Más allá del papel firmado sobre una mesa de atención social

Quizá lo más relevante del acuerdo alcanzado en México sobre la instalación de una «mesa nacional de atención social» no es tanto que se conforme, sino que sus avances serán evaluados a través de un mecanismo de verificación y seguimiento que será definido próximamente.

Aunque no se ha dado detalle de cómo será ese mecanismo, a quién involucrará y, más necesario todavía, cuáles serán las consecuencias del incumplimiento de sus objetivos, es un importante añadido vista la experiencia de «mesa técnica nacional de vacunación», instalada en 2020 entre la administración de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional de 2015 para atender la pandemia de covid-19 y el proceso de vacunación. Esa instancia ha ido desapareciendo, y hay quien la califica ya como «entelequia».

Recordemos que allí se definieron acuerdos para el acceso al mecanismo Covax de la OPS para la adquisición de vacunas, y luego de que la AN 2015 aprobó el dinero para financiar la compra, Maduro acusó de ladrón y otras yerbas a Juan Guaidó para finalmente rechazar tal convenio y decir que su gestión podía pagarlo todo. También se ignoró allí la recomendación científica y se vetó a la vacuna Astra Zeneca, retrasando por cinco meses el envío de dosis vía Covax, que pudo comenzar en abril pero se concretó en septiembre.

Los problemas vienen desde más atrás. En enero pasado, Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino, denunció que la distribución de máquinas y pruebas acordada no se estaba cumpliendo. Lo convenido era llevarlos a hospitales centinelas, pero «el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con COVID-19», dijo Pizarro entonces.

Aquel cambio le permitió al gobierno mantener control sobre los resultados, «la posibilidad de manipulación de la data», y derivó en una subutilización pues la propia OPS cuantificaba en apenas 1% el uso de 340.000 pruebas de antígenos que habían llegado al país desde octubre de 2020.

La respuesta a esa denuncia la dio Jorge Rodríguez al día siguiente cuando afirmó: “No es cierto que nosotros hemos incumplido el convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros mantenemos una relación estrecha entre la OPS  y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. Ni mencionó a la mesa técnica, como si no existiera. De hecho, en las comunicaciones gubernamentales siempre está ausente.

En junio de este año, la Academia Nacional de Medicina (ANM) manifestó preocupación respecto a la «inoperatividad» de esa Mesa Técnica Nacional de Vacunación, y exigía su activación efectiva porque «su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación». El secretario académico de la ANM, Huníades Urbina, agregó a VOA que “ni la mesa principal se reúne, donde está el doctor Julio Castro. Es una entelequia. Es inoperativa”

En definitiva, que más allá de anuncios, papeles firmados y buenas intenciones, lo que se requiere es compromiso real con lo acordado. La mesa técnica nacional de vacunación se instaló sin un mecanismo de verificación, y se ven las consecuencias de que no haya ni reprimenda.

Esperemos que el método de seguimiento que se le añada al acuerdo de una «mesa nacional de atención social» en realidad pueda lograr que su existencia y efectividad no se diluya con el paso de los días y, más aún, con el desinterés del chavismo de cualquier cosa que pueda significar compartir cuotas de poder, de responsabilidad o de información.