El régimen de Maduro está sancionando a Venezuela desde hace años

El régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la deshonestidad hacia el pueblo venezolano. Llevan meses mintiéndole a los ciudadanos, intentando hacerles creer que la crisis humanitaria que tiene azotada al país es producto del embargo de los Estados Unidos a sus empresas en el exterior, cuando la responsabilidad recae en las malas políticos y corrupción que ha implantado la dictadura durante décadas, publica el Centro de Comunicación Nacional.

Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 se implementó una política de expropiación y cambios de nombre que afectó a 2.000 empresas y dejó deudas de miles de millones de dólares con empresas multinacionales.

Realizaron confiscación más de cinco millones de hectáreas en el campo que posteriormente fueron abandonadas, afectando considerablemente la producción nacional.

Debido a la persecución a empresarios privados y el riesgo país por la crisis económica, mas de 7.000 industrias y 300.000 empresas cesaron operaciones en el territorio nacional.

Destruyeron PDVSA Cantv, la Industria Eléctrica, la empresas Básicas de Ciudad Guayana y todo el aparato productivo nacional, causando hambre y miseria para todos los venezolanos.

Como lo revela el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, han cometido miles de violaciones a los DDHH dejando a miles de presos, torturados, exiliados y asesinados.

Una larga lista que empezó mucho antes de que Estados Unidos empezara a sancionar a los funcionarios corruptos del régimen de Maduro.

Bloqueo de EEUU es para defender riquezas de los venezolanos

En la actualidad la diáspora supera los cinco millones de venezolanos que huyeron de forma desesperada de su patria por la crisis humanitaria generada por la corrupción del régimen, que se ha visto reflejada en inseguridad, hambre, pobreza y violaciones a todos los derechos constitucionales de los venezolanos.

El bloqueo de EEUU busca proteger las riquezas de los venezolanos en el extranjero, para que los funcionarios usurpadores del régimen no las sigan utilizando para beneficio propio como lo han hecho en los últimos años.