Carta abierta de los trabajadores venezolanos

Por el restablecimiento de la Constitución de la República y la Democracia

La Unidad Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial, en uso de los derechos que le otorgaron los trabajadores, sus asociados y los que les da la Constitución de la República.

Considerando que:

La Nación se encuentra en medio de una catástrofe económica, política y social como consecuencia de la pérdida progresiva del Estado de Derecho y la democracia, impuesto por la simbiosis Estado, gobierno y partido en una unidad monolítica, a través de un poder unipersonal, que hizo fenecer la autonomía de los poderes públicos y toda capacidad de control de la sociedad sobre el Estado. Asimismo, estamos en presencia de un ejercicio excesivamente concentrado, autoritario y despótico del poder, aderezado con un cuadro de anarquía, desorden e improvisación, manifestaciones de una profunda crisis institucional.

Considerando que:

El drama demuestra la inviabilidad del modelo económico, este además, se produce en el periodo de mayor bonanza en los 100 años de historia petrolera del país, convertida paradójicamente en debacle económica; no solo por la ineptitud, la corrupción, sino también, por una política de emisión de dinero inorgánico, endeudamiento, de ahogo y contracción del aparato productivo, expresado entre otras por la desinversión en el sector industrial, agrícola y agroindustrial, expropiación de  empresas y el despojo de tierras en pleno proceso de producción-  para ser sustentada por los ingresos petroleros reforzando aún más el rentismo y como consecuencia la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, desarrollando altísimas inversiones para la importación de bienes y servicios, propiciando la oportunidad de grandes negocios ilegales y la corrupción.

El actual gobierno reforzó la especulación financiera, catalizada además por una política cambiaria totalmente desquiciada, incrementó de manera descomunal la deuda externa con  el manejo ineficiente y corrupto de los recursos. Si a ello le agregamos las políticas de entrega de nuestras riquezas a intereses foráneos, con la negociación a espaldas de la nación de la plataforma Deltana, la entrega de bosques, ríos, hasta llegar por ejemplo al agresivo y depredador proyecto del Arco Minero del Orinoco, nos indican que ahora somos más dependientes que antes, tanto del petróleo como de las grandes transnacionales, hemos perdido soberanía y nuestra Nación está más sometida.

Considerando que:

Los elementos señalados y el caos social, expresado en el incremento acelerado de la pobreza y el hambre; en los graves desajustes en la educación; en la crisis humanitaria en la salud; la escasez de alimentos y medicinas; el descalabro de los servicios públicos; el incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen; el incumplimiento de los derechos sociales plasmados en la Carta Magna; la supresión de la autonomía de las organizaciones sociales y la violación sistemática de los Derechos Humanos, describen la peor tragedia de nuestra historia.

Considerando que:

Esta hecatombe ha producido un daño sin precedentes en la sociedad venezolana, apreciándose con mayor crudeza en la clase trabajadora, que ha visto suprimidos sus principales derechos; la libertad sindical, el derecho al trabajo y los derechos laborales, como la contratación colectiva y a la huelga; feneció el diálogo social entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno; las inspectorías del trabajo sometidas al poder ejecutivo; la anulación por la vía de los hechos de la Ley de Seguridad Social; la no aprobación de los recursos para cubrir el bono de alimentos y medicinas para los pensionados y jubilados y el proceso destructivo del empleo decente, apareado al incremento del empleo precario. El poder adquisitivo del salario sufrió un deterioro abismal, como consecuencia de la recesión y la más alta inflación del mundo, producida por las distorsiones señaladas y por el uso de dinero inorgánico (sin respaldo en la producción), echando por tierra el concepto de salario suficiente establecido en el Art. 91 de la CBRV, ya que los niveles de ingresos están 19 veces por debajo de la cesta alimentaria, lo que ha ocasionado los altos niveles de desnutrición general en nuestro país.

Estas consideraciones generales antes descritas, desnudan la realidad que sufre la Nación, sin embargo, las hacemos acompañar con algunas evidencias específicas que a continuación se señalan:

Crisis política e institucional

La desactivación del Sistema Democrático impidió al Estado reparar las causas del deterioro y las nefastas consecuencias generadas por la política inconstitucional del Poder Ejecutivo sobre todo el país y sus pobladores, reflejándose con mayor incidencia en los más desposeídos, los ancianos, los niños y los que viven en situación de pobreza extrema.

La enmienda constitucional mediante la cual se aprobó la reelección indefinida, de todos los cargos electos por votación popular, le otorgó en su momento al Presidente Chávez, la potestad para amoldar y controlar a todos los poderes, traduciéndose en el establecimiento de convenios y créditos sin control e importaciones con dólares protegidos.

Contrario a los principios constitucionales que definen a nuestra República como democrática, federal y descentralizada, a nuestra democracia como participativa y protagónica, desarrolló una política para concentrar y centralizar aún más la administración pública, desechando los pocos avances que se habían dado en materia de descentralización, al tiempo que la participación ciudadana y la autonomía de las organizaciones sociales, se redujo a la mínima expresión.

Las llamadas misiones y las instancias organizativas impuestas desde el Estado, Consejos Comunales, Comunas, entre otras, se convirtieron en instrumentos para la clientela política, para la manipulación perversa, para las prácticas excluyentes y discriminatorias contra la disidencia; asimismo, el uso de la violencia y el terror para agredir periodistas, dirigentes políticos y sociales; la hegemonía comunicacional a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, que llevó a controlar el 95% del espectro radioeléctrico, luego del cierre de canales de TV, emisoras de radio, y el chantaje a la prensa escrita, negándoles la adquisición de papel para la buena marcha de los mismos y un cúmulo de actuaciones orientadas a criminalizar y judicializar la disidencia y la protesta, ocasionaron la transgresión a la Constitución y al principio de participación protagónica del soberano. 

La colocación del Poder Legislativo, Electoral, Judicial y Contralor, a merced del poder ejecutivo, eliminó en forma progresiva las funciones de Defensa de la Nación que les corresponde a nuestra Fuerza Armada, permitiendo a las mafias internacionales atravesar impunemente nuestras fronteras, propiciando un Estado forajido, a través del secuestro, la extorsión, el cobro de vacunas, abigeato, coimas o sobornos, sicariatos, mafias, pranatos y demás; sistema que migró hacia las policías y altos mandos militares, colocando a nuestros inutilizados policías y soldados bajo el mando de los negociantes de otros países, como servidumbre de mercados, estacionamientos y comercios o como acompañantes de utilería de los programas clientelares del partido de gobierno.

Luego de quedar Nicolás Maduro como Presidente encargado y a la vez designado por Hugo Chávez como su sucesor para una eventual nueva elección, es juramentado el 10 de enero de 2013 como nuevo presidente, al declararse la ausencia absoluta del Presidente, en una acción írrita e inconstitucional del TSJ. Asimismo, posterior a las elecciones del 14/13/2013, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue electo, con una mínima diferencia sin la posibilidad de auditar debidamente dicha elección, sembró dudas sobre su legitimidad de origen y, a más de tres años de mandato de Maduro bajo el tutelaje cubano, colocaron al desnudo la crisis heredada y agravada, produciéndose su ilegitimidad de desempeño.

La incapacidad e ineptitud del nuevo Presidente, las contradicciones internas de su partido y la inexistencia de cohesión en los equipos de trabajo, incrementaron la anarquía y la desintegración del Gobierno y el Estado, deviniendo ello en franquicias, gobiernos dispersos y paralelos de Ministros y Gobernadores, algunos de los cuales se asociaron a la delincuencia nacional e internacional para descalabrar la nación, sacar los dólares y las reservas de oro.

El mismo pueblo que, según el CNE eligió al presidente Maduro, tres años después, eligió abrumadoramente una Asamblea Nacional (AN) con mayoría absoluta de Diputados opositores, con base en la misión de impulsar el restablecimiento del Orden Democrático, la independencia de los poderes, propiciar salidas a la crisis y crear condiciones de gobernabilidad del país.

Los derrotados diputados salientes, liderados por el representante de los militares, Diosdado Cabello, asumieron una ilegal y violatoria acción, saltándose todas las normas y lapsos legales, nombrando un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con obedientes militantes políticos, atropellando y obligando bajo coacción la jubilación ilegal de magistrados, quedando dicho cuerpo nulo de nulidad absoluta.

El ilegal nuevo TSJ contravino la voluntad del pueblo, anulando a los diputados del Estado Amazonas, eliminando toda Ley emanada de la AN y creando protecciones leguleyas para los ministros y funcionarios corruptos, dándoles poderes supra constitucionales, eximiéndolos de su deber de rendir cuentas de sus actos. Así mismo eliminaron los lapsos para dictar cualquier sentencia, generando un limbo jurídico y reduciendo la mayoría absoluta a una mayoría simple, bloqueada, además por interpretaciones amañadas de la Constitución.

 La utilización del ilegal poder Judicial para aprobar y controlar las decisiones de gastos, deudas y compromisos del Poder Ejecutivo y cerrar las puertas para que el pueblo pueda decidir su destino, destruye totalmente toda posibilidad de detener la alta corrupción y el saqueo extra nacional e invasión de los países afines al totalitarismo cubano.

La nueva AN electa abrumadoramente por el pueblo e impedida para ejercer sus funciones, producto del bloqueo propiciado por el poder absolutista, debió acudir a los organismos internacionales para el restablecimiento del orden democrático y la independencia de los poderes.

 Esta tragedia, el descontento popular y la anulación del Estado de Derecho, crearon la necesidad de invocar al poder originario, mediante el cual los ciudadanos pueden hacer uso de su derecho constitucional a activar la revocatoria del mandato del Presidente, pero el mismo fue bloqueado sistemáticamente por el CNE, que en componenda con el TSJ y bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, propiciaron la estocada a este derecho del pueblo, haciendo uso de tecnicismos absurdos y triquiñuelas leguleyas.

Las acciones conjuntas del CNE y del ilegal Poder Judicial, de cerrar toda vía electoral, pacífica y democrática, creando, nuevas interpretaciones y leyes que otorgan un  derecho al Poder Ejecutivo de actuar fuera de la Constitución, es demostración pública, nacional e internacional del secuestro de poderes y de la Constitución, traduciéndose en mayores dificultades para corregir las causas de la crisis humanitaria que sufre la nación.

 A lo descrito se añade el silencio cómplice del Poder Ciudadano, especialmente el encomendado para  Defender al Pueblo, quien NO se ha pronunciado con fuerza en contra de la larga lista de violaciones a los Derechos Humanos, destacándose las detenciones arbitrarias, el hacinamiento en cárceles de ciudadanos sin juicio, el ajusticiamiento policial, con oficializados “escuadrones de la muerte”, la situación de hambruna y crisis humanitaria, carencia de alimentos, medicinas y servicios vitales que impactan en la calidad de vida en general, pero que se refleja aún más en los desvalidos,  llevando a la desnutrición y muerte de niños, ancianos y enfermos.

 La desaparición de toda acción contralora y fiscalizadora de la Contraloría y de la Fiscalía del Ministerio Público, componentes del Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano) que desde su inicio fue subordinado al Poder Único, permitió el robo inmisericorde contra los bienes de la Nación, hizo que la corrupción se convirtiera en un gran hoyo negro que se tragó al Estado, a través de infinidad de actuaciones de los gobernantes, como por ejemplo el saqueo de las empresas básicas, lo cual se ha extendido hasta los funcionarios de menor rango, que hurtan desde la mínima utilería de oficina, hasta insumos y medicamentos en hospitales, ancianatos, además de dejar inservibles las estructuras de los planteles escolares. La inercia de este Poder, lo coloca al margen de  la Constitución.

Cronología de la debacle económica:

Desvío de los recursos generados por PDVSA hacia países políticamente aliados, por vía de endeudamientos o la firmas de convenios desventajosos a  la Nación (Petro Caribe, Petro Alba, entre otros), en muchos de los casos en proyectos nunca ejecutados y otros sometidos a sobreprecios sin control de ninguna institución; se realizaron préstamos, que indujeron a mayor improductividad, para justificar el sometimiento técnico, económico militar y político con dichas naciones.

Los informes técnicos y administrativos de PDVSA indican una sensible baja de la producción; altos costos de operación; deterioro de instalaciones y equipos, accidentes en las refinerías, derrames como el del Lago de Maracaibo y mas recientemente en el oriente del país, por las bajas inversiones en mantenimiento; renuncias de técnicos especializados, que producto de los bajos ingresos y la inseguridad, emigran al exterior a trabajar como buhoneros; paralización de pozos, taladros y proyectos para reservar los dólares de los inmensurables pagos de intereses de bonos a prestamistas.

Las contradicciones entre el Presidente de PDVSA y el gobierno, dibujan una situación sombría de la fuente del 97% de las divisas nacionales. Los informes de organismos internacionales que estiman una enorme inflación y caídas del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 10%, así como la negativa de los bancos de prestar más dinero al país, hacen más crítica la situación de ingresos para los venideros años, aun si llegasen a repuntar los precios del petróleo.

La sumisión financiera al pago de las ganancias de los prestamistas internacionales (Servicios de la Deuda Externa) y tenedores de bonos (inversionistas de Wall Street, FARC y ELN) así como la prioridad establecida por el Poder Ejecutivo para la compra de armamento y equipos para reprimir al pueblo, traídos desde Rusia, EUA y China; por encima de realizar las inversiones en producción nacional para los alimentos y medicinas, proyectan una catástrofe financiera de consecuencias impredecibles.

La actual política cambiaria alimentó la corrupción y profundizó el desplazamiento de la economía productiva hacia la especulación financiera, detonantes de la hiperinflación y la recesión, la escasez y el desabastecimiento que sufrimos. Si a ello se agrega la incompetencia del gobierno en el manejo de la información financiera y monetaria, dejando una brecha para que sectores con oscuros intereses y valiéndose del poderío de la internet, controlen la relación monetaria y los valores cambiarios, pues entonces, empeoran las distorsiones económicas y los precios de los bienes y servicios se disparan a diario, agravando la crisis alimentaria y de salud.

La pérdida de la cosecha de los principales rubros agrícolas en los últimos años, producto de la negligencia e ineptitud del gobierno, expresados en el abandono de las tierras cultivables, de los sistemas hídricos de riegos; la no importación a tiempo de semillas y buena parte de las adquiridas en mal estado; el deterioro de las maquinarias del agro por falta de repuestos, de todo el proceso destructivo de la economía antes mencionado y todo el negociado ilegal y corrupto en torno a las importaciones y comisiones en dólares de los Ministros, Gobernadores de los Estados de las Fronteras y Comandantes Militares, así como la compra, distribución y control de todos los insumos, repuestos, materiales, alimentos, medicamentos, comunicación, instituciones y medios de producción por parte del Poder Ejecutivo y el partido de gobierno, actuando a sus anchas y sin rendir cuentas, ha traído como consecuencia la grave escasez de alimentos y la perdida de nuestra soberanía alimentaria. 

La participación de los Gobernadores de las fronteras en el comercio de productos colombianos y bajo la protección militar y del SENIAT, es la cara de la perversa competencia desleal, donde se benefician los comerciantes afines, llevando a la quiebra y al sometimiento a los productores nacionales, transportistas y comerciantes no alineados.

Aun con la brecha fiscal enorme, el Poder Ejecutivo no reduce sus prebendas, viajes, escoltas, viáticos, parrandas y demás beneficios, incrementando los gastos para celebraciones de encuentros, reuniones, marchas y hasta cumpleaños o funerales de mandatarios extranjeros, haciendo cómplice a estos países de daños de lesa humanidad sobre los más necesitados.

Caos social:

El incremento generalizado de la pobreza, la pérdida de la calidad de vida y los informes mundiales sobre la situación de hambruna en Venezuela, expresada en las dramáticas cifras: (23,5 millones de venezolanos comen una o dos veces al día, 10 millones se acuestan a dormir sin ingerir proteína animal y cerca de cinco millones de personas en Venezuela hurgan en la basura en busca de algo qué comer), dimensiones que nunca se habían visto en el país y solo reiteran  los graves desajustes sociales; unido a que tenemos el salario más bajo del continente, el ingreso familiar muy por debajo de Haití, la inflación más alta del mundo, son la prueba fehaciente de una política social no sólo errática, sino perversa por el uso de mecanismos de manipulación y control social, ajenos a los intereses nacionales.

El saqueo inmisericorde en instituciones, como los Ministerios de Salud, Seguridad, Infraestructura y Educación, trajo como consecuencia la reaparición de plagas y enfermedades controladas hasta el año 2000, la destrucción de la infraestructura, vialidad, escuelas, universidades, hospitales y todos los sistemas vitales y críticos de la Nación.

Haber distorsionado los mecanismos sociales, naturales y democráticos, hizo sucumbir a nuestra Nación en un inframundo, con una espiral ascendente de angustias, depresión, abandono, sacrificios inauditos y riesgo, contrarios a la vida en armonía que debe tener una sociedad. Los pobladores venezolanos y extranjeros en su desesperación, realizan acciones extremas para adquirir los alimentos o medicamentos, desde la venta de sus enseres para comer, comercio ilícito, hurto vecinal y especulación entre pobres para evitar llegar a la muerte por hambre o suicidio, al quedarse sin esperanzas.

La anulación de los sistemas de comunicación, la injerencia en la Educación Universitaria autónoma, sindicatos, gremios, partidos políticos y organizaciones comunitarias, aunado a la constitución de infinidad de instrumentos organizativos, algunos paralelos y otros de nuevo cuño, pero todos a la imagen y semejanza del poder, permitió desarrollar un control total de dichas organizaciones sociales, sindicales y gremiales y un proceso destructivo contra el sindicalismo decente y libre. Ha sido tan brutal la acción de este poder hegemónico, que eliminó toda disidencia desde las bases, incluyendo la de su propio partido.

La sociedad NO ha encontrado respuesta en el Gobierno ni en el Estado, lo que obliga a mecanismos de apoyo humanitarios que también son bloqueados por el Poder Único, obligando al pueblo a desconocer a todos los poderes y asumir acciones de Auto Defensa de sus vidas, o en algunos casos a optar por irse del País para salvarse, como lo han hecho más de 2 millones de compatriotas.

El incremento de la violencia y el crimen expresado en más de 225 mil asesinatos a manos del hampa en estos 18 años, sin contar la infinidad de otros tipos de delitos, que mantienen a la sociedad en zozobra. Con el agravante de la impunidad, que entre otras cosas ha llegado a un 94% de casos sin resolver; crímenes cometidos por los cuerpos policiales, para-policiales y militares, además de la constitución, como política de Estado, de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo OLP, que cometen atropellos y crímenes similares a cualquier grupo delictual, valen sólo como ejemplo los casos de la masacre de barlovento o la de Cariaco. Son un resumen del fracaso de los último 24 planes de seguridad.

El Poder Ejecutivo aun en esta etapa crítica no da respuesta ni solución a los problemas, sino que al contrario incrementa sus amenazas, burlas e irrespeto en cadena nacional y en programas públicos, donde se evidencia el desprecio por los más desvalidos, en el caso por ejemplo de no aprobar los recursos para cubrir el bono de salud y alimentación para la tercera edad, así como por la cantidad de niños que mueren a diario en hospitales por desnutrición y falta de medicinas. Por ello día a día, el número de seguidores es más reducido.

Considerando que:

La decisión del Pueblo el 6 de Diciembre de 2016 fue ANULADA y las vías democráticas de decidir su destino, CERRADAS, por lo que queda a merced del Poder Único, la destrucción total, el saqueo e invasión de extranjeros delincuentes y capitales sin control provenientes de otros países y, dado que instituciones del Estado y la Fuerza Armada Nacional están secuestrados e inutilizados, obligan al poder originario que es el pueblo, en concordancia con el mandato constitucional, a luchar por el restablecimiento del Estado Democrático y Social de Derecho, cuando este ha sido menoscabado por la autoridad.

Ante las consideraciones señaladas, los Trabajadores venezolanos ACORDAMOS:

Solicitar a la Asamblea Nacional, como órgano electo más reciente por el Pueblo, que proceda a remplazar a todos aquellos funcionarios que ilegalmente usurparon funciones y se hayan subordinado a otros poderes, habiéndose desviado del mandato constitucional para el cual fueron escogidos por la AN, en ese orden interpelar aquellos funcionarios ministeriales y de alta gerencia del Estado, para que rindan cuentas de sus acciones. De igual manera apoyar a las gestiones nacionales e internacionales que realice la AN para restablecer el orden democrático y constitucional; sobre todo, los esfuerzos por rescatar el derecho al voto, que ha sido secuestrado por el Poder Único; derogar leyes inconstitucionales, reformar algunas leyes que contienen artículos reñidos con la Constitución, principalmente los que promueven la segregación política y criminalizan la protesta y el derecho a huelga.

Convocar a los trabajadores a no desmayar en la lucha por el derecho al trabajo, por la unidad y la reconstrucción del movimiento sindical autónomo y libre, que a través de sus convenciones colectivas y la reactivación del diálogo, trabajadores, patronos privados y el gobierno, se logre el trabajo decente, la libertad sindical y la restitución de los derechos laborales hoy conculcados. Además de seguir luchando por el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, la del Seguro Social Obligatorio y particularmente la del bono de salud y alimentación a los adultos mayores.

Emprender una campaña por recuperar el poder adquisitivo del salario indexado, que por ninguna razón puede ser menor que la “Cesta básica para la vida”, tal cual lo establece la Carta Magna en su Artículo 91. Entre otras reivindicaciones lograr la conversión de la cesta ticket en salario y la reducción del IVA a los productos nacionales y básicos, para coadyuvar en la reducción de la inflación.

Acordar un nuevo pacto social, mediante el cual se impulse un programa dirigido al desarrollo sostenible de la nación, a recuperar el poder adquisitivo de la familia venezolana, a reindustrializar el País, a diversificar la economía para, gradualmente, ir suprimiendo el rentismo petrolero. Asimismo, aprobar un plan energético y para la infraestructura nacional, reactivador de la economía y del empleo.

Declarar la salud pública en emergencia. En esta materia debe prevalecer la premisa, “Tu estado de salud no debe depender de tu estado de cuenta”. Además, hay que exigir que el gobierno permita el ingreso inmediato de los medicamentos represados en las aduanas y la dotación de los servicios hospitalarios.

Mejorar la educación, estableciendo metas educativas nacionales y formulando programas que estimulen la creatividad y la formación para el trabajo.

Impulsar la calidad de los servicios, agua, electricidad, aseo urbano y la vialidad.

Defender los principios constitucionales, particularmente el referido a que somos una República federal descentralizada, y activar la autonomía de los estados y municipios, el proceso de descentralización y desconcentración de poderes.

Desarrollar una política monetaria y fiscal, acorde con los intereses de la sociedad. Lo cual requiere de la autonomía del Banco Central de Venezuela BCV y que este deje de ser la caja grande de las empresas del Estado. Crear el Banco de los Trabajadores.

Proponer a la actual Mesa de Diálogo, la incorporación de voceros de los trabajadores y de otras organizaciones sociales.

Denunciar los actos de corrupción y recopilar en todas las instituciones las pruebas que soporten estas denuncias para enfrentar en la calle todo acto doloso por parte de los gobernantes y funcionarios y en exigir la intervención de aquellas instituciones señaladas por incapacidad y por malversación de fondos, además de aislar y no prestar servicios, salvo la atención médica, a funcionarios declarados como corruptos.

Impulsar la conformación de un Gabinete Ministerial de Emergencia integrado por las diferentes fuerzas políticas, económicas, sociales, sindicales y gremiales que permita tomar las acciones correctivas para salir de esta crisis política, social, moral y económica y detener el saqueo por parte de la delincuencia nacional e internacional que se estableció en los altos poderes del estado y la cúpula militar.

Constituir las comisiones interventoras de PDVSA, la CVG y aquellas empresas del Estado quebradas, para sanearlas administrativamente, rescatarlas y aumentar su producción.

Apoyar a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y políticas en sus procesos de democratización, en las consultas a sus afiliados y en la escogencia de sus autoridades en forma autónoma del Poder Único, a objeto de restablecer la participación de las Bases del Pueblo, desacatando los bloqueos realizados por el Poder Electoral.

Respaldar a los Soldados y Policías Venezolanos que se resistan a violentar los Derechos Humanos y que actuando dentro de las leyes en su rol de Defensa de la Nación, desconozcan los mandos extra nacionales o nacionales inconstitucionales.

Ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta y movilización de calle contra los bloqueos leguleyos que cercenaron el derecho al voto, contra aquellos que asumieron ilegalmente funciones en el TSJ, que violentan los Derechos Humanos y que por razones humanitarias deberían ser destituidos en forma inmediata, de no hacerlo los convierte en ejecutores de daños de Lesa Humanidad, previstos en la CRBV y leyes internacionales.

Desarrollar un programa que comprenda la promoción organizativa de las comunidades, la formación y la acción alrededor de todos los ámbitos que abarcan la defensa de los Derechos Humanos y la seguridad ciudadana, en nuestro entorno de actuación y frente al Estado, que debe ser el garante de ambos derechos. Ello comprende: denunciar la conducta delictual de las OLP, que actúan a sus anchas, bajo el lema disparen primero averigüen después; luchar por la libertad de expresión, la libertad de los presos políticos, así como realizar campañas orientadas a revalorizar de forma integral u holística el sentido de la vida, a sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad.

Exigir, como parte de la defensa de los DDHH, el cumplimiento del bono salud y alimentación para jubilados y pensionados; solicitar a las organizaciones mundiales y sus gobiernos pronunciamientos oficiales y acciones de protección de ancianos y niños, que permitan el ingreso de la ayuda internacional y abra las vías políticas y económicas que ayuden a resolver esta crisis que impacta con mayor crudeza a los estamentos más débiles.

Pedir asilos humanitarios preventivos para los enfermos y desvalidos ante las diferentes embajadas y consulados, dada la anunciada profundización de las crisis y la conflictividad social y política, producida por el bloqueo del CNE al NO permitir a sus ciudadanos recuperar su poder para corregir el sistema político o elegir sus gobernadores de Estado.

Apoyar todas aquellas acciones legales que realicen las organizaciones políticas, sociales, sindicales, gremiales, religiosas, entre otras, dirigidas a liberar a la Nación de esta invasora delincuencia y a restablecer la Democracia, sin retaliación para los ciudadanos que por razones propias apoyaron propuestas del gobierno, que en algún momento consideraron justas.

Los Trabajadores nos declaramos en Emergencia Humanitaria, así lo indican las Consideraciones reflexiones, observaciones y propuestas de acción, plasmadas en este material, contentivo de las recopilaciones que surgieron en los debates en asambleas de trabajadores y comunidades, en fábricas, mercados, hospitales, universidades, colegios, autobuses, entre otros sitios de concentración, que nos obligan a redoblar esfuerzos junto a todos los venezolanos para rescatar nuestra nación, razón por lo cual la Unidad Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial impulsara las acciones por lograr un cambio político en nuestro país, por la unidad y la reconciliación de la familia venezolana, por lograr un gobierno que le garantice al pueblo sus derechos sociales, políticos y económicos.

Seguros estamos de que esta gran tarea coadyuvará, por una parte, a la reconstrucción del movimiento sindical, gremial y demás organizaciones de la sociedad civil, bajo los principios del respeto, la autonomía, la tolerancia, la democracia, el pluralismo, la solidaridad y la inclusión y, por la otra, a reforzar la defensa de los intereses del pueblo y el país, a impulsar la lucha por los Derechos Humanos y laborales, consagrados en la CRBV, en los convenios internacionales y en los contratos colectivos, como lo son los derechos asociados al trabajo decente, la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho a huelga, a un salario digno y a la seguridad social.

Convencidos como estamos, de que estas reflexiones y acciones se desarrollan conforme lo dictamina la Constitución Nacional y las leyes de la República y, agradeciendo de antemano por su oportuna respuesta, nos despedimos de Ustedes,

CONSEJO GENERAL DE LA UNASSG

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