Coto Cerrado

Lo confesó la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez: “No nos importa el reconocimiento internacional de las elecciones del 6 de diciembre”. Este desplante no es solo al denigrado “imperio”, sino también a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a otros países democráticos que se niegan a validar la farsa en ciernes. Tampoco le importa, por lo visto, que 78% de venezolanos manifestaran que no irían a votar, según la encuesta flash de noviembre de Consultores 21. Tal actitud no debe sorprendernos. Los fascistas tienen años gritándole a los cuatro vientos que el país les pertenece, que es de su exclusiva propiedad. Alegan contar con el apoyo del “Pueblo”, siendo ese “Pueblo” –claro está—la exigua minoría que sigue acompañándolos. El 80 y tanto por ciento que repudia su gestión se ha autoexcluido de ser considerado “pueblo”. Esta categoría, por antonomasia, se define sólo a partir de su identificación con la causa fascio madurista; no puede incluir a los que se oponen a ella. 

Y en ejercicio de su propiedad exclusiva sobre una nación que le han arrebatada a los venezolanos, procedieron a privatizar los bienes públicos y a demoler toda restricción a la depredación de sus riquezas. No sólo acabaron con las partidas de mantenimiento y de inversión de empresas e institutos públicos, se chuparon íntegro su flujo de caja –en particular, la de PDVSA y de las empresas básicas y de servicio--, inventando contratos con compañías de maletín, comisiones escondidas o “por servicios”, compras ficticias (con abultado sobreprecio), financiamientos que terminaron en sus bolsillos --pero cargados al presupuesto nacional-- y cuantas marramucias fueron capaces de idear. Rafael Ramírez, ahora “opositor”, presidió el mayor saqueo de una empresa jamás visto, con terribles daños para la industria petrolera y para el país en general. La explosión de la Refinería de Amuay en 2012, que dejó 55 muertos, más de un centenar de heridos y destruyó decenas de casas, es apenas la expresión más visible y trágica de esta devastación. Jorge Giordani, ministro de Planificación de Chávez durante casi toda su gestión, reconoció en 2016 --como quien no tuviese nada que ver con ello-- que se habrían malversado unos USD 300.000 millones durante la última década. Los recurrentes apagones, el suministro tan esporádico de agua, la ausencia de gas y de gasolina, que hoy constituyen el sufrimiento cotidiano de todo venezolano que no pertenezca a la oligarquía militar y civil que se cogió al país, tienen su causa en tal expoliación. Pero ésta, olímpicamente, culpa a las sanciones de los EE.UU.

Luego de exprimir al máximo la “caja” del sector público, va ahora por el capital. Con tal fin, la asamblea constituyente fraudulenta aprobó una llamada ley “antibloqueo”; una patente de corso para desguazar los activos del país. Claro está, “¡en defensa de los intereses del pueblo trabajador”! Esa “ley” autoriza a los jerarcas al mando a “desaplicar” el ordenamiento legal –incluidas las leyes viciadas que ellos mismos se hicieron aprobar—para ofrecerle estos activos al mejor postor. Garantiza, además, la confidencialidad (el secreto cómplice) sobre tales transacciones. No se rendirán cuentas –la transparencia hace años que desapareció de su diccionario—, por lo que se le extiende un manto de impunidad a los infractores (nacionales o extranjeros) que participen en estos desfalcos. De hecho, ya Maduro había barrido con todo requerimiento legal que impidiese ofrecerles a sus cómplices el saqueo de las riquezas minerales de Guayana, amén de lo que queda de PDVSA.

Los comicios amañados de diciembre, al igual que los anteriores para la “constituyente” y la fraudulenta “reelección” de Maduro, tienen como finalidad terminar de ponerle un candado a su propiedad. Cual dados cargados, su diseño sólo permite que triunfe al chavo-madurismo. Copar todas las instituciones formales, con las trampas que sean, facilitará seguir expoliando la nación. Ya el mafioso máximo, Diosdado Cabello, se frota las manos anunciando, con su acostumbrado sadismo, la persecución de los actuales diputados de la Asamblea Nacional, una vez tome posesión la que se elija tramposamente en diciembre.

Nos enfrentamos a una monstruosidad impensada, insospechada en la intensidad de su maldad y por su absoluto desprecio por los sufrimientos de los venezolanos, como por su empeño en acentuarlos con tal de permanecer en el poder. Tal insensibilidad y falta de humanidad para con sus compatriotas no sólo obedece a las enormes fortunas amasadas, sus camionetotas y demás privilegios que exhiben, ostentosamente, ante al pueblo que dicen representar. También se refuerza con una construcción ideológica que, cual imagen espejo, invierte la culpabilidad para hacerlos aparecer como “revolucionarios”, víctimas del imperio. Y con esa cantinela siguen campantes, cayéndose a embustes con supuestos planes para el futuro, como si su permanencia en el poder fuese cosa ya dictada por la providencia. No es menester que sean creíbles los clichés que a diario repiten. Éstos sirven para obnubilar la mente y no tener que enfrentar las terribles consecuencias de sus atropellos. Suprimen toda noción de culpa y disuelven, con un discurso maniqueo, cualquier freno moral a sus desmanes. Reiteran conspiraciones inagotables, siempre promovidas por el imperio, como explicación de su fracaso al frente del Estado. Tal blindaje ideológico es reforzado por una “izquierda” internacional exquisita, que sirve de caja de resonancia a sus idioteces, en procura tremendista de acaparar resentimientos autóctonos. Este blindaje explica su crueldad y su capacidad de aguante. El sufrimiento del pueblo en absoluto es razón a considerar para entretener posibilidades de abrirles paso a quienes sí ofrecen soluciones, El reciente despojo y acoso de dos ONGs -- Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, partícipes del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas--, que coordinan el suministro de comida a unos 25.000 niños en 14 estados, confirma que, a la hora de las definiciones, los necesitados están, a los ojos de Maduro, del lado enemigo.

Que no quepa la menor duda de que la prolongación del régimen sólo acarreará mayores padecimientos a la población. La actividad económica, que se reducirá este año a apenas la cuarta parte de la que era cuando asumió Maduro, va a continuar con su caída libre; la hiperinflación seguirá corroyendo la exigua capacidad adquisitiva de las mayorías; la Guardia Nacional y otros cuerpos, esquilmando al pueblo; y los aparatos represivos ejercitando el terrorismo de Estado, con apoyo del alto gobierno.

Von Stauffenburg y Rommel, artífices de triunfos militares nazi -sobre todo el segundo-, pudieron redimirse parcialmente ante la historia con el atentado –lamentablemente fallido—contra Hitler en 1944. Que no haya habido acción análoga en Venezuela contra Maduro y su combo, aunque deprimente, no debe impedir que sigamos insistiendo en resquebrajar la cohesión que, hasta ahora, mantiene ese antro.

Pero no debemos esperar soluciones mágicas. En EE.UU., parece que nunca estuvieron todas las opciones sobre la mesa para sacar a Maduro, a pesar de los alardes de Trump. Debemos construir una estrategia sólida, que avance con pies de plomo, para abrir las puertas a algún tipo de negociación para reinstaurar, cuanto antes, la democracia. Se juega lo que hemos conocido como el país Venezuela.

Esta negociación sólo tendrá sentido si se hace desde una posición de fuerza, capaz de obligar al fascismo a pactar las condiciones de su salida. Las fuerzas democráticas en Venezuela deben mostrar la fuerza y la unidad de propósitos, para proyectarse claramente como la alternativa capaz de restablecer un régimen democrático, respetuoso de los derechos humanos y participante activo en la futura prosperidad de América Latina. De ahí la importancia de la consulta del 12 de diciembre, capaz de aglutinar y motivar a la población en la exigencia de elecciones libres, creíbles y auditables, de manera de proyectar un contraste claro con la farsa del 6 de diciembre que adelanta el fascismo.

Esperemos que Biden, una vez presidente de EE.UU., apoye con firmeza e inteligencia, la concreción de elecciones presidenciales en Venezuela, con las garantías debidas. Asimismo, que ponga su peso en neutralizar las acciones de Rusia, Irán, China y Cuba, a favor de Maduro. La carta de negociación sería el levantamiento progresivo de las sanciones contra la verificación de pasos concretos, por parte del fascismo, a favor de la realización de elecciones en las condiciones deseadas. Pero es imprescindible contar con una oposición venezolana revitalizada para fundamentar las transformaciones a emprender.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com