Recuperación económica y deuda externa

La deuda externa de Venezuela se ubica cerca de los 160.000 millones de dólares. Es un elevado monto que comprometerá los ingresos de los venezolanos por generaciones y lastrará la gestión de un futuro gobierno de transición. El presidente Guaidó ha delegado en un equipo de expertos la responsabilidad de elaborar un plan de reestructuración y renegociación de la deuda. Estos sostienen que este proceso no se puede abordar sin que se recupere la industria petrolera y conozcamos la capacidad de pago del país. Una vez que ello ocurra se acudirá al FMI.  Existe la disposición de conceder a Venezuela un paquete de ayuda importante para ayudarla a salir del atolladero.  Sin embargo, honrar los compromisos de pago es una tarea futura que debe producirse luego de superar la crisis humanitaria que enfrentamos.           

La deuda externa de Venezuela está conformada por bonos, financiamiento de entes multilaterales como el FMI, préstamos bilaterales con otros países (China y Rusia), pagos pendientes a proveedores extranjeros, reclamos provenientes de las expropiaciones que hizo Chávez y que se han presentado en organismos de arbitraje internacional. Las estimaciones oscilan entre 150.000 y 200.000 mil millones de dólares. La consultora Ecoanalítica la estima en 160.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 son bonos. Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard y representante de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, coincide con las estimaciones de Ecoanalítica.

Si tomamos la estimación de 160.000 millones de dólares y asumiendo una fuerza de trabajo de 14 millones de trabajadores, la deuda de cada trabajador se acerca a los 12.000 dólares. Si tomamos en cuenta sólo a los que reciben salario mínimo, el cual se aproxima a los 36 dólares anuales, no es difícil estimar que los ingresos de la población trabajadora estarán comprometidos, por generaciones, en el pago de la deuda externa. Este es el legado de Chávez y Maduro, miseria y endeudamiento, además de una corrupción monumental. Estos cálculos elementales permiten determinar la elevada magnitud de un problema, que actuará como un lastre sobre los esfuerzos de recuperación económica que impulse el futuro gobierno de transición.      

Una de las decisiones del Presidente Guaidó ha sido la de contratar un experto en el tema que asesore al futuro gobierno de transición en la elaboración de un plan de de reestructuración y renegociación de la deuda.  Además de este experto hay otros economistas, nombrados por Guaidó, que están trabajando en este peliagudo problema y la manera de enfrentarlo.  Uno de ellos, Alejandro Grisanti, señaló que un primer aspecto tiene que ver con la legitimidad de la deuda. Parte de la misma se contrató a espaldas de la Asamblea Nacional. Luego está el desorden de la misma. Debido a ello es necesario realizar una auditoría para determinar la legitimidad y el monto de la deuda. Si Venezuela decide acudir a los mercados en busca de recursos para ayudar a solventar su situación debe abordar este problema a fin de crear confianza entre los inversores y prestamistas. Además, no atender la misma, como hizo Maduro, expone a PDVSA a exponer sus propiedades en el exterior a embargo, incluidos los depósitos y tanqueros de petróleo.  Si Venezuela aspira recuperar su industria petrolera e insertarse en los mercados internacionales como una nación competitiva, no puede desentenderse de este problema.

Si bien es uno de los temas claves a abordar por un gobierno de transición, es necesario que el país comience la recuperación de su industria petrolera y mejorar sus niveles de exportación para así determinar la capacidad de pago del país. Según Grisanti una vez que se determine la capacidad de pago del país es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Debe elaborarse, conjuntamente con el FMI, un plan de renegociación y reestructuración de la deuda.  Luego de ello debe contactarse a los acreedores y presentarles este plan de renegociación. Según Hausman después de la recuperación, el país debe enfrentar el pago de los servicios (intereses) de la deuda. A la mayoría de los países le conviene dar a Venezuela un chance de recuperarse y que tenga la capacidad de pago necesaria para honrar estos compromisos, pero previo a esto es necesario resolver las carencias y la crisis que enfrenta el país en los diversos órdenes; electricidad, agua, gasolina, medicamentos.  

El problema de la reestructuración debe enfocarse en el marco de una visión de desarrollo  (como se hace en Europa con los países de África). Una estrategia de someter a los venezolanos a más carencias para pagar la deuda no es viable políticamente. De las declaraciones de Grisanti y Hausmann se desprende que afortunadamente existe la disposición, en el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, a ayudar a Venezuela a salir del atolladero en que se encuentra; lo cual se refleja en la disposición a conceder un paquete de ayuda muy importante a través de los organismos de financiamiento como el FMI.  Afortunadamente estos organismos de financiamiento internacional han aprendido de pasadas experiencias en otros países, en los cuales se sometió a la población a carencias excesivas, lo que derivó en inestabilidad, que a su vez complicó el cronograma de pago. Un acuerdo de reestructuración debe hacerse con una visión de desarrollo, que considere la sostenibilidad del país en el mediano y largo plazo.

Profesor UCV