Resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

REAFIRMANDO que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla tal y como lo dispone el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana;

CONSIDERANDO que la Carta Democrática Interamericana establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos;

RESALTANDO que la resolución CP/RES. 1117 (2200/19), aprobada el 10 de enero de 2019, resolvió: “No reconocer la legitimidad de un nuevo mandato de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”, e hizo un llamado a “la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha próxima, con asistencia de observadores internacionales”.

RECORDANDO que la resolución CP/RES 1143 (2269/20), aprobada el 10 de enero de 2020, acordó renovar el llamado a un pronto retorno a la democracia en Venezuela, y en tal sentido reafirmó la necesidad de celebrar elecciones presidenciales inclusivas, libres, justas y transparentes, conducidas por un Consejo Nacional Electoral renovado e independiente, así como un Tribunal Supremo de Justicia renovado e independiente y con la presencia de observadores internacionales independientes;

CONSIDERANDO que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es la única institución democráticamente electa en Venezuela;

RECORDANDO que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado, de manera reiterada, la continua violación de los derechos políticos consagrados en la Constitución de Venezuela y en las convenciones internacionales que los garantizan;

TOMANDO NOTA que el Tribunal Supremo de Justicia procedió con una posición sesgada alegando una supuesta “omisión legislativa” a la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral,  usurpando las funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violentando así mismo el principio de autonomía, equilibrio y división de los Poderes Públicos; y

MANIFESTANDO su preocupación por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia dirigidas a intervenir a los partidos políticos de oposición, suspendiendo a las directivas de dos de los principales partidos de oposición, Acción Democrática y Primero Justicia, nombrando una  directiva ad hoc con facultad para usar los símbolos partidistas de cada uno de esos partidos,

RESUELVE:

  1. Condenar el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las funciones que las leyes venezolanas le otorgan a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, contrario a lo establecido en la Carta Interamericana.
  2. Rechazar, asimismo, en los más enérgicos términos, así como desconocer la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los Partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”.
  3. Exigir al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a que respete las prerrogativas de la Asamblea Nacional, cese la usurpación de sus funciones, y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes. Este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho, que solo se puede conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres, y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, y con observación internacional independiente.
  4. Urgir al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a liberar, inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional, y cesar de inmediato toda detención, persecución y encarcelamiento arbitrario.
  5. Hacer un llamado a todos los actores políticos en Venezuela para que inicien y lleven a cabo un proceso decidido de transición pacífica y democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las leyes nacionales y su Constitución, así como lo establecido en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.

26 de junio de 2020

Con el voto favorable de 21 país, 7 se abstuvieron y 6 no asistieron a la sesión

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