TSJ admite demanda contra 8 alcaldes opositores

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió 8 demandas contra igual número de alcaldes opositores, “por el supuesto incumplimiento de los cardenales 2, 4, 5 y 7 del artículo 178 de la Constitución Nacional”.

Las demandas, impulsadas por afectar intereses colectivos, afectan a alcaldes en Miranda y Mérida. Las sentencias no son firmadas por ningún magistrado, sino amparadas bajo "ponencia conjunta". 

En Miranda, los afectados son los alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho; Baruta, Gerardo Blyde; El Hatillo, David Smolasky; Los Salias (San Antonio de los Altos), José Fernández; y Carrizal, José Luis Rodríguez.

En Mérida afecta a Carlos García, Libertador; Juan José Peña, Alberto Adriani y Omar Lares, Campo Elías.

Las demandas son “por la presunta infracción a los derechos al libre tránsito; a la seguridad personal y a la protección de la familia, niñez y adolescencia; a la salud, al trabajo, al deporte, recreación y libertad económica. Por presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen obstáculos en la vía pública, quemen objetos, entre otros”, indicó la tarde de este miércoles el  Presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza.

La Sala decidió acordar las medidas de amparo cautelares solicitadas por los ciudadanos demandantes, en tal sentido ordenó a los referidos alcaldes:

  1. Realizar todas las acciones y emplear los recursos necesarios para evitar que se coloquen barricadas
  2. La inmediata remoción de esos obstáculos y mantener las vías libres de barricadas
  3. Cumplir con la ordenación del tránsito de vehículos
  4. Proteger a los vecinos y habitantes de sus municipios impidiendo reuniones que coarten el libre tránsito
  5. Ejercer la protección a niños, niñas y adolescentes
  6. Velar por la protección del ambiente
  7. Girar instrucciones a las policías para dar cumplimiento a los arts. 44 y 46 de la ley orgánica del servicio de policía
  8. Desplegar acciones preventivas y de control del delito “todas las acciones y recursos materiales y humanos (en el marco de la Constitución y la Ley) a fin evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública; mantener las vías libres de barricadas; cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos; proteger a los vecinos y habitantes de sus municipios impidiendo reuniones que cuarten el libre tránsito”.

El cumplimiento de los mandamientos de amparo cautelares "es obligatorio, en caso contrario estarán incursos en la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías", concluyó el Magistrado.  

 

Demanda aprobada por la Sala Constitucional contra Gerardo Blyde by TalCual on Scribd

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