Antejuicio de mérito a la Fiscal General LOD

1.- ¿Quién esta legitimado para solicitar el antejuicio?

La Sala Plena del TSJ no debió ni siquiera considerar, mucho menos admitir el escrito del Dip. Carreño (un solo diputado) donde se solicita el antejuicio a la Fiscal LOD, entre otras razones, porque un diputado no tiene legitimidad para presentar dicha solicitud:

i. Ningún ciudadano, así como ningún diputado tiene la cualidad o la legitimidad necesaria para acusar y solicitar el antejuicio contra los altos funcionarios de los Poderes Públicos. En el proceso de remoción de las altas autoridades, deben NECESARIAMENTE intervenir varios órganos y entes de varios Poderes del Poder Público. En todo caso, siempre participan el Poder Ciudadano, el TSJ y la Asamblea Nacional.

El Diputado Carreño introdujo un escrito que sólo puede entenderse hecho como un ciudadano y no en su carácter de diputado, ya que un solo diputado no compromete la voluntad del Poder Legislativo, mucho menos cuando el propio TSJ tiene limitadas las funciones de la Asamblea Nacional por un –supuesto- desacato. Entonces, ¿la voluntad general de la AN no se configura legalmente, pero un solo diputado puede accionar un procedimiento de este tipo sustituyendo un Poder Público?.

ii. La legitimidad puede recaer en quien ejerza el cargo de Vicefiscal, como lo señala la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 25 (5): “(…)Cuando el acusado o acusada sea el propio o la propia Fiscal General de la República, la representación del Ministerio Público será ejercida por el Vicefiscal o la Vicefiscal General de la República o, en su defecto, a quien designe la Asamblea Nacional por la mayoría absoluta de sus integrantes”.

iii.  La  legitimidad pudiera recaer en el Consejo Moral Republicano como órgano de expresión del Poder Ciudadano. Para lo cual se requiere que el asunto haya sido tratado por dicho órgano, debiendo hacerse previo a cualquier decisión, un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y donde se escuchen las partes y los alegatos. Sólo después de esto pudiera el CMR elevar una solicitud de antejuicio ante la SP del TSJ.

2.- ¿Quién tiene la competencia de remover a la Fiscal LOD?:

La Asamblea Nacional es la única habilitada constitucional y legalmente para remover  a  las  máximas  autoridades  de  los  órganos  que  componen  el  Poder Ciudadano. Veamos que dicen las normas:

i.     El     artículo     279     constitucional     TAXATIVAMENTE     señala:     "(...) Los  y las  integrantes del  Poder  Ciudadano  serán  removidos  o  removidas  por  la

 

 

Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del TSJ, de acuerdo con lo establecido en la ley".

ii. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece: “Los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del TSJ en sala Plena, que declare que hay mérito para su enjuiciamiento”.

iii. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público indica: “Remoción - El Fiscal o la Fiscal General de la República podrá ser removido o removida por la Asamblea Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.

3.- Algunas consideraciones:

i. La Sala Plena sólo debe pronunciarse –previamente- sobre si hay o no  méritos para el enjuiciamiento de las altas autoridades de los Poderes Públicos, en este caso de la Fiscal General LOD.

ii. Está suficientemente claro, que la acusación no corresponde a una persona, ciudadano o diputado, sino a la actuación de un órgano o ente del Poder Público Nacional, que tenga la competencia para ejercer dicha pretensión o solicitud.

iii.  Es  la  ASAMBLEA  NACIONAL  quien  puede  determinar  la  remoción  o destitución de la Fiscal General LOD.

iv. En el procedimiento en sala plena DEBEN INHIBIRSE de conocer de la causa los magistrados de la sala constitucional y los magistrados de otras salas conocidos como los magistrados express, nombrados por la AN saliente a finales de dic de 2015; ya que la Fiscal solicito la nulidad del acto por el cual fueron nombrados. Y en el caso de los magistrados de la SC, por la solicitud presentada por la FG LOD ante el Consejo Moral Republicano para solicitar su remoción. Entre otras actuaciones y decisiones que dejan claro que estos magistrados no son imparciales respecto a LOD.

v. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan?

El TSJ busca pagarse y darse el vuelto nuevamente. Es decir, la verdadera intención es salir “a como de lugar” de la FG LOD, por sus actuaciones contrarias al TSJ y al Ejecutivo. Por ello, admiten una solicitud sin legitimidad y dan curso a un procedimiento a todas luces inconstitucional.

Está claro que lo que buscan es utilizar nuevamente a la Sala Constitucional, para que una vez la Sala Plena diga que si hay méritos para enjuiciar a LOD, entonces, la SC disponga nuevamente que ellos TOMARÁN las competencias de la Asamblea Nacional y resolverán la remoción de la Fiscal LOD, aduciendo el desacato de la AN.

Es decir, los propios magistrados mal designados, esos mismos que no tienen las credenciales mínimas necesarias para ser magistrados, los que han roto el sistema constitucional con sus sentencias, los que vulneran la forma de Estado y de Gobierno establecida en la Constitución, los que atentan contra la democracia y están al servicio del ejecutivo, esos son los que quieren a LOD fuera de sus funciones, ya que ella representa un grito en defensa de la Constitución, y la fuerza del pueblo de Venezuela que quiere Paz y Democracia.

Luego, la propia sala constitucional podría decir que al estar en desacato la AN, ellos declaran la omisión legislativa y directamente nombran a un nuevo o nueva Fiscal General, quien renunciará el día antes a su militancia en el PSUV. O quizás dejen ese nombramiento a la Asamblea Constituyente que quieren instaurar sin consultarle al EPueblo y con un método electoral inconstitucional e ilegitimo.

Esto no es Chavismo es Madurismo, e insiste en cerrar toda posible salida de la crisis democrática e institucional.