Magistrada del TSJ le responde a Bachelet: las mujeres son “putas” porque quieren

El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abunda en detalles de cómo se violan derechos fundamentales en el país.

El documento presentado en Ginebra detalla, entre otros problemas, los problemas de acceso a alimentos y su particular impacto en la población femenina. “Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, reza el informe.

El informe también habla del impacto de la migración y cómo, producto de la vulnerabilidad de los refugiados que abandonan el país, hay mayor exposición a la prostitución, trata de personas y demás flagelos criminales y degradantes.

Pero para la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, todo se reduce a que hay mujeres que “son putas”.

Así lo dijo en un tuit que publicó en su cuenta en la red social del pajarito acusando a Bachelet de afiliarse al “discurso patriarcal ilustrado” al “victimizarlas”.

Zuleta es magistrada del TSJ desde 2005, aunque ocupa una silla como principal desde 2010. Posee un doctorado en La Soborna de París y una especialización en la Universidad italiana de Boloña.

Curiosamente, entre 2013 y 2015, dirigió los tribunales especializados en violencia de género. Y se ha declarado feminista.

De hecho, fue la ponente de la sentencia 1268 de 2012, en la cual la Sala Constitucional permitió a las mujeres víctimas de violencia de género presentar acusación contra su agresor si el Ministerio Público no lo ha hecho una vez vencido el lapso. Era parte de su actuación para lograr la erradicación del femicidio.

Desde 2016 Zuleta ha participado del bloqueo que la Sala Constitucional ha impuesto a la Asamblea Nacional -por lo cual fue sancionada por Estados Unidos-, aunque con sus matices, pues no suscribió la sentencia donde se le permitió al Banco Central de Venezuela (BCV) endeudarse sin solicitar la autorización de los diputados.

En 2008 objetó la sentencia 190, en la cual la Sala rechazó abrirle las puertas al matrimonio igualitario.