EEUU sanciona a Bernabé Gutiérrez y a otros cuatro políticos venezolanos

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, dijo que su país está comprometido a garantizar elecciones libres en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) informó que cinco políticos venezolanos fueron agregados a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de personas sancionadas este martes 22 de septiembre, siendo uno de ellos Bernabé Gutiérrez, quien fue nombrado presidente de la junta ad hoc del partido Acción Democrática por el Tribunal Supremo de Justicia.

Ya el caso de Gutiérrez había sido preguntado a mediados de agosto por el periodista Vladimir Villegas al encargado de Negocios de EEUU, James Story, quien en esa oportunidad abordado acerca de los rumores que corrían respecto a la revocación de su visa, diciendo entonces que no podía hablar de casos particulares pero sí de personas sancionada.

Otro de los nuevos sancionados por EEUU es el diputado Chaim Bucarán, quien a mediados de junio acudió al TSJ para denunciar a la directiva del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) por supuestas irregularidades y solicitar la intervención de la organización con fines políticos.

Les acompañan Williams José Benavides Rondón, nombrado presidente de la junta ad hoc del partido Tupamaro -partido afín al chavismo- por el máximo tribunal de Venezuela, luego de las acciones legales ejercidas contra el secretario general de ese movimiento, José Pinto, acusado de ser responsable de la muerte de un adolescente en el estado Vargas.

Guillermo Luces Osorio, diputado de Voluntad Popular señalado de ser uno de los parlamentarios acusados de haber recibido dineros cuando ocupó la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para firmar una «carta de buena conducta» a solicitud del empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, para exonerarlo de manejos turbios y anunciar el cierre de investigaciones en su contra por corrupción.

Salva Foods 2015 es una empresa ligada al empresario colombiano Alex Saab y a su socio, Álvaro Pulido.

Luces fue uno de los primeros investigados por una comisión liderada por Edgar Zambrano, aunque los resultados de la misma no se conocieron posteriormente. Además, junto a José Gregorio Noriega, fue nombrado por el TSJ como uno de los integrantes de la junta ad hoc de Voluntad Popular. Había sido expulsado de las filas de la tolda naranja a finales de 2019.

Por último, Miguel Antonio José Ponente Parra, quien funge como jefe de despacho del diputado Luis Parra, quien se abroga para sí la presidencia de la Asamblea Nacional que oficialmente ostenta Juan Guaidó y además, es delegado político del partido Primero Justicia, que habría sido despojado por el TSJ y dada su conducción a José Brito.

“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen”, dijo el secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin.

Estas personas están vinculadas a organizaciones políticas que pretenden participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y según el Tesoro, se les acusa de haber facilitado los esfuerzos hechos por el régimen de Nicolás Maduro para «manipular» los comicios.

De acuerdo a Europa Press, el Tesoro recordó que el TSJ se pronunció en los últimos 90 días sobre los casos de tres de los cuatro partidos más importantes de la oposición venezolana actualmente, que son «promovidos por miembros próximos al régimen de Maduro, decantándose por ellos y designando juntas directivas de dichas formaciones ad hoc».

A estas personas se les congelan sus cuentas y los bienes muebles e inmuebles que tengan en EEUU, así como se les restringe su entrada al país.

27 partidos opositores acordaron unánimemente no participar en elecciones del 6D. En un comunicado, emitido el domingo 2 de agosto, reiteraron la decisión que se conoció el sábado 1° de agosto y que estuvo colgada poco tiempo en la página del Centro de Comunicación Nacional (CCN) antes de que la nota fuera retirada.

La oposición mayoritaria  llamó a todos los sectores sociales y políticos del país a construir una nueva ofensiva democrática. «El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», indican en el comunicado.

Juan Guaidó hizo posteriormente un llamado a formar una coalición unitaria contra el régimen de Maduro y realizar una consulta popular -a la que se oponen María Corina Machado y Henrique Capriles- en la que señaló que no se trata «de un día D» o un fin en sí mismo para lograr un cambio político en el país.

«La consulta no es el fin en sí mismo, es un medio de agitación, de presión a la dictadura en este momento y ese es el enfoque que estamos dando (…) No se trata de un día D, se trata de un proceso que hemos venido construyendo, que se suma a la presión ciudadana, a la designación de las FAES, la ampliación del equipo de cooperación internacional, a la donación de ayuda humanitaria, a los acuerdos con la DEA, es decir, esto es un mecanismo de expresión de las mayorías», expresó el mandatario interino en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales el 9 de septiembre.

Las sanciones contra estas personas ocurren un día después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunciara penalizaciones contra Nicolás Maduro y el Ministerio de Defensa de Irán por supuestamente violar embargo de armas impuesto a la nación persa.

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