Fundación Espacio Abierto se dirige al país

Venezuela padece una situación terrible consecuencia directa de la intención de imponer un modelo de organización y funcionamiento de la sociedad probadamente fracasado en el mundo. Ese modelo rebautizado por el chavismo como “socialismo del siglo XXI”, ha supuesto la implosión de la democracia conquistada por los venezolanos después de muchas luchas, y finalmente ha conducido a una dictadura.

En materia económica se ha traducido en la destrucción del aparato productivo nacional tanto público como privado, en la más alta inflación del mundo (92% acumulada al pasado mes de abril y estimada en 790% para fin de año) en el desabastecimiento agudo de productos de primera necesidad, en particular de alimentos y medicinas, y en un aumento exponencial de la pobreza que alcanza un nivel del 82% de la población; Todo esto en la época de mayor ingreso de divisas por concepto de renta petrolera.

Otros efectos perversos que afectan la calidad de vida de los venezolanos son, el incremento de la inseguridad, la violencia y la magnitud de una corrupción sin precedentes en la historia del país.

Estas calamidades se han agravado en los últimos tiempos. Los actuales gobernantes lejos de rectificar, han decidido ignorar la realidad, estimando que lo único importante es perpetuarse en el poder, a toda costa.

En concordancia con ese objetivo, han decidió violar sistemáticamente la Constitución Nacional, hasta configurar un régimen dictatorial que da al traste con la soberanía popular, obturando todas las alternativas constitucionales pacíficas, consensuadas y democráticas a la crisis.

Lo anterior alcanzó su punto de inflexión, con las sentencias 155 y 156 del TSJ, ante las cuales la Fiscal General de la República manifestó que las mismas constituían “una ruptura del orden constitucional”. Esto dejo al descubierto el proyecto dictatorial y confirmó ante la comunidad internacional los planteamientos que la oposición ha sostenido sobre la condición no democrática del gobierno. La respuesta de los venezolanos ante el golpe de estado, ha sido la participación masiva, combativa y nacional, al llamado de la MUD a protestar en las calles por el respeto a la Constitución, por un calendario electoral, por la libertad de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario. El gobierno en correspondencia con su condición tiránica, ha procedido a reprimir ferozmente las manifestaciones pacíficas, al extremo de acumular un saldo de decenas de muertos, centenares de venezolanos heridos, presos y secuestrados. Dentro de este expediente es relevante el uso de los tribunales militares, fuera de su ámbito y competencia. El efecto de la represión gubernamental ha sido contrario a lo esperado por el régimen; más bien asistimos al incremento en cantidad, extensión geográfica y combatividad de las manifestaciones populares, así como al aumento de la repulsa y el aislamiento internacional.

Ante el fracaso de la represión, el gobierno inventó una fraudulenta “constituyente comunal”, con el propósito de concretar su proyecto totalitario, cancelando de esta forma la posibilidad de la realización de cualquier proceso electoral, incluso la elección presidencial del 2018. Todo parece indicar un rechazo muy amplio de todos los sectores de la vida nacional a esta intención.

La Fundación Espacio Abierto considera que no es la represión, ni una nueva Constitución, la solución a la grave crisis nacional. La solución comienza por cumplir la Constitución vigente y realizar la consulta electoral, tal como lo han señalado la MUD, la Conferencia Episcopal Venezolana, las universidades, las organizaciones estudiantiles, otros sectores de la vida nacional y buena parte de la comunidad internacional.

La Fundación Espacio Abierto respalda la conformación de un frente amplio de defensa de la vigencia de la Constitución de 1999, en la cual participen todos aquellos venezolanos de vocación democrática.

La Fundación Espacio Abierto hace un llamado público, democrático y patriótico a todas las instituciones  del estado a cumplir la Constitución y a exigir al ejecutivo nacional su observancia y acatamiento.

La Fundación Espacio Abierto se dirige a la Fuerza Armada Nacional, en particular a quienes dentro del alto mando la dirigen, para resaltar la responsabilidad que tienen con el país de contribuir a la solución del grave conflicto que padece y cuya deriva está afectando a todos los venezolanos. La FAN son depositarias de las armas de la república y ellas deben utilizadas en la defensa de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución y las leyes, no pueden estar al servicio de ningún otro interés. La violencia en la represión por parte de la Guardia Nacional, y los testimonios que evidencian en muchos casos la actuación conjunta de ese componente con colectivos paramilitares armados, es inaceptable. Ningún poder está por encima del expreso mandato que le asigna a la FAN, el artículo 328 de la Constitución.

La Fundación Espacio Abierto expresa su agradecimiento a la comunidad internacional, en particular a la hemisférica, por el apoyo creciente a la lucha de los venezolanos por la democracia y la vigencia de la Constitución. Al mismo tiempo le solicitamos intensificar y profundizar sus esfuerzos en tal dirección.

La Fundación Espacio Abierto considera, al igual que la mayoría de los venezolanos, que el gobierno es el responsable fundamental de la nefasta situación del país. También es el gobierno quien tiene la posibilidad de cesar el escalamiento de la violencia y la represión, así como la obligación de facilitar la superación de los problemas, volviendo al imperio de la Constitución. Las fuerzas democráticas deben estar abiertas a  aquellas iniciativas o alternativas que faciliten la superación del enfrentamiento que afecta a la nación.

La Fundación Espacio Abierto expresa de manera clara, que la búsqueda de soluciones requiere de una voluntad política transparente por parte del oficialismo para arribar a acuerdos  concretos y cumplibles. Ello pasa por materializar lo antes posible un calendario electoral, la libertad de los presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones y la apertura del canal de ayuda humanitaria.

                                                  JUNTA DIRECTIVA

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