Hemos recibido un sin número de opiniones acerca de esta controversia que, de alguna manera, está “empañando” el ambiente de las elecciones de primarias que debe llevar a cabo la oposición democrática para lograr un candidato único que se enfrente al candidato gubernamental en el 2024. De ese gran número de opinión nos queda la gran duda de cuál de los planteamientos es el más adecuado y conveniente y hay que reconocer que ambos bandos tienen buenas razones detrás de su defensa.

Sin embargo, para optar a uno de ellos, como lo haremos al final de estas notas, nos permitimos colocar un par de criterios que podrían ayudar a despejar las dudas que aún nos asaltan. Por una parte, vamos a apelar al mundo de los principios y, por el otro, al mundo de la eficacia.

¡Si de principios se trata!

Hace tiempo, diría que bastante, desde los tiempos de una de las tesis de Maquiavelo que la política abandonó el mundo de los principios para acogerse al de los intereses y, no nos cabe la menor duda, que este se ha ido imponiendo en Venezuela. Más todavía si de lo se trata es de cómo mantenerse y monopolizar el poder político. Lejos estamos de aquellas ideas que, si bien equivocadas y fundamentadas en arcaicas teorías, esbozaba Chávez. Lejos estamos de aquella visión y aquellos programas que dieron a luz una AD, un COPEI y un MAS, porque de allí en adelante no le conocemos principios, ni programas a los que los sucedieron después, incluyendo al partido que aún nos gobierna.

Por esa razón, invocamos este criterio para evaluar la controversia pues, ¡Si de principios se trata!, estos deberían regir la decisión. Recatamos la autonomía y la privacidad para que los opositores puedan expresar su opinión en este importante momento político y lejos están ambos de la presencia y participación de un CNE, cuya percepción general es que tiene el poder del Estado para imponer reglas, normas y, según muchos, resultados. Que sea o no cierto no es el punto, lo que lo es, es una comprobada experiencia de elecciones dirigidas en sindicatos, gremios, universidades, con un Poder Electoral que tiene la ultima palabra. Por consecuencia ¡Si de principios se trata!, nos acogemos a proteger la autonomía de este evento político.

Rescatamos también la privacidad para el elector la cual, como bien se sabe queda en el medio de la automatización, la telefonía y el teclado. Si un principio fundamental debe estar protegido en esas elecciones es este y si él puede ser defendido y garantizado por todos los participantes, podríamos tener, digamos, unas elecciones genuinas e idóneas que corresponda a la entrega y participación de la gente en asistir y realizarlas, pero decimos: No basta con principios hay que garantizar eficacia.

Hacerlas eficazmente

Uno de los argumentos más preconizado por quienes promueven la participación del CNE es que con este se obtiene la mayor eficacia en su realización, ya que tiene todos los recursos. Por esa razón, hay que preguntarle a quienes la adversan si de verdad pueden, si no garantizarla, al menos procurarla hasta convencer que posee una eficacia equivalente, porque si bien la autonomía y la privacidad deben ser defendidas, esas elecciones tienen que poder ser realizadas con la mayor participación posible. Y en ese sentido, preguntamos:

1. Tendrán posibilidad de hacerlo todos aquellos que todavía no se han inscrito en el Registro Electoral o ¿puede ponerse este al día, sin el CNE?,
2. ¿Es posible maximizar la participación de quienes ese derecho entre los venezolanos que están en el exterior?,
3. ¿Si es voto no es automatizado y se utiliza otro expediente, se garantiza la privacidad del elector?
4. Y, lo más importante, ¿es posible evitar manipulaciones extrañas que avalen y confirmen que votos y actas de votación coincidan?

Finalmente, si quienes defienden unas primarias sujetas a esos principios y a las condiciones de eficacia que señalamos, pueden responder esas preguntas, nos inclinamos por hacerlas sin el CNE. Sobre todo porque su respuesta debería apoyar una mayor participación ciudadana y multiplicar la confianza de una gran mayoría de venezolanos en un evento digno de la defensa de nuestra democracia. ¡Imaginemos unas primarias realizadas de esa manera!

Venezuela no se arregló. La ligera recuperación que experimentó el país a partir de 2021 se detuvo en seco durante los primeros meses de este año y existen temores de una nueva recesión.

Entre 2014 y 2020, el país vivió una de las contracciones más agudas que ha afrontado una economía en el mundo al perder 75,5% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta que en 2021 la economía registró un leve repunte, que obedeció a la recuperación de la producción petrolera y al auge de consumo.

Tras siete años de números negativos, el país experimentó un crecimiento que alcanzó13,3%, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Y algunos venezolanos empezaron a ver luz.

"En diciembre pasado vimos escenas que teníamos tiempo sin presenciar", cuenta a BBC Mundo Alexa Gómez, una abogada que vive en Caracas. "Mucha gente en las calles. Pero, sobre todo, mucha gente comprando. Se sentía cierta tranquilidad. Había una falsa creencia de mejoría".

Ese espejismo estaba alimentado por la apertura de grandes tiendas de ropa importada, de carros de lujo, la reanudación de eventos culturales, la reactivación de conciertos de artistas internacionales y por la desenfrenada inauguración de restaurantes de alta gama, como aquel que vendía una experiencia suspendidos en una grúa.

Pero, a partir de este año, esa sensación de prosperidad se esfumó.

"Ahora ves poca afluencia en Las Mercedes", comenta Gómez, quien hace referencia a una zona del este de la capital, caracterizada por la presencia de bares, restaurantes y discotecas. "Bodegones y restaurantes vacíos. Comercios haciendo remates. Mucha gente angustiada y comerciantes desesperados", acota.

Las cifras así lo confirman. El pasado febrero, el FMI (Fondo Monetario Internacional) adelantó que el crecimiento real del PIB en Venezuela durante 2023 sería de 6,5%. Una proyección que luego fue corregida a la baja a 5,0%.

Los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ahora revelan que, durante el primer trimestre de 2023, la actividad económica registró una caída de 8,3% en comparación con el período anterior.

La inflación, según el FMI, apunta a cerrar a 400%.

El gobierno sigue culpando de los problemas económicos a las sanciones de Estados Unidos, pero ¿qué hay detrás de este frenazo económico? Aquí te explicamos cuatro factores.

1. Los límites de la dolarización desordenada

Las transacciones en Venezuela se habían hecho siempre en bolívares. Pero la hiperinflación que se instaló en 2017 y se mantuvo por cuatro años, diluyó tanto el valor de la moneda oficial, que los billetes terminaron sirviendo más para decorar que para comprar.

En respuesta, los venezolanos comenzaron a utilizar el dólar para hacer sus pagos. Al principio, de una manera informal, casi clandestina, por las consecuencias penales que implicaba el uso de divisas desde los tiempos de Hugo Chávez.

Hasta que el gobierno de Nicolás Maduro en 2018 permitió que los comercios empezaran a anunciar de forma abierta sus precios en dólares, lo cual abrió paso a una dolarización de facto.

El uso de una moneda más estable inyectó un poco de certidumbre al mercado, impulsó la actividad del sector privado y dio un respiro incluso hasta las clases más bajas. Sin embargo, la ausencia de normas para su implementación impidió que la dolarización resultara efectiva.

"La dolarización en Venezuela fue un proceso espontáneo. No se trató de una política económica de Estado", explica el economista Giordio Cunto. "Se hizo de una manera desordenada y al margen de las instituciones financieras. Lo que complicó aún más el sistema de pagos en el país".

Los clientes pagan con dólares en efectivo, pero los comerciantes no tienen billetes de baja denominación para dar cambio. Y se hacen transacciones a través de amigos o familiares en Estados Unidos ante la imposibilidad de los venezolanos de mover dólares entre cuentas en bancos locales.

En marzo de 2022, el gobierno aprobó una reforma a la Ley de las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual implicó un impuesto de 3% a las operaciones en divisas realizadas por personas naturales y jurídicas. Una medida que desestimuló el uso del dólar.

"Después de siete años de recesión, la economía del país no estaba preparada ni lo suficientemente fuerte para esta carga tributaria", opina el economista José Manuel Puentes. "Fue una decisión económica errada, que tuvo un impacto de enfriamiento", agrega.

En su opinión, el gobierno de Maduro implementó una dolarización de forma incorrecta y luego quiso volver a imponer el uso del bolívar.

"Aplicó una técnica de stop y arranque, arranque y stop, lo cual generó impacto en las transacciones. Al final, la falta de medidas de estabilización económica por parte del gobierno hizo que la dolarización fuera menos efectiva".

2. La dependencia del sector comercial

El rebote que experimentó la economía venezolana resultó limitado, porque se apalancó en un solo sector productivo: comercio y servicios.

Según cifras publicadas por Bloomberg, el año pasado se abrieron 200 restaurantes en la capital, la mayor cifra en al menos una década. Casi la mitad estaba dirigido a un público de alto poder adquisitivo, con capacidad de pagar más de US$50 por comida.

Pero el repunte de la inflación, aunado a la abrupta devaluación de 25% que ocurrió en agosto de 2022, desestimuló el consumo y los comercios se fueron vaciando.

"La dinamización de la economía sobre la que se sostenía ese rebote era muy desbalanceado", explica Cunto.

"No involucraba otros sectores más productivos y de mayor valor agregado como la construcción, la minería, la industria manufacturera, que quedaron rezagadas. Eso no era sostenible, porque estaba impulsada por el consumo. Al caer el consumo, el rebote se quedó sin combustible".

La cifra que revela Iván Puerta, presidente de la Asociación de Restaurantes, en una entrevista publicada por Bloomberg muestra la dimensión del descalabro: alrededor de 60% de los nuevos locales de comida cerró tras un exceso de entusiasmo inicial.

En consecuencia, la contracción de las ventas comerciales respecto a enero del año pasado fue de 17%, de acuerdo con el economista Asdrúbal Oliveros. "En términos económicos es la peor contracción en los últimos tres años", asegura.

A su juicio, hubo otro factor que también tuvo un efecto negativo sobre el consumo: la caída de 15% en las remesas producto de la crisis pospandemia, pues tres de cada diez hogares en Venezuela dependen de las divisas que mandan sus familiares que viven en el exterior.

3. La dificultad de vender el petróleo

Durante el primer semestre de 2022, la producción petrolera de Venezuela registró un repunte, en virtud de la recuperación de la actividad de su principal empresa: PDVSA.

Luego de estar en los niveles más bajos de su historia, la estatal petrolera alcanzó para mayo de ese año los 735.000 barriles diarios, según cifras de la OPEP.

Ese impulso representó un aliciente para un sector estratégico de la economía venezolana que había sido afectada por las sanciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump y la pérdida del control de activos petroleros en Estados Unidos.

En medio de ese escenario, la invasión de Rusia a Ucrania abrió para Venezuela la oportunidad de vender más crudo.

Sin embargo, el país no logró aprovecharla del todo.

"Ese conflicto tuvo un efecto neto positivo sobre Venezuela por ser un país petrolero, pero no pudo sacarle mayor provecho por su incapacidad actual de aumentar su producción", comenta José Manuel Puentes, quien recuerda que PDVSA en el pasado llegó a producir tres millones de barriles diarios.

De paso, las sanciones a Rusia trastocaron la reducida capacidad de Venezuela de comercializar su petróleo. Una circunstancia que, de cara al gobierno, se tradujo en dificultades para obtener más divisas.

En paralelo, otro factor les jugó en contra: los problemas de cobro.

"Venezuela vende su petróleo en condiciones muy opacas", asegura Cunto. "No todo el valor termina llegando al país, lo cual dificulta el acceso a los recursos con los que puede contar el gobierno".

Esa falta de liquidez, al final, le impidió a la administración de Maduro mantener controlado el mercado cambiario. Amén de sus bajas reservas internacionales.

Y ante la merma de ingresos, expandir el bolívar terminó siendo la salida.

4. La persistencia de problemas estructurales

La corta duración del rebote económico que experimentó Venezuela responde, en opinión de los especialistas, a la persistencia de los problemas estructurales del país.

"En una economía con una profunda crisis estructural como la de Venezuela toda mejora tiene un techo", afirma el economista Asdrúbal Oliveros.

"Tenemos un Estado colapsado que no puede generar ingresos. Una economía sancionada que mantiene al país aislado. Sin posibilidad de crédito. Con problemas de servicios públicos… En ese escenario, cualquier signo de mejora se diluye", añade.

Cunto coincide en afirmar que la fuerza de la recuperación económica fue muy tenue, porque no contaba con una base sólida. Incluso, opina que el error fue sobrevalorar la recuperación, a partir de las expectativas que estaba generando en la población.

"Tenemos una economía muy improductiva, poco competitiva. Eso limita su crecimiento y la diversificación", agrega.

Un futuro no tan desalentador

¿Qué esperar en los próximos meses?

El economista José Manuel Puentes no se muestra muy optimista.

"Si volvemos a registrar números negativos en el trimestre abril, mayo y junio, entraremos técnicamente en una recesión, con base en las cifras extraoficiales. Eso es muy preocupante", comenta.

Oliveros, en cambio, considera que, si bien se está en un escenario de desaceleración, no cree que el país vuelva a la crisis económica que experimentó en 2017.

"Ahora tenemos una economía dolarizada. Un sector privado que ha ganado independencia y un gobierno más pragmático. Tendremos un segundo semestre menos malo y podríamos cerrar el año con un crecimiento de 5%. Pero dependerá de que comencemos a ver signos de estabilización".

Esa visión la comparte Cunto, quien asegura que el frenazo económico se seguirá sintiendo, pero sin rayar en un cuadro crítico. "Todavía existe mucha vulnerabilidad en la política monetaria, pues no se mueve de forma independiente sino atada al Ejecutivo. Así no creceremos más de 5% al cierre de este año".

Con ese panorama, sugiere ser más conservadores en cuanto a la magnitud del rebote y explorar actividades de mayor productividad. "Hay que ser más ágil para adaptarse a las condiciones de este entorno tan volátil. Lo cierto es que no podemos confiar en un salto cuántico".

17 de mayo 2023

BBC

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65490101

Durante siglos, Latinoamérica ha sufrido la explotación indiscriminada de sus recursos naturales para ser exportados como materias primas que han impulsado sobre todo el desarrollo económico de países industrializados. Esta explotación, acompañada de prácticas sistemáticas de despojo de tierras, ha dejado graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para la región. En el siglo XV, los barcos europeos llegaron en busca de oro para financiar el progreso de los colonizadores; en el siglo XIX, la fiebre del caucho esclavizó brutalmente a las comunidades indígenas de la Amazonia; y en el siglo pasado, la economía fósil replicó el modelo extractivista e hizo a muchos de nuestros países dependientes económicamente de hidrocarburos como el petróleo, y minerales como el carbón.

Pero la dependencia no termina ahí. Mientras los países productores exportaban combustibles fósiles, la mayoría volviéndose dependientes de los ingresos fiscales asociados, la economía mundial por su parte se hizo cada vez más dependiente de su uso como fuente fundamental de energía para la industria, el transporte, el consumo doméstico, y como base en la producción de plásticos y químicos. La demanda de estos productos y sus materias primas impulsa un modelo de explotación desmedida de los recursos naturales que han dejado al mundo al borde del colapso.

Cambiar este modelo económico es el principal reto que enfrentan hoy los países para limitar el aumento de la temperatura promedio global a máximo 1,5°C, y a la vez fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades frente a los impactos presentes y futuros de un clima cambiante. La respuesta, en buena medida, está en lograr una transición energética justa. Y para ello, Latinoamérica tiene un rol fundamental que debe jugar estratégicamente con miras a garantizar que esta transición sea planeada, justa y que traiga a la región beneficios distribuidos con base en la equidad.

Latinoamérica ya es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático; y de allí proviene la tendencia regional de aumentar su compromiso climático en muchos de sus países. Sin este grado de ambición, sería imposible lograr las metas del Acuerdo de París y evitar perder nuestra riqueza natural por las presiones generadas por el mercado internacional. El reto como región no es menor. No podemos permitir que la historia se repita y sigamos condenados a una economía extractivista. La urgencia no puede llevarnos a tomar decisiones a la ligera y dejar vacíos que le pasen facturas más grandes a las próximas generaciones.

La mayoría de los países de América Latina tiene una participación de más del 30% de energías renovables en la matriz de energía primaria, y 60% en la matriz eléctrica. Es decir, tenemos un punto de partida más favorable que el de otras regiones para lograr una generación eléctrica basada 100% en renovables. Además, la región tiene una ubicación estratégica con condiciones climáticas favorables para generar energía a partir de fuentes como la energía eólica y la solar. Según el informe de Renovables 2022, de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la capacidad instalada de generación de energía renovable no convencional en Latinoamérica aumente un 45% (+130 GW) en 2027.

Pero, no es el único potencial. La región cuenta con importantes reservas de zinc, cobre, cobalto y litio, entre otros minerales estratégicos, que son necesarios para la producción de tecnologías que permitan generar, distribuir, almacenar y usar la energía proveniente de fuentes no convencionales. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía un escenario de transición, alineado con los objetivos del Acuerdo de París de cambio climático implicaría un aumento en la demanda de litio de unas 42 veces; y la de cobalto y grafito se incrementaría más de 20 veces comparadas con datos de 2020. La forma en que la región decida posicionarse ante la necesidad de estos minerales determinará el modelo económico y de desarrollo para su extracción y comercialización.

Sería un error desaprovechar el potencial que tiene la región para generar, incluso para exportar energía renovable a partir de fuentes no convencionales, pero sería una catástrofe aprovecharlo de manera no planeada y sin establecer unos límites que nos permitan proteger a nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra biodiversidad en medio de la transición.

Ni los proyectos de energías renovables ni la extracción de minerales necesarios para la transición están exentos de impactos. Frente a la implementación de renovables, por ejemplo, en Colombia ya se presentan conflictos entre comunidades indígenas, empresas y el Gobierno por el uso y tenencia de la tierra que se necesita para el desarrollo de estos proyectos. En el caso de los minerales, varias comunidades de la región de Arequipa, en Perú, se han declarado en huelga para pedir mejores condiciones de vida en las zonas de explotación de cobre; en Chile, el agua escasea en las zonas de explotación de este metal; y en la zona conocida como triángulo del litio (ubicada entre Argentina, Chile y Bolivia) ya se están viendo los impactos de su extracción, pues para producir una tonelada métrica se requieren aproximadamente 500.000 galones de agua. Y la lista continúa.

Frente a este panorama, es imperativo que los gobiernos garanticen las más altas salvaguardas sociales y ambientales tanto en la minería, como en la generación de energía renovable. Esto incluye lineamientos y procedimientos de monitoreo y sanción para evitar el vertimiento de residuos peligrosos en fuentes hídricas; garantizar la correcta participación de las comunidades locales; atender y manejar el estrés hídrico que derive de la extracción de estos minerales; evitar o atender la generación de mayores emisiones de gases de efecto invernadero; evitar la vulneración de derechos humanos y la degradación de ecosistemas, y al mismo tiempo, desarrollar políticas de reuso y reciclaje de los minerales, solo por mencionar algunos puntos que deberían estar en las hojas de ruta y la estructura de gobernanza que se desarrolle.

Los gobiernos de Latinoamérica deben leer y entender muy bien el contexto geopolítico al momento de decidir cómo y para quién van a producir los minerales necesarios para la transición y las energías renovables, y cómo usar sus ventajas comparativas de manera estratégica, pues no pueden olvidar que su misión también es descarbonizar sus propias matrices energéticas y eléctricas. Lograr todos estos objetivos representa un reto financiero inmenso, que requiere de un papel activo y consciente de la cooperación, de los inversionistas y de una Banca Multilateral enfocada en ayudar y no en endeudar más a los países.

Nos queda definir si la aceleración de la transición energética que caracterizará este siglo, así como el futuro que tengamos como sociedad, continuará con las dinámicas del pasado, o si hemos aprendido de nuestra historia y tendremos la visión y el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde para garantizar procesos ambientalmente sostenibles, socialmente justos y responsables, y que posibiliten una cooperación y desarrollo regional.

17 de mayo 2023

El País

https://elpais.com/america-futura/2023-05-17/esta-latinoamerica-condenad...

El proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) se antoja largo, y no solo por factores como la complejidad y magnitud de los crímenes de la lesa humanidad a investigar, por el hecho de que los investigadores se encuentren en un continente y el lugar de los sucesos y las víctimas en otro, o por la falta de recursos que aquejan a los órganos de la justicia internacional, sino por la actitud de las autoridades venezolanas.

El Gobierno de Nicolás Maduro parece no tener la más mínima intención de dejar a un lado su estrategia obstruccionista y dilatoria frente al juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), a pesar de que el 4 de mayo sufrió una nueva derrota cuando la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado rechazó la solicitud que hiciera el 26 de abril para poder responder a los señalamientos y acusaciones realizadas por las más de 8.900 presuntas víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y masivas, persecución y violación, entre otros crímenes de lesa humanidad.

«La Sala no otorgará a Venezuela la autorización (para replicar) en el presente caso», anunció la instancia de la CPI en el auto de siete páginas que fue publicado el 8 de mayo.

Pese a la nueva derrota, las autoridades nacionales no cambiarán de estrategia; así lo dejaron en claro en un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores publicado el mismo 8 de mayo, en el cual se lee:

«La República Bolivariana de Venezuela ratifica, una vez más, que continuará haciendo uso de las acciones y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, frente esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser».

Obstruyendo desde el inicio

Casi desde el momento en que la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que tenía motivos para creer que en el país se habían cometido alguno de los delitos competencia de la instancia, las autoridades nacionales comenzaron una serie de maniobras para dilatar el proceso.

El 15 de junio de 2021, al finalizar su mandato, la funcionaria debía anunciar si iniciaba o no una investigación por lo ocurrido en Venezuela, pero eso no ocurrió porque el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, presentó a última hora un recurso en su contra ante la Sala de Cuestiones Preliminares, lo que demoró la decisión.

En el ínterin, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional (AN) y el Gobierno continuaron adoptando una serie de decisiones para hacer creer a la instancia que estaban haciendo justicia y, sobre todo, tomando medidas para evitar que estos hechos se repitieran. No obstante, estas maniobras fracasaron y en noviembre de 2021 el nuevo fiscal, Karim Khan, pasó el caso venezolano a la fase de investigación.

Ante esta decisión, el Gobierno venezolano le solicitó a la Sala en abril del año pasado que suspendiese la investigación alegando que en el país se estaban juzgando y sancionando a los responsables de violaciones de derechos humanos, todo ello dentro de un discurso que niega la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En respuesta a esa solicitud, en noviembre de 2022 Karim Khan pidió permiso para proseguir sus pesquisas, por considerar que en Venezuela no hay ni voluntad ni capacidad para hacer la tarea. Esta decisión ahora está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares, luego de la presentación del informe de las víctimas en el pasado mes de abril, y ya está analizando si la petición está justificada o no.

Causas de la nueva derrota

¿Por qué la Sala rechazó la petición venezolana? Porque los funcionarios «no identificaron de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe (de la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación) que requiera una respuesta», se lee en el auto.

El 21 de abril, la CPI difundió el reporte que la Sección para la Participación de las Víctimas y la Reparación (VRPS, por sus siglas en inglés), en el cual se compiló la información contenida en los 1.875 cuestionarios que venezolanos enviaron entre noviembre y marzo pasado. En dicho documento se concluye que las víctimas venezolanas respaldan “abrumadoramente” la solicitud que el fiscal Khan hiciera a la Sala para que le permitiera reanudar sus investigaciones en relación con lo ocurrido en Venezuela.

Las víctimas, sus familiares y representantes consideran que las averiguaciones hasta ahora conducidas dentro del país son insuficientes, porque solo han están dirigidas contra los autores materiales, en su totalidad funcionarios de bajo rango, pero no contra los posibles autores intelectuales ni contra la línea de mando. Asimismo, dudan que esto ocurra porque la justicia está cooptada por el Gobierno.

Solicitud inoportuna

El Gobierno, por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, había solicitado a la Sala que le concediera hasta el 30 de mayo para responder al informe de la VRPS, por considerar que «presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas, incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano».

«Ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta solicitado por Venezuela no se justifica en la etapa actual», replicó la instancia de la CPI, la cual agregó: «En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento». Esta respuesta deja en claro que el momento de las réplicas y contrarréplicas no es ahora.

Las autoridades venezolanas intentaron convertir su derrota en una especie de victoria y para ello resaltaron que «hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte».

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado previamente citado afirmó:

«Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».

Tal interpretación no tiene sustento, pues, aunque ciertamente la Sala habla de «víctimas potenciales», esto se debe a que todavía no se ha iniciado la averiguación para determinar un hecho, a sus perpetradores y a sus afectados. Recordemos que es común en un juicio penal ordinario, que cuando se juzga a una persona, se le califique como «presunto perpetrador» porque no ha habido sentencia condenatoria, y ese mismo principio aplica para las víctimas. A esto se limita la afirmación de la Sala debido a que todavía no ha habido condenas porque no se han presentados casos ante esa instancia, precisamente, por las acciones dilatorias del gobierno venezolano.

Asimismo, la Sala tampoco declaró que en el país no hayan ocurrido las graves violaciones a los derechos humanos que la Fiscalía de la CPI sospecha que fueron cometidos, pues ese no era el tema de la sentencia en la que se negó la solicitud del Gobierno.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La actitud de las autoridades confirma las sospechas de que el castigo de los crímenes ocurridos en el país, al menos a partir de 2017, y la reparación de las víctimas no figura en su agenda ni es algo de su interés, pero demuestra algo más grave: que cuando tiene un revés como el descrito ante la Sala de Cuestiones Preliminares, su único recurso es mentir y tergiversar lo dicho por esta. Con ello, queda de manifiesto lo precario de su situación ante esa instancia.

16 de mayo 2023

https://accesoalajusticia.org/gobierno-maduro-derrotado-cpi-pero-continu...

Este martes (16.05.2023), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó un informe que plantea un camino para reducir drásticamente el volumen de plástico que acaba en el medio ambiente.

El informe se basa en un marco de técnicas cuya eficacia para hacer frente a la contaminación por plásticos ha sido comprobada, y llega a la conclusión de que, con cambios sistémicos, se puede reducir la contaminación en más de tres cuartos hasta 2040, creando, además, cientos de miles de empleos y ahorrando billones de dólares.

Actualmente, el mundo produce anualmente alrededor de 350 millones de toneladas de basura plástica, lo que afecta la salud global, el suministro de alimentos y la biodiversidad.

¿Qué debe pasar?

El informe propone prohibiciones y acuerdos para eliminar los plásticos innecesarios y problemáticos, como aquellos que no pueden ser reciclados, reusados o compostados, al igual que los empaques exagerados o los plásticos que contienen químicos nocivos para la salud.

Asimismo, presenta un enfoque basado en la reutilización, el reciclaje y el cambio a materiales alternativos.

Con medidas de reutilización, como las botellas rellenables, las bolsas reusables, la compra al por mayor en los supermercados o el retorno de empaques, se puede reducir la contaminación por plásticos en un 30 por ciento hasta 2040.

Una isla de basura en el mar

Actualmente, el mundo produce alrededor de 350 millones de toneladas de basura de plástico anuales.

A fin de mejorar las tasas de reciclaje, se podrían implementar estándares de diseño más estrictos y prohibir los aditivos y polímeros. Además, de acuerdo con el informe, eliminando los subsidios al combustible, sería más barato reciclar que producir plástico virgen. Incrementando el reciclaje, se podría reducir la contaminación por plásticos en un 20 por ciento.

A través de incentivos, por ejemplo, en México, las tasas de reciclaje subieron del 8,8 por ciento, en 2002, al 56 por ciento, en 2018.

La contaminación por plásticos se podría reducir en otro 17 por ciento al optar por otro tipo de materiales que reemplacen las envolturas, bolsitas y artículos para llevar.

No obstante, pese a estos esfuerzos, los humanos seguirían produciendo cerca de 100 millones de toneladas métricas de basura plástica procedente de productos de corta vida.

Esta basura debería ser desechada de manera más responsable para evitar el plástico en los océanos. A fin de combatir los microplásticos, por ejemplo, el informe propone cambios en la producción textil, así como limitar los kilometrajes para restringir el desgaste de las llantas.

Los beneficios económicos

De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con los cambios presentados, se ahorrarían unos 4,1 billones de euros en 2040.

Mientras que algunos costos se ahorrarían produciendo menos plástico no reutilizable, actualmente, la mayoría de los gastos están relacionados con la salud humana y las iniciativas de limpieza.

Según se señala en el documento, con la implementación de todas las recomendaciones, se podrían crear cerca de 700.000 empleos adicionales.

¿Adiós al plástico?

En entrevista con DW, Steven Stone, vicedirector del departamento de economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que la meta del informe no es eliminar el uso de los plásticos, sino acabar con la contaminación por plásticos.

"Cuando se siguen usando, los plásticos alcanzan su mayor valor. Son robustos, ligeros, se usan en autos, en aviones, tienen funciones muy específicas para la sociedad que son de gran valor", sostiene.

Para Stone, la meta es crear incentivos económicos para las empresas para que se unan al proceso. Y es que "los plásticos parecen baratos, pero en realidad no lo son. Los costos han sido externalizados ya sea al futuro o a aquellos que no necesariamente usan los plásticos, pero pagarán los costos de estar expuestos a ellos".

16 de mayo 2023

DW

https://www.dw.com/es/acuerdo-global-podría-reducir-la-contaminación-por-plásticos-en-un-80-por-ciento/a-65650021?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270542911132191&lid=2549191&pm_ln=202191

Venezuela padece desde hace varios años de una inflación entre las más altas del mundo, asociada al constante encarecimiento de la divisa. Suele atribuírsele esta inestabilidad a fuertes distorsiones económicas, cuya resolución requiere de políticas de ajuste que restablezcan los equilibrios entre los agregados macroeconómicos de demanda y de oferta para desinflar las presiones al alza en los precios. La respuesta del (des)gobierno de Maduro ha sido reducir aún más una demanda ya de por sí devastada, privar a la actividad económica de financiamiento, sobrevaluar el bolívar y acentuar la desocupación de recursos productivos. Mientras, intenta apaciguar los reclamos de mayor ingreso de los empleados públicos con bonos que no suman para sus prestaciones. Debe financiarlos, además, con emisión monetaria del BCV. Al haber destruido la base impositiva del fisco, no dispone de los ingresos para ello. Tales desaciertos han prolongado el estado de postración de la economía, con grandes costos a la población. Hacen muy cuesta arriba alcanzar condiciones de vida dignas para los venezolanos en las próximas décadas. El destrozo económico y el empobrecimiento resultante han sido demasiado.

Se afianza entre muchos la convicción de que, sin un influjo significativo de recursos externos, será muy difícil instrumentar el ajuste adecuado. Su impacto sobre la reactivación de la economía no habrá de resultar de una respuesta encadenada del aparato productivo ante un aumento súbito de la demanda. Dada la inseguridad y la falta de garantías, la inestabilidad de precios y de tipo de cambio, el deterioro de los servicios públicos, la destrucción del tejido productivo nacional, la migración de mano de obra calificada y la desconfianza e incertidumbre que provocan, tal capacidad de respuesta se encuentra, hoy día, seriamente resentida. Es inelástica. Buena parte de los recursos que logren captarse, por tanto, sólo se traducirá en mayor inflación y alzas en el precio del dólar. El impacto deseado ocurrirá, más bien, por su capacidad de aliviar las condiciones que merman la oferta doméstica.

¿Y de dónde vendrán estos recursos? Fundamentalmente de la banca multilateral y de las inversiones en la actividad petrolera. Obviamente vendrán condicionados a cambios medulares en la conducción de los asuntos económicos, en procura de asegurar los retornos esperados. Conlleva condiciones que son, precisamente, las que habrán de destrabar la oferta productiva, es decir, el propósito buscado. Por los intereses poderosos surgidos en torno a la expoliación de los recursos de la nación, no parece que sea el régimen chavo-madurista el que produzca tales cambios. En consecuencia, el meollo del problema es el de siempre: cómo concertar la voluntad política mayoritaria capaz de llevarlos a cabo.

Empecemos por lo microeconómico, señalando las trabas a la actividad productiva a nivel de empresa. Además del desincentivo que representa una demanda disminuida, salta a la vista el costo que representa el deterioro de los servicios públicos, de la infraestructura vial, de puertos y aeropuertos, la destrucción del tejido industrial de proveedores, industrias complementarias, demandantes y servicios especializados, y la emigración de mano de obra calificada y del talento profesional. A ello debe sumarse la virtual desaparición del crédito de la banca local, inducido por el Ejecutivo. Además, las empresas enfrentan un marco institucional de leyes y reglamentos punitivos aplicados a discreción, y el colapso de la capacidad de respuesta administrativa y de gestión del Estado en múltiples áreas, y la corrupción.

Bajo un gobierno de transición, deberán concertarse préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, y/o agencias de cooperación diversas, para financiar la recuperación de servicios, de infraestructura y para la capacitación de recursos humanos. En muchos casos, ya se disponen, en sus formulaciones básicas, de proyectos elaborados por venezolanos calificados que han trabajado en estas áreas. La banca multilateral y las agencias de cooperación tienen, a su vez, amplia experiencia, tanto técnica como de gestión, en este tipo de proyectos. Estos empréstitos deben acompañarse de reformas que hagan atractiva la inversión privada complementaria, así como para inducir la participación de la banca extranjera, en asociación con la banca local, para fondear la rápida ampliación de las posibilidades de financiamiento a los emprendimientos que vayan surgiendo.

Un objetivo central de estos recursos será el saneamiento de la administración pública. Debe acabarse con las corruptelas y el desaguadero de empresas y activos improductivos que paralizan al Estado. Aquellas que serán privatizadas (o devueltas a sus legítimos dueños) deberán recuperarse y contar con un marco jurídico propicio para un retorno satisfactorio, junto a condiciones para su desenvolvimiento exitoso en manos privadas. Otras podrán requerir la supervisión de agencias autónomas, con base en un marco regulatorio diseñado para optimizar su desempeño. Preparar todo esto requerirá de un esfuerzo de auditoría y de conciliación de cuentas que contribuyan con la transparencia necesaria para tomar decisiones que sean acertadas. Debe retomarse y profundizarse, asimismo, la descentralización de la gestión pública y su rendición de cuentas. Donde sea posible, debe promoverse su cogestión con la ciudadanía organizada. El aprovechamiento pleno de plataformas tecnológicas integradas permitirá una gestión ágil, eficiente y abierta, en beneficio de la población y de la recuperación económica.

En fin, el Estado deberá concentrar sus esfuerzos en la producción adecuada de bienes públicos y en la generación de las externalidades positivas que abaraten las actividades de producción, comercialización y financiamiento de bienes y servicios. Sobre esto es mucha la información disponible en la literatura económica, por lo que no tiene sentido insistir en eso aquí. Junto a la superación de los cuellos de botella que resultará de la inyección de recursos mencionada arriba, habrá de incentivar el aprovechamiento acelerado de la enorme capacidad de producción ociosa o subutilizada, dejada por la ruina económica de Maduro. Deberá reactivar también a la inversión, como las compras intermedias y las contrataciones, generando encadenamientos diversos que profundicen y amplíen las transacciones económicas.

A nivel macroeconómico, esto se traducirá en una mayor demanda de dinero, permitiendo, en el marco de políticas fiscales, cambiarias y monetarias adecuadas, la absorción de liquidez, vaciando su presión sobre los precios, incluyendo el de la divisa. Esta remonetización de la economía, hoy en sus niveles históricos más bajos, se expresará en la proliferación del crédito y de medios de pago, esenciales para la recuperación económica. La concertación de apoyo financiero del FMI, habrá de facilitar, además, la reestructuración de nuestra agobiante deuda externa, proveyendo el respaldo para atraer inversiones y créditos de la banca internacional, así como para una mayor integración del intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esto es diametralmente opuesto al ajuste empobrecedor, de Maduro.

Todo esto será posible, como se refirió al comienzo, si se logra contar con ingentes recursos externos. Su concertación, además de sujetarse al saneamiento y fortalecimiento profundo de las instituciones, deberá contar con expectativas de su eventual reembolso o utilidad, conforme a las condiciones negociadas. El único sector con la capacidad de generar ingresos suficientes como para avalar un endeudamiento como el que se estima requerirá Venezuela, es el petrolero. Por tanto, entre las condiciones básicas está el restablecimiento del ordenamiento constitucional y de las garantías para un juego democrático efectivo, lo cual redundará en el levantamiento de las sanciones que hoy lo afectan. Pero, además, requerirá de una formulación y puesta al día de una estrategia ambiciosa para la transición energética en que se ha embarcado el globo, de tal forma de hacer de la industria local competitiva en ese nuevo escenario, capaz de atraer las cuantiosas inversiones que se requerirán para aprovechar parte de los enormes recursos que yacen en nuestro subsuelo.

Lamentablemente, como en otras áreas, el (des)gobierno actual ha exhibido una negligencia criminal al respecto, además de haber saqueado a PdVSA a fondo. Publicaciones especializadas señalan que entre los países que menos han hecho en América Latina, para prepararse para aprovechar las oportunidades de una transición a fuentes energéticas menos contaminantes de carbón, está Venezuela.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Establecer paralelismos entre hechos pasados y la situación actual puede ser útil para reflexionar, pero es imprescindible tomar en cuenta que las circunstancias rara vez son iguales. Sin embargo, siempre hay algo que aprender. Hugo Chávez se vio obligado a renunciar, pero a las pocas horas la misma Fuerza Armada que le solicitó la renuncia lo regresó al poder ante la falta de acuerdos en el sector político y en la institución armada. Nadie se preocupó por realizar la tarea para el día D más uno, aunque sin duda los acontecimientos nos sorprendieron a casi todos. Por ello, es vital la velocidad de respuesta ante acciones del régimen. A pesar de los escollos, Maduro puede ser derrotado electoralmente, pero se requiere el apoyo de toda la oposición al candidato o candidata que seleccionemos. Quien resulte electo deberá seguir contando con ese apoyo. ¿Será esto posible después de tantas descalificaciones, la mayoría relacionadas con aceptar o no la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las primarias?

Nuestros candidatos a las primarias y sus partidos deben evitar descalificar injustamente a sus oponentes, ya que eso perjudica las probabilidades de éxito para derrotar a Maduro. Tildar de colaboracionistas a Capriles, Rosales y Prosperi, por el solo hecho de predicar que las primarias deben ser con la participación de este organismo es injusto y no suma. Tanto Capriles, como Rosales pueden ser criticados por sus inconsistencias en algunas declaraciones o porque no nos gusten sus propuestas o actuaciones, pero ello no los hace colaboracionistas.

A Carlos Prosperi lo han masacrado por las redes por haber declarado que Maduro no es tirano, ni dictador. Podemos entender que, al estar en Venezuela, se expondría a ser encarcelado caso de decir que sí lo es, pero fue una declaración infeliz. Le faltó experiencia.

Rausseo también acepta al CNE, pero tiene en su contra el haber declarado que “no sabe si en Cuba hay una dictadura debido a que no vive allí “, respuesta que evidencia, entre otras cosas, que no quiere quedar mal con Maduro; además, su jefe de campaña deja mucho que desear y solo tiene como credencial sus chistes vulgares. Por sus declaraciones poco sensatas, la candidatura de Ecarri es poco atractiva para muchos.

Andrés Velásquez, Delsa Solórzano y María Corina Machado están opuestos a la participación del CNE. Velásquez ha sido muy consistente en sus declaraciones. Delsa ha insistido en denunciar las violaciones a los derechos humano. César Pérez Vivas ha dicho que participará con o sin el CNE. Roberto Enríquez ha sido prudente, instando a los precandidatos a bajarlo dos al tema. La valiente María Corina es quien está más de frente contra la participación del CNE. Tiene algunos puntos válidos que podría esgrimir sin necesidad de descalificar a quienes piensan lo contrario. Su discurso agresivo atrae, pero a mediano plazo puede pasarle factura. Es positivo que ABP decidiera apoyarla.

Ante el retiro de Guaidó, hubiese sido deseable que Voluntad Popular apoyara un candidato fuera de sus filas. Al parecer, Andrés Caleca anunciará que participará en las primarias. Tiene buen nombre. Ha insistido en que el factor crítico es contar con los testigos. Los partidos y candidatos con baja probabilidad de ganar deberían endosar a quienes tienen más opción. Lo ideal sería acudir a primarias con dos o tres candidatos.

Repetimos que hubiésemos deseado que no nos embarcáramos en unas primarias que serán torpedeadas por el régimen y por algunos opositores. Desde luego que se entiende que los ciudadanos quieran elegir a su candidato para enfrentar a Maduro, pero quizá era preferible seleccionar a un venezolano con credenciales reconocidas, que no tenga mucho rechazo y que no divida a la oposición. Si los chilenos que enfrentaron la dictadura de Pinochet se hubiesen inclinado por las primarias, en lugar de seleccionar por consenso a Patricio Aylwin, el resultado probablemente hubiese favorecido a Bucchi, candidato del oficialismo.

Consumado el hecho, no tenemos duda de que hay que respaldar las primarias. Esperemos que la Comisión Nacional de Primarias tome la mejor decisión y apoyémosla, aunque podamos no estar totalmente de acuerdo. Un fracaso de las mismas sería un triunfo de Maduro. No es descartable que alguien decida postularse sin pasar por ese filtro. Ello es respetable, pero debe considerar si en ese caso lograría el apoyo de las otras toldas políticas, lo cual es necesario para ganar, para tener testigos en todas las Mesas electorales y, posteriormente, para gobernar. Si no tenemos testigos es seguro que la estructura del partido de gobierno podrá operar a voluntad las máquinas de votación, tal y como ha hecho en el pasado.

La tarea es ser comedidos, lograr el éxito de las primarias, unidad para sortear las trampas y ventajismo del régimen para poder derrotarlo, así como para gobernar con cierta estabilidad. Este último punto es importante debido a que el nuevo gobierno estará sometido a infinidad de problemas y presiones.

Como (había) en botica:

“Se mataron entre sí, y dieron muestras de estar poseídos del odio más enconado. ¡Ni le compren, ni le vendan!”. Esto se vivió en un país que hoy superó esos odios y es ejemplo de civilidad. No fue en ninguno de nuestros países en los que han proliferado las dictaduras y el militarismo. Fue en Costa Rica, en 1948 (tomado del libro El 48, de Miguel Acuña).

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

16 de mayo 2023