La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la crisis alimentaria

Los promotores de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) justificaron su necesidad debido al fracaso del proceso de Reforma Agraria de la década de 1960. A su juicio  este proceso no logró afectar la estructura agraria latifundista la cual permaneció incólume así como la elevada concentración de la tierra inherente a la misma. En consecuencia  era necesario una nueva reforma agraria que liquidara el latifundismo e impulsara un nuevo reparto de tierras a los campesinos pobres.  La visión de los promotores de la LTDA era parte de una agenda político ideológica de la izquierda radical venezolana que no guardaba ninguna relación con la realidad del campo venezolano. Las acciones de intervención de fincas que se dieron en este contexto,  buscaban en realidad la instauración del socialismo agrario y la liquidación del capitalismo en el campo y de la clase media empresarial que a su juicio lo representaba.

Una revisión de las estadísticas censales y de las investigaciones académicas relacionadas con el tema revelan que las políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XX, aunadas al mercado de tierras que se desarrolló, lograron eliminar el latifundismo como un fenómeno relevante e impulsaron un crecimiento sostenido de una producción familiar moderna;  sostenida sobre este tipo de producción se desarrolló una clase media empresarial que logró la hegemonía de la estructura agraria a finales del siglo XX convirtiéndose en la base fundamental de la producción agrícola venezolana. Este grupo integrado por pequeños y medianos productores poseía más del 50% de la tierra en el año 1997, mientras las fincas latifundistas controlaban menos del 20% de la superficie agrícola bajo explotación.

La visión que dio pie a la LTDA formó parte de la agenda político ideológica de la izquierda radical marxista venezolana (MIR-PCV) de la década de 1960. Su representante más conspicuo fue Salvador de la Plaza. Históricamente en la cuestión agraria marxista se conformaron dos tendencias. La primera de ellas se  desarrolló a partir de la tesis esbozada por el revolucionario bolchevique Vladimir Lenín quien planteó que producción familiar constituía la vía de desarrollo más rápida de las capacidades productivas de la agricultura y que el gobierno bolchevique debía orientar su política agraria a estimular la transformación del campesinado ruso en un productor familiar moderno. La tesis de Lenin fue retomada luego por el marxista alemán Karl Kaustky y sus herederos intelectuales en Europa Occidental quienes demostraron  que las tesis de Lenín tendía a constatarse en las economías de mercado altamente industrializadas.

La segunda vertiente de la cuestión agraria marxista fue la planteada por los partidos comunistas europeos tutelados por el partido comunista soviético que ponderaban las virtudes de la política de estatización y colectivización de fincas llevadas a cabo por el régimen de Stalin. De la Plaza se adscribió a esta tesis e hizo caso omiso de las abrumadoras evidencias  que mostraban que  este proceso conllevó a un colapso de la producción agrícola que ocasionó una hambruna la cual generó la muerte de más de diez millones de personas. Lo mismo ocurrió en otros países socialistas como  China bajo el régimen de Mao Tse-Tung. No hay que dejar de lado que esta política implicó el uso de la fuerza y el terror solo posibles en países sometidos a regímenes autoritarios.  

A la larga, en la medida que gobernantes más pragmáticos ascendieron al poder en países socialistas, como China y Vietnam, llevaron a cabo un proceso de revisión de las políticas de estatización y colectivización de fincas. Ante sus desastrosos resultados decidieron revertir las mismas y estimular el desarrollo de una producción familiar dando garantías a los productores de sus derechos, tanto de los derechos de permanencia en las explotaciones como sobre las bienechurías que desarrollaran en las mismas. Este cambio de paradigma impulsó la producción agrícola y puso término a la crisis de abastecimiento previa. 

Veinte años después que los comunistas chinos desmantelaron la colectivización y restauraron la producción familiar, el gobierno bolivariano instrumentó una política agraria que buscaba desmantelar las bases de la clase media empresarial. Retomó así la agenda político ideológica de Salvador de la Plaza y decidió implementar la misma a partir del año 2001 amparados en la LTDA.

Las acciones emprendidas buscaron revertir el proceso de titulación que se había llevado a cabo en las últimas décadas del siglo XX que persiguió consolidar los derechos de permanencia y de propiedad sobre las bienhechurías de los pequeños y medianos empresarios ocupantes en precario de tierras públicas. Estos derechos fueron desconocidos en la práctica contraviniendo el mandato constitucional y recurriendo a la fuerza con la complicidad de las FANB. La estatización y colectivización de fincas que se produjo arrojó el mismo resultado que en los países socialistas donde se ha implementado: colapso de la producción agrícola y crisis del abastecimiento urbano de alimentos.

La agenda del gobierno bolivariano para el campo ha sido contradictoria. Ha incluido políticas pragmáticas de estimulo a la producción de ciertos sectores como la producción de cereales y aves que impulsó el crecimiento de estos rubros  durante varios años. Al lado de ello ha contemplado una agenda política ideológica como las acciones ligadas a la LTDA, la estatización de empresas generadoras de insumos agrícolas cono Agroisleña que han agudizado la escasez de estos y el control de precios en un ambiente inflacionario. En el largo plazo estas últimas acciones son las que han primado lesionando la capacidad productiva de la agricultura y su entorno.

Se impone en la actualidad, a fin de aliviar la crisis alimentaria que enfrentamos, seguir el ejemplo de los países socialistas como China donde se impuso una agenda pragmática siguiendo la máxima de Den Xiaoping: “no importa el color del gato con tal de que cace ratones”. Es necesario desmantelar el proceso de estatización y colectivización de fincas y retomar el camino previo a 1998, restaurando los derechos de los productores integrantes de la clase media empresarial. De igual modo es necesario revertir el proceso de estatización de empresas agroindustriales como Agroisleña y desmantelar igualmente la política de controles unilaterales de precios.

Profesor UCV. Facultad de Agronomía

(Una exposición detallada de los soportes tanto estadísticos como documentales de las ideas expuestas en los párrafos previos puede ser obtenida en el artículo “La cuestión agraria marxista y la política agraria venezolana, 1950-2008” publicado en el número 84, año 2013 de la revista Cuadernos del Cendes disponibles en internet).