¿Dónde nos encontramos? Una aberración que ha durado demasiado

El peor gobierno de la era petrolera

A finales de 2018, concluía el período constitucional de Nicolás Maduro. Advenido a la presidencia en virtud de un cuestionado triunfo electoral en 2013, nos encauzó a la peor tragedia sufrida por país alguno que no estuviese en guerra. Bajo su mandato, redujo la economía a la mitad, desplomándose las actividades de construcción (-90%), comerciales y de reparación (-76,4%), la de las instituciones financieras (-74,9%) y la manufactura (-71,6%)[1]. La producción petrolera se encogió en 50%, obligando a la importación de gasolina y otros productos para satisfacer la demanda interna, y de petróleo liviano para mejorar los crudos pesados. Incrementó la descomunal deuda dejada por su predecesor a niveles muy por encima del valor del PIB venezolano. La caída en más de dos tercios de las exportaciones petroleras hizo imposible cancelar su abultado servicio, colocando al país en default. Valiéndose de un control de cambio que estimuló todo tipo de corruptelas, Maduro intentó generar excedentes para pagar este servicio, contrayendo las importaciones en 2018 a apenas la quinta parte de las de 2012. Contrajo el consumo privado por habitante (promedio) a los niveles de 1970, víctima, además, de la terrible hiperinflación que desató el financiamiento monetario de los déficits generados por su irresponsable gestión. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 70%, deprimiendo la estructura general de remuneraciones. En fin, Maduro descargó sobre los hombros de los venezolanos todo el peso de un severísimo ajuste contractivo, mucho peor que los denostados ajustes “neoliberales”, producto de las distorsiones que ocasionó su conducción (y la de Chávez) de la economía.

Pero los daños infligidos a la población no se reducían al ámbito económico. La represión de manifestaciones de protesta, con más de 200 muertos a manos de militares y colectivos fascistas, y la detención arbitraria y tortura de muchos opositores --denunciadas por Foro Penal y otras ONGs--, añadían un cariz terriblemente inhumano a la gestión de Maduro. A ello habría que agregar la sumisión de los venezolanos a las arbitrariedades, extorsiones y exacciones de militares, policías y otros funcionarios, dada la anomia resultante de la destrucción del Estado de Derecho. Luego está la indignante corrupción, abierta y desmedida, en tantas ejecutorias del Estado, despojando a los servicios públicos, entre otros, de recursos y degradando la calidad de vida de la población. Finalmente, el régimen pisoteó la voluntad popular que eligió una mayoría calificada de demócratas para la Asamblea Nacional en diciembre, 2015, anulando todas las prerrogativas de ese cuerpo, persiguiendo y encarcelando a muchos de sus diputados, y usurpando sus funciones con dictámenes de un tsj rastrero y una asamblea constituyente tramposamente constituida. No en balde, la desaprobación del gobierno se encontraba, en la mayoría de las encuestas, por encima del 80%.

La aberración de Maduro

Todo lo anterior era razón de sobra para haber cambiado de gobierno, una vez vencido el período de Maduro. Pero, como sabemos, ello fue impedido. Además de sabotear el referendo revocatorio de su mandato en 2017, se hizo reelegir en una pantomima comicial, con dirigentes y partidos opositores proscritos, sin auditoría del registro electoral ni participación de observadores internacionales de confianza, y bajo un CNE constituido con militantes del oficialismo. El régimen que de ahí surgió en absoluto responde a la voluntad popular y rompe, por ende, con el ordenamiento constitucional. Es, en términos políticos, una aberración. El diccionario define este término como: “Acción, comportamiento o producto que se aparta claramente de lo que se considera normal, natural, correcto o lícito.” Por tanto, el mando impuesto por Maduro no debería existir. Constituye un extravío inadmisible, que debe ser eliminado. Lamentablemente, la complicidad activa de militares corruptos, que emplean el terrorismo de Estado contra opositores, ha permitido que cumpla dos años. Son dos años en guerra contra la población venezolana, usurpando funciones que debería haber asumido un gobierno democráticamente elegido.

Las consecuencias de tal aberración no podían ser más trágicas. La economía se redujo adicionalmente en más de un 40%, terminando el 2020 con un tamaño que es solo la cuarta parte de cuando Maduro accedió por primera vez a la presidencia. Se profundizó la destrucción de la industria petrolera, que actualmente produce unos 400 mil barriles diarios, un 17% de la cantidad de entonces. La hiperinflación multiplicó el alza de precios unas 230 veces más, haciendo de Venezuela el país más pobre de América Latina, según estimaciones basadas en la encuesta de las universidades, ENCOVI. Por otro lado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en Venezuela, del Consejo de Desarrollo Humano (CDH) de la ONU[2], confirmó las denuncias que venían realizando diversas ONGs nacionales e internacionales con relación a la violación extendida de derechos humanos por parte del régimen. Documentó lo que consideró crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, señalando responsabilidades en los más altos niveles del Estado. Ello fue confirmado también en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Michele Bachelet. Finalmente, la Corte Penal Internacional encontró “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela “se cometieron crímenes de competencia de la corte desde al menos abril de 2017”[3].

La eliminación de la política

Hoy sabemos que la tragedia venezolana. no es resultado de la ignorancia o de errores de política. Es deliberada, resultado de acciones tomadas conscientemente por Maduro y sus cómplices, militares y civiles, a fin de asegurar oportunidades para depredar al país. La eliminación del Estado de Derecho y la sumisión de las actividades económicas a sus dictados obedecen a los imperativos de expoliación de la riqueza social. Y, al aniquilar los derechos del ordenamiento constitucional, reprimir los medios de comunicación independientes y perseguir a las organizaciones civiles (y políticas) autónomas, acabaron con las condiciones para relevarlos por vías democráticas. Desnudaron a Maduro como dictador.

Su insistencia en cobijar su dictadura bajo formas democráticas --eso sí, totalmente adulteradas para vaciarlas de toda capacidad de expresar la voluntad popular-- ha confundido a algunos opositores, que se empeñan en circunscribir la lucha política a los métodos propios de una democracia. En otros, la retórica utilizada y la tutela cubana llevan a percibir al régimen –en mi opinión, de manera equivocada— como una clásica dictadura comunista. Asumen que lo impulsa un proyecto ideológico, conducido por un Partido Comunista –en este caso, el PSUV-- monolítico y disciplinado, que, desde el poder, impone acciones con base en el patrón doctrinario conocido de los países de la antigua órbita soviética.  

Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos –Maduro, los hermanos Rodríguez y otros— y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan entre sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomia resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interponen. Son los artífices de las extorsiones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen.

El neofascismo bolivariano

La consustanciación del régimen con acciones de fuerza y de violencia por parte de militares corruptos, autoridades civiles y bandas paramilitares, lleva a categorizarlo de fascista o neofascista. Comparte sus métodos totalitarios o proto-totalitarios, pero camuflado en un populismo extremo para proyectarse como campeones del pueblo. Ahora la ideología no ejerce la función de inspirar un proyecto político, en pugna con otras opciones de poder, sino como burbuja en la cual refugiarse para escapar de la realidad del mundo circundante, resistente a sus propósitos. Sirve como credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. Edifica una realidad falsa, conformando una secta de fanáticos que se identifican con ella, refractaria a toda posibilidad de convivencia con quienes piensan diferente. Sus nociones de verdad y de razón se construyen a partir de su funcionalidad para con el ejercicio del mando y la preservación de sus oportunidades de lucro, no de su capacidad para explicar la realidad existente, mucho menos como referencia para proponer soluciones. Representa un blindaje contra acuerdos de política basadas en criterios racionales aceptables para los demócratas. Éstos deben ser aplastados. Las objeciones desde afuera, señalando los sufrimientos de la población, en absoluto lo perturban[4].

La mitología comunista, al justificar la liquidación del Estado de Derecho, por burgués, y someter a las fuerzas del mercado para sustituirlas en el reparto de la riqueza y del producto social con criterios políticos –basadas en relaciones de fuerza--, ha sido de utilidad para legitimar la expoliación del país. Se destruye, así, la economía, pero echándole la culpa a una “guerra económica” contra la “revolución” por parte del imperialismo y la burguesía. La burbuja ideológica sirve, asimismo, para criminalizar toda protesta, tildándola de “terrorista”, y justificar toda suerte de disparates, siempre y cuando contribuyan a galvanizar a sus partidarios en torno a sus desmanes. Nada más parecido a las turbas de extrema derecha que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. que las bandas fachas de Chávez y Maduro. 

La vulnerabilidad del régimen

El hecho de depender de una armazón de complicidades a distintos niveles para sostenerse constituye la mayor vulnerabilidad del régimen. No se basa en un poder monolítico, que obedece a un mando único, centralizado, como haría creer la invocación de las experiencias comunistas. En la medida en que su depredación ha ido reduciendo los recursos con base en los cuales tejer esas alianzas, más precario se ha tornado su poder y mayor fricción interna concita. Y no tiene escapatoria. No puede revertir el deterioro económico, porque la “premiación” a sus secuaces ocurre, precisamente, con base en la expoliación de la economía. No puede ofrecer garantías y seguridades para atraer inversiones, eliminar las coimas y otras exacciones, porque acabaría con esta expoliación. Tampoco puede desmontar el terrorismo de Estado para negociar el levantamiento de las sanciones impuestas a muchos de sus personeros por violación de derechos humanos porque, más allá de las complicidades, es la herramienta que le queda para evitar ser desplazado. Lamentablemente, ello hace al régimen aún más virulento, preso de las rivalidades, de la anarquización de las líneas de mando y de la impunidad que se deriva de la anomia. Al no poder desmontar los mecanismos de expoliación, la situación económica empeorará todavía más, sobre todo en el marco de los estragos causados por el COVID-19.

La instalación de su asamblea nacional partidista, ahora con unos 270 diputados, además de pretender borrar la representación popular electa de la anterior asamblea –la única legítima—ofrece un espacio ampliado para zanjar ambiciones de los diversos intereses que se mueven en la constelación fascista. Las elecciones para autoridades municipales constituirán otro escenario. Si bien ayudan a aliviar las tensiones, también diluyen el poder de la cúpula central, cada vez más aislada y vulnerable.

Los nuevos escenarios

La elección de Biden como presidente de Estados Unidos, más las nuevas condiciones creadas por el vencimiento del período constitucional de Guaidó y demás diputados elegidos en 2015, suponen un escenario diferente a aquel imaginado antes por algunos ilusionados por la retórica de Trump. Todo hace pensar que el apoyo internacional al cambio democrático en Venezuela habrá de enfatizar la negociación para acordar elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional, que sean confiables. Por lo pronto, no pareciera que fuésemos prioritarios en la agenda de Biden, ocupado inicialmente en sanear las heridas dejadas por su antecesor, ni tampoco de los países del llamado Grupo de Lima, por la necesidad que tiene cada uno de centrar sus esfuerzos en superar el grave impacto causado por el Coronavirus sobre sus sociedades. La Unión Europea mantendrá una posición similar a la que ha venido sosteniendo, una vez barajado un nuevo status para su relación con el liderazgo opositor. Es de suponer, entonces, que las cosas se mantengan más o menos igual en los próximos meses, aunque continuará deteriorándose la situación país, como la represión y persecución de opositores.

En tal escenario, la negociación no puede enredarse en “solucionar los problemas del país”. Esto es una excusa del fascismo para ganar tiempo. En absoluto le interesa el bienestar de la población. Tampoco puede dejarse enmarcar en una supuesta confrontación “izquierda – derecha” o de defensa ante el acoso imperialista, con que Maduro busca tocar sensiblerías “progre” a nivel mundial. Su fin solo puede ser apurar salidas a la aberración social y política que representa una dictadura primitiva y oprobiosa, que le niega posibilidades de sustento al pueblo para esclavizarlo con bolsas CLAP. Los países democráticos deben entender esto y no prestarse a engaños que alarguen su permanencia. Las negociaciones deben plantearse desde una posición de fuerza, que lleve a que algunos integrantes de la mafia tomen en serio las ofertas para que se vayan. Ello no será posible mientras la oposición se mantenga dividida, acusándose mutuamente y sin vincularse con los padecimientos y las luchas de una población cada vez más oprimida. No hay otra opción, entonces, que dejar de lado los afanes de protagonismo personal y subordinar todo interés secundario a los esfuerzos para construir, unidos, esa fuerza mayoritaria.

La cabeza visible del fascismo –Maduro, Cabello, los Rodríguez, Padrino López y sus secuaces—está demasiado enferma con sus delirios onanistas para pensar que accedería honestamente a este tipo de negociación. Tampoco se puede negociar con la FAN, pues ésta, como institución, fue destruida. Pero sí tiene sentido focalizar los esfuerzos en quienes sirven de sustento a la médula militar corrupta. Éstos se sienten inseguros, ya que su permanencia depende de criterios políticos, no de las jerarquías o de los méritos institucionales ya destruidos. Al achicarse las oportunidades de lucro, serían los primeros en ser excluidos. Además, sobre ellos pesan severas sanciones por violación de derechos humanos, narcotráfico y otras corruptelas, lo cual los hace vulnerables a negociaciones que ofrecen salidas.

Negociar significa, por mucho que nos asquea, estar en disposición de ceder. Al fascismo no le interesa consolidar ningún proyecto de sociedad porque lo anima la confrontación permanente. Basta observar el gozo que invade el rostro de Cabello cuando anuncia, por TV, medidas contra la oposición. Pero tampoco la oposición está en condiciones de desplazarlo con la fuerza. Con el pañuelo en la nariz, busquemos resquebrajar el sostén militar del régimen con negociaciones que permitan elecciones confiables a cambio de suspender sanciones. Son unos 195 sancionados. Algunos tienen que ceder. Procuremos abrir las rendijas para que pueda expresarse la voluntad popular mayoritaria. La alternativa de conservar nuestra posición impoluta, amparada en nuestros principios y razones para no negociar con criminales, es que Venezuela se deslice todavía más por la pendiente chavista, hasta su desaparición como país.

[1] Cifras oficiales. www.bcv.org.ve

[2] https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx

[3]https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-corte-penal-internacional-nic...

[4] Remito al lector a escritos míos al respecto, para no repetir aquí sus argumentos:

http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2013/05/humberto-garcia...

https://politicom15.wordpress.com/2017/02/08/fascismo-comunismo-y-la-pre...

El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas, 2008.

Venezuela, una nación devastada. Las nefastas consecuencias del populismo redentor, Ediciones Kalathos, 2020. Cap. 6, 7.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com