Quien siembra vientos cosecha tempestades

El caso Crystallex

Una escena impactante que quedó profundamente grabada en la memoria colectiva de los venezolanos fue la de aquel mandatario, parado en una esquina de Caracas, vociferando: “Exprópiese, exprópiese, exprópiese”.

Un Estado tiene el derecho a expropiar, pero el ejercicio de su soberanía conlleva responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional que lo obligan a indemnizar de manera justa al expropiado.

La Corte Suprema de los EEUU se negó a dirimir la apelación solicitada por Venezuela sobre un fallo de un tribunal inferior que permite a la minera canadiense Crystallex intentar incautar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización que le había sido otorgada por laudo arbitral. El caso regresará al Tribunal de Delaware que lo venía considerando.

Eso pone a Venezuela en grave riesgo de perder a Citgo porque ese Tribunal es el mismo que antes había decidido en favor de la empresa canadiense, aunque temporalmente estemos protegidos por una decisión del Departamento del Tesoro de los EEUU. Además, sentado ese precedente, otros acreedores de la República podrían seguir el mismo camino.

Pero regresemos al origen del caso Crystallex para entender lo que ahora ocurre:

Otra empresa canadiense, Placer Dome, tenía la concesión para la explotación de la mina de oro Las Cristinas en el estado Bolívar. Placer Dome decide vender esos activos, operación que es desconocida por el gobierno venezolano, que decide quitarle la concesión.

En el año 2002, el presidente Chávez le otorga los derechos para explotar Las Cristinas a la otra empresa canadiense, Crystallex. Sin embargo, posteriormente Chávez la nacionaliza alegando que: «Esos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales».

Se inicia así un tortuoso proceso de arbitraje ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) que gana Crystallex, a la cual se le otorga una indemnización de $ 1.200 millones que la República no canceló. El caso es llevado a una Corte Federal en Washington que aumenta la indemnización de Crystallex a $ 1.400 millones. La República convino en un pago que después no cumplió. Lleva entonces la empresa canadiense el caso a un Tribunal en Delaware -donde está incorporada Citgo- y solicita cobrarse con activos de esta última. Citgo se opone alegando que la República y Citgo son dos entidades diferentes.

El caso se complica. El Tribunal de Delaware decidió que perteneciendo Citgo a PDVSA Holding y siendo esta una filial de PDVSA que a su vez pertenece 100% a la República de Venezuela, Citgo termina siendo un “alter ego” de la República y en consecuencia que Crystallex podía proceder a incautar sus activos en compensación por la expropiación de que fue objeto.

A ese Tribunal es al que ahora regresa el caso después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU a la cual se hizo referencia al principio.

Está en riesgo Citgo que ha sido el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Además de Crystallex existen varios arbitrajes internacionales que la República ha perdido y no ha pagado y que intentarán cobrarse con los activos de nuestra empresa.

El caso se complica aún más porque el 100% de las acciones de CITGO fueron gravadas por el régimen sin autorización de la Asamblea Nacional: 51,1% para garantizar el pago de los bonos 2020 y 49,9% dadas en garantía por un préstamo de $ 1.500 millones otorgado por la empresa rusa Rofsnet.

Si perdemos Citgo, PDVSA quedaría mortalmente herida. Habríamos perdido nuestro principal acceso al mercado. Sería el resultado de dos décadas de decisiones y acciones de unos advenedizos dogmáticos que creyeron que con El Capital de Marx bajo el brazo podían hacer y deshacer como les viniera en gana con el destino de Venezuela. Hoy estamos pagando las consecuencias. Quien siembra vientos cosecha tempestades.

@josetorohardy, editor adjunto de Analítica

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