El Decreto de Emergencia Económica que se nos quiere imponer

Mucho se ha dicho, y es previsible que el gobierno siga diciendo, en relación a la forma en la que pretende salir victorioso de la tan mentada “guerra económica”, la cual, todos sabemos, inclusive los gobernantes, no es más que la consecuencia del desarreglo económico producido por malas políticas, carencia de medidas oportunas, improvisación en la toma de decisiones y un discurso político incoherente con la práctica.

Tratando de entender el contenido del mencionado decreto, hemos encontrado lo que cada uno de los puntos de su artículo 2 significa en realidad. Imaginémoslo en palabras del gobierno:

  1. Lo que sobró del presupuesto 2015 ahora lo gastaremos en lo que se nos vaya ocurriendo.
  2. Cuando queramos, financiaremos lo que se nos ocurra, sin importar que esté o no incluido en el presupuesto ya que para eso tenemos la maquinita que imprime el dinero.
  3. No sabemos cuáles, pero ya se nos ocurrirán nuevas formas de inquietar a los contribuyentes. Si ellas no sirven para aumentar la recaudación fiscal, al menos ayudarán a mejorar la de algunos funcionarios.
  4. Necesitamos legalizar nuestra práctica común de que las contrataciones públicas evaden las modalidades y requisitos establecidos para tal fin.
  5. Los trámites, procedimientos y requisitos para la exportación y nacionalización de mercancía son potestad nuestra; se solicita “disponer” de ellos solo para llenar espacio en el decreto.
  6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos del país es también potestad nuestra y de hecho, las “agilizaciones” son comunes.
  7. Vamos a legalizar lo que todos sabemos: el esquema cambiario se “aplica” a algunos.
  8. El gobierno no necesita permiso para “requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción”, y actualmente “el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos y de bienes esencial para garantizar las satisfacciones de las necesidades básicas de los venezolanos” es controlado por el gobierno.
  9. Nosotros podemos y no hemos querido “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”.
  10. Nosotros podemos y no hemos querido “adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”.
  11. Queremos ponerlos a pensar sobre lo que significa “desarrollar, fortalecer y proteger el sistema de grandes misiones y misiones socialistas en aras de propender a la incorporación de pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos”. Cuándo tengan idea les agradecemos informarnos.

Por otro lado, el artículo 4 del decreto de marras, abre las puertas a restringir la disposición y circulación del dinero depositado en la banca nacional, lo que es una clara indicación de que el “control” de la inflación se pretende impidiendo el gasto discrecional al que tenemos derecho como únicos administradores de nuestro patrimonio personal.

En resumidas cuentas, el decreto no tiene otra finalidad que la de tratar de obtener una extensión de la habilitación para seguir gobernando sin control legislativo, la cual, inclusive para los proponentes, es imposible en los momentos políticos actuales. Dada esta realidad, su finalidad práctica es enturbiar aún más el ambiente, seguir acusando a otros de ser responsables de los errores del gobierno y aumentar la tensión de una cuerda cuyo aguante no es previsible.

La no comparecencia de los ministros a la Asamblea Nacional, más allá del grave desacato constitucional, ratifican que este gobierno no quiere salidas concertadas en beneficio de todos y obliga a los venezolanos a pensar en las alternativas constitucionales que nos ayuden a superar este mal momento histórico que ya se prolonga demasiado.

Declarar que existe información que solo puede ser conocida por unos pocos es negar el derecho democrático a conocer lo que nos afecta a todos. El gobierno no es el dueño de la nación, solo la administra y está obligado a rendir cuentas de dicha administración.

Declaración de prensa de Aragua en Red

Viernes 22 de enero de 2016