Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechaza llamado a elecciones por parte de la ANC

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales durante un encuentro realizado en el Palacio de las Academias, el pasado jueves 15 de abril, en el que participaron, además de personalidades invitadas, profesores, alumnos y abogados interesados en el tema, su Presidente Dr. Gabriel Ruan y los Académicos Doctores Cecilia Sosa, Roman Duque, Allan Brewer y Rafael Badell, ratificó su criterio respecto a la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, por no haber sido convocada por el pueblo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 347 de la Constitución y ser, además, el resultado de unas elecciones fraudulentas que violaron el artículo 63 de la Constitución, en cuanto a los principios que deben regir todo sufragio para cargos populares.

Asimismo, la Academia reiteró en un pronunciamiento, leído por el Académico Rafael Badell, que todas la actuaciones de la ANC son inconstitucionales y que además, esta convocatoria a las elecciones viola la Constitución, así como la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

La Academia calificó el decreto de la ANC como otra más de las vías de hecho llevadas adelante por la Asamblea Nacional Constituyente, en exceso del ámbito de las competencias que debería tener una Asamblea Nacional Constituyente y, de manera categórica, señaló que el llamado a elecciones es inconstitucional, además de haber sido emitido por la ANC que es inconstitucional, por cuanto:

Usurpa la competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral para organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos; Viola el período presidencial constitucionalmente establecido; y Viola los principios constitucionales de imparcialidad y de igualdad de los procesos electorales.

Concluyó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que el acto mediante el cual la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente pretende convocar elecciones presidenciales es NULO y, por consiguiente, es incapaz de producir efectos jurídicos en el ordenamiento constitucional venezolano.