En Venezuela no hay justicia para las víctimas de la represión

Declaración de la Red de Derechos Humanos del estado Lara

Las recientes declaraciones del Fiscal General impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente en las cuales señala el envío de un informe a la Corte Penal Internacional sobre el enjuiciamiento a funcionarios del Estado por violaciones al derecho a la vida y a la integridad de manifestantes pacíficos, constituyen una afrenta a las víctimas de ajusticiamientos y torturas y a sus familiares.

Precisamente son los familiares de las víctimas quienes con mayor fundamento y veracidad pueden confirmar que el Ministerio Público y los tribunales en Venezuela han actuado en algunos casos solamente porque se les ha presionado con las denuncias de organizaciones sociales y de familiares. Hasta el momento las investigaciones que se han emprendido sobre algunos de los más de 300 ajusticiamientos que los órganos militares y civiles ejecutaron sobre personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación pública entre los años 2017 y 2020, no han realizado la correspondiente citación a los funcionarios involucrados, en las Fiscalías se han presentado múltiples obstáculos a los familiares para el acceso a los expedientes y no se ha identificado a los responsables de ordenar y ejecutar las acciones armadas contra las personas fallecidas o torturadas. Incluso, existe evidencias de pérdidas de pruebas y documentos en los respectivos expedientes.

Como organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos que durante estos años hemos acompañado los enormes esfuerzos de familiares de jóvenes ajusticiados, constatamos que en medio de su dolor e impotencia han continuado exigiendo justicia, asistiendo día a día a las Fiscalías del Ministerio Público y han puesto de manifiesto su inacción en las investigaciones. Negativas, postergaciones y negligencia fundamentalmente es lo que han recibido en cuanto a la investigación de los hechos criminales en los cuales fallecieron sus familiares.

Nos hacemos plenamente solidarios con la exigencia de cientos de familiares de víctimas que han levantado su voz y sus testimonios para reclamar el legítimo derecho a la justicia y el acceso a procesos judiciales con la celeridad, rigor y transparencia que estos graves hechos demandan. Debe individualizarse la responsabilidad de los ajusticiamientos cometidos así como la plena identificación de la cadena de mando que autorizó la comisión de tales violaciones a la vida.

El Ministerio Público no puede sustraerse de sus responsabilidades y mucho menos aparentar unas actuaciones que en estos años de graves violaciones a los derechos humanos no ha realizado. En Venezuela no ha habido justicia ni voluntad de hacerla por parte de los órganos del Estado que les compete. Esa verdad debe ser constatada por la Corte Penal Internacional y la voz de las víctimas es fundamental para sustentarla

En Barquisimeto, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno

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