El Bloque Constitucional de Venezuela a la opinión pública nacional e internacional sobre la pretendida ley antibloqueo

El Bloque Constitucional de Venezuela cumpliendo con uno de sus fines esenciales, como lo es coadyuvar al rescate del orden constitucional y democrático:

Considerando,

1.- Que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente anunció, el pasado 8 de octubre, haber aprobado un acto denominado Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

2.- Que respecto de esta pseudo ley, se han hecho muy fundados análisis sobre su ostensible ilegitimidad constitucional y sus peligros, sin embargo, a pesar de estas incontestables valoraciones, también, se ha podido constatar que algunos sectores (no oficialistas) insisten en ver aspectos positivos en esta iniciativa, ante la expectativa nada razonable (dada la escasa credibilidad de los detentadores del poder) de supuestas desregulaciones y devoluciones de bienes confiscados o expoliados.

3.- Que el propósito esencial del texto pseudo legal es consolidar un nuevo paradigma constitucional, signado por un régimen de excepción con vocación de permanencia, que apunta a un deslinde definitivo  con los objetivos programáticos y el proyecto  político (democrático), establecidos en la Constitución de 1999, el cual, viene a sumarse a otros dos estados  o  situaciones  de  excepción,  que  de  manera  inconstitucional  ha  establecido  el régimen imperante: el Estado de emergencia económica, y el estado de alarma (Covid19).

4.- Que en paralelo a los precitados regímenes de excepción, los detentadores del poder han venido ejerciendo desde hace más de un lustro, una sistemática e ilegítima facticidad (vías de hecho), a través de espurios actos del Ejecutivo Nacional, pseudo sentencias del TSJ, actos ilegítimos del CNE, actos inexistentes de la ANC (leyes, nombramientos, autorizaciones, etc.), entre otros.

5.- Que el régimen imperante, en el contexto de excepcionalidad y facticidad precitado, al autoatribuirse poderes excepcionales, extraordinarios y exorbitantes, pretende consolidar (en los hechos) un nuevo “orden constitucional  ilegítimo”, en virtud del cual, aspira a asumir de manera espuria la dirección política del Estado.

6.- Que uno  de los rasgos más relevantes del régimen de excepción, es la asignación (constitucionalmente ilegítima) a  quienes usurpan el Ejecutivo  Nacional,  de potestades extraordinarias, tales como: (i)  la desregulación de sectores y actividades económicas, mediante la desaplicación de normas legales y eventualmente constitucionales; (ii) la celebración de actos y negocios jurídicos; modificación del régimen de constitución, propiedad, gestión y funcionamiento de empresas públicas y mixtas dentro  y fuera de Venezuela; administración de pasivos y activos, mediante operaciones disponibles en mercados nacionales e  internacionales; todo  lo  anterior  en  menoscabo  del régimen de reserva de actividades económicas instituido por el artículo 303 de la Constitución; (iii) la implementación de mecanismos excepcionales de contratación, en detrimento del régimen de licitaciones, de concesiones, y de autorización de la Asamblea Nacional (contratos de interés público); (iv) la asociación con capitales de origen ilegítimo en condiciones ilícitas y, además, lesivas para Venezuela; (v) el uso del aparato represivo totalitario contra quienes se opongan a “su ejecución”; entre otros.

7.-  Que  la  pretendida  disposición transitoria  segunda,  no  deja  lugar  a dudas sobre  el propósito ilegítimo de esta tentativa normativa, al señalar que todas las normas que colidan con esa pseudo ley quedan suspendidas, propiciando en la práctica una disrupción constitucional para crear un nuevo orden económico (excepcional), a partir de una “hoja en blanco”, lo que viene a ser una verdadera aberración jurídica, por cuanto, una “hoja en blanco constitucional”, a ser llenada con la sola voluntad ilimitada de los detentadores del poder, es la expresión más inequívoca de la arbitrariedad, de la ausencia de estado de derecho, lo que generará mayor vulnerabilidad e imprevisibilidad para los venezolanos. 

8.- Que el carácter secreto de la desaplicación de normas legales (y eventualmente constitucionales), para “la desregulación de actividades y sectores económicos”, es una práctica, constitucionalmente aberrante, con antecedentes sólo en dictaduras como la de Pinochet, bajo la cual, se dictaron 159 leyes secretas, relacionadas con negocios y operaciones económicas y financieras signados por la opacidad, entre los que destacan préstamos personales del Banco Central de Chile a Pinochet, y préstamos internacionales en los que él fue beneficiario directo.

9.- Que las normativas de excepción genéricas tienen como antecedente a regímenes totalitarios como el nazismo, que obligó al Parlamento alemán a dictar  la Ley para el remedio de las necesidades del Pueblo y del Reich (marzo 1933), con la que se eliminaron los restos de institucionalidad democrática que quedaban en Alemania, cuyo impacto fue de tal entidad, que el Nazismo no se molestó en derogar expresamente la Constitución de Weimar ni en dictar una nueva, pues, posteriormente, el artículo 4 de la Ley sobre la Reconstrucción del Reich (enero 1934), simplemente estableció: “El gobierno del Reich puede establecer nuevo Derecho Constitucional”.

10.- Que al emanar la pretendida ley antibloqueo de un órgano constitucionalmente inexistente, y de una autoridad usurpada, resulta innecesario hacer referencia a vicios adicionales que afectan su validez.

ACUERDA:

PRIMERO: Exhortar a los sectores democráticos en Venezuela (su liderazgo y sociedad civil), y a nuestros aliados en la comunidad democrática internacional, a rechazar enérgicamente esta pretendida ley, por emanar de un órgano manifiestamente inconstitucional, que coloca en situación de absoluta vulnerabilidad e imprevisibilidad a todos los venezolanos.

SEGUNDO: Rechazar la pretensión ilegítima, de los detentadores del poder, de colocar bajo un manto de opacidad, reserva y confidencialidad (excepto para sus beneficiarios), operaciones de carácter económico  y financiero, lesivas al interés nacional, las cuales, además, de involucrar capitales ilegítimos, comportarán una derogatoria fraudulenta de la Ley contra la Corrupción.

TERCERO: Denunciar que a través de esta “ley”, se pretende legitimar la instauración de un nuevo régimen económico constitucional, no sólo depredador, sin reglas, literalmente salvaje, sino, además, encubridor de los casos de gran corrupción denunciados ante instancias internacionales.

CUARTO: Alertar a los sectores democráticos en Venezuela (su liderazgo y sociedad civil), y a nuestros aliados en la comunidad democrática internacional, que a través de este régimen  de  excepción  se  pretende  asignar  a  dedo  actividades  reservadas  al  Estado; rematarse empresas públicas o acciones en empresa mixtas o establecerse monopolios, en beneficio  de  determinados  agentes  económicos,  que  tendrán  como  única  virtud  su asociación,  sociedad,  o  alianza  con  los  detentadores  del poder  (una  especie  de  crony capitalism), o un objetivo geoestratégico común.

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga Sánchez,  Jorge Rosell Senhen,  Rubén Pérez Silva,  Pedro  Rondón H.,  y René  Molina Galicia. Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha. Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Humberto Romero Muci; María Concepción Mulino, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera  Morales,  Alejandro  Canónico,  Franklin  Hoet,  Fernando  Peláez  Pier,  Gustavo Linares  Benzo,  Nelly  del  Valle  Mata,  José  Francisco  Comte,  Marcos  Solís  Saldivia, Mariana  León  Mármol,  Flor  Zambrano,  Rafael  Chavero  Gazdik,  Eustoquio  Martínez, Carlos Camero, Alejandro González Valenzuela, María Luisa Acuña López, Gustavo Tarre Briceño, María Amparo Grau Togores, Gerardo Fernández, Gonzalo Pérez Salazar, Víctor Rodríguez Cedeño, Milagros Betancourt C., Joaquín Núñez Landáez, Iván Pérez Rueda, Moisés  Troconis  Villareal,  Henry  Henríquez  Machado,  Juan  Manuel  Raffali,  Maibí Rondón, Luis Petit, Fernando M. Fernández, Génesis Dávila y Noemí Del Valle Andrade. Federación  de  Colegios  de  Abogados  de  Venezuela:  Marlene  Robles,  (Presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo; Jesús Vergara Peña y José Luis Machado. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino  Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Lucia Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes),  Omer  Figueredo  (Delta  Amacuro),  Yvett  Lugo  (Distrito  Capital),  Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado  de Muguesa (Guárico), José Luis Machado  (Lara), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira), Mario Torres (Zulia). Bloque Constitucional. Capítulo España. Coordinador Carlos Sarmiento Sosa.

Caracas, 16 de octubre de 2020

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