Un pacto para construir una democracia plena: Las reformas, políticas públicas y prioridades del Pacto (Parte II/II)

El presente escrito discute la construcción de una democracia capaz de proveer oportunidades de progreso para todos los venezolanos sin excepción, proceso que debería iniciarse tempranamente como parte de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo, para evitar los riesgos que comentábamos en el artículo anterior, de perder nuevamente las libertades si al librarnos del régimen actual nos conformamos con reconstruir una democracia electoral. [1]  Nuestra democracia puede renacer y desarrollarse con el apoyo de toda nuestra sociedad o marchitarse antes de florecer, dependiendo de si la orientamos a servir a toda nuestra gente o sólo a honrar las tradiciones electorales.   

LIBERTAD, DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FINES DE LA DEMOCRACIA PLENA

Comencemos por afirmar que el desarrollo es un proceso que puede vivir la sociedad y no un estadio que ella puede alcanzar, y que su curso, cuando es virtuoso, muestra siempre dos caras, que son, por una parte la ampliación de la libertad de los miembros de la sociedad y de las oportunidades de todos ellos y sus generaciones futuras, y por la otra la reducción de la población que vive en la pobreza. Esta aseveración viene al caso porque lo que más distingue a una democracia plena de una democracia electoral es ser instrumento de la realización de las personas y el desarrollo de la sociedad. 

En esa afirmación, el desarrollo comprende al crecimiento pero lo trasciende. En primer lugar porque envuelve ampliar las libertades de las personas, sólo posible si ellas progresan autónomamente; además porque incorpora la sostenibilidad, solamente viable si se da en paz social y en armonía con la naturaleza; y finalmente porque implica equidad en el disfrute por todos del progreso y la libertad. 

Por otra parte, reducir la pobreza  no es equivalente a incrementar los ingresos de grupos que viven en gran estrechez económica. Es pobre quien no progresa autónomamente por carecer de capacidades o de oportunidades para emplearlas en su propia realización, y no deja de serlo quien recibe auxilios para sobrevivir, lo que -por el contrario- suele asociarse a la exigencia clientelar de hipotecar su autonomía. 

En fin, la Democracia Plena que construyamos debe corregir para siempre las cinco desviaciones de nuestra democracia que por casi cinco décadas han creado obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza: i) han restringido las libertades económicas limitando la inversión no estatal y con ello las oportunidades de trabajo decente para los venezolanos; ii) han dejado degradar la calidad de la educación a la que tienen acceso los hijos de los hogares populares, desmejorando sus oportunidades de lograr un futuro digno y superar la pobreza de sus padres; iii) han hecho inaccesible la atención de salud y la seguridad social para la mayoría de los hogares, que caen en precariedad cuando deben enfrentar una enfermedad delicada, otro suceso inesperado que las golpee o simplemente la vejez; iv) han descuidado los asentamientos humanos dejando que las familias vivan en su mayoría en medios precarios e inseguros en los que sus hijos crecen expuestos a la violencia y el malvivir; y v) han sembrado en la cultura pública la idea de que el Estado no tiene que respetar los derechos humanos porque él no está al servicio de los ciudadanos sino al revés, y han consolidado como práctica política aceptable  el populismo clientelar que manipula a los más vulnerables e impide la participación real de los ciudadanos en las decisiones. 

UN PACTO CON EL APOYO CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD A CINCO PROGRAMAS NACIONALES

Los programas para la construcción de la democracia plena deben contar con un apoyo robusto de la sociedad y acrecentarlo generando “victorias tempranas”, en función de lo cual pareciera pertinente instrumentarlos mediante un Pacto que reuna en un empeño estratégico a los poderes públicos y a los partidos democráticos, las organizaciones laborales y empresariales, las ONGs y las Iglesias. 

Se trataría de un compromiso para ejecutar -durante no menos de veinte años- cinco programas de reformas y políticas públicas cuya realización obligue a los órganos del Estado y propicie, mediante modalidades diversas, acciones coadyuvantes de los demás sectores; y para hacerles  seguimiento a través de  un Consejo del Pacto, órgano independiente de alto nivel político, que represente a la colectividad, la informe periódicamente de los logros y le recomiende ajustes de ser necesarios.  

La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como fines incrementar la inversión productiva y la innovación, incentivar la complejidad de la producción, favorecer la sostenibilidad del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente. Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio que desaparezca el protagonismo estatal en la economía, que propicie Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso de los recursos naturales. 

En el marco de esas reformas regulatorias, deben ser prioritarias las que permitan abatir prontamente la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación de hidrocarburos, iniciar nuestra transición energética y adecuar las infraestructuras (ver cuarto programa). Adicionalmente será prioritario alinear las nuevas reglas de toda la economía a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG,[2] para facilitar el acceso de los proyectos públicos y privados al financiamiento.

Una educación para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los Sectores Productivos y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa deberían ser cuatro. La primera es elevar la escolarización y la calidad en los niveles de educación inicial y básica para los hijos de los hogares populares, a través de reformas curriculares y de gestión, de la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones, y del establecimiento de alianzas entre los sistemas públicos, por una parte, y planteles privados y organizaciones independientes de educadores, por la otra; la segunda es incrementar y adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica a través de APPs con empresas y gremios sectoriales; la tercera consiste en dar auxilio económico inmediato para salvar de la precariedad a las universidades autónomas a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendentes a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro,  fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y la cuarta es poner en marcha proyectos que involucren a redes de nuestra Diáspora de Talentos en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la Nueva Educación Superior y el relanzamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.   

El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran. 

Las prioridades inmediatas del programa son tres y en todas ellas sería deseable la participación de redes de miembros de nuestra Diáspora de Talentos que han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas de salud y previsión social de otros países. La primera es atender las calamidades que deja la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional. La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal. La tercera es iniciar las negociaciones que lleven a establecer un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justas y financieramente viables, de gestión independiente y protegida de avatares políticos.  

El cuarto programa, de adecuación de infraestructuras y asentamientos tiene también tres objetivos. Se trata de un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar niveles de crecimiento, empleo y progreso que muevan a la mayoría de la sociedad venezolana a apoyar a su democracia desde los primeros años de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo. Las magnitudes de inversión implicadas sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional. 

El primer objetivo es recuperar las redes de infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a los asentamientos humanos y a la producción, lo que es indispensable para salvar prontamente la Emergencia Humanitaria Compleja y dar un primer impulso a la competitividad de la economía. El segundo es mejorar progresivamente las condiciones urbanísticas y de servicios de los asentamientos en los que vive una gran mayoría de la población, con miras a que en un horizonte de 20-25 años ésta disfrute de estándares típicos de zonas urbanas reguladas. Y el tercero es contribuir prontamente a una generación amplia de oportunidades de trabajo decente, en las que participen como demandantes los sectores inmobiliario y de la construcción y las redes de economía solidaria y emprendimientos populares, mientras alcanza vigor la economía productiva moderna como resultado de las reformas del primer programa, y mientras el segundo programa, de educación para el progreso y la libertad, da resultados cuantitativamente importantes para elevar la capacitación media de la fuerza de trabajo en general. 

Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa, se plantea dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado. 

El primero es maximizar las oportunidades de participación política efectiva para los ciudadanos en general, que implica por una parte revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el gobierno socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y retomar la descentralización para profundizarla robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal; y por la otra, poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; estableciendo normas estrictas para la transparencia de las contrataciones públicas, elevando el derecho de la sociedad civil organizada a ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de esas normativas y creando sanciones ejemplarizantes para sus violaciones. El segundo objetivo es ampliar el acceso real de los ciudadanos y las comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica una amplia reinstitucionalización del sistema de justicia incluyendo a la justicia militar, los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable  si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.   

[1] Las propuestas de este artículo sintetizan el “Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza” que despliega el libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena, T. y W. Corrales; Ed. Dahbar y UNIMET, 2018). 

[2] El sistema financiero mundial, incluyendo los bancos multilaterales, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, está generalizando la exigencia de condicionalidades ESG (iniciales en Inglés de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para dar prioridad de acceso al financiamiento de proyectos públicos y privados.