El Grupo Orinoco, de energía y ambiente en el contexto del desarrollo sostenible, manifiesta su posición y propuestas, ante los últimos eventos meteorológicos que han causado desastres socionaturales en varias partes del país, resultando en pérdidas irreparables de vida y familias damnificadas, imagen imborrable que ha impactado a la sociedad venezolana.

La problemática del riesgo y los desastres debe ser entendido y asimilado, por la sociedad civil y los entes gubernamentales, como un tema relacionado con la ocupación y uso del territorio y vulnerabilidad, lo cual es fundamental para la transición hacia el desarrollo sostenible de Venezuela. En ese marco, la gestión del riesgo de desastres y las medidas de adaptación a la variabilidad meteorológica presente y al cambio climático son acciones complementarias a implantar en el mediano y largo plazo. Su gestión planificada, oportuna y efectiva demanda de un enfoque multidisciplinario y del conocimiento interinstitucional, por lo que requiere de una visión integral y de una autoridad que estimule, promueva y coordine el trabajo conjunto y articulado entre las comunidades, los centros generadores y transmisores de conocimientos y los diversos ámbitos de gobierno nacional, regional y local. 

Las políticas públicas constituyen las declaraciones de principios fundamentales, establecimiento de objetivos y las maneras para alcanzarlos, que permiten al estado afrontar a mediano y largo plazo algunos temas de interés general. Por ello, la institucionalidad de la gestión del riesgo de desastres comprende la organización funcional de todas las organizaciones estatales, de la población, así como el régimen jurídico y normativo que les sirve de soporte.

Una política moderna de gestión del riesgo de desastres debe integrar el conocimiento e información del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres, así como las estrategias para asegurar la gobernabilidad de la gestión de los desastres y su contribución al ordenamiento territorial como instrumento para construir el desarrollo sostenible del país. Así mismo, una efectiva gestión del riesgo de desastres debe considerar como relevante, la educación, capacitación y organización de las comunidades para afrontar preventiva y anticipadamente cualquier episodio de desastres naturales que amenace su integridad.

Venezuela debe comenzar por formular un Plan Nacional para reducir el riesgo de desastres socionaturales, las pérdidas de vidas y promover las condiciones de salud y bienestar, tal como lo establece el Marco de Sendai (2015-2030), que se enfoca en adoptar medidas sobre las tres dimensiones del riesgo de desastre (exposición a amenazas, vulnerabilidad y capacidad, y características de las amenazas), para poder prevenir la ocurrencia de nuevos riesgos, para reducir los riesgos existentes y para aumentar la resiliencia. Tal estrategia para la reducción de riego debe incluir los siguientes componentes: (i) entendimiento del riesgo, (ii) fortalecimiento de la gobernabilidad para gestionar el riesgo, (iii) inversión en reducción de riesgo y construcción de resiliencia, (iv) mejorar la preparación para una respuesta más efectiva en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Es relevante que en una estrategia de reducción del riesgo de desastres (RRD) se incluya educar a la población, formal e informalmente.

En cumplimiento de este enfoque, los organismos competentes del Poder Nacional y Municipal, con el apoyo de las respectivas gobernaciones, deberán adoptar las medidas pertinentes y necesarias para su ejecución en los 335 municipios del país, en un plazo máximo de 7 años y coincidiendo con el 2030, año del marco de Sendai y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre esas medidas para la gestión de riesgos socionaturales se proponen las siguientes:

A.    Elaboración de un Mapa de Amenazas que incluya los siguientes aspectos:

1.     Hidrometeorológicas: huracanes, tormentas y ondas tropicales, inundaciones (fluviales y pluviales), marejadas, tsunamis, sequías y desertificación.

2.     Geodinámicas: sismos (temblores y terremotos), movimientos gravitacionales o en masa (deslizamientos, derrubios, etc.), flujos torrenciales.

3.     Tecnológicas: de instalaciones fijas y transporte, instalaciones químicas y petroleras y petroquímicas, estaciones de suministro de combustible, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, presas, incendios forestales en campos y de interfase (que afectan edificaciones y áreas pobladas)

4.     Incremento del nivel del mar y erosión de playas

B.    Elaboración de un Mapa de Vulnerabilidades.

1.     Cauces expuestos a inundaciones, planicies inundables, abanicos aluviales. 

2.     Depresiones costeras expuestas a oleajes y tsunamis, subsidencia.

3.     Zonas vulnerables a movimientos en masa: laderas empinadas con o sin vegetación boscosa, con predominancia de suelos muy friables y/o rocas fracturadas; laderas ocupadas por construcciones precarias sobre terrenos inapropiados, remoción en masa y flujos torrenciales en vertientes montañosas.

La pobreza es un factor importante de vulnerabilidad en el país, principalmente en los barrios “autoproducidos”, emplazados sin planificación, expandiendo la ocupación urbana sin estudios geotécnicos, hidrológicos, ni de otra naturaleza para conocer las condiciones de riesgos o de estabilidad de los terrenos. En tal sentido, se proponen, además, las siguientes acciones:

1.     Obtención de un Mapa de Riesgos de cada municipio, resultante de la superposición de ambos mapas, mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), imágenes satelitales, escaneo 3D mediante drones y otras tecnologías apropiadas; con el fin de definir, planificar y ejecutar las acciones necesarias para la reducción del riesgo de desastres. En ningún caso se permitirán nuevas construcciones en terrenos incluidos, en el mapa de riesgos.

2.     Identificar, localizar y calificar las edificaciones, infraestructuras y redes de servicios, ubicadas en el mapa de riesgos. Reforzar, reubicar, demoler, u otra acción de rehabilitación y regeneración; así como ejecutar las obras de protección apropiadas: represas, diques, canalizaciones. Los terrenos liberados deben ser transformados en áreas verdes, parques, senderos, reservorios o lagunas de alivio de inundaciones, jardines de lluvia.

3.     Identificar las rutas de evacuación y capacitar a la población para organizarse y actuar ante situaciones de alerta o de emergencia ante la ocurrencia de desastres socionaturales.

4.     Promover y apoyar la ejecución de Planes Municipales de RRD.

5.     Promover la actualización y fortalecimiento de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas telemétricas en las cuencas, cuyas mediciones en tiempo real permitan implementar sistemas de alerta temprana.

6.     Promover el entrenamiento de las comunidades para la construcción, medición e interpretación de pluviómetros artesanales de bajo costo.

7.     Promover un sistema de incentivos y estímulos para los actores y sectores de la sociedad que incorporen la RRD, como prioridad en el marco de sus actuaciones operativas y estratégicas.

8.     Establecer un sistema de sanciones administrativas, civiles y penales, para los actores y sectores de la sociedad que incumplan la normativa y las leyes relacionadas a la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, así como para quienes provoquen situaciones de riesgo o desastres, invasión de terrenos no ocupados, entre otras.

9.     Implementar las medidas que aseguren la ejecución de las políticas y planes estratégicos trazados por los organismos competentes a corto, mediano y largo plazo y en los demás procesos de planificación del desarrollo del país.

C.    Creación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Creación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGRED) con la función de coordinar y hacer seguimiento desde el nivel nacional, a todas las actividades inherentes a la reducción del riesgo por desastres.

CONCLUSIÓN

El Grupo Orinoco ve con beneplácito que estas consideraciones y propuestas sean atendidas por los organismos competentes, para formular una estrategia nacional de prevención de riesgos de desastres socionaturales, vital ante el reto que nos compromete con el desarrollo sostenible de Venezuela.

Diciembre 2022