Venezuela sigue en la OEA

El jueves 8 de marzo hice entrega formal a Luis Almagro, secretario general de la OEA, de la comunicación enviada por el presidente encargado Juan Guaidó en la que ratifica la voluntad del gobierno venezolano de permanecer como Estado parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos, tal como lo decidió la Asamblea Nacional en acuerdos del 22 de mayo de 2017 y del 2 de enero de 2019.

Dice el presidente Guaidó en su comunicación: “…En mi condición de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, reitero y expreso formalmente la decisión del Estado venezolano de dejar sin efecto la supuesta denuncia de la Carta de la OEA, a los fines de que Venezuela pueda mantenerse como Estado parte de esa organización. Considerando, especialmente, que los acuerdos de la Asamblea Nacional y la presente comunicación han sido dictados antes de que haya terminado el período de salvaguarda de 2 años previsto en la Carta de la OEA para que una denuncia entre en vigor”.

De esta manera, el presidente Guaidó deja sin efecto el retiro de la OEA, anunciado por Nicolás Maduro a la Secretaría General el 27 de abril del año 2017 y que se hubiese hecho efectivo el próximo mes.

¿Por qué Maduro quería irse de la OEA y por qué Guaidó manifiesta su intención de quedarse?

Las razones de usurpador son evidentes: la OEA es hoy en día, sobre todo desde la elección de Luis Almagro como secretario general, un bastión de la democracia en el continente, garante de la pureza de las elecciones que se realizan en el hemisferio; defensora de los derechos humanos y factor fundamental en la lucha contra la corrupción.

Maduro tenía que irse. No podía permanecer en la organización el jefe de un gobierno que pretendió manipular la voluntad popular en las fraudulentas elecciones de mayo del año pasado y con la elección de la írrita asamblea constituyente. No le convenía quedarse en este foro a quien sistemáticamente ha violado los derechos humanos encarcelando, torturando y asesinando. ¿Cómo explicaría Maduro en la OEA la situación de la prensa en Venezuela, la inexistencia del debido proceso, la politización de los tribunales, la destrucción ecológica del país?

Tampoco le era fácil al jefe de una cleptocracia, autor y beneficiario del robo de dinero público más importante en toda nuestra historia, quedarse en una organización que pone su empeño en preservar la pulcritud administrativa.

¿Cómo podía quedarse en la OEA quien ha orquestado la persecución y asesinato de opositores, periodistas, etnias aborígenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos?

Maduro tenía que irse y así lo decidió, para vergüenza de los venezolanos.

Guaidó, por su parte, es el primero interesado en obtener ayuda de la OEA para la realización de las venideras elecciones en Venezuela; para él es un deber de conciencia someter a su gobierno a la fiscalización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de San José.

La permanencia de Venezuela en la OEA es muy importante para hacer justicia y para el castigo de los crímenes cometidos.

El gobierno provisional de Juan Guaidó y el gobierno que resulte de las elecciones libres está y estarán absolutamente dispuestos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Venezuela, después de casi veinte años de ausencia, para constatar in loco el respeto de los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por la República.

Igualmente es imprescindible lograr la ayuda y usar la experticia de la OEA para castigar a quienes destruyeron las finanzas y la moral administrativa de nuestro país y para recuperar los activos sustraídos al patrimonio público.

No puede faltar la OEA para acompañarnos en el esfuerzo de organizar y canalizar, en los meses venideros, la ayuda humanitaria que la usurpación ha bloqueado en las fronteras y que tantos países ofrecen y no se les deja suministrar.

Pero también es importantísimo que estemos sometidos al escrutinio de la OEA para preservar a Venezuela de la recurrencia de todos estos males. Un gobierno verdaderamente democrático es aquel que se demuestra en plena disposición a ser investigado, que busca la transparencia y está dispuesto a corregir cualquier error o desviación.