El impacto de la sentencia de Alex Saab

Lo que se dilucidó en Cabo Verde

Lo que la justicia de Cabo Verde acaba de dilucidar con el juicio de Alex Saab es, si su caso se trataba de un asunto político como sostenía el régimen, o, por lo contrario, de un asunto de crimen organizado como sostenía EEUU. De modo que, según lo resuelto, Alex Saab no es un actor político perteneciente a un régimen político sino un actor criminal perteneciente a una organización del crimen internacional cuya actuación, según sentencia, amerita ser juzgada, no por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, como lo pretendían sus defensores, sino por el Derecho Penal Internacional, como lo solicitaba EEUU. Y ello, desde luego, mediante el correspondiente proceso judicial y su competente tribunal pen

Por tanto, con esta sentencia de extradición, quedó deslegitimada la narrativa política sobre este caso y se impuso la narrativa penal. Con lo cual, además, quedó cerrado el proceso para la participación de las organizaciones y potencias políticas, y Saab queda entonces, según sentencia, en su carácter de delincuente internacional, atrapado en la rigidez normativa del Derecho Penal y a cargo de los jueces y de los tribunales competentes.

Es pocas palabras: hasta aquí llegaron los discursos de “la autodeterminación de los pueblos”, de “la agresión imperialista”, de "la injerencia de potencias extranjeras" y similares, que suelen ser muy eficaces en el orden político, pero absolutamente inocuos y hasta risibles, en los juicios penales. Y hasta aquí llegaron también las negociaciones políticas de este caso y se impone la única negociación posible: intercambiar información de utilidad penal por una gracia procesal, que, traducido en crudas palabras, significa vender las valiosas cabezas de sus jefes y cómplices a cambio de la rebaja de la pena.

La relevancia de la decisión

La segunda significación relevante que tiene esta sentencia es que pone a la disposición del sistema de justicia de EEUU a un potencial informante de primera fila, que puede revelar la estructura comercial, financiera y bélica de la red criminal internacional donde operaba Saab y sus cómplices. Lo cual fuerza a la ineludible responsabilidad de las agencias de inteligencia y de policías de activar sus acciones anticriminales de identificar países, instituciones bancarias mundiales, cuantas internacionales, operadores financieros y comerciales (corporaciones), depósitos bancarios, títulos valores, activos, etc., para desmontar el entramado criminal; y en consecuencia, congelar cuentas, activar la extinción de dominio de activos productos de la actividad ilícita, emisión de órdenes de captura y enjuiciamiento a las cabezas de esta red criminal.

La significación política

La tercera significación que tiene dicha sentencia es el valor político para la determinación de la naturaleza del adversario al que se enfrenta la oposición venezolana y en consecuencia para el carácter de la lucha que ésta debe librar, porque, en razón de esta sentencia, los venezolanos no están bajo el poder de un régimen político sino bajo el poder de un régimen del crimen organizado, por lo que seguir creyendo que la forma de abordar la lucha es sólo un asunto de la política y seguir obviando la relevancia que tiene el ámbito penal en esta lucha constituye, por decir lo menos, un grave error estratégico. Y esto es precisamente lo que aún muchos analistas convencionales no entienden o no quieren entender.

Impacto en la coyuntura política

Ahora bien, esta sentencia, en esta coyuntura que ya comenzaba a desfavorecer al régimen, caracterizada por la detención y revelaciones del Pollo Carbajal; por la detención y extradición a EEUU de la exenfermera y tesorera de Chávez; por el encarcelamiento de destacados defensores de derechos humanos como los hermanos Tarazona; por la sensación que se tiene del asesinato del general Baduel; por los informes presentados por la Comisión de la ONU y por la UE, que advierten delitos de lesa humanidad y falta de democracia en las elecciones que se avecinan en noviembre; y ahora por  la suspensión del diálogo de México, que constituye un soberbio desafío al Reino de Noruega y al resto de los facilitadores; en fin, esta coyuntura que ahora se agrava con esta sentencia, con el abandono de la mesa de diálogo y con las consecuencias que hemos descrito, coloca al régimen en un estado de indiscutible debilidad comercial, financiera y política que, lo único que pudiera oxigenarlo sería una catástrofe electoral hacia la cual la oposición pareciera marchar por falta de unidad. Es decir, lo único que detendría esta caída libre en la que ha entrado el régimen, es la caída, que, al parecer, transita la oposición hacia el precipicio infortunado de un descalabro electoral.

En resumen, no hay dudas de que se ha entrado en una coyuntura política muy favorable para la oposición. Y tal situación favorable descansa en el abultado perfil delictivo que hoy vuelve a tener el régimen y en la vulnerabilidad comercial y financiera que experimentará. Todo lo cual vuelve a colocar la narrativa del proceso político venezolano en el orden discursivo del crimen organizado, de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. 

De modo que esta nueva coyuntura, constituida en el interior del discurso penal internacional, está demandando de las fuerzas opositoras un oportuno y necesario giro táctico. Un giro que conecte la narrativa interna de las fuerzas opositoras con la narrativa internacional, hoy dominada, a causa de la sentencia, por los delitos criminales y el Derecho Penal Internacional. Es decir, por el señalamiento del carácter criminal del régimen, que se desprende de dicha sentencia.

Nuevos actores, nuevos discursos

Por tanto, un giro que producirá desplazamiento de posiciones y nuevas alianzas políticas forzadas por la necesidad en la que se verá el liderazgo opositor de volver a mirar el tablero del juego con los ojos que exige está nueva coyuntura, con la finalidad de repensar la próxima jugada del ajedrez político. Y en este sentido, la acción privilegiada ya no correspondería tanto a los líderes políticos tradicionales, sino al liderazgo de la sociedad civil junto a los ciudadanos comunes y corrientes. Porque lo que resulta posible ahora es acorralar al régimen mediante la amplificación de la narrativa de los delitos de lesa humanidad y del correspondiente juicio penal.

Pero para ello, en esta nueva coyuntura no sólo “se requiere cambiar el mensaje sino también al mensajero”. Por tanto, es una tarea que no corresponde principalmente a los líderes políticos sino, fundamentalmente, a los ciudadanos activos de la sociedad civil, ya que la tarea consiste en construir una poderosa voz cívica, unificada y sostenida, especialmente de todos los opositores formadores de opinión, replicadores de mensajes por las redes sociales, de los multiplicadores del mensajes cara a cara, de las declaraciones oficiales de las instituciones y gremios democráticos, es decir, de todos, absolutamente todos, alrededor de poderosas y respetadas voces como la de Tamara Sujú sobre el proceso que se le sigue al régimen en la CPI; como la de Delsa Solórzano y las organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre Javier y Rafael Tarazona y el resto de los defensores de derechos humanos, perseguidos, sobre los militares y los políticos  secuestrados y sometidos a tratos crueles y degradantes; como la de colegios y gremios profesionales replicando las denuncias de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; como las voces de reputados juristas, sobre el estado del proceso penal que lleva la Fiscalía del Ministerio Público de los EEUU sobre los altos personeros del régimen.

Coordinador de la linea de investigación de Epistemología y Política del Doctorado de Ciencias Económicas y Sociales.

Universidad de Carabobo

En fin, es la hora en que la sociedad civil abandone la postura de rogarle unidad a la sociedad política y dé el ejemplo de la unidad por la base que necesita el país. Una tarea que no tiene por que interferir la tarea electoral (que ahora consume todas las energías del liderazgo político), sino que debe potenciarla, para tratar de evitar, hasta donde sea posible, una mayor catástrofe electoral. Aunque lo deseable es que la oposición, en un gran bloque, se retirara del proceso electoral y dejara boqueando al régimen para rematarlo electoralmente en el venidero referendo revocatorio presidencial. Pero eso sería mucho pedir cuando no hay comprensión sobre las fuerzas sociales entrópicas que impiden la unidad opositora y la urgencia que tienen los millones de venezolanos en riesgo de muerte.