Deslinde de las cartas

Las sanciones, y en menor medida, la negociación en México, siguen siendo los temas que se debaten en diversos escenarios a los que tengo acceso −redes sociales, prensa escrita, programas de radio, reuniones de grupos, etc.

El disparadero de todo tuvo su origen en “las cartas”, de las que ya tenemos cuatro: la de los 25, la de los 68, la “dirigida a los venezolanos” y el “Pronunciamiento de Ciudadanos Independientes”; al menos, viendo el lado positivo, la discusión interna en la oposición, que lucía muerta −ambas, la discusión y la oposición− se ha avivado. Pero, ha sido un debate agrio como ya es usual; un tema más de discordia, como si tuviéramos pocos, del cual aún no encontramos salida.

Reflexión personal

Tras casi un mes se podría resaltar, además de los puntos en común, aquellos en que hay coincidencias y en los que realmente difieren y por esa ruta llegar a una especie de síntesis − ¿dialéctica? – que nos permitiera avanzar hacia una estrategia común. Por lo tanto, me voy a enfocar en mi reflexión personal sobre esas coincidencias y diferencias, esperando que eso contribuya a que otros reflexionen también.

Comienzo por aclarar que mi posición al respecto se sintetiza en que las sanciones generales, económicas y financieras han demostrado ser inútiles para el objetivo de librar a los países de gobiernos maulas y violadores de derechos humanos; además tienen el potencial de ser dañinas para la población en general, que es lo que hay que evitar; y por lo tanto, se hace necesario revisar las sanciones económicas y financieras que se están aplicando a Venezuela; pero, manteniendo y profundizando las sanciones personales y recompensas contra funcionarios, sus familiares, amigos y testaferros. Estoy consciente que no es una posición original, la cual he expresado con anterioridad.

Coincidencias

Quienes están a favor o en contra de las sanciones coinciden en varios puntos, lo que es un gran adelanto. Veamos:

Primero, ambos sectores, a favor o en contra, en sus cartas y posteriormente por sus voceros, han coincidido y afirmado que la crisis del país, la penuria que nos acogota y la situación miserable a la que está sometida la población, no se debe a las sanciones, pues es anterior a las mismas. Se debe a las pésimas y ruinosas políticas económicas, sociales, fiscales, administrativas, etc. aplicadas por este régimen desde su entronización en 1999, hasta hoy. En eso, como dije, todas las cartas coinciden.

Segundo, todos, sin excepción, tirios y troyanos, firmantes de todas las cartas, hasta las dos más radicales y sus voceros, que han declarado con posterioridad, afirman que se deben mantener las llamadas sanciones “personales”, aquellas que, como indica su nombre, se aplican o ponen precio a la cabeza de algunos funcionarios venezolanos, altos y medios, corruptos y responsables o perpetradores de violación de derechos humanos. También en eso, todas las cartas coinciden.

Diferencias

Pero el espacio de las coincidencias, aunque importante, es corto; luego ya, se intensifican las diferencias; veamos algunas, solo a título de ejemplo, no son todas:

En el desarrollo de la discusión hemos visto todo tipo de argumentos y razonamientos algunos bastante peregrinos. Por ejemplo, insistir en las sanciones −sobre todo económicas y financieras− sin ni siquiera revisarlas, es desconocer que hay dificultades para muchas compañías nacionales y en el exterior, con actividad económica en Venezuela, que tienen, supuestamente, deseos de invertir en el país, pero tienen reales dificultades para hacerlo, para conseguir recursos en el exterior, debido a que entes financieros y empresas extranjeras temen que se les apliquen sanciones por hacer negocios con Venezuela.

Y no me refiero a los “tenedores de bonos” que puedan tener problemas para canjearlos o que han perdido su valor; quien invierte en papeles del estado venezolano, en general de cualquier estado, está especulando, haciendo una “apuesta”, que le puede salir bien y ganar mucho dinero; o salir mal y perderlo. Quienes estén en esta situación, háganse de cuenta que fue una mala inversión, por mal manejo económico del gobierno que los emitió o porque éste se negara a honrarlos.

Del otro lado, alguien partidario de mantener las sanciones afirmaba en días pasados que el gobierno se había visto obligado a “dolarizar”, “abrir” la economía, “flexibilizarla”, poner en marcha una “desregulación”, olvidándose de su modelo fracasado de desarrollo; me pregunto: ¿eso no quiere decir, entonces, que las sanciones si han servido de algo? Por lo menos obligaron al gobierno a hacer todo eso.

Argumentos fallidos

Quienes se oponen a las sanciones argumentan −olvidando lo que han afirmado y que reseñe en el párrafo anterior− que la aplicación de las sanciones ha agravado la situación y penuria económica del país; puede ser así, o no; pero, no me parece que hayan aportado argumentos contundentes al respecto; o al menos argumentos que demuestran, fehacientemente, que el agravamiento de la situación, la mayor penuria, la mayor miseria del país, se deba a las sanciones; a que el gobierno tenga menos ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, puede ser, pero la caída de los ingresos petroleros había comenzado mucho antes de las sanciones; y además, también me pregunto: ¿Por qué pensar que la peor situación se debe a las sanciones y no a que el gobierno no ha tomado ninguna medida efectiva para mejorar la situación de emergencia humanitaria del país?

Por otra parte, no he logrado entender como algunos de los firmantes, que argumentan la supuesta “reactivación” de la economía venezolana, desde 2019, al mismo tiempo sostienen que hoy la situación es peor y que se ha agravado por culpa de las sanciones. Algo no cuadra en esa argumentación. ¿A qué se debe ese agravamiento, como se explica? ¿Y esa “normalidad” a qué se debe? ¿No será un efecto de la aplicación de las sanciones −económicas y financieras o personales− que hace que el gobierno ceda por temor a una intensificación de las mismas?

¿Han resultado las sanciones?

Lo que a mí me resulta obvio es que, al menos en ese aspecto, las sanciones han dado resultado. Me inclino a pensar que son las que han provocado que el gobierno se haya visto obligado a hacer algunas modificaciones, un “viraje”, una “apertura”, como lo queramos llamar. La supuesta “normalidad”, la “apertura”, el “arreglo” del país, etc., que es indudable y se debe reconocer y “celebrar”, pues cualquier decisión que mejore en algo, por mínimo que sea, la situación del golpeado y maltratado pueblo venezolano debe ser bien recibida. Al levantarse algunos controles, la situación es aprovechada por sectores económicos y algunos emprendedores con capacidad de resistencia y demostración de algunas potencialidades que aún quedan en el país y desde luego que mejora la situación de un sector de la población, no muy grande, más bien ínfimo, que tiene acceso a dólares, de ahorros, de remesas… o mal habidos. Pero es un error pensar que es una situación permanente o un cambio del modelo económico, no me parece que haya elementos que sustenten esa apreciación o buen deseo de algunos.

Objetivos de sanciones y negociaciones

Lo que tampoco entiendo −y los firmantes de la “carta de los 25” no lo explican− es: Si las sanciones económicas y financieras se eliminan, pero se mantienen las personales, ¿cuál es el “beneficio” del régimen en la negociación?

Ese es un punto que se debe examinar y no se ha hecho, ni se ha abordado claramente en ninguna de las cartas, apenas se ha tocado “lateralmente” en toda esta discusión sobre sanciones y negociaciones. El punto es: ¿Cuál es el objetivo de las sanciones?: ¿Ejercer una presión que obligue al gobierno a renunciar, a dejar el poder?; o ¿Qué lo obligue a sentarse a negociar una salida constitucional a la crisis?

En mi opinión, y no teniendo nosotros otra fuerza, las sanciones internacionales deben servir para obligar a una negociación, para que la oposición democrática y el régimen lleguen a un acuerdo, que permita una salida al régimen −pues ninguna negociación es gratis o de un solo lado− a cambio de realizar elecciones libres, democráticas, justas, equilibradas y supervisadas internacionalmente, que garanticen que los resultados serán respetados por todos. Y mientras eso ocurre, mientras dure la negociación −que no serán ocho días− y se llegue a ese proceso electoral, se debe mejorar de manera urgente la situación económica del país, con apoyo internacional, sobe todo aquella que afecta más a la población de menores recursos.

En conclusión, a pesar de que la argumentación en contra o a favor de las sanciones es un verdadero galimatías, e intrínsecamente contradictorios algunos argumentos, hay una especie de consenso en que las sanciones generales, económicas y financieras se deben revisar, para eliminar las que afectan a la población; pero, se deben mantener e incluso intensificar, las sanciones personales.

Politólogo

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