A los venezolanos nos urge que se faciliten los trámites y procesos de la administración pública para poder acceder a los bienes y servicios que todos requerimos para tener una verdadera calidad de vida. Esta simplificación está relacionada con los planteamientos que hemos trabajado al hablar de gerencia y requiere de un elemento indispensable para garantizar la rapidez, seguridad y transparencia que nos piden: el principio de buena fe.
Hay instituciones que aun teniendo a las personas enfrente dándoles información, solicitan una fe de vida o cartas de residencia, considerando que mienten. Entendamos que cuando se asume el modelo de desconfianza se ajustan los trámites a lo difícil por cuidarse de los que pudieran cometer fraude, que no llegan al 1%, perjudicando al 99% imponiéndoles más requisitos, que pueden falsificarse, haciendo que la gente y los organismos pierdan tiempo y dinero.
Y por otra parte, cuando confiamos en los usuarios se simplifica al máximo, se agiliza, se logra la eficiencia. Aplicar el principio de buena fe permite ahorrar recursos, ganar horas para emplear en otros asuntos y proteger al ambiente utilizando menos hojas.
Existen muchas técnicas que permiten crear caminos más cortos, lo que nos conduce a un grado mayor de transparencia y seguridad, a beneficio de la gran mayoría. Debemos iniciar con un cambio cultural entre los ciudadanos y trabajadores, hacer un inventario de los trámites y procedimientos, eliminar los pasos y recaudos innecesarios y aplicarles una reingeniería a los que quedan, racionalizarlos y optimizarlos.
La propuesta es sustituir esos requisitos y migrar a una planilla de declaración jurada de datos, en la que los ciudadanos firmen y coloquen su huella. Dejar que el Estado aplique control posterior a los casos sospechosos, usando la in-teroperabilidad, bases de datos como las del Seniat o el CNE.
Los invito a transformar positivamente las instituciones, darle al pueblo la confianza y el respeto que merece. Actuemos de buena fe.
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