2016: año de acuerdos sobre una visión compartida de país (II de VIII)

El primer consenso, reconciliarnos para alcanzar la paz

Nos comprometimos hace dos semanas a dedicar este artículo al primero de los consensos que componen La Venezuela que queremos todos, proyecto de construcción de una Visión Compartida de País que viene siendo adelantado desde 2009 por organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa inédita en Venezuela, nacida “de abajo hacia arriba”, en que las bases de la sociedad han expresado cómo es el país que quieren y grupos de académicos y expertos han respondido planteando cómo lograr los objetivos. El proceso comenzó con una primera etapa denominada “Voces de la Gente”, en la cual participaron más de 66.000 personas en diálogos de colectividades y talleres de líderes comunitarios, seguida de una segunda basada en simposios de académicos y especialistas en que tomaron parte más de 500 profesionales, y de una tercera que está concluyendo a fines de 2015 en la cual doce grupos de expertos participan en talleres en los que se plantean estrategias y políticas concretas para hacer realidad cada uno de los consensos.

Los rasgos de mayor coincidencia con los que la gente narra la Venezuela que queremos todos incluyen tener paz y convivir sin confrontaciones; sentirnos seguros y no expuestos a la violencia de otros y a los atropellos de quienes representan al Estado. En esto, y en la voluntad de encontrar caminos para la reconciliación, consiste el primer consenso, un conjunto de expectativas y aspiraciones que afloró en los talleres de líderes y activistas y en los diálogos de comunidades que fueron realizados por la Iniciativa en su primera etapa de Voces de la Gente.

Las propuestas estratégicas para promover la reconciliación

Nuestra reconciliación, por mucho que la deseemos no se producirá espontáneamente ni bastará para ponerla en marcha que desaparezcan los estímulos provocados desde el Estado para enfrentarnos; hará falta un esfuerzo consciente y sistemático de las instituciones en varias direcciones complementarias. Si la paz es un fin fundamental para nuestra sociedad y si ella considera que la reconciliación es indispensable para lograrla, entonces sus liderazgos y las organizaciones civiles tendrán que comprometerse en su implementación, que no será fácil pero merece la pena, y presionar al Estado para que se ponga efectivamente a su servicio.

La propuesta sobre la reconciliación plantea tres objetivos estratégicos, cada uno de ellos asociado a una serie de lineamientos de acción. No se trata de tres propuestas, ni de la búsqueda de tres clases de armonía o de logros de paz en tres ámbitos distintos, sino de apoyar con diversas acciones un proceso único de reconciliación que requiere de las tres estrategias para salir adelante.

El primero de los objetivos estratégicos es favorecer la despolarización política y la cooperación social; el segundo es contribuir a reducir la violencia en las comunidades; y el tercero consiste en promover un compromiso efectivo de la sociedad y sus instituciones con los derechos humanos y la erradicación de la violencia ilegítima de Estado.

Propiciar conductas de despolarización política y cooperación social

La propuesta para favorecer la despolarización y la cooperación social plantea tres líneas de quehacer concreto, no solo discurso sobre una cultura sino construcción de una realidad de convivencia y solidaridad.

La primera línea se basa en un acuerdo de despolarización entre los liderazgos políticos y entre estos y los medios de comunicación que proscribiría las campañas y mensajes que siembran el odio y la confrontación extrema; promovería diálogos en las bases partidistas acerca de  visiones compartidas del país; y activaría conductas anti-sectarias e incluyentes de las organizaciones en los períodos de transiciones políticas y cambios de gobierno.

La segunda se instrumenta en proyectos de cooperación al interior de las colectividades, que incorporen sin sectarismos a toda la comunidad para perseguir logros que la beneficien en común, en materia de servicios, equipamientos, recreación, salud y seguridad ciudadana, entre otros, en proyectos que serían vehículos para la concientización y la discusión respetuosa, e instrumentos concretos para la capacitación de las comunidades en normas de convivencia y en mecanismos para la participación y el diálogo plural.

La tercera línea ambiciona ser vehículo para la cooperación solidaria entre grupos sociales. Comprende trabajo conjunto entre grupos de clase media y colectividades populares, tendentes al reconocimiento mutuo y a restablecer lazos de confianza, en  proyectos dirigidos a fortalecer a los individuos y las organizaciones de las comunidades populares, para que ellos mismos eleven su capacidad de agencia. Esta línea implica lograr acuerdos entre universidades, fundaciones de responsabilidad social empresarial, colegios y gremios, para que ellos promuevan la participación activa de sus miembros. 

Contribuir a la reducción de la violencia social

Para contribuir a reducir la violencia que ha llegado a ser vista como parte normal de la cotidianidad, la propuesta  plantea tres líneas de acción, la primera de las cuales consiste en intervenciones y reformas del sistema judicial a nivel nacional, y las otras dos a cargo de comunidades y gobiernos locales, cuyo éxito dependerá de los logros que la población aprecie en la primera.

La línea de intervenciones y reformas nacionales plantea  la combinación de varias acciones en el poder judicial: una política de “tolerancia cero”;  designar jueces, fiscales y funcionarios policiales comprometidos con los derechos humanos que sean ética y profesionalmente idóneos; mejorar notablemente en celeridad  procesal; fortalecer la investigación judicial; y avanzar una reforma del sistema penitenciario que humanice la realidad de las cárceles y la futura reinserción de los ex reclusos en la sociedad.

Entre las metas concretas que esta línea se plantea en el muy corto plazo el desmantelamiento de redes de narcotráfico y de secuestros gestionadas desde cárceles en complicidad con grupos policiales; la conducción de planes de desarme de colectividades; y el reinicio del patrullaje  policial en zonas urbanas que fueron dejadas fuera del control de las instituciones apuntando a objetivos políticos espurios.

En cuanto al control de factores de riesgo por familias y colectividades se propone armonizar, en colectividades que sufren de alta exposición a la violencia, la formación ciudadana y la atención a las familias y comunidades para la recuperación y el uso comunitario de espacios seguros; el despliegue de programas de extensión escolar para jóvenes entre los 13 y los 19 años dirigidos  a prevenir la delincuencia y disuadir su participación en pandillas; y la mejora progresiva de las vías de acceso que permita incrementar el patrullaje policial.

La estrategia para promover una cultura ciudadana de respeto a la Ley, no impunidad y resolución pacífica de conflictos persigue el rechazo al modelo del individuo violador de reglas que se impone por la violencia; la valoración de que es útil respetar la y resolver conflictos mediante la negociación;  y el desarrollo de una estima mutua entre las comunidades y los agentes del Estado que deben protegerlas.  Implementar esta línea implica un enorme esfuerzo inicial porque se parte de una realidad actual muy adversa, un sistema judicial y unos cuerpos policiales degradados que no inspiran reconocimiento, y una cultura de lo público en que aquellos valores son muy débiles o incluso han sido sustituidos por anti-valores en muchas comunidades. 

Un compromiso real con los derechos humanos y la erradicación de la violencia ilegítima de Estado

Las dos vertientes de acción que completan la propuesta se refieren a los derechos humanos. La primera consiste en internalizar el respeto a esos derechos en la cultura pública del venezolano, y la segunda, denominada de “reconciliación con justicia”, atiende al hecho de que la violencia ilegítima del Estado ha generado muchas violaciones de derechos humanos que han sido sistemáticas y extremas, tanto en gravedad como en número de víctimas, abriendo heridas que solo restañarán y dejarán el camino abierto a la reconciliación si se hace justicia.

Internalizar el respeto a los derechos humanos en la cultura pública implica en términos prácticos incorporar los valores y las reglas de la institucionalidad existente a la conducta ciudadana.

Un primer programa en esta línea consiste en fortalecer y dar a conocer los mecanismos ordinarios de la justicia referidos a los derechos humanos; educar y concientizar de manera sistemática y permanente a las comunidades (geográficas, laborales, educacionales) y a los funcionarios del Estado en todos sus niveles sobre el respeto y la protección de los DDHH en sus prácticas cotidianas, y concientizar a toda la sociedad sobre su derecho a realizar contraloría social y sobre los dispositivos de la justicia aplicables a los violadores.

Un segundo programa busca fortalecer a las ONGs dedicadas permanentemente a la defensa de los derechos humanos, promoviendo que el poder judicial y los otros órganos del Estado, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, les brinden reconocimiento, soporte y protección a sus actividades de monitoreo, denuncia y capacitación.

Por último, la reconciliación con justicia contribuye a cimentar el proceso de reconciliación sobre bases y mecanismos que aseguren la no impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos y de comisión de crímenes internacionales, partiendo de determinar la verdad y las circunstancias en que ellos se produjeron, y definiendo un sistema de sanciones y penas que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas a la vez que la transición hacia una paz estable y duradera.