidad y les otorga un mandato popular.

Ese ejemplo nos lleva a preguntarnos como electores, ¿cuál es en estos momentos nuestra responsabilidad?, en tal sentido, creo que corresponde como electores, respaldar ese mandato, restaurar con el 333 y 350 la institucionalidad de la Asamblea Nacional y no vacilar en alzar la voz, es necesario dejar de lado las diferencias existentes sobre lo que ha debido o no ha debido hacer la Asamblea Nacional en el pasado reciente, pues ello nos puede distraer de la enorme responsabilidad de no permitir que nos confisquen a una Asamblea Nacional que intentan debilitar cada vez más desde el gobierno central.

Cada vez que se nos pretenda reducir los espacios de libertad y convivencia democrática, la voz de quienes se niegan a perder su condición de ciudadano debe hacerse sentir y expresar, para ello las asambleas de ciudadanos, sistemáticas y estratégicamente organizadas, son espacios idóneos y concretos. No abandonemos a quienes le delegamos el mandato de legislar y debatir los temas nacionales.

10 de agosto 2018

El Pitazo. com