Pronunciamiento ante las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia que vulneran la inmunidad parlamentaria

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de conformidad con sus atribuciones legales, con ocasión de las actuaciones que bajo denominadas sentencias Nos 17, 18 y 19 de fechas

2, 7 y 8 de mayo de este año, respectivamente, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, inmediatamente después de la acusación fiscal interpuesta contra varios Diputados de la Asamblea Nacional, y por cuya virtud fue detenido su Vicepresidente, Diputado Edgard Zambrano, por cuerpos de seguridad del Estado el día 8 de mayo, y algunos otros Diputados han decidido buscar protección diplomática, emite el presente pronunciamiento:

1. Las referidas actuaciones violan gravemente los artículos 7, 49, 136, 200 y 266, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vulneran los derechos humanos fundamentales de los Diputados afectados, y constituyen un atentado contra la institucionalidad democrática del País.

2. En este sentido, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales denuncia la desviación de poder incurrida al desconocer estas actuaciones el principio de supremacía de la Constitución consagrado en el artículo 7, conforme al cual la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico obliga en su aplicación a todas las personas y órganos que ejercen el Poder Público. Observa la Academia que en este caso la desviación de poder tiene por finalidad impedir el funcionamiento del órgano del Poder Público que, precisamente, representa la voluntad popular, favoreciendo la usurpación de las funciones del órgano parlamentario que ha venido ejecutando la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

3. Las actuaciones persecutorias del Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos del sistema judicial se apartan de las normas constitucionales que expresamente disponen la figura de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito como mecanismos de protección del correcto y continuo funcionamiento del órgano parlamentario y garantía esencial de la separación de poderes, pilar del Estado democrático de derecho, instituciones ambas contempladas a letra expresa en los artículos 136, 200 y 266, numeral 3 del Texto Fundamental.

4. Viola el Tribunal Supremo de Justicia el artículo 136 de la Constitución que dispone el principio de la separación del poder, cuando mediante estas decisiones desviadas impide el funcionamiento del órgano parlamentario al afectarlo en su constitución, mediante la inhabilitación de varios de sus miembros sin respetar el procedimiento y las garantías que la propia Constitución contempla para evitar que esto ocurra.

5. Se enervan los mandatos de los artículos 200 y 266 numeral 3 de la Constitución, cuando la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desvirtúa el concepto de la flagrancia para evitar la aplicación de la inmunidad parlamentaria que corresponde a estos Diputados y conforme a la cual no pueden ser procesados sin dar cumplimiento al procedimiento del artículo 200 que a la letra exige la “previa autorización de la Asamblea Nacional para que pueda ordenarse su detención y continuar su enjuiciamiento.”

6. La excepción del “delito flagrante” que aducen las actuaciones del Tribunal para eludir el cumplimento de este requisito es inexistente, porque “delito flagrante” significa el que se está cometiendo en el mismo momento en que su autor o autores son detenidos, antes de haber podido huir del sitio de los hechos. Siendo que a los Diputados se imputan supuestos hechos punibles ocurridos el día 30 de abril y la s actuaciones se emiten varios días después (2, 7 y 8 de mayo) sin que hubiere mediado detención alguna el día de los hechos, no existe flagrancia sino aquella que se afirma por la mera distorsión del concepto en la práctica desviada y antijurídica en que incurre el Tribunal, para violentar la institucionalidad democrática afectando el funcionamiento normal y regular del órgano parlamentario garante del Estado Constitucional Derecho.

7. A todo evento, denuncia la Academia, asimismo, que aún en el supuesto de “delito flagrante” que en este caso no hubo, la Constitución en su artículo 200 ordena a la autoridad competente poner al parlamentario bajo custodia en su residencia y comunicar inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

8. También es deber de esta Academia advertir que con estas actuaciones viola el Tribunal los principios, derechos y garantías procesales que rigen la función jurisdiccional de todo órgano de administración de justicia, porque incluso ante una verdadera flagrancia, que en este caso no la hay, no se habría podido omitir, como lo hizo este Tribunal, el antejuicio y el allanamiento de la inmunidad por parte de la Asamblea Nacional, ni el derecho de presunción de inocencia ni la posibilidad de defensa de los afectados, por todo lo cual se violó también el artículo 49 de la Constitución.

9. Denuncia la Academia que el carácter inconstitucional, antijurídico y ajeno a la institucionalidad democrática del Estado de Derecho de estos actos emitidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se evidencia además en la circunstancia de que éstos se ordenan remitir a la írrita Asamblea Nacional Constituyente, que como ha dicho en otros pronuncmientos de esta Academia es un órgano absolutamente inexistente, destacando que aún una legítima Asamblea Constituyente en el marco de la Constitución no tiene competencia alguna en este ámbito.

10. La Academia exige al Tribunal Supremo de Justicia dejar sin efecto estas actuaciones bajo la forma de irrítas sentencias y a los órganos de seguridad del Estado respetar la inmunidad parlamentaria de los Diputados y, en consecuencia, liberar a los Diputados privados de libertad y cesar en la persecución de los que se han visto forzados a pedir protección diplomática o han tenido que salir del País.

11. Por lo antes expuesto, ratifica la Academia que no constituyen actos jurídicos las actuaciones de los procesos seguidos contra los Diputados de la Asamblea Nacional, antes y por el contrario, son éstos vías de hecho o actos de fuerza que comprometen la responsabilidad penal de quienes lo ordenen o ejecuten, conforme lo es tablece el artículo 200 de la Constitucion.

En Caracas, a los diez (10) días del mes de mayo de 2019.

Humberto Romero-Muci. Presidente

Julio Rodríguez Berrizbeitia. 1er.Vice-Presidente

Luciano Lupini Bianchi. 2do.Vice-Presidente

Rafael Badell Madrid. Secretario

Cecilia Sosa Gómez. Tesorera

Carlos Ayala Corao. Bibliotecario