Argumentos para una Constitución mundial

En mi libro La república de las creencias: un nuevo enfoque al derecho y la economía, tenía mucho interés en demostrar cómo los métodos que han surgido del largo y fructífero diálogo entre estos campos podía, con una pequeña ayuda de la teoría de juegos, aplicarse a disputas multilaterales y conflictos entre múltiples jurisdicciones. Así que incluí un capítulo sobre el reto de crear una constitución mundial. Se trata de una idea con una larga historia.

En el siglo catorce, por ejemplo, las ciudades estado semiautónomas italianas desarrollaron la “doctrina estatutaria” para solucionar los problemas que surgieran en el comercio e intercambio de múltiples jurisdicciones legales. Como sugiere Stephen Breyer, juez asociado de la Corte Suprema estadounidense, sin algún mecanismo de resolución de disputas institucionales, una demanda de un nativo de Florencia entablada por un nativo de Roma podría haber causado que ambos estados entraran en guerra.

O piénsese en la confiscación de una nave mercante portuguesa, la Santa Catarina, por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el Estrecho de Singapur en 1603. El episodio ocasionó conflictos multijurisdiccionales de tal tensión que hubo que llevar al jurista Huig de Groot (Grotius) para que mediara, llevando a uno de los intentos más tempranos de codificación de la ley internacional.

A pesar de su larga historia, los intentos de establecer una ley internacional solo han tenido un éxito limitado. La creación de un sistema sensible al bienestar de todas las personas –lo que Eric Posner, de la Universidad de Chicago, llama el “enfoque del bienestar”- choca rápidamente con el problema de la soberanía del estado nación. Como único encargado de hacer cumplir la ley y garante de los derechos de los ciudadanos dentro de su jurisdicción, el estado nación tiene la prerrogativa de pasar por alto o anular leyes o derechos reconocidos por terceros.

Con todo, no podemos esperar a que los debates académicos sobre estos asuntos lleguen a una conclusión. El mundo está lleno de disputas que cruzan jurisdicciones, no en menor medida la debacle del Brexit. ¿Cómo se manejará el flujo de bienes y personas entre la Unión Europea y Gran Bretaña, y entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Ni la Primera Ministra británica Theresa May ni otros actores tienen una respuesta contundente. El resultado del Brexit sigue en la incertidumbre, a pesar de que la salida de la propia May se vuelve cada vez más previsible.

Mientras tanto, y en otro ámbito, es cada vez más evidente que las actuales leyes antimonopolio pueden no ser suficientes para hacer frente a los problemas surgidos de la economía digital. Aunque Estados Unidos es sede de 12 de las 20 mayores compañías tecnológicas del mundo, no ha podido limitar sus peores prácticas. Ante la ausencia de un marco internacional, los gobiernos nacionales y regionales como la UE han comenzado a impulsar medidas regulatorias unilaterales, aun a riesgo de generar tensiones con la imprevisible administración del Presidente estadounidense Donald Trump.

De manera similar, desde el Mar Mediterráneo a la frontera entre EE.UU. y México, el flujo de personas con diferentes costumbres y creencias desde países con marcos legales distintos está tensando al límite los actuales sistemas de inmigración. Algunas de estas diferencias pueden llegar a un punto de comicidad. Un técnico en control de plagas que trató mi casa en Delhi, India, me aseguró una vez que mi hogar quedaría sin termitas porque estaba usando sustancias químicas fuertes, y recalcó que “estaban totalmente prohibidas en Estados Unidos”. Pero existen conflictos de creencias y costumbres más serios, no en menor medida los que implican choques de religiones. Los incesantes conflictos sectarios en una era de armas sofisticadas y guerra cibernética podrían acabar en catástrofe.

Si bien los detalles de una ley internacional se seguirán debatiendo indefinidamente, podemos –y, cada vez con mayor urgencia, debemos- adoptar una constitución global para el aquí y el ahora. Como mínimo, el texto consagraría reglas de comportamiento básicas que todos acordemos seguir, y autorizar su puesta en cumplimiento por un tercero que cuente con medios reales para hacerlo.

A menudo apelamos a la moralidad individual y a la decencia humana básica al intentar solucionar conflictos políticos y culturales. El supuesto es que, si todos respetáramos el derecho de los demás a practicar su religión, desaparecerían muchos de nuestros problemas. En la práctica, esos conflictos suelen ser muy difíciles de tratar, ya que existen algunas costumbres y prácticas que son fundamentalmente incompatibles entre sí.

Imaginemos dos sociedades. En una, la religión predominante exige a todos que conduzcan por la izquierda; en la otra, todos deben conducir por la derecha. Si vivieran por siempre en islas separadas, habría paz. Pero con la globalización y el movimiento de personas entre las dos islas, se habrán sembrado las semillas del conflicto.

Las sociedades pueden perpetuar el conflicto mediante la guerra y la dominación, o pueden acordar un código común. Es posible que algunas partes tengan que recibir compensaciones por sus sacrificios, o bien cada parte pueda tener que ofrecer concesiones en ciertos temas a cambio de términos favorables sobre otros. Ese es el punto de negociación y transigencia, ya que no hay alternativa más allá de un conflicto duradero.

Rara vez es fácil transigir, especialmente cuando se superponen los intereses y la identidad. Pero, dado el grado en que la globalización ya ha avanzado, no podemos mantenernos en nuestra vía y esperar lo mejor. Estados Unidos, que por largo tiempo ha sido un líder en establecer normas mundiales, se está retirando tras un muro sicológico. Necesitaremos que los ciudadanos de a pie, los miembros de la sociedad civil y, en efecto, los líderes religiosos reconozcan la necesidad de una colaboración global y exijan a las autoridades que tomen la iniciativa.

18 de abril de 2019

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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