¿Huevos fritos? Quizás no... ¿Y por qué no hacemos un pescado o unas papas fritas?

La respuesta a esa pregunta se está volviendo cada vez más difícil en la medida que los precios de los aceites vegetales —y especialmente el de girasol— han escalado tan alto que se han vuelto un lujo en la cocina.

Tan alto, que algunos consumidores se quejan y también se ríen en las redes sociales con mensajes como "vendo camisa con manchas de aceite".

En Chile, por ejemplo, es más barata una botella de pisco (la bebida alcohólica más común en el país), que una de aceite en algunos supermercados.

Y en México es el producto cuyo precio más ha aumentado dentro de la canasta de alimentos que mide el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

En Reino Unido, España, Italia o Alemania se han aplicado políticas de racionamiento, con algunos supermercados poniendo un tope de compra de entre uno y tres litros por persona al día.

Junto al racionamiento, es cada vez más común encontrarse con estanterías vacías.

El problema no es solo que ha subido de precio, sino que en algunos negocios simplemente no hay.

El "oro líquido"

La escalada en los precios de los combustibles y los alimentos ocurre en el contexto de una inflación rampante que afecta a todo el mundo, impulsada principalmente por la guerra en Ucrania y los efectos económicos que ha dejado la pandemia de covid-19.

Tanto se ha disparado el valor de los alimentos en el mundo que organismos internacionales han advertido sobre un aumento del hambre en los países más pobres.

Además de otros productos alimentarios como el trigo, el maíz, o la soja —que han alcanzado precios impensables— el aceite es uno de los más afectados.

A nivel mundial el valor de los aceites vegetales ha aumentado 46,5% en los últimos 12 meses, según el Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Inflación en América Latina: los productos cuyo precio se ha disparado (y por qué la vida está "tan cara" en la región)

En América Latina la inflación del aceite en el último año cubre un rango muy amplio que va desde un 9% en Bolivia, a más de 60% en países como Costa Rica.

El precio del ahora llamado "oro líquido" que se vende en los supermercados chilenos como "aceite vegetal" aumentó 67% entre enero y abril de este año, según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), mientras que el aceite de girasol (también conocido como aceite de maravilla) subió 63,6%.

En países como Colombia y México el incremento se ubica alrededor de un 40%, mientras que en otros como Guatemala, Panamá o Ecuador, la subida ha sido —en promedio— superior al 20%.

También los ecuatorianos se han volcado a las redes sociales para expresar su malestar por la botella de un litro a US$6 en algunos comercios.

Esos son valores estimados que intentan reflejar un promedio de los aumentos en distintas partes de un país, pero, sin duda, el alza dependerá del barrio, la ciudad, el supermercado y la marca del aceite.

Una mirada al precio en dólares de un litro de aceite vegetal según los datos enviados por algunos corresponsales de BBC Mundo puede ayudar a hacerse una idea del costo del producto en relación al salario mínimo en algunos países.

El aceite de girasol y la guerra

Entre todos los aceites vegetales disponibles en el mercado, el que más escasea y, por lo tanto, más ha subido de precio, es el de girasol.

Conocidos como "el granero de Europa", Ucrania y Rusia concentraron el 71% de las exportaciones de aceite de girasol el año pasado, según la empresa especializada en análisis del mercado global del aceite ISTA Mielke GmbH, con sede en Hamburgo, Alemania.

Con la guerra el suministro ha bajado a niveles mínimos, un problema que se suma a la decreciente producción de los últimos años que ya tenía al mercado en aprietos.

"Una gran preocupación"

Alejandro Betancourt, experto en aceites de ISTA Mielke GmbH, dice que la producción mundial de aceites vegetales se redujo en los últimos años.

Los precios de los cuatro principales aceites —girasol, palma, colza (canola) y soja— "se han triplicado desde 2019".

Esta situación empeoró en los últimos dos meses, le dice a BBC Mundo, debido a la guerra en Ucrania y a una fuerte disminución en las exportaciones de aceite de palma, tanto por una menor producción como por las restricciones a las exportaciones impuestas en Indonesia.

"Hay una gran preocupación por la inflación de los precios de los alimentos y el agravamiento de la oferta alimentaria", apunta.

"La triple crisis"

Y el futuro no se ve, por ahora, muy alentador, explica Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales.

El mercado del aceite "no tiene perspectiva de estabilizarse. Tenemos que prepararnos para al menos dos años de precios elevados" desde el momento en que termine la guerra, le dice a BBC Mundo.

La situación es compleja porque han confluido varias causas para el aumento actual de los precios, más allá de las sequías que han estado afectando la producción global.

Por un lado, la salida de la pandemia incrementó el consumo de aceite y la guerra en Ucrania disminuyó la oferta.

Pero hay otro elemento en juego, explica, que es fundamental: una alta demanda de aceites vegetales para usarlos en la industria de los biocombustibles.

"Es una triple crisis por la pandemia, los biocombustibles y la guerra", sostiene Idigoras.

16 de mayo 2022

BBC

https://www.bbc.com/mundo/noticias-61387963

ORTEGA Y GASSET

José Ortega y Gasset fue un filósofo y escritor ensayista español, nacido en Madrid, España, en 1883 y cuyo fallecimiento ocurrió en la misma ciudad en 1955. El filósofo en sus notables escritos propone una nueva forma de entender el uso de la razón para comprender debidamente la vida y la historia del ser humano. Entre sus obras más importantes destacan Meditaciones del Quijote, El tema de nuestro tiempo, Apuntes sobre el pensamiento, Estudios sobre el amor y La Rebelión de las masas, esta última escrita en 1930. En sus meditaciones sobre El Quijote dice: "Yo soy yo y mis circunstancias", queriendo decir que el hombre tiene una responsabilidad directa para plantearse la necesidad de cambiar sus viejos modelos conductuales, como ente espiritual y humano y como parte del contexto familiar y social.

En la Rebelión de las masas, quizás la más conocida de sus obras y traducida a más de veinte lenguas, se refiere al triunfo de la vulgaridad a manos del hombre-masa que la sitúa por encima de todo, como no correspondiendo a razones y posee todos los poderes."Él se lo guisa y él se lo come". Es sin lugar a dudas un libro muy denso en su contenido sustantivo que todo político debe leer y estudiar. En la Rebelión de las masas, el filósofo afirma: "Hay un momento en la historia de los países en crisis en que los extremos se encuentran". En atención a lo dicho por el escritor, nuestro país está en la causa, en crisis, más no en lo que ella debe provocar que es el encuentro de los extremos. Nuestra crisis no es nueva, llevamos más de quince años soportándola y es general: crisis política, económica, social cultural y lo que es más grave moral en todas las esferas oficiales. Podemos hablar con propiedad de crisis integral, todo, absolutamente todo está en crisis. De esta manera todos conocemos la crisis, la conoce la oposición y también el régimen que busca ponerle careta y edulcorarla y en muchos casos negarla y atribuir los males a extraños, nunca a ellos. Para que los extremos se encuentren, no solamente es saber de la existencia de la crisis, es también tener ganas y voluntad de superarla y en este sentido la dirección de la oposición siempre ha estado dispuesta a dialogar, hablar y llegar a acuerdos, es el régimen que no desea diálogo y cuando él se inicia lo interrumpe de manera intempestiva por razones íntegramente subalternas que ni siquiera deben considerarse. Para llegar a acuerdos se requiere que las partes tengan como primordial el alto y sagrado interés nacional apartando los sectoriales o individuales. La oposición ha planteado en reiteradas oportunidades la celebración de elecciones generales adelantadas para iniciar la reinstitucionalización del país y empezar las innumerables correcciones en la conducción de la República. Esto no lo acepta el régimen a pesar de habérsele dado todas las garantías y con el afán desmedido y ya grosero del régimen de permanecer en el poder para siempre, no es posible acuerdo.

El régimen se presenta de mil maneras ineficaz, torpe y sin ninguna capacidad para manejar la crisis, fueron buenos, muy buenos creándola; pero malos, muy malos para resolverla, al contrario, adopta medidas que contribuyen a profundizarla.

En este lamentable y preocupante escenario estamos, viendo y sufriendo la gigantesca crisis sin que los extremos se encuentren y todo por culpa de uno de ellos, el régimen, que no cede para encontrar la salida en paz y civilizadamente.

Sino se encuentran cuanto antes los extremos y se acuerdan, vendrá una rebelión de las masas totalmente fuera de todo control que se llevará por delante todo lo que encuentre, régimen y dirección de oposición, cuyas consecuencias son impredecibles y casi siempre penosas y lamentadas por siempre.

Sigo apostando al diálogo y al entendimiento como vía civilizada para resolver el enorme conflicto en que estamos y ruego a Dios Padre Eterno le transmita luz al régimen que lo saque de las tinieblas y lo haga reflexionar.

15 de mayo 2022

¿RESIGNACIÓN Y RENDICIÓN?

Recientemente la doctora Psiquiatra Rebeca Jiménez, especialista en Neuroinmunología y Medicina Cuántica , concedió una entrevista al diario "El Nacional" en la que afirma que "En un poco más de un año el venezolano ha modificado su estado emocional, de la rabia pasó a la resignación o estar afectado por el síndrome de Burn-out (cohete quemado o pérdida de motivación para involucrarse creativamente), generado por el estrés que implica cansancio y rendición no sólo ante la crisis económica , sino también ante el deterioro de los servicios públicos". Afirma la profesional que esa modificación la ha causado el régimen. Ella sostiene que el venezolano está en "Ya no puedo más", por lo que recomienda a todos mantenernos activos a punta de solidaridad. Ella dice que a nosotros "nos han desmontado emocionalmente como lo hicieron con el Estado y no nos hemos dado cuenta de eso". Creo que efectivamente este régimen a cambiado nuestro estado emocional, pero lo que no comparto es que seamos "cohete quemado", que estamos resignados y rendidos. Existe en nuestro espíritu y venas mucha pólvora para enfrentar con éxito este desafío en el que estamos, mucho ánimo y voluntad para salir de este régimen totalitario y empezar la construcción del país que todos anhelamos. Inexplicablemente aún no hemos reaccionado, lo hemos debido hacer hace mucho tiempo y ello si debe ser digno de estudio y consideración. A lo mejor nos hace falta una voz, un liderazgo que encienda nuestros corazones de esperanza y optimismo y convoque a la lucha en la calle hasta conquistar los objetivos. La pólvora la tenemos, hace falta la llamarada que la encienda.

En este tiempo continúa el proceso diseñado por el laboratorio que tiene montado el régimen, donde laboran cubanos, rusos, israelitas y fundamentalistas orientales, para penetrar la mente de los ciudadanos y transformarnos en cosa que pueden manejar a su antojo. Una de ellas es crear condiciones cada vez más estrechas para desenvolvernos y estar de manera exclusiva entregados a la supervivencia y apartados de valores ciudadanos como la libertad y la democracia.

Dice la Psiquiatra que "en estos momentos estamos en punto crítico en el que para subsistir como entidad biológica tenemos que enfocar toda la atención en sobrevivir " y con ello nos olvidamos o postergamos sentimientos que nos unen a la suerte de la Patria. Hemos perdido lo que teníamos a diario como normal: el agua, la luz, el gas, la gasolina y el transporte, lo que significa un caos en nuestra vida cotidiana.

Estamos en presencia de un régimen totalitario y populista con un programa muy bien definido de sometimiento ciudadano.

Es verdad que el régimen ha tratado de mellar nuestra autoestima para dejarla indefensa, pero no lo ha logrado y no lo logrará. Creo que en el venezolano existe suficiente reserva espiritual y moral para superar este horror en que nos encontramos que pretende ningunearnos y transformarnos en robots. Creo no hemos perdido los mecanismos de defensa, solo lo tenemos postergado en estado de espera y deseo que cuanto antes se dispare con todas sus fuerzas. Entiendo que la prioridad es subsistir pero al lado de ello o con ello hay que potenciar el amor por la Patria y nuestros hijos y nietos dónde encontraremos suficiente energías para continuar en la lucha hasta alcanzar los objetivos que son la salida radical de lo que tenemos y empezar la construcción del país deseado con progreso, bienestar general y felicidad donde nuestra preocupación sea vivir y no sobrevivir.

16 de mayo de 2022

LA REBELIÓN DE LAS MASAS

En nota anterior escribí sobre Ortega y Gasset de manera somera, sobre su extraordinaria y excelente obra "La Rebelión de las masas" y muy puntualmente sobre lo afirmado por el filósofo en cuanto a que la historia de los pueblos en crisis recoge momentos en que los extremos se encuentran; lo hice con mucha brevedad, como una nota lo permite. Ahora, como despertó mucha opinión, deseo agregar algo sobre este sustantivo texto: Es la obra más conocida del autor y en ella busca explicar la sociedad que le toca vivir. José Ortega y Gasset desarrolla en la Rebelión de las masas una de las ideas primordiales de su pensamiento: El hombre-masa, que es una de las contribuciones más relevantes que nos deja y aporta a la historia de la filosofía occidental.

El hombre-masa, según el escritor, es el hombre de su tiempo, conformista, al que la vida le parece fácil, que se siente en control de la realidad que le rodea y que no se somete a nada ni a nadie. Es un individuo egoísta en el que su máxima preocupación es él mismo y solo él. Este también es el hombre del siglo XXI, preocupado por las tendencias y las apariencias, poco o nada profundo. El hombre-masa sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la grosería y se niega a reconocer instancias superiores a él.

El filósofo español dedica buena parte de su argumentación a la imposición de la masa sobre el total de la sociedad , ya que esta masa alocada no ve más allá de sí misma, no respeta nada y hace todo por imponerse. La masa ya no va detrás, ahora se hace colocar en la cabeza. "El ejército humano está integrado por solo Capitanes".

Hoy día podría decirse que la situación de ha acentuado y generalizado hasta tal punto que todo el mundo opina, cualquier individuo opina, o mejor dicho, impone su opinión sobre cualquier materia o asunto, con conocimiento o sin él. El hombre-masa es especialista en todo y se siente siempre en posesión de la verdad, que es su verdad.

A lo largo del siglo XX la filosofía muestra un creciente interés por el estudio del individuo como realidad social, como elemento integrante del todo y que es centro del todo, de la masa. Los autores estudian la influencia de la sociedad sobre el hombre y próximamente veremos sus conclusiones. Los pensadores alemanes de la Escuela de frankfurt, en línea con las predicciones de Ortega y Gasset, afirman que la industria de la cultura ha acomodado y estandarizado todo el arte. Debido a esto, ha ahogado la individualidad y destruido el pensamiento crítico.

Si todo apunta a que nos hemos vaciado, a que el Estado, los medios de comunicación social y la sociedad de masas han absorbido a la persona como entidad individual, debemos preguntarnos ¿Qué nos queda?, ¿Para qué servimos?.

La Rebelión de las masas fue escrita durante la aparición de los fascismos y de los comunismos, algo que no debemos ignorar y que el autor tanto criticó duramente.

Al final podemos deducir que "El hombre-masa no ha aprendido lo que la historia registra y lanza revoluciones sociales y políticas condenadas al fracaso porque no escucha y no aprende, siempre tropezara con la misma piedra, pero él es como el sapo, no se cansa de darle cabezazos a la pared.

Escuchar y aprender es de gente inteligente y con voluntad de servicio, por ello, la dirigencia opositora debe escuchar con mucha atención lo que el pueblo,pide a gritos: UNIÓN, UNIÓN Y MÁS UNIÓN. Si queremos salir cuanto antes del horror en que estamos que pretende masificarnos para doblegarnos y manejarnos a su antojo, nuestro impostergable deber es UNIRNOS.

Si usted por casualidad conoce a alguien o a muchos hombres-masa, que siempre tienen la razón y la imponen a la fuerza, que no les importa el bienestar del país ni de sus residentes, que parecen disfrutar con el colapso de los servicios públicos, que no respetan normas, ni leyes ni Constitución, que sintiéndose vulgares proclama la grosería, que se sienten el centro de todo y están vacíos por dentro, que se preocupan por obtener dinero fácil y como si fuera poco persiguen y hostigan a quienes disienten, tenga mucho cuidado porque eso es contagioso. Si los tienen muy cerca e influye en su vida, trate de quitárselo de encima cuanto antes y si lo hacen todos juntos mejor, porque en corto tiempo se logra el objetivo.

17 de mayo 2022

Resumen

La Federación Rusa desplegó en las fronteras de Ucrania una concentración numerosa de fuerzas militares de alta disponibilidad, dotadas de equipamiento moderno, con experiencia de combate y respaldadas por sólidas doctrinas operativas. A la formidable maquinaria militar convencional se añadía su superioridad en los dominios informativo, espacial y cibernético. Dos meses después de la invasión, y contra todo pronóstico, el presunto poder militar ruso se ha visto incapaz de arrollar a las fuerzas ucranianas que se han defendido con determinación y aprovechado la asistencia militar que han recibido. En lo que ahora se prevé que va a ser un conflicto de larga duración, las primeras lecciones muestran que en Occidente se había sobreestimado la capacidad militar de Rusia, que sus debilidades exceden a sus virtudes y que sólo las armas nucleares sustentan su capacidad de disuasión.

Análisis (del día antes)

Rusia ha modernizado sus fuerzas terrestres en los últimos años, lo que le ha permitido pasar de un ejército de masas a otro más ligero y operativo, la profesionalización de las dos terceras partes de sus soldados, la integración de la cadena de mando y mejoras en las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.[1] Las unidades de maniobra rusas siguen siendo las brigadas y regimientos, pero en los últimos años se han ido creando agrupaciones de combate tipo batallón (Battalion Tactical Group, BTG), dentro o independientemente de las anteriores, para combinar diversas armas en función de la misión asignada.[2]

También se han reforzado las unidades de despliegue rápido de las unidades terrestres, aerotransportadas y navales para actuar por delante de las vanguardias acorazadas y mecanizadas que soportan el grueso de las operaciones. Finalmente, Rusia dispone de capacidades de guerra electrónica, informativa y cibernética que complementan las capacidades convencionales para desarticular los sistemas de mando y control y defensa antiaérea de los rivales.

En la estrategia militar rusa de defensa activa prima la defensa y sus fuerzas se escalonan en profundidad dentro de las fronteras rusas, por lo que para llevar a cabo una acción ofensiva necesita acumular fuerzas en ellas.[3] Rusia acumuló alrededor de 190.000 soldados sobre sus fronteras en los meses previos a la invasión, aunque 50.000 correspondían a las milicias del Donbás y a la Guardia Nacional (Rosgvardiya). No era la primera vez que Rusia desplegaba un número elevado de fuerzas porque en 2014, en vísperas de su anexión de Crimea, ya desplegó 48.000 efectivos en torno a Ucrania y, en marzo de 2021, llegó a desplegar casi 100.000 soldados en las maniobras con Bielorrusia, un despliegue que encendió la alarma del Mando Estratégico de EEUU en Europa (EUSCOM). A la acumulación de las tropas hay que añadir las del personal civil y fuerzas de ocupación cuya presencia evidenció la inminencia de una invasión.

Durante todo el período señalado se reforzaron las infraestructuras de apoyo y adiestramiento en los territorios ruso, bielorruso o ucraniano, se preposicionaron equipos y suministros y, finalmente, fueron llegando las tropas y las unidades. La amplitud del despliegue ruso le permitía invadir en varios escenarios,[4] desde el menor y localizado del Donbás hasta el de una invasión a gran escala y a lo largo de toda la frontera.

Frente a ellas, se encontraban las fuerzas ucranianas con unos 145.000 efectivos ya que no efectuaron una movilización general para no dar a Rusia la excusa que justificara su invasión. Estás fuerzas han recibido asistencia técnica militar y equipos durante los últimos años y han adquirido experiencia de combate en el Donbás, pero no estaban adiestradas ni disponían de las capacidades necesarias para llevar a cabo acciones ofensivas a gran escala. Desplegaron su esfuerzo principal de defensa en torno a la capital para prevenir su caída, ya que constituía el centro de gravedad de la resistencia ucraniana: cayendo la capital se acabaría la guerra. Apenas pudieron reforzar sus posiciones sobre la línea de alto el fuego en el Donbás, esperando que pudieran retrasar el avance de las fuerzas rusas y de las milicias con los medios disponibles, y no desplegaron fuerzas para defender la frontera con Crimea.

La escalada militar rusa se ocultó mediante una campaña de desinformación orientada a soliviantar a la población afín en Ucrania contra el gobierno de Kyiv y a movilizar a la población rusa y rusófona ante la amenaza “fascista” o “nazi”, entre otros calificativos reeditados recientemente.[5] En las vísperas de la invasión, la desinformación rusa trató de negar la inminencia de su intervención militar y de presentar a Ucrania como agresores fabricando provocaciones que justificaran un casus belli, mientras que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos desvelaban por anticipado las intenciones rusas y acreditaban la invasión.[6]

Ejecución (hasta ahora)

La invasión se produjo a gran escala y con la capital Kyiv como el principal objetivo estratégico. Siguió el guion previsto: una irrupción masiva de unidades acorazadas y mecanizadas precedidas de operaciones de las unidades de intervención rápida acompañadas, todas las anteriores, de una oleada de ataques con misiles de crucero, balísticos y guerra electrónica.

El asalto a la capital se realizó con rapidez y las vanguardias alcanzaron los suburbios en apenas 48 horas, pero su avance se frenó cuando encontraron resistencia armada en zonas urbanas. Las unidades de vanguardia no disponían de artillería ni de fusileros suficientes para desalojar las posiciones de defensa. Tampoco tuvieron éxito los asaltos de las fuerzas aerotransportadas y de operaciones especiales para facilitar la progresión de las columnas acorazadas. El frenazo de las vanguardias congestionó las rutas de aprovisionamiento y las columnas rusas quedaron expuestos a la artillería ucraniana y al hostigamiento de las fuerzas especiales.

La esperada superioridad aérea rusa no consiguió suprimir las defensas antiaéreas ucranianas. Su supervivencia, unida a la disponibilidad de misiles antiaéreos portátiles llegados de Occidente acabó por neutralizar la limitada capacidad de apoyo aéreo a tierra de la aviación rusa. El frente se estabilizó, primero, y los intentos de cerco posteriores no pudieron materializarse, después, por lo que las líneas de suministro militar y no militar a Kyiv siguieron abiertas durante todo el conflicto. La situación fue distinta en el sur, donde las tropas rusas procedentes de Crimea avanzaron sin encontrar resistencia significativa, salvo en Mariúpol, para avanzar hacia el este y conectar con las milicias prorrusas.

La guerra electrónica se ha empleado profusamente por ambas partes. Tras las primeras acciones rusas para interferir las comunicaciones y desactivar las defensas antiaéreas, su utilidad fue disminuyendo a medida que los sistemas de guerra electrónica rusos no pudieron acompañar a las vanguardias para no correr riesgos en medio de la confusión existente en el atasco.[7] Las fuerzas ucranianas habían recibido asistencia técnica y material occidental en los años previos a la segunda invasión y, probablemente, la siguieron recibiendo tras la misma, aumentando su capacidad para dañar o interferir los sistemas de comunicación y navegación rusas, así como dificultar su capacidad para adquirir inteligencia sobre las posiciones y movimientos ucranianos, lo que puede explicar la confusión, la imprecisión y la exposición de los puestos de mando y de los propios mandos observados durante el enfrentamiento.

Las tropas rusas han evidenciado problemas logísticos. Algunos son achacables al atasco de tráfico de los primeros días, pero otros a problemas estructurales como la debilidad del apoyo logístico para funcionar fuera de sus fronteras. Las fuerzas rusas no tienen capacidad ni experiencia en la proyección de poder militar a grandes distancias o en grandes operaciones, salvo las que realizan por el interior de su territorio aprovechando las líneas de ferrocarril. No contando con una logística avanzada ni disponiendo sus unidades de maniobra de la suficiente autonomía: tres días en unidades como los BTG, su capacidad de avance se redujo a medida que se alejaron de sus bases de partida.

Aunque los medios de comunicación han creado en el imaginario colectivo la creencia de que las fuerzas ucranianas han conseguido rechazar la invasión mediante una suerte de guerra de guerrillas con emboscadas o acciones individuales dotadas con los medios anticarro o antiaéreos portátiles, la realidad muestra que la artillería ucraniana es la responsable de la mayoría de los daños sufridos por las fuerzas invasoras gracias a la centralización del mando y a la disponibilidad de inteligencia sobre la ubicación de los blancos.[8] Ambas fuerzas cuentan con gran capacidad artillera, incluyendo una variedad de obuses, morteros y lanzacohetes con un saldo favorable, pero no abrumadoramente a Rusia: 4.894 frente a 1.818 según datos del Military Balance de 2022. Las fuerzas rusas también han empleado su artillería con eficacia frente a las defensas ucranianas, pero no han sabido traducir su capacidad su superioridad numérica en superioridad táctica debido a su menor conocimiento de los blancos, a la dificultad de las tropas de asalto para progresar y a su utilización masiva para batir objetivos civiles.

Los drones han tenido una puesta en la escena mediática relevante, y han demostrado su letalidad en sus ataques a carros, buques, líneas de suministro y artillería, además de proporcionar inteligencia e imágenes de las acciones militares para propaganda.[9] Los drones rusos también han cumplido esta función, pero no han tenido hasta ahora la relevancia táctica que tuvieron en 2014 porque disponen de medios alternativos que no emplearon entonces.

También se esperaba que Rusia lanzara ciberataques masivos sobre Ucrania para dificultar su capacidad de reacción. En los meses previos los atacantes accedieron a las redes de información para facilitar los ciberataques posteriores y obtener información de interés militar. A partir de enero los ciberataques acompañaron a la presión diplomática y crecieron en intensidad hasta el día antes de la invasión en la que se multiplicaron los ataques contra los sistemas gubernamentales, las comunicaciones y los sectores financiero y energético. Los ciberataques han sido más intensos en las zonas como Kyiv y el Donbás, donde ha sido mayor la intensidad de los combates,[10] pero no han demostrado que su valor como instrumento estratégico, operativo o táctico sea similar al de sus fuerzas convencionales, sea porque todavía no se han integrado en sus elementos ofensivos o por la resiliencia de las fuerzas ucranianas. Por otra parte, hay que añadir la asistencia de compañías privadas durante la guerra: Microsoft en materia de ciberseguridad, pero también Starlink en comunicaciones e Internet por satélite y Maxar, Planet y BlackSky en imágenes, entre otras.

La conducción de las operaciones en esta fase depara un saldo favorable para los mandos ucranianos, que han aprovechado la asistencia técnica occidental de los últimos años para mejorar su capacidad de mando, control, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como sus comunicaciones. Por el contrario, los mandos rusos no han demostrado capacidad para dirigir operaciones a gran escala ni para sacar partido a sus capacidades conjuntas, en contra de las expectativas de integración creadas por su intervención en Siria y por la multiplicación de las grandes maniobras en su periferia. La desinformación (maskirova) que acompaña a las acciones militares tuvo el efecto no deseado de desorientar a muchos de los mandos y unidades rusos que hasta el día antes creyeron que se encontraban de maniobras y no pudieron estudiar los planes de operaciones con la suficiente antelación. La centralización en abril del mando de la operación en un comandante único tras la retirada de Kyiv refleja la voluntad del Kremlin de evitar que en el Donbás se repitan los errores señalados.[11]

Por último, las fuerzas ucranianas que se habían mantenido en actitud defensiva en torno a las grandes ciudades y en la línea de contacto del Donbás, llevando a cabo sólo pequeñas ofensivas localizadas para aprovechar la retirada de las tropas rusas, han adoptado una actitud más asertiva a partir de mayo. Una vez reducido el teatro de operaciones al sureste del país, y en lugar de reforzar sus posiciones defensivas, las tropas ucranianas han llevado a cabo ofensivas a mayor escala en torno a Járkov e Izium, lo que muestra un cambio de actitud en el mando ucraniano y una mayor confianza en sus posibilidades.[12]

Conclusiones (para el día siguiente)

El resultado de la invasión hasta ahora es muy distinto de lo que daba a entender el balance de fuerzas inicial sobre el papel. Las fuerzas armadas rusas han demostrado que carecen de los medios y la capacidad necesarios para alcanzar una victoria rápida, por lo que se preparan para una nueva fase en la que deben reponer las pérdidas sufridas y adaptar su nivel de ambición a los recursos disponibles. Todavía no se conocen objetivamente las bajas y pérdidas de cada uno de los bandos, pero algunas estimaciones cifran las bajas rusas entre 7.000 y 14.000,[13] a los que habría que añadir el doble de heridos, con lo que las unidades rusas tendrían que reponer entre 21.000 y 42.000 efectivos, entre el 15% y el 30% de las tropas terrestres que iniciaron la invasión.[14] Del mismo modo, las pérdidas de medios acorazados, vehículos y helicópteros son elevadas en ambos bandos,[15] así como la de los miembros de las fuerzas de despliegue rápido y operaciones especiales.

Las mejores agrupaciones rusas (BMG) se nutren de voluntarios y su reposición retrasará las operaciones porque Rusia carece de reservistas y los voluntarios recién llegados necesitarán tiempo para adiestrarse en sus nuevas unidades. Además, la ocupación territorial (“borderización”) incrementará la demanda de personal para asegurar el control de la población en las poblaciones ocupadas y desplegar fuerzas sobre las líneas de contacto.[16] Alterar el sistema de reclutamiento actual, reduciendo los requisitos para ser voluntario o alargando el licenciamiento de los reclutas, no parece que pueda solucionar el problema ruso y la opción de movilización general obligaría a reconocer la existencia de una guerra en lugar de una “operación militar especial” y abriría un debate interno de contestación. Por el contrario, las fuerzas ucranianas disponen de mayores reservas de personal que Rusia, en torno a 900.000, además de los 196.000 activos menos las bajas recibidas. a los que se unieron 16.000 voluntarios internacionales que han sido de escasa utilidad militar.[17]

Reponer las existencias de municiones y suministros presentará menos dificultades porque la logística rusa se realizará a través de territorio ocupado, pero será mucho más difícil reponer equipos y municiones de alta tecnología porque dependen de componentes tecnológicos occidentales y –curiosamente– ucranianos afectados por las sanciones. La escasez de misiles o de municiones guiadas de precisión para alcanzar blancos en profundidad afectará a su capacidad para estrangular las líneas de aprovisionamiento logístico por las que fluye la asistencia occidental y aumentará la atricción causada por las municiones convencionales en el frente de combate. En la nueva fase militar, tan importante como la llegada de refuerzos propios es la intercepción de los que llegan al otro bando y, en este cometido, las fuerzas rusas no se han mostrado eficaces, aunque a partir de abril han intensificado sus ataques con misiles en profundidad sobre las infraestructuras ucranianas por las que circula la asistencia occidental.

Las fuerzas armadas ucranianas también precisarán tiempo para reconstituir su capacidad militar a pesar de la ayuda militar que puedan recibir, y mientras puedan recibirla. Para lograrlo, han solicitado a sus proveedores la entrega de artillería de mayor alcance, calibre y movilidad (remolcada) para potenciar el rendimiento que le ha proporcionado su empleo hasta ahora a nivel táctico.[18] El envío de material se enfrenta no sólo al riesgo de interceptación en algún punto del flujo logístico, sino también al agotamiento de los envíos porque los ejércitos occidentales no pueden vaciar sus inventarios de guerra, ya que necesitan preservar niveles mínimos para cubrir necesidades de guerra y adiestramiento, y porque la reposición de los equipos y municiones enviados puede demorarse varios años desde su pedido. Estas limitaciones afectan más a los equipos sofisticados y de última generación que se han enviado hasta ahora, los menos, que al material de reserva y de protección, los más, pero ahora el suministro de armas se complica por el riesgo de escalada que supone el envío a Ucrania de armas que Rusia pueda considerar ofensivas, que desequilibren la batalla o que impliquen la participación directa en la guerra de los países que apoyan a Ucrania.

Las fuerzas ucranianas y las milicias del Donbás han mantenido una guerra de trincheras sobre la línea de alto el fuego desde 2014 que ninguna parte ha sido capaz de alterar por la fuerza. La presencia de tropas rusas podría alterar este patrón, pero también la llegada del nuevo equipo occidental porque la combinación de artillería y drones de mayor alcance aumentará la atricción que las concentraciones de tropas, los puestos de mando y las baterías rusas han padecido hasta ahora. En una guerra de desgaste lo que cuenta es la capacidad de aguante y aunque Ucrania cuenta con la ayuda económica y militar de esos aliados occidentales, estos no pueden reponer sus pérdidas de soldados y la ayuda económica y militar se resentirá con la prolongación del enfrentamiento. El alargamiento de la guerra agravará el coste para Ucrania, y al coste de la reconstrucción de las infraestructuras dañadas habrá que añadir el de las que se sigan dañando.

Para las fuerzas armadas occidentales, la lección aprendida es que las fuerzas armadas rusas no son tan poderosas –o competentes– como se creía para penetrar las fronteras de la OTAN, tal y como temían los países bálticos en 2014, aunque deberán contrarrestar la eficacia de sus misiles de crucero, balísticos e hipersónicos y no menospreciar su predisposición a utilizar armas nucleares tácticas. El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN deberá aplicar esas lecciones para defender una frontera ampliada que irá desde el Ártico hasta el Mar Negro, así como coordinar sus actuaciones para desgastar la capacidad militar rusa por todos los medios económicos, tecnológicos y militares posibles para evitar que un presidente ruso o sus asesores cometan en las fronteras de la Alianza los mismos errores de cálculo sobre la correlación de fuerzas que han cometido en Ucrania.

[1] “The Future of the Russian Military”, Rand Corporation, 2019.

[2] Estas agrupaciones constan de unos 800 efectivos procedentes de cualquier arma o servicio. Véase Lester W. Grau y Charles K. Bartles (2022), “Getting to know the Russian Battalion Tactical Group”, RUSI Commentary, 14/IV/2022.

[3] Scott Boston y Dara Massicot, “The Russian Way of Warfare”, RAND Corporation.

[4] Philip G. Wasielewski y Seth G. Jones (2022), “Russia’s possible invasion of Ukraine”, CSIS Briefs, enero.

[5] Nash Miller (2022), “Adaptive Russian information warfare in Ukraine”, Russian Analytical Digest, nº 282, 12/IV/2022.

[6] Ofek Riemer (2022), “Intelligence and war in Ukraine. The limited power of public disclosure”, INSS Insight, nº 1577, 27/III/2022.

[7] Jack Watling y Nick Reynolds (2022), “Operation Z. The death throes of an imperial delusion”, RUSI Special Report, 22/IV/2022, p. 4.

[8] Ibid., p. 4.

[9] Entre los recién llegados figuran los turcos Bayraktar TB2 y los estadounidenses Switchblade, a los que se añaden ahora los Phoenix Ghost, pero Ucrania dispone de una flota de drones de fabricación nacional integrada en sus unidades de maniobra.

[10] Digital Security Unit (2022), “Special report: Ukraine. An overview of Russia’s cyberattack activity in Ukraine”, Microsoft, 27/IV/2022.

[11] Jack Detsch (2022), “Russia’s new top Commander in Ukraine is willing to sell his soul”, Foreign Policy, 12/IV/2022.

[12] Institute for the Study of War (2022), “Russian offensive campaign assessment, 6/V/2022.

[13] Mark F. Cancian (2022), “Russian casualties in Ukraine: reaching the tipping point”, CSIS Commentary, 31/III/2022.

[14] Según el Military Balance 2022, el Ejército ruso contaba con 280.000 soldados, de los que 190.000 serían voluntarios. Suponiendo que iniciaron la invasión unos 140.000, quedarían otros 50.000 disponibles, casi los justos para reponer las bajas estimadas.

[15] Una valoración informal de pérdidas confirmadas por fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) cifra en 3.470 el número de vehículos rusos perdidos, por 992 de Ucrania, y 117 y 45 aeronaves, respectivamente, según el Oryx Blog a 7 de mayo.

[16] La “borderización” consiste en convertir el territorio ocupado en una plataforma de hostigamiento. Natia Seskuria (2021), “Russia’s hybrid aggression against Georgia, CSIS, septiembre.

[17] Mark F. Cancian (2022), “Foreign volunteers in Ukraine: warfighters or propaganda tools”, CSIS Commentary, 5/IV/2022.

[18] EEUU ha confirmado en abril de 2022 el envío de 72 obuses de 155mm con los vehículos para remolcarlos, 144.000 disparos, 121 sistemas aéreos no tripulados tácticos y repuestos. Véase Departamento de Defensa de EEUU (2022), “Statement on $800 million in additional security assistance for Ukraine”, 21/IV/2022, Statement on $800 Million in Additional Security Assistance for Ukraine> U.S. Department of Defense> Release.

12 de mayo 2022

elcano

https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/lecciones-aprendidas-sobre-...

La teoría debe estar destinada a la acción, a ser instrumento para intervenir la realidad. A conocer cómo otros hombres enfrentaron situaciones parecidas y los resultados obtenidos. El estudio comparativo es base del pensamiento político y de la acción política. Venezuela vivió siete años de recesión (socialismo más sanciones económicas) contrajeron en 83% el PIB, aunque en 2021 creció 9.3%, y hoy sigue afectada por las secuelas y en la necesidad de superarlas. Se habla de “cambio del paradigma económico” como ocurrió en otras partes, pero a veces se responde a nombre de una pretendida particularidad nacional, que “no son asimilables las condiciones “o “son realidades distintas”, y se desperdicia el valor analítico agregado de la política comparada según Sartori. Este año 2022, Eduardo Fernández y Mercedes Malavé, a nombre de Unión y Progreso, desarrollan estimulantes jornadas para tomar el hilo de Ariadna. Expuse en ellas estas ideas. Otros partidos, por su parte, debaten estrategias para bien, porque la política necesita brújula.

Las terribles postrimerías a la derrota de Hitler, la ocupación de Alemania por las potencias victoriosas, el destino-castigo planeado para ella y lo que finalmente ocurrió, nos indican mucho. Devastada por guerra, horror; hambre, escasez, racionamiento, mercado negro, hiperinflación, alta tasa de edificios en escombros, el Marco valía tan poco que los cigarrillos americanos eran moneda de curso corriente; y muchas mujeres desamparadas tenían que pagar su vida con sexo, según narran dos grandes películas, entre otras, Alemania hora cero (Roberto Rossellini: 1948) y Anónima (Max Farbebock: 2008). Henry Morgenthau, secretario de Estado de E.U. y las potencias, diseñaron el “Plan Morgenthau” que planteaba destazar el país, liquidar su infraestructura industrial y hacerlo agropecuario, pastoril. Tales perspectivas, hicieron que el democristiano Ludwing Erhard, ministro de economía de la trizona (futura Alemania occidental) emprendiera una acción asombrosa, un escándalo.
En lo que parecía un impromptu, Erhard se fue a la radio y canceló las políticas intervencionistas dictadas por Estados Unidos e Inglaterra. Deroga controles de precios, racionamiento, y toda disposición que dificultara el trabajo, el intercambio, la inversión y que la gente vendiera y comprara libremente. Con su arranque de “locura” e irreverencia, disolvió en unas cuantas palabras el establishment económico de la ocupación. Su amigo, el gobernador militar norteamericano, Lucius Clay, lo visitó y le dijo “Ludwing, mis asesores me dicen que hiciste algo terrible- No te preocupes por eso-respondió Erhard. Mis asesores me dicen lo mismo”. Nace la “economía social de mercado” y de allí el futuro “milagro alemán”. Rápidamente el país recuperó el crecimiento y se convirtió en motor económico de Europa. Erhard, sociólogo y economista fue quince años ministro de finanzas y salió para ser Canciller durante los años 60; gran parte de su carrera la hizo al lado de Konrad Adenauer, otro estadista fuera de comparaciones, aunque al final se distanciaron.
Tal vez la personalidad de Adenauer no se acostumbraba a lo que alguna vez dijo Luis Herrera Campins: “soy presidente de todos los venezolanos, incluidos los expresidentes”. La pregunta de Erhard “¿qué hacer para que crezca la producción y también el bienestar de la gente?” se respondió con derogar los elementos de la mitología ideológica prevaleciente, enfrentado a las versiones socialistas en muchos partidos: que los controles protegían “a los más pobres”. Rechazó la planificación, de moda por el ejemplo soviético y los resultados fueron extraordinarios: elevación de la producción, el nivel de vida, y ya en 1959 los socialistas alemanes abandonan sus viejos dogmas y asumen la economía social de mercado. Erhard, caso extraño en la política, fue presidente de la democracia cristiana, aunque jamás accedió a inscribirse en el partido.
Algo muy parecido al “paquete de Erhard” posteriormente será la doctrina oficial del FMI. Ya caído el Muro de Berlín en 1989, el director de cine Kevin Phepps prepara el rodaje de su Destello en la oscuridad (1992) film de época que cuenta la romántica historia de coronel y agente de inteligencia norteamericano (Michael Douglas) que se juega la vida para rescatar a su amante, también agente (Melanie Griffith), y se cuela en la Alemania comunista. Phepps descubrió que no necesita locaciones, porque la perfecta era la propia Berlín Oriental, en ruinas aún después de 47 años terminada la guerra, mientras Berlín occidental era una vitrina de bienestar y belleza que impulsó a los ciudadanos orientales a derribar el comunismo. Mariano Rajoy, otro democratacristiano, levantó a España de su caída en 2011, junto a Grecia e Italia, que ponía en peligro el Euro y la Eurozona. Sobre este líder extraordinario, hoy modesto registrador mercantil, cayó la montaña de perros muertos lanzada por el “indignado” Pablo Iglesias, ahora cagatintas con la publicación de un “libro” a base de entrevistas, el método más práctico y pelotudo, cuyo título habla de quien es el autor. Rajoy encuadró España en la vía del crecimiento y el bienestar. Lo derrotó el insólito y desorientado Ciudadanos, que entronizó la irresponsabilidad y el desorden.

@CarlosRaulHer

Las sanciones, y en menor medida, la negociación en México, siguen siendo los temas que se debaten en diversos escenarios a los que tengo acceso −redes sociales, prensa escrita, programas de radio, reuniones de grupos, etc.

El disparadero de todo tuvo su origen en “las cartas”, de las que ya tenemos cuatro: la de los 25, la de los 68, la “dirigida a los venezolanos” y el “Pronunciamiento de Ciudadanos Independientes”; al menos, viendo el lado positivo, la discusión interna en la oposición, que lucía muerta −ambas, la discusión y la oposición− se ha avivado. Pero, ha sido un debate agrio como ya es usual; un tema más de discordia, como si tuviéramos pocos, del cual aún no encontramos salida.

Reflexión personal

Tras casi un mes se podría resaltar, además de los puntos en común, aquellos en que hay coincidencias y en los que realmente difieren y por esa ruta llegar a una especie de síntesis − ¿dialéctica? – que nos permitiera avanzar hacia una estrategia común. Por lo tanto, me voy a enfocar en mi reflexión personal sobre esas coincidencias y diferencias, esperando que eso contribuya a que otros reflexionen también.

Comienzo por aclarar que mi posición al respecto se sintetiza en que las sanciones generales, económicas y financieras han demostrado ser inútiles para el objetivo de librar a los países de gobiernos maulas y violadores de derechos humanos; además tienen el potencial de ser dañinas para la población en general, que es lo que hay que evitar; y por lo tanto, se hace necesario revisar las sanciones económicas y financieras que se están aplicando a Venezuela; pero, manteniendo y profundizando las sanciones personales y recompensas contra funcionarios, sus familiares, amigos y testaferros. Estoy consciente que no es una posición original, la cual he expresado con anterioridad.

Coincidencias

Quienes están a favor o en contra de las sanciones coinciden en varios puntos, lo que es un gran adelanto. Veamos:

Primero, ambos sectores, a favor o en contra, en sus cartas y posteriormente por sus voceros, han coincidido y afirmado que la crisis del país, la penuria que nos acogota y la situación miserable a la que está sometida la población, no se debe a las sanciones, pues es anterior a las mismas. Se debe a las pésimas y ruinosas políticas económicas, sociales, fiscales, administrativas, etc. aplicadas por este régimen desde su entronización en 1999, hasta hoy. En eso, como dije, todas las cartas coinciden.

Segundo, todos, sin excepción, tirios y troyanos, firmantes de todas las cartas, hasta las dos más radicales y sus voceros, que han declarado con posterioridad, afirman que se deben mantener las llamadas sanciones “personales”, aquellas que, como indica su nombre, se aplican o ponen precio a la cabeza de algunos funcionarios venezolanos, altos y medios, corruptos y responsables o perpetradores de violación de derechos humanos. También en eso, todas las cartas coinciden.

Diferencias

Pero el espacio de las coincidencias, aunque importante, es corto; luego ya, se intensifican las diferencias; veamos algunas, solo a título de ejemplo, no son todas:

En el desarrollo de la discusión hemos visto todo tipo de argumentos y razonamientos algunos bastante peregrinos. Por ejemplo, insistir en las sanciones −sobre todo económicas y financieras− sin ni siquiera revisarlas, es desconocer que hay dificultades para muchas compañías nacionales y en el exterior, con actividad económica en Venezuela, que tienen, supuestamente, deseos de invertir en el país, pero tienen reales dificultades para hacerlo, para conseguir recursos en el exterior, debido a que entes financieros y empresas extranjeras temen que se les apliquen sanciones por hacer negocios con Venezuela.

Y no me refiero a los “tenedores de bonos” que puedan tener problemas para canjearlos o que han perdido su valor; quien invierte en papeles del estado venezolano, en general de cualquier estado, está especulando, haciendo una “apuesta”, que le puede salir bien y ganar mucho dinero; o salir mal y perderlo. Quienes estén en esta situación, háganse de cuenta que fue una mala inversión, por mal manejo económico del gobierno que los emitió o porque éste se negara a honrarlos.

Del otro lado, alguien partidario de mantener las sanciones afirmaba en días pasados que el gobierno se había visto obligado a “dolarizar”, “abrir” la economía, “flexibilizarla”, poner en marcha una “desregulación”, olvidándose de su modelo fracasado de desarrollo; me pregunto: ¿eso no quiere decir, entonces, que las sanciones si han servido de algo? Por lo menos obligaron al gobierno a hacer todo eso.

Argumentos fallidos

Quienes se oponen a las sanciones argumentan −olvidando lo que han afirmado y que reseñe en el párrafo anterior− que la aplicación de las sanciones ha agravado la situación y penuria económica del país; puede ser así, o no; pero, no me parece que hayan aportado argumentos contundentes al respecto; o al menos argumentos que demuestran, fehacientemente, que el agravamiento de la situación, la mayor penuria, la mayor miseria del país, se deba a las sanciones; a que el gobierno tenga menos ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, puede ser, pero la caída de los ingresos petroleros había comenzado mucho antes de las sanciones; y además, también me pregunto: ¿Por qué pensar que la peor situación se debe a las sanciones y no a que el gobierno no ha tomado ninguna medida efectiva para mejorar la situación de emergencia humanitaria del país?

Por otra parte, no he logrado entender como algunos de los firmantes, que argumentan la supuesta “reactivación” de la economía venezolana, desde 2019, al mismo tiempo sostienen que hoy la situación es peor y que se ha agravado por culpa de las sanciones. Algo no cuadra en esa argumentación. ¿A qué se debe ese agravamiento, como se explica? ¿Y esa “normalidad” a qué se debe? ¿No será un efecto de la aplicación de las sanciones −económicas y financieras o personales− que hace que el gobierno ceda por temor a una intensificación de las mismas?

¿Han resultado las sanciones?

Lo que a mí me resulta obvio es que, al menos en ese aspecto, las sanciones han dado resultado. Me inclino a pensar que son las que han provocado que el gobierno se haya visto obligado a hacer algunas modificaciones, un “viraje”, una “apertura”, como lo queramos llamar. La supuesta “normalidad”, la “apertura”, el “arreglo” del país, etc., que es indudable y se debe reconocer y “celebrar”, pues cualquier decisión que mejore en algo, por mínimo que sea, la situación del golpeado y maltratado pueblo venezolano debe ser bien recibida. Al levantarse algunos controles, la situación es aprovechada por sectores económicos y algunos emprendedores con capacidad de resistencia y demostración de algunas potencialidades que aún quedan en el país y desde luego que mejora la situación de un sector de la población, no muy grande, más bien ínfimo, que tiene acceso a dólares, de ahorros, de remesas… o mal habidos. Pero es un error pensar que es una situación permanente o un cambio del modelo económico, no me parece que haya elementos que sustenten esa apreciación o buen deseo de algunos.

Objetivos de sanciones y negociaciones

Lo que tampoco entiendo −y los firmantes de la “carta de los 25” no lo explican− es: Si las sanciones económicas y financieras se eliminan, pero se mantienen las personales, ¿cuál es el “beneficio” del régimen en la negociación?

Ese es un punto que se debe examinar y no se ha hecho, ni se ha abordado claramente en ninguna de las cartas, apenas se ha tocado “lateralmente” en toda esta discusión sobre sanciones y negociaciones. El punto es: ¿Cuál es el objetivo de las sanciones?: ¿Ejercer una presión que obligue al gobierno a renunciar, a dejar el poder?; o ¿Qué lo obligue a sentarse a negociar una salida constitucional a la crisis?

En mi opinión, y no teniendo nosotros otra fuerza, las sanciones internacionales deben servir para obligar a una negociación, para que la oposición democrática y el régimen lleguen a un acuerdo, que permita una salida al régimen −pues ninguna negociación es gratis o de un solo lado− a cambio de realizar elecciones libres, democráticas, justas, equilibradas y supervisadas internacionalmente, que garanticen que los resultados serán respetados por todos. Y mientras eso ocurre, mientras dure la negociación −que no serán ocho días− y se llegue a ese proceso electoral, se debe mejorar de manera urgente la situación económica del país, con apoyo internacional, sobe todo aquella que afecta más a la población de menores recursos.

En conclusión, a pesar de que la argumentación en contra o a favor de las sanciones es un verdadero galimatías, e intrínsecamente contradictorios algunos argumentos, hay una especie de consenso en que las sanciones generales, económicas y financieras se deben revisar, para eliminar las que afectan a la población; pero, se deben mantener e incluso intensificar, las sanciones personales.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

La semana antepasada se presentó, como ha sido usual cada dos años y durante tres décadas, a los investigadores que obtuvieron en su edición XX, el Premio Fundación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury”.

Coloquialmente conocido como el Premio Polar, fue pensado con la idea de promover la valoración pública de la ciencia por parte la sociedad. En este sentido, diversos estudios realizados en América Latina (inclusive Venezuela), buscando medir el interés de las personas y tratando de determinar que fuerza tiene en este ámbito el concepto de ciudadanía, han revelado, en general, que, si bien hay avances, aún queda un buen trecho por caminar en todos los países. Y, por otro lado, fue concebido con la finalidad de subrayar la gran relevancia de la investigación, sobre todo en este momento en el que nuestras capacidades tecnocientíficas se han venido abajo, situación de la que la que dan testimonio, la fuga de talentos, el descalabro de los laboratorios y el proceso de “desaprendizaje tecnológico” que ha sufrido el sector productivo.

Mediante un largo y cuidadoso proceso, permeado por un ritual (los ritos son necesarios, según quedó expresado en El Principito, el magnífico relato de Antoine Saint Exupery), los biólogos Oscar Noya y Jorge Luis Ramírez y el químico Jaime Charris, los tres de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la astrofísica Gladis Magris (del Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA) y el matemático Neptalí Romero de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), fueron los investigadores seleccionados como los ganadores del premio en esta ocasión, mismo que les será entregado próximamente en un acto público.

Según el criterio del jurado, cada uno de ellos cuenta, en su campo respectivo, con una obra sobresaliente, a pesar, piensa uno, de tener el viento en contra como consecuencia de unas políticas públicas inestables, incompletas, descompaginadas y hasta contradictorias, que han dejado un saldo muy por debajo de lo que auspiciaban los discursos y planes gubernamentales en los comienzos de este siglo y, asimismo, de lo que prometían los fondos disponibles para promover la expansión de las capacidades tecnocientíficas, asunto que, repito, debe ubicarse en un lugar central de la agenda nacional.

Mis felicitaciones, pues, a todos ellos. También, desde luego, mi reconocimiento a la Fundación Polar, al tiempo que le manifiesto, no es la primera vez que lo hago, una queja personal (ojo, no es porque sea sociólogo), la cual asumo como un atrevimiento de mi parte, aunque vaya envuelta dentro de una pregunta con buenas intenciones: ¿por qué sólo se laurean a las (mal) llamadas ciencias duras, (la física, las matemáticas, la biología, la química), dejando de lado las (peor) denominadas ciencias blandas (las sociales y las humanas), éstas últimas imprescindibles para transitar con acierto los camino que traza el Siglo XXI, llenos de oportunidades pero igualmente empedrados por riesgos y preguntas para las que no tenemos respuesta?.

HARINA DE OTRO COSTAL

TSJ (lo mismo, nomás que diferente)

En el año 2021 Nicolás Maduro ordeno la creación de una Comisión, encabezada por Diosdado Cabello y Cilia Flores, con el objetivo de introducir reformas en el poder judicial, expresando que en “Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país”.

Así, luego de un proceso no muy ortodoxo desde el punto de vista normativo, la mencionada Comisión designo en días recientes, con demora, a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las modificaciones pregonadas en el discurso presidencial terminaron en cambios que merecen ser descritos, apenas, como un ligero maquillaje. En efecto, se mantuvo en el cargo a un buen número de sus integrantes, se introdujeron algunas nuevas caras - que se parecen demasiado a las caras de los que salieron del organismo-, se redujo el número de magistrados y como éstas otras decisiones de poca monta que no mejoran en ningún plano, la calidad de la administración judicial. El nuevo TSJ es lo mismo que el anterior, nomás que diferente, opinaría Cantinflas.

Queda claro, entonces, el mensaje que se nos envía. Nos reitera a los ciudadanos, sin dispensarnos siquiera un mínimo gesto de disimulo, que los magistrados no se encuentran allí para aplicar la justicia conforme a los principios de independencia e imparcialidad, sino para orientar su gestión de acuerdo a las instrucciones venidas de “arriba”.

La escogencia de los nuevos integrantess muestra que autoritarismo gubernamental se encuentra en pleno desarrollo. Hace evidente que el ejercicio del poder gubernamental tiene cada vez menos límites, que las reglas que lo tiemplan se van desdibujando, a la vez que muestra, por ahora solo la punta, el iceberg de la vigilancia social.

El Nacional, mayo 2022

Resumen ejecutivo

1. El objetivo de este informe es presentar un diagnóstico general del sistema de justicia penal en Venezuela durante el siglo XXI. No pretende entrar en profundidades, pero sí dar un panorama claro y sencillo en la medida de lo posible de cómo funciona la justicia penal en el país y explicar las causas principales de la situación actual en ese ámbito.

2. El siglo XXI coincidió con el arribo al poder de Hugo Chávez, un populista de izquierda, militar, muy carismático, quien prometió una mayor igualdad entre los venezolanos. Para ello, propuso, entre otros aspectos, hacer una nueva Constitución e importantes reformas, especialmente en el sistema de justicia. No obstante, los cambios realizados no siguieron los procedimientos de un Estado de derecho y, poco a poco, este se debilitó a tal punto que también se deterioró la democracia, aun siendo Venezuela antes del chavismo la democracia más estable de América Latina desde hacía cuarenta años.

3. En el período chavista, se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder a fin de obtener fines políticos. Paulatinamente el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias.

4. Chávez falleció en 2013 y dejó como sucesor a Nicolás Maduro, quien ganó las elecciones ese mismo año, aunque de manera dudosa. Desde los inicios de su mandato, Maduro se reveló como un gobernante autocrático y entregó todo el poder a los militares y al grupo más cercano a Chávez, así como los recursos del Estado, con el fin de mantenerse en el poder. En mayo de 2018 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, pero estas no fueron libres, competitivas ni democráticas, por lo que fueron desconocidas por más de cincuenta países en el mundo; de hecho, Maduro es considerado como un presidente de facto, así como todas las autoridades de los distintos poderes públicos, por haber sido nombradas o electas de formas ajenas a lo establecido por la Constitución y los principios de un Estado de derecho.

5. Esta realidad ha provocado un aumento del malestar social, lo que ha ocasionado protestas masivas como las registradas en 2014 y 2017. Ambas oleadas de manifestaciones fueron duramente reprimidas gracias a un aparato policial que ha experimentado un vertiginoso crecimiento.

6. En este período, las ejecuciones extrajudiciales han pasado a constituir una política de Estado en la que están involucrados altos funcionarios del Ejecutivo nacional y los mandos de los organismos policiales y militares. Asimismo, la impunidad de los funcionarios es parte de esta política de Estado. El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.

7. La situación antes descrita ha ocasionado que Venezuela ocupe el último lugar de los 139 países evaluados por la organización internacional World Justice Project; que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los órganos del Estado y que, además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya activado un mecanismo independiente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela para investigar presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014.

LA POLICÍA

8. La normativa venezolana establece que el servicio de policía es fundamentalmente de carácter civil y predominantemente preventivo, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). Su objetivo es proteger los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía, así como controlar y prevenir los delitos.

9. La función de investigación penal también es parte de la policía; no es de carácter preventivo, ya que se inicia luego de la comisión de un delito (ex post) y le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) bajo la dirección del Ministerio Público (MP).

10. En el año 2006, producto de la heterogeneidad de los organismos policiales, grandes asimetrías y ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos, los excesos en el uso de la fuerza, la desconfianza y el cuestionamiento por su autoritarismo y militarización, su utilización para fines político partidistas por parte de gobernantes regionales y locales, la inestable situación social y laboral de los funcionarios policiales, así como la dispersión normativa en esta materia, se dio inicio a un proceso de reforma policial, liderado por una comisión creada para tal fin: la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

11. Como resultado del trabajo de la Conarepol, a partir del año 2008 se promulgaron leyes como la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB) y la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFP). No obstante, no ha habido voluntad política para instrumentarlas, ni para construir la institucionalidad que establecen. Por el contrario, se ha hecho prácticamente todo lo opuesto de lo que propuso la Conarepol.

12. La LOSPCPNB establece que el Sistema Integrado de Policía está conformado por el MPPRIJP, la PNB, las policías estadales, las policías municipales, la Universidad Nacional Experimental para la Seguridades (UNES), y los demás órganos y entes que eventualmente ejerzan funciones del servicio de policía. En la actualidad,

hay 123 policías municipales, 23 estadales y una nacional, lo que suma un total de 147 cuerpos de esta naturaleza. A esto hay que agregar el CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); aunque, esta última es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), puede cumplir labores de apoyo en materia de seguridad ciudadana.

13. El servicio de policía a nivel nacional está integrado por el presidente de la República, quien es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional; por el MPPRIJP, cuya función es organizar, supervisar y establecer los recursos y planes de los servicios de policía a nivel nacional; y por la PNB, un órgano de seguridad ciudadana, dependiente administrativa y funcionalmente del MPPRIJP, cuyo carácter es civil, público y profesional.

14. La PNB tiene la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como el cumplimiento de la ley. Sus áreas de servicio son orden público, tránsito, fiscalización y aduanas, turismo, aeroportuaria, custodia diplomática y protección de personalidades, penitenciaria, migración, marítima, anticorrupción, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambiental, delincuencia organizada, antisecuestro, seguridad alimentaria, grupos armados irregulares y cualquier otra vinculada a la prevención del delito. La PNB tiene una dependencia tristemente muy conocida: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Aunque en teoría es un comando para combatir la inseguridad y actuar «contra el crimen y el terrorismo», ha sido calificado como un cuerpo de exterminio por la oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe publicado en octubre de 2019 y solicitó su disolución.

15. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es otro organismo policial de carácter nacional. Se le considera como la policía política de Maduro; de hecho, es la que se ocupa de detenciones arbitrarias y resguardo en sus sedes de presos políticos. Sin embargo, más que por el «resguardo» se la conoce por las torturas practicadas contra estas personas y el horror que impera en sus calabozos, el ubicado en Plaza Venezuela donde ocurrió la muerte de Fernando Albán y El Helicoide, descrito como un verdadero centro de tortura psicológica, entre otros.

16. La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos es otra entidad del sistema, recientemente creada en papel, pero no en la realidad, que tiene por función recibir, tramitar e investigar disciplinariamente las denuncias de violación de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales. Pese a que este organismo debe contar con el apoyo y la asesoría del MP y la Defensoría del Pueblo (DP), es preocupante que sea parte integrante de la policía, cuyas violaciones a los derechos humanos debe investigar, y no de un organismo separado y autónomo.

17. Por último, están la GNB, cuerpo de naturaleza militar, que tiene potestades de control de manifestaciones y orden público cuando la PNB o la policía estadal se vea rebasada en sus funciones, y el CICPC, el cual está encargado de la investigación penal. Este último, aunque administrativamente está adscrito al MPPRIJP, funcionalmente depende del MP.

18. El servicio de policía a nivel estadal está integrado por el gobernador, quien es la primera autoridad civil de la entidad y como tal es responsable de organizar los servicios de policía en su territorio. Las policías estadales están encargadas de controlar las reuniones y manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia, pero en caso de que se vean superadas en sus funciones, deben ser apoyadas por la PNB o la GNB.

19. A nivel municipal el sistema está integrado por el alcalde, quien es la primera autoridad civil del municipio y es responsable de los servicios de policía municipal. Las policías municipales tienen funciones preventivas y de control del delito dentro de cada municipio, especialmente de protección vecinal. En caso de ser superadas en sus funciones deben ser apoyadas por la policía estadal.

20. Una de las principales consecuencias de la reforma policial de 2006 fue el crecimiento acelerado de la institución policial en un 53% entre 2006 y 2017, incrementando la tasa de encuadramiento policial a 557 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que el estándar internacional promedio era para ese momento de 300 a 400 efectivos por cada 100.000 habitantes. En 2006 existían 123 policías uniformadas estadales y municipales; para 2015 ese número se incrementó en 19% a 147. No se cuenta con cifras más recientes por falta de información oficial.

21. El caso de la PNB es emblemático, ya que en seis años a partir de su creación en 2008 alcanzó una cifra de 14.739 funcionarios. Sin embargo, para llegar a ese número no se cumplieron con los estándares mínimos de selección, capacitación, supervisión y control eficiente de esos jóvenes armados, que iban a las calles con un tiempo de formación insuficiente, lo que, aunado a la disminución del presupuesto asignado y el deterioro de los sueldos, ha creado las condiciones ideales para actos ilícitos y de corrupción dentro de la institución.

22. El artículo 322 constitucional establece que «los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna». No obstante, la realidad ha sido muy distinta desde inicios del siglo XXI, en el que el proceso de militarización de las policías se ha profundizado, especialmente durante el Gobierno de Maduro.

23. La militarización es alarmante, porque si «la racionalidad bélica» con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, las consecuencias son fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado pueden llegar a ser más responsables de más muertes que los delincuentes.

24. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha denunciado que desde el año 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial en relación con las muertes provocadas por los delincuentes. Cada año hay más víctimas por haberse resistido a

la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo. En el año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en las actuaciones policiales que fueron calificadas como muertes por haberse «resistido a la autoridad». En 2017 fueron 34 por cada 100; en 2018 fueron 72 por cada 100; en 2019 fueron 88 por cada 100 y en 2020, por primera vez, fueron más los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por cada cien homicidios delincuenciales.

En 2021, el número de muertes causadas por los agentes de policía volvió a disminuir en relación con las ocasionadas por los delincuentes y se ubicó en 53 por cada cien.

25. Es indispensable diferenciar los conceptos de seguridad de la nación y seguridad ciudadana. La primera se refiere a la soberanía del país y al cuidado de las fronteras físicas, y el órgano encargado de cumplir esta función es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuyos funcionarios están entrenados para ello, de acuerdo con una lógica bélica amigo-enemigo. La segunda tiene otra racionalidad, dado que los conflictos se dan entre civiles, y los órganos encargados de dirimirlos también son de naturaleza civil.

26. Uno de los factores que ha promovido la militarización policial ha sido que doce de los ministros de Interior, Justicia y Paz a cargo desde 1999, han sido militares (80%). Sin embargo, el elemento más importante ha sido el cultural, que ha sido promovido a través de prácticas y lógicas bélicas dentro de los cuerpos civiles de seguridad del Estado, así como por normas legales y sublegales posteriores a la reforma policial.

27. El proceso de militarización legal y factual de las policías ha sido la base de una política represiva y persecutoria, deliberada y consciente de ir abarcando cada vez más espacios dentro del Estado, tomando el control institucional de la justicia penal desde sus bases. Las implicaciones en las graves violaciones de derechos humanos y atrocidades que han ocurrido en Venezuela provienen del ejercicio del poder bélico del Estado, tratando a la población civil como «enemiga» como si se tratara de un campo de batalla y no de una ciudad. Las tareas de una policía se basan en la persuasión, la disuasión, la mediación, la negociación, la prevención y, solo en última instancia, la coerción, en torno a lograr el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Justo eso es lo que no hace la policía en Venezuela, que en primer lugar recurre al uso de la fuerza.

28. Desde hace varios años Venezuela es uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. El pico más alto se produjo en 2016 y luego empezó a descender. Las razones de esta reducción no tienen que ver con mejores políticas de seguridad ciudadana, sino con la emigración de más de 6.000.000 de personas, que incluye delincuentes; la enorme contracción económica y la crisis humanitaria que ha afectado el país por lo menos desde 2015.

29. La tasa de homicidios cometidos por delincuentes u otros ciudadanos ha ido disminuyendo: en 2016 hubo casi 59 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 2019 24 homicidios. En 2021 la tasa se redujo a la mitad respecto de 2019: a casi 12 homicidios.

30. Por su parte, la tasa de resistencia a la autoridad, es decir, muertes causadas por los cuerpos de seguridad del Estado, aumentó de manera notable entre 2016 y 2019, al pasar de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes a 19,31. Pero en 2021 se redujo de manera importante hasta llegar a 8,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entretanto, las muertes en averiguación se mantienen aproximadamente entre 2016 y 2019 en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2020 bajaron a 13,44 y en 2021 se ubicaron en 14,8.

31. La tasa de muertes violentas se ha ido reduciendo de manera importante: de 91,8 en 2016 ha pasado a 60,3 en 2019 y a 40,9 en 2021; es decir, hay una considerable tendencia a la baja. Sin embargo, siguen siendo tasas muy altas; de hecho, Venezuela aparece desde hace varios años como el país más violento del mundo o entre los más violentos.

32. Los cuerpos policiales que han participado en estas acciones se han ido diversificando. La mitad de las víctimas cayeron en manos de la PNB y del CICPC. En el caso de la PNB, el 82% de las víctimas las ocasionaron las FAES. Sin embargo, el protagonismo de la letalidad policial en los últimos cinco años parece estar cambiando. En el período 2014-2017 el CICPC ocupó siempre el primer lugar, pero en 2018, al entrar las FAES en acción, la PNB lo sustituyó. Sin embargo, el CICPC volvió a tomar el liderazgo. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en este periodo es la GNB.

33. Las policías estadales ocuparon un segundo lugar en cuanto al número de los casos de muertes por resistencia a la autoridad desde 2014 hasta 2018, pero en 2019 pasaron al tercero después de la PNB y del CICPC. Las policías municipales igualan a la letalidad de la GNB, quedando ambas por debajo de las policías estadales.

34. Desde 2014 hasta 2021 ha habido en Venezuela por lo menos 7.220 ejecuciones extrajudiciales, lo que revela la razón por la cual el país se encuentra en etapa de investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI). Las ejecuciones extrajudiciales figuran entre los crímenes definidos en el Estatuto de Roma.

35. Desde inicios del siglo XXI se han activado en Venezuela más de veintisiete planes, operativos o programas para combatir los altos índices de inseguridad y delincuencia. Sin embargo, estos han fracasado porque han tenido respecto de la policía un propósito ideologizante, de militarización y de control político, y en cuanto al ciudadano, de represión y no de protección.

36. En el marco de uno de estos planes se crearon las Zonas de Paz, que tenían por objetivo lograr la pacificación de las bandas delictivas mediante un pacto de no agresión entre grupos, basado en el respeto de los territorios controlados por cada uno. Como parte del acuerdo, los funcionarios del Gobierno entregaban recursos económicos y materiales de construcción a las bandas a cambio de la entrega de sus armas. La idea era reinsertar a los delincuentes mediante la agricultura, carpintería y reparación de infraestructura (canchas, aceras, viviendas).

37. Sin embargo, las Zonas de Paz se convirtieron en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no podían ingresar y las bandas organizadas cometían delitos de forma impune. La iniciativa profundizó la delincuencia, ya que las bandas de las Zonas de Paz se unieron para enfrentar al que consideraban un enemigo común: el Gobierno. Estos grupos delictivos tienen un gran poder de fuego y además utilizan radios de frecuencia para comunicarse.

38. Las megabandas nacieron de las Zonas de Paz, y para enfrentarlas el Gobierno de Maduro anunció en 2015 un nuevo operativo militarizado, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), conocido después como Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Este operativo fue desplegado en la Cota 905, en la parroquia caraqueña de La Vega, donde murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la GNB.

39. La actuación policial y militar en el marco de operativos de seguridad ciudadana ha tenido poco impacto en el control de la delincuencia, pero no en el aumento de número de muertes en manos de organismos de seguridad y violación de derechos humanos, que en cambio ha aumentado debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos policiales.

40. El CICPC es una pieza fundamental para el esclarecimiento de los delitos y crímenes ocurridos en el país y para llevar a sus responsables ante la justicia. Sin embargo, las reformas legales aprobadas en los últimos años por el chavismo representan un atraso en la independencia de las investigaciones penales y, en consecuencia, del proceso y la justicia penal.

41. El aumento del poder, discrecionalidad y autonomía del CICPC es delicado, en especial porque, paradójicamente, este órgano de investigaciones se ha ido convirtiendo en una de las fuerzas de seguridad más letales del país.

42. En el Latinobarómetro 2020, Venezuela aparece como el país donde hay menor confianza en la policía respecto al resto de los 17 países evaluados en América Latina, de hecho, solo el 13% de la población manifiesta tener confianza en este órgano del Estado.

EL MINISTERIO PÚBLICO

43. Con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1998 y la Constitución de 1999 se implementó el sistema penal acusatorio en el país, derogándose el Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC), que establecía el sistema inquisitivo, caracterizado por ser punitivo y secreto. Así, se generó un cambio estructural en el sistema judicial venezolano, en el cual debía prevalecer el carácter público y la participación de las personas, a través de jurados y escabinos (ciudadanos que participan en la decisión del caso junto con un juez de juicio) en los tribunales, además de la incorporación de principios básicos del Estado de derecho como la presunción de inocencia, la afirmación de la libertad, el derecho a la defensa, la igualdad entre las partes, la oralidad, la inmediación y la concentración, entre otros.

44. Con esta reforma, el MP adquirió un papel fundamental, especialmente en la fase investigativa y en el régimen probatorio. Así, la investigación penal quedó dirigida y supervisada por él mismo, mientras que el CICPC quedó bajo su subordinación.

45. Sin embargo, las sucesivas reformas al COPP desvirtuaron aspectos fundamentales del sistema acusatorio, pues se creía que se necesitaba la modificación de la ley para la implementación del nuevo sistema, sin considerar que en realidad se requería de voluntad política real para poner en marcha los cambios. A esto hay que agregarle el progresivo secuestro del sistema de justicia por parte del chavismo, incluido el MP.

46. Solo la titularidad en el cargo puede garantizar la independencia de los fiscales. En Venezuela para obtener la titularidad en el cargo de fiscal se debe aprobar un concurso público. Sin embargo, la cantidad de titulares apenas representaba para 2017 un 0,2% de todos los fiscales. A esto se añade que en septiembre de 2018 fue publicada una resolución que reformó el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público, estableciendo que todos los cargos de los funcionarios que prestaran servicio en la institución eran de confianza, es decir, de libre nombramiento y remoción.

47. Para garantizar la autonomía del MP, su máxima autoridad, el fiscal general, debe ser nombrado conforme establece la Constitución. No obstante, en 2017, el actual titular del MP fue nombrado por un órgano inconstitucional y sin competencia para hacerlo: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

48. Hasta 2016 el MP vio crecer su estructura. En 2008 se crearon al menos unas doce dependencias, pero este crecimiento desmesurado no mejoró su desempeño. Uno de los aspectos resaltantes de la reestructuración continua del MP ha sido la centralización en lo que respecta al aumento de dependencias hacia su cúspide; un ejemplo ilustrativo es que en el año 2000 solo dos dependencias estaban adscritas al despacho del fiscal general, y en 2016 llegaron a nueve.

49. En los últimos años el MP ha visto perder potestades. Así, en 2012 la Asamblea Nacional (AN) otorgó al CICPC mayor autonomía frente a los fiscales, mientras que entre 2017 y 2018 la Sala Constitucional del TSJ dictó dos sentencias (469 y 537) mediante las cuales le otorgó «representación procesal» a la Defensoría del Pueblo (DP) en casos penales por violación de derechos humanos, le prohibió imputar a sospechosos de delitos en su sede y les permitió a las víctimas presentar una acusación propia.

50. El MP se convirtió en una institución prácticamente colapsada, con fiscalías que en promedio tenían casi 2.000 casos por año, entre el año 2000 y 2007. Según sus informes anuales en ese período, manejaba un promedio de 300.000 asuntos, lo que se incrementó hasta más del doble entre 2008 y 2010.

51. Los insumos para estimar las cifras sobre la impunidad, sea esta «de hecho» o «de derecho» no están disponibles desde 2017, porque el MP no recoge, procesa, sistematiza ni presenta datos sobre su actuación de manera regular, solo el fiscal general ofrece cifras aisladas anualmente en sus redes sociales o mediante ruedas de prensa, en las que informa de manera general sobre la gestión del organismo.

De hecho, los informes anuales de las gestiones previas a las de Tarek William Saab ya no están disponibles al público en la página web del organismo; fueron eliminados desde su llegada en 2017.

52. La incapacidad del MP a la hora de investigar los crímenes refuerza la desconfianza en esa institución, la cual ha quedado de manifiesto en el hecho de que 66% de las víctimas de delitos se abstienen de denunciar estos hechos, de acuerdo a datos obtenidos entre 2014 y 2017 por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

53. La percepción ciudadana es corroborada por la MDH, que en su segundo informe sobre el país, publicado en 2021, destacó que la impunidad se debe, entre otras razones, a la falta de investigación por parte del MP de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo si se trata de la cadena de mando, donde no hay investigación alguna abierta.

54. La MDH no solo resaltó la omisión del MP a la hora de cumplir sus funciones, sino que incluso lo considera un actor fundamental en las detenciones arbitrarias, y en términos generales, en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por las fuerzas de seguridad del Estado.

DEFENSA PÚBLICA

55. La DP es un órgano del sistema de justicia venezolano que tiene el rol de proveer asistencia jurídica al ciudadano que no tenga recursos para ello. Este organismo lo dirige el defensor público.

56. Hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Defensa Pública (LODP) en enero de 2007, el organismo dependía del Poder Judicial, lo que limitaba su adecuado funcionamiento de acuerdo con los parámetros del sistema acusatorio. Este modelo requiere que los tres sujetos del proceso penal (MP, DP y tribunal) sean independientes y autónomos.

57. En cuanto a la máxima autoridad de la DP, la ley establece un procedimiento que no garantiza su independencia, ya que somete el proceso de selección a la AN y no a la sociedad civil. De hecho, la DP ha estado a cargo de personas muy cuestionadas y nada independientes; por ejemplo, en el período 2015-2019 estuvo bajo la dirección de la exjueza Susana Barreiros, quien enjuició sin pruebas reales a Leopoldo López, político opositor muy reconocido y posible contendiente de Maduro para la presidencia, como denunció más adelante el fiscal del caso y la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz.

58. Desde el año 2000 la DP ha visto aumentar el número de defensores y de las causas ingresadas por lo menos hasta 2015. En cuanto a los recursos financieros, los mismos muestran que el presupuesto asignado a la institución siguió la misma tendencia de otros organismos del sector público en ese período: con crecimiento en términos reales hasta el año 2009, luego de lo cual se observa una caída que ubica la disponibilidad presupuestaria en 2015 en los mismos niveles que en 2005. Al igual que otras instituciones, la partida de personal es la que concentra la mayor cantidad de recursos financieros.

59. Lo más preocupante del desempeño de la DP es su falta de independencia. Así, tanto la MDH como el ACNUDH han hecho referencia en sus informes a la tendencia de jueces y fiscales a presionar a las personas que se encuentran involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados sino a los del sector público, y en caso de que no lo hagan suele haber represalias, como problemas de acceso al expediente, falta de información oportuna sobre las audiencias o amenazas.

EL PODER JUDICIAL

60. En Venezuela existe un solo Poder Judicial de carácter nacional, por lo que los estados y municipios no tienen sus propios órganos judiciales. El TSJ no solo es la máxima autoridad del Poder Judicial, sino también el más alto tribunal, y está compuesto por seis salas: Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Social y de Casación Penal. Todas ellas conforman la Sala Plena.

61. Los magistrados del TSJ deben ser nombrados por un complejo procedimiento en tres etapas establecido en la Constitución, en el cual es clave para su selección la participación de la sociedad civil. No obstante, este nunca ha sido cumplido desde que entró en vigencia la Constitución, y ello explica el porqué de la ausencia de su independencia desde su creación.

62. El Parlamento ha cooptado el procedimiento de selección de magistrados al asegurarse el control del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), que es quien hace la preselección de los candidatos a magistrados, y que en las sucesivas leyes ha estado mayoritariamente integrado por diputados.

63. Hacer reformas legales para ampliar el número de magistrados, designar a personas que no reúnen las condiciones pero con notorios nexos con el Gobierno y forzar la jubilación de otros son algunas de las maniobras que ha utilizado el chavismo en las últimas dos décadas para asegurarse el control del TSJ.

64. La cooptación política del TSJ ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder político, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas, y más bien operadores del régimen político, se han ido transformado en «legalizadores» de sus actuaciones, mediante sentencias, y más recientemente, en parte del aparato represivo del Estado, como ha denunciado la MDH en su segundo informe.

65. El TSJ ejerce la función de administración y Gobierno del Poder Judicial, por lo cual tiene la potestad para designar a los jueces. Aunque la Constitución establece que los nombramientos de los jueces se deben hacer por concursos públicos de oposición, desde el año 2003 los mismos no se celebran según lo establecido en la carta magna.

El máximo juzgado ha optado por designarlos, de manera provisoria, a través de la Comisión Judicial, una instancia no prevista en el texto fundamental.

66. Según cifras del TSJ no completamente actualizadas y otras fuentes con datos más recientes, hay 844 jueces penales, y menos del 20% son titulares; es decir, se hicieron con sus cargos mediante concursos y no pueden ser removidos sin un procedimiento previo.

67. El TSJ, en particular su Sala Constitucional, ha dado a los jueces la potestad de cambiar las normas jurídicas, siempre que los principios o valores del régimen estatutario aplicable lo justifiquen. De hecho, la Sala Constitucional desde su creación en el año 2000, y sobre la base de su rol y competencia como máxima interprete de la Constitución, ha cambiado el ordenamiento jurídico venezolano, asumiendo potestades legislativas, e incluso constituyentes, así como revisando sentencias de otros tribunales y salas del TSJ, lo que ha afectado principios clave del Estado de derecho como la separación de poderes, la reserva legal y la seguridad jurídica.

68. El rol asumido por la Sala Constitucional ha llevado al debilitamiento progresivo del Estado de derecho en Venezuela y la ausencia de control judicial de las actuaciones del Poder Público, lo que ha sido clave en el paso de una democracia a una dictadura en el país.

69. El COPP establece que los tribunales penales se organizan territorialmente por circuitos judiciales. Generalmente en cada Estado hay un Circuito Judicial Penal, pero puede haber más de uno. Cada circuito tiene dos tipos de tribunales: los de Primera Instancia (control, juicio y ejecución) y las cortes de apelaciones.

70. Los jueces de control tienen la atribución de determinar si un asunto penal debe ir o no a juicio. Los de juicio deben establecer si el acusado es culpable o no por la comisión del delito que se le acusa. Por su parte, los de ejecución deben supervisar la ejecución de las penas y medidas de seguridad que se impongan a los condenados, controlar el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario y lo relativo a la libertad condicional y suspensión de la pena. Todos estos actúan de forma unipersonal. Por último, cada una de las cortes de apelaciones está conformada por tres jueces, y conocen de manera conjunta de los asuntos penales en segunda instancia.

71. Las causas penales pueden terminar en el TSJ, en la Sala de Casación Penal, para su revisión final y excepcionalmente, en aquellos casos en los que se denuncien violaciones a normas constitucionales, ante la Sala Constitucional.

72. La justicia penal en Venezuela funciona de manera jerárquica, lo que atenta contra la independencia para la toma de decisiones autónomas e imparciales por parte de los jueces. Aunque ciertamente, los jueces de mayor nivel pueden revisar las decisiones de los de menor instancia por solicitud de una de las partes, esto no significa que cada juez deba seguir instrucciones de un juez superior. El ACNUDH ha denunciado que «en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias».

73. El Circuito Judicial Penal opera como una fuerza política coercitiva que está sujeta a la voluntad del TSJ, y particularmente, al presidente de la Sala de Casación Penal o del TSJ, que desde febrero de 2015 hasta abril de 2022 ha sido la misma persona, y este a su vez responde al régimen de Maduro y del Poder Ejecutivo en general. A través de esta estructura corrupta, el Circuito Judicial Penal y el TSJ participan directamente en la persecución, enjuiciamiento y castigo de la disidencia política, los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos comunes, escondiéndose detrás de una fachada institucional que en la práctica es impulsada puramente por la voluntad política de la élite del régimen.

74. Los tribunales de terrorismo y los tribunales penales militares son dos herramientas de la justicia penal que han sido especialmente represivas.

75. Los tribunales contra el terrorismo no fueron creados por una ley como exige la Constitución, sino por una resolución del TSJ en 2012. Estos tribunales están solo en Caracas. Aunque se deberían encargar de procesar casos relacionados con los delitos de terrorismo, previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) no es así. Se suelen ocupar de casos de alta relevancia política, generalmente, juicios contra opositores, disidentes o críticos, o percibidos como tales por el régimen de Maduro. Los jueces de estos tribunales son provisorios o temporales y en los juicios no se siguen las garantías del debido proceso. Los juicios son cerrados.

76. Los tribunales militares deberían ocuparse solo de procesar a efectivos castrenses que han cometido delitos militares, pero a partir de las protestas masivas de 2017 han enjuiciado a civiles. Esto representa una violación al principio de ser juzgado por el juez natural, y ha sido denunciado por varios organismos internacionales como la Misión o la Alta Comisionada en sus informes. A finales de 2021 la AN aprobó una reforma del Código de Justicia Militar, que prohíbe el enjuiciamiento de civiles por la justicia militar. Sin embargo, la Sala Constitucional dictó una sentencia que mantiene las puertas abiertas a esta posibilidad.

77. El nombramiento arbitrario de jueces por el TSJ es la falla nuclear de todo el sistema de justicia venezolano, y es de particular gravedad en el ámbito penal, en el que la instrumentalización de la justicia es más que evidente. Estos nombramientos, sin procedimiento alguno y totalmente discrecionales, pueden ser revocados en cualquier momento, también prescindiendo de proceso previo y sin que el juez llegue a conocer las causas de su destitución. Esto trae consigo una total inestabilidad en el cargo, y, por lo tanto, hace susceptible al juez de presiones de quien tiene poder para destituirlo.

78. Otro elemento estructural que limita seriamente el sistema de justicia penal es la lentitud de los casos, que en el supuesto de persecución de opositores se agrava, pero que es la regla de cualquier tipo de juicio penal en el país. Las razones son múltiples: retrasos por parte de la Fiscalía en sus diferentes intervenciones, corrupción, demoras en el traslado de detenidos, acumulación de casos y excesiva rotación de jueces.

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