“Este régimen se ha convertido en especialista de la tortura”

Los diputados de oposición aprobaron un acuerdo, en memoria del concejal Fernando Albán, donde se condena su muerte por parte de funcionarios del Estado y se rechaza todo tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada así como la violación de las libertades personales

Los diputados de la Asamblea Nacional rindieron un homenaje al concejal del municipio Libertador (Distrito Capital) Fernando Albán, quien murió hace exactamente un año mientras estaba bajo custodia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela.

Con la presencia de los familiares de Albán, entre ellos su padres, los parlamentarios denunciaron las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales a los que son sometidos los más de 400 presos políticos que actualmente se contabilizan en el país, entre civiles y militares.

La diputada Adriana Pichardo pidió un minuto de silencio, que fue acompañado por los parlamentarios del llamado bloque de la Patria (Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados) e hizo un recuento sobre el “secuestro” del concejal al momento de llegar al país y su posterior detención, al ser señalado de estar involucrado en el intento de “magnicidio” contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

“Hubo contradicciones en los forenses, escuchamos todas esas mentiras y luego apareció un acta forense firmada por un médico comunitario, no por un médico anatomopatólogo. Esa acta decía que su muerte fue por traumatismos producto de una caída de altura, pero lo que no mostraba era que Fernando Albán tenía agua en los pulmones y evidentes signos de tortura”, aseveró Pichardo.

Recordó además que Albán no fue el primer fallecido o el único en los calabozos del Sebin, pues en 2015 el preso político Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, se suicidó producto de las torturas a las que fue sometido, mientras que el concejal Carlos Andrés García falleció producto de un ACV, al no garantizársele la atención médica que requería. “Ese es el amor a la patria, la reconciliación que quieren darnos”, dijo la parlamentaria.

A juicio de Pichardo, estos casos así como el resto de las denuncias que manejan dentro de la Asamblea Nacional demuestran que en el país existe una continua violación de los derechos humanos, “no son hechos aislados, es una práctica continuada el uso de la tortura como mecanismo para doblegar a los presos políticos”:

Por ello, afirmó que “este régimen se ha convertido en un especialista de la tortura”, y que usa métodos como excarcelaciones exprés para fomentar la zozobra en los presos políticos, como sucedió en el caso del matrimonio Marrufo Capozzi y el coronel Juan Rodríguez dos Ramos.

Antes de la intervención de la diputada, la hermana del concejal, Luz Mariela Albán, tomó la palabra en el hemiciclo de sesiones para hablar sobre el dirigente político, de quien aseveró era un hombre creyente, convencido, arraigado a su familia y “siempre tenía una palabra de aliento, de solidaridad”.

En medio del llanto de sus padres y el silencio de los diputados, la hermana de Fernando Albán dijo que para ellos es de consuelo que en sectores populares de Caracas se le reconozca la labor que desarrolló, entre ellos el de la “Olla Solidaria”, que esperan mantener a través de la creación de una fundación que llevará su nombre.

“Fernando Albán no se suicidó, a él lo asesinaron y no descansaremos de buscar justicia, no solo para él, para todos los presos políticos”, dijo la hermana del concejal, que luego fue felicitada por el presidente de la AN, Juan Guaidó.

“Fuimos amigos, lo conocimos, fuerza a su familia, dios los bendiga”, alcanzó a decir Guaidó, que se acercó hasta la madre del concejal para abrazarla mientras los diputados gritaban “Justicia para Albán”.

Por su parte el diputado Juan Marín, a nombre del bloque de la patria, dijo que están dispuestos a construir condiciones de vida alejadas de la violencia y el odio, mientras ofrecía sus condolencias a la familia del dirigente opositor.

El parlamentario del PSUV dijo que hay posibilidad de acordar algunas cosas y avanzar en ciertos puntos, al tiempo que detalló que según cifras del Ministerio Público hay 100 agentes sentenciados por delitos contra los derechos humanos y otros 335 funcionarios están detenidos y con juicio por esto.

Además destacó el acuerdo que firmó el régimen de Nicolás Maduro con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH y que contempla, entre otras cosas, la presencia de funcionarios de la ONU en el país y la revisión de los mecanismos nacionales para evitar la violación de los derechos humanos.

"Respetando profundamente la visión de los familiares, ya hay dos detenidos. Tienen el derecho a no compartir esa visión, pero cuentan con el espacio de más alto nivel para plantear este y todos los casos", dijo Marín, quien pidió votar un acuerdo para rechazar la violencia y que se investiguen los casos de violencia política desde 2014, "cada muerte".

La diputada Delsa Solórzano dijo que tomaba en consideración la propuesta de Marín "para visitar a todos los presos políticos. Usted habló de los delegados de Bachelet, pero no los dejaron visitar todas las cárceles, hablar con los presos. Esa es la verdad".

Solórzano señaló que "vivimos en un régimen que viola continuamente los derechos humanos, donde existe impunidad. "Mientras algunos se empeñan en darle circo al pueblo, en lugar de pan, nosotros estamos en la búsqueda de la justicia. No se puede ocultar que a Fernando Albán lo asesinaron".

Por Albán y contra la tortura

Los diputados de oposición aprobaron un acuerdo, en memoria del concejal Fernando Albán, donde se condena su muerte por parte de funcionarios del Estado y se rechaza todo tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada así como la violación de las libertades personales de los venezolanos, sean políticos o militares.

El documento también exige que sean realizadas todas las investigaciones que permitan “enjuiciar y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de todas las denuncias realizadas antes los organismos nacionales e internacionales sobre tortura, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada”, por parte de funcionarios del Estado.

La AN hizo un especial énfasis sobre aquellas denuncias radicadas ante el sistema de las Naciones Unidas, el sistema interamericano, y los diferentes organismos interparlamentarios de los que forma parte.

Otro de los puntos aprobados fue la exigencia para la inmediata liberación de todos los presos políticos civiles y militares, y en especial del diputado Juan Requesens, en atención a los exhortos hechos por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Además, se propuso declarar un “Día Nacional en Contra de la Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial y la Tortura”, para condenar estos graves delitos y “procurando la justicia, la verdad, reparación y no repetición”.

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