Doctor Honoris Causa de la ULA

Discurso de investidura

Han pasado 53 años y dos meses desde que entré por primera vez en la casona de la Facultad de Humanidades de esta universidad para sacar la equivalencia de mi recién terminada carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana de Bogotá y así poder dedicarme a la educación venezolana. También en esos meses, mientras estudiaba en la ULA, ejercí por primera vez la docencia en el incipiente colegio Monseñor Silva.

Tres pichones de jesuitas, vestidos de rigurosa sotana negra íbamos a la universidad en ese año tan encrespado por el debate ideológico y la lucha armada. Poco duró nuestra presencia, pues la crisis de los misiles en Cuba el 23 de octubre, provocó graves disturbios y en noviembre se cerró la ULA hasta enero. Pero bastaron esos dos meses para que yo me llevara un recuerdo entrañable e imborrable de mi primera universidad venezolana y de esta acogedora ciudad.

Ahora  he sido sorprendido con la para mi inesperada e inmerecida distinción que me otorga una universidad asediada. Vuelvo aquí para agradecerles y pido su licencia para solidarizarme y compartir con ustedes nuestra común defensa de la autonomía universitaria y de la democracia, ambas sometidas a terrible cerco.

I  Naturaleza pública de las universidades

Todas las universidades son públicas por su creación y reconocimiento y por el título que otorgan. No hay carrera, ni título universitario privado.  Todo rector, incluso el de una universidad privada, en el solemne acto público de entrega del título dice “en nombre de la República y por autoridad de la ley le otorgo el título de…”. Así lo hice durante dos décadas como rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Esos títulos tienen reconocimiento legal nacional e internacional y en ese sentido todas las universidades son públicas, y su responsabilidad también. Sería un delito si alguna existiera sin autorización y otorgara títulos no reconocidos, en carreras no aprobadas. La diferencia fundamental no está en su responsabilidad pública o no, sino en su modo de financiamiento y de gestión.

En cuanto a la gestión universitaria hay una primera diferenciación entre las de gestión privada, las que podríamos llamar de gestión oficial gubernamental y las de gestión autónoma.

Permítanme detenerme  en la peculiaridad de la universidad autónoma, que ciertamente es pública, pero no es oficial por cuanto ella misma elige y nombra a sus máximas autoridades rectorales y a las demás autoridades principales; no lo hace el gobierno nacional de turno, ni ninguna otra autoridad externa a la comunidad universitaria.

En estos tiempos de cultivada confusión entre Estado, gobierno y partido, donde la constitucional separación de poderes se ha reducido a mera apariencia, quiero compartir con ustedes, no mi experticia jurídica - que no la tengo-, sino mis reflexiones políticas sobre lo público, lo privado, lo estatal y lo societal, pues la claridad sobre estos puntos me parece de máxima importancia para el rescate de la democracia, que ha de ser representativa y al mismo tiempo participativa. La confusión de estos planos y la falta de separación de poderes producen la muerte de la democracia.

Somos testigos, y al mismo tiempo sufrientes, del actual vía crucis universitario sometido a duro y creciente cerco por el gobierno nacional deseoso de rendir por hambre a las universidades autónomas. Incluso en ambientes informales hemos escuchado a agentes del gobierno defender el cerco presupuestario diciendo “¿Cómo pretenden que nuestro dinero (para ellos estatal-gubernamental-partidista) vaya a financiar el funcionamiento de una universidad no sumisa al gobierno, peor aún, crítica del mismo y autónoma en su pensamiento?” No es un argumento improvisado para legitimar atropellos gubernamentales, sino que se basa en una concepción de sociedad, estado y universidad radicalmente distinta a la democrática, en la que el Estado es plural y creado por una sociedad plural, como su instrumento trascendente y especial para promover el bien común. Basta recordarles cuán absurdo nos hubiera parecido hace un cuarto de siglo, que alguien creyera posible que en la totalitaria sociedad cubana rectores y universidades expresaran libremente sus ideas diversas y opuestas a las del Jefe Supremo de la Revolución, el comandante Fidel Castro.

En ese pensamiento, no solamente es absurda la libre divergencia del único Jefe y del único partido, sino que es inconcebible el nombramiento autónomo de las autoridades, como era en Venezuela y la gestión independiente de una universidad financiada fundamentalmente por el presupuesto nacional. En los años más recientes la aplicación gradual, pero inexorable, de ese pensamiento totalitario a nuestra sociedad tenía que llevar necesariamente al actual asedio y trágico empobrecimiento de la universidad venezolana, específicamente de las universidades autónomas. La dramática crisis económica debido al empecinamiento gubernamental en un modelo que ha fracasado donde se ha ensayado, viene a agravar ese empobrecimiento universitario, de graves consecuencias para el país.

Permítanme compartir con ustedes, con franqueza y libre de todo alarde de erudición (que tal vez se espera de un doctorado honoris causa), unas sencillas reflexiones sobre la importancia y sentido de la autonomía universitaria que se expresa en esta dualidad y tensión resultante del hecho de que el presupuesto viene del gobierno, pero él no nombra a las autoridades que lo deben elaborar y administrar con autonomía de criterio, pluralismo y transparencia.

Esa autonomía no es una generosa concesión que hace el gobierno a la universidad, sino que la universidad autónoma es expresión de la sociedad democrática plural que la defiende como condición indispensable para el fomento de la ciencia y de la creatividad, con libertades y autonomías de pensamiento y de investigación, tan plurales como lo es la propia sociedad. Todo ello es público, pues lo público no se reduce a lo gubernamental y a lo propio de un estado totalitario. Si así fuera, no tendría ningún sentido hablar de “soberanía del pueblo” (soberanía de la sociedad que crea el Estado), y los ciudadanos y la sociedad entera perderían su dimensión pública. La soberanía del pueblo es la del conjunto de los ciudadanos, de la sociedad, sobre su Estado y su gobierno. Es el soberano el que en ejercicio de su dimensión pública, hace su Constitución y puede modificarla y cambiar su Estado. Lo público nace de la voluntad del conjunto de la sociedad de donde brota la Constitución democrática. Por eso cada uno de los ciudadanos no es meramente privado, sino que mantiene esa dimensión pública (dimensión de cada individuo) en cuanto ciudadano. El hecho de que la Sociedad sea una realidad previa y origen del Estado, hace que tenga poder sobre éste, y prevalezca en situaciones de crisis y de desencuentro entre ambos.

Nuestra sociedad en la profunda enfermedad actual, con un funcionamiento del Estado que contradice al bien común de la sociedad y a lo establecido en la Constitución, sólo tiene salida desde el ejercicio de esa dimensión pública de cada uno de los integrantes,  que es miembro constituyente de la civitas o de la polis, es decir ciudadano y político.

Sobre esa base quiero resaltar que la universidad autónoma  es una realidad pública que pertenece a la plural sociedad venezolana y al mismo tiempo es parte integrante del Estado democrático plural y no del Estado dictatorial propio de otros modelos y constituciones dictatoriales. El dinero público viene de la sociedad y el presupuesto de las universidades autónomas es administrado y gestionado al servicio de una sociedad plural por autoridades plurales, no necesariamente gobiernistas. Cosa que es contrapuesta  al trato que un estado totalitario da a la sociedad y a la universidad.  Esta es la razón por la que hace décadas se constituyó el Consejo Nacional de Universidades, presidido por el Ministro de Educación y con participación de todos los rectores, como una plataforma plural donde se  tratan y se resuelven las divergencias y los posibles desencuentros. Se desvirtúa la naturaleza y el sentido del CNU cuando se le quita - de iure o de facto-  todo poder de decisión a una parte de él y se lo apropia íntegramente la otra parte. En la medida en que el Ejecutivo y la Universidad autónoma se centren en hacer que la universidad sea de primera al servicio de la nación y de la solución de sus problemas, se superan las dificultades y divergencias de una manera creativa, cosa que no ocurre cuando el Ejecutivo pretende imponer  la uniformidad (con aspiración de partido único) con voluntad de reducir la universidad a instrumento suyo y como tal dedicado a la  indoctrinación socialista-estatista.

Desde una concepción que entiende la universidad como apéndice del Ejecutivo y éste como instrumento del partido único, o al menos hegemónico, nunca se podrá aceptar la autonomía universitaria que reconoce nuestra Constitución en sus artículos 109 y 110: ”El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía…”.”Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”. (art. 109). Por el contrario desde el partido- gobierno-estado se blandirá el grito de guerra “delenda est autonoma universitas"(hay que destruir la universidad autónoma); grito amenazante que estamos escuchando en estos días. El cerco presupuestario con el correspondiente brutal empobrecimiento, es su lógica consecuencia. Es triste reconocer que actualmente el personal universitario tiene ingresos inferiores no sólo a sus colegas de Canadá, USA o Alemania, sino que son al menos diez veces inferiores a los de Ecuador, Paraguay o Colombia.

II Derecho de los pueblos  al autogobierno

Como jesuita ex alumno de esta universidad me permito en mi agradecimiento recordar el parentesco - lejano  pero real- de los jesuitas con esta ciudad universitaria y con los que sustentaron la independencia de la República basada en el derecho de los pueblos al autogobierno.

Juan Germán Roscio, preso en la cárcel de Ceuta, escribió entre 1814 y 15  su original y admirable libro “El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo”. En él Roscio demuestra de manera extraordinaria con argumentos teológicos  que Dios quiere la libertad de los pueblos y no el despotismo que, con la pretensión de estar fundamentado en la voluntad divina, los oprime. Las monarquías absolutas imponían la teoría del “derecho divino de los reyes” que colocaba a estos por encima de todo juicio y posible destitución por parte de la sociedad.

En 1767 salían de esta ciudad de Mérida al destierro 5 jesuitas, presos  como malhechores. Eran los herederos de los que siglo y medio antes (1628) con la fundación del colegio San José - el primero de la orden en Venezuela -  trajeron semillas de estudio que más adelante fructificarán en la universidad y en el pensamiento crítico. Los jesuitas expulsados por las monarquías borbónicas, vieron cómo, por presión de éstas, el papa Clemente XIV suprimía la Compañía de Jesús en 1773. Luego de la expulsión de los jesuitas la monarquía española exigía a todo profesor de la universidad y del seminario el juramento de no enseñar “la doctrina jesuítica”, ni siquiera como moralmente probable. Simplemente en estas tierras americanas estaba prohibida como “inmoral” y se imponía como obligatorio enseñar en cátedras y púlpitos la falsa doctrina del “derecho divino de los reyes”. Inculcar a los pueblos americanos esta sumisión llevaba a condenar la idea misma de su futura independencia y el derecho a darse gobierno propio y  bloquearla con la enseñanza de que ir contra el Rey de España era ir contra Dios.

En el momento en que los jesuitas eran expulsados de Mérida y del imperio español,  en San José de Tiznados se abría a la vida un niño de 4 años, Juan Germán Roscio, probablemente el pensador civil más destacado por su argumentación a favor de la independencia de Venezuela. Él  redactó en 1811 el “Manifiesto que hace al Mundo la Confederación de Venezuela”  y con Francisco Isnardy el Acta de la Independencia. A la caída de la Primera República, Roscio fue apresado y enviado a la cárcel de Ceuta con otra media docena de ilustres próceres civiles de nuestra independencia. 

Cuando en 1814 el Papa Pío VII restaura la Compañía de Jesús, Juan Germán Roscio en la cárcel está escribiendo El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo y defiende con razones bíblicas y religioso-teológicas el derecho de los pueblos a la justa rebelión contra los déspotas y tiranos y a darse gobierno propio. Nos recuerda “que los reyes no tienen derechos ni privilegios divinos, y que está al arbitrio de los pueblos removerlos y arrojarlos cuando les convenga”(Roscio, Obras 1953 tomo II p. 31) Roscio  dice que él en sus estudios civiles y canónicos en la Pontificia Universidad de Caracas no tuvo la suerte de conocer a los jesuitas (expulsados cuando él era niño) y la universidad tampoco le brindó el conocimiento de su prohibida doctrina sobre el derecho de los pueblos a la legítima rebelión contra los tiranos y déspotas. De ahí Roscio concluye en su escrito de 1814:”He aquí la verdadera causa porque fueron arrojados(los jesuitas) de los reinos y provincias de España: todo lo demás fue un pretexto de que se valieron los tiranos para simular el despotismo y condenar la censura y venganza que merecía el decreto bárbaro de su expulsión. También lograron extinguir la Compañía” (citado Ugalde L. El Pensamiento teologico-político de Juan Germán Roscio. Ed. Casa de Bello Caracas 1992 p.57).

Hoy como ayer tenemos que oponernos a la apropiación privada de un bien público (como son el Estado y la universidad) al servicio de una ideología. Toda ideología- y también la religión como nos enseña Jesús ( ver Evangelio de Marcos 2,27) debe ser instrumento al servicio de la vida de la gente y no al revés, como recientemente nos recordó en papa Francisco en su visita a Cuba, en las Nacionales Unidas y en el Congreso norteamericano. Una universidad autónoma se debe a la sociedad y tiene el compromiso de contribuir decididamente a hacerla libre y justa; por eso siempre será  molesta e inaceptable para una concepción totalitaria del poder y del Estado.

Quisiera que el doctorado honoris, inesperado e inmerecido de mi parte, que me otorga esta querida universidad sea un reconocimiento a la autonomía universitaria hoy asediada y también a Roscio y a mis antepasados jesuitas, a quienes sus ideas les acarrearon el destierro y la cárcel.  Para que la universidad sirva a la sociedad es fundamental que no se subordine a la ideología del gobierno de turno, ni se encierre en sí misma como torre de marfil ciega y sorda al clamor de nuestra gente, sino que sea lugar de encuentro y constructora de puentes entre los sectores enfrentados de la sociedad. La universidad ha de formar profesionales decididos a que mañana el ejercicio de su profesión lleve al país a eliminar las exclusiones, a potenciar por medio de la educación el talento de los pobres para que salgan de su pobreza y hacer que el Estado sea instrumento de la sociedad impidiendo que el partido en el poder se apropie de él e imponga sus intereses.

 Muchas gracias.

Universidad de Los Andes, Mérida 10 de noviembre de 2015