Una nueva intimidación

Había pasado mucho tiempo sin que la voluntad dictatorial del señor Maduro no se manifestara, como ocurrió en el acto del día de La Juventud, el pasado domingo 12 en nuestra ciudad heroica de La Victoria

La investigación periodística de un medio independiente, sobre la presunta venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de origen musulmán, y con ello la atribución de la nacionalidad, y más allá de ello, a personas que, al parecer, mantienen vínculos con prácticas políticas distintas, a las que, desde siempre, ha caracterizado a la actividad democrática, ha colocado una amenaza cierta al canal de televisión CNN en español. Ya tuvimos una experiencia con la salida del aire de Radio Caracas Televisión y con el canal televisivo colombiano NTN24.

La disonante expresión, “quiero a CNN fuera de Venezuela”, más que una orden a Conatel, es la espada de Damocles, frase acuñada en la historia, que en el caso venezolano, no es para ejemplificar el peligro que se instala en aquellos que ostentan gran poder, pero que pueden perderlo de golpe, sino, el peligro que se instala en los que se arriesgan ante la arbitrariedad de quienes tienen el poder y rehúsan ser sus corifeos; es el grave riesgo que se cierne sobre el derecho de los venezolanos a estar cabalmente informados. Esa prepotencia de quien nos gobierna es una copia de la arbitraria “exprópiese” del difunto Chávez.

Ninguna dictadura congenia con la libertad de expresión ni con el derecho a la información de los ciudadanos. A nuestros gobernantes les importa un pito que tales derechos estén consagrados en nuestro texto constitucional, ni que formen parte de tratados ni de declaraciones sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Es una de las características propias de un régimen forajido. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la libertad de expresión y de opinión, entre las cuales incluye, recibir informaciones y opiniones, por cualquier medio de expresión. De modo que estos son derechos humanos que se irrespetan y se continúan amenazando en el país. Son valores fundamentales de la sociedad y derechos y garantías de los ciudadanos que constituyen aportes del constitucionalismo moderno, pero que datan, en la historia nuestra, desde 1.811 con la Declaración de Derechos del Pueblo, adoptada por el Supremo Congreso de Venezuela.

Cierta o falsa la información, un gobierno de raíz democrática habría ordenado una investigación para determinar responsabilidades, sin embargo, el gobierno prefiere actuar como el avestruz y se niega a dar una declaración, al contrario,  la reacción es la descalificación del medio y la amenaza con la salida del portal televisivo que transmite para Venezuela.

Se sigue violentando la Constitución, que no solo ocurre cuando se desconocen los atributos de la Asamblea Nacional o se burlan de la inmunidad parlamentaria, tambien cuando se vulneran los principios y las garantías de los venezolanos.

Tenemos que atrevernos, y atrevernos siempre a la protesta cívica y al reclamo constitucional, que debe involucrarnos a todos para rescatar la democracia que nos permita asegurar la libertad y la dignidad del hombre, como un instrumento material para el desarrollo y la afirmación de la existencia de diferentes partidos políticos que aseguren la vigencia del principio de la soberanía popular, la paz de nuestro pueblo y evitar la violencia gubernamental, que nos ha traído la catastrófica destrucción social, política, económica y moral de la Nación.

 

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