Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes para denunciar el incumplimiento de la constitución y leyes de la república por parte del gobierno nacional

 

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Universidades, ante el incumplimiento de la Constitución y leyes de la República por parte del gobierno nacional, acuerda pronunciarse pública y categóricamente por las siguientes consideraciones:

Considerando

Que la situación presupuestaria de las universidades nacionales, es crítica en extremo, impactando todo el espectro que abarca el presupuesto propiamente dicho, desde los salarios de los trabajadores y personal docente con todos los beneficios salariales y aportes a entes para-universitarios suspendidos desde hace ya casi un año, pasando por las ahora inexistentes providencias estudiantiles, hasta los más esenciales recursos necesarios para un funcionamiento adecuado de nuestras instituciones, situación que presumimos es parte de un plan de destrucción por diseño de nuestras casas de estudio y así forzar una dominación total, por hambre y por ahogo de nuestra comunidad universitaria, con el fin último de imponer un modelo ideológico a la fuerza.

Considerando

Que el expolio del presupuesto universitario no sólo se ha afianzado sino se ha incrementado, con el secuestro de la nómina de todos los entes de la administración pública, llegando al punto de no honrar las convenciones colectivas redactadas e impuestas por el gobierno y refrendadas por las federaciones corporativistas al servicio de éste, dejando de lado beneficios tradicionales como antigüedad, formación, prestaciones sociales, cajas de ahorro, entre otros, violando la Constitución de la República y por ende nuestros derechos humanos, de manera masiva y recurrente, situación que podría configurar un crimen de lesa humanidad o por lo menos un apartheid, particularmente en la educación a todos los niveles, lo que implica una destrucción, por diseño, del futuro del país.

Considerando

Que en reiteradas oportunidades la Ministra de Educación Universitaria ha acallado la voz de la Universidad de Los Andes y de otras universidades, ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), estableciendo un veto arbitrario al Rector de la Universidad de Los Andes y a otros rectores y miembros del CNU, ante sus propuestas de discusión sobre temas medulares para las universidades y la nación, no cumpliendo con los procedimientos y reglamentos que rigen un cuerpo colegiado, como lo es el CNU.

Considerando

La sistematización progresiva del irrespeto y la violencia contra la autonomía universitaria; y la usurpación de funciones administrativas, como lo son la elaboración y el pago de las nóminas de los trabajadores universitarios, han sido políticas recurrentes y agresivas por parte de Ministerio de Educación Universitaria durante los últimos tiempos, infringiendo la vigente Ley de Universidades. Estas formas de hacer se alejan del espíritu universitario que define la Ley de Universidades en la búsqueda de la verdad, en el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre, para colaborar en la orientación de la vida del país mediante la necesaria contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, inspirado en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y abiertos a todas las corrientes del pensamiento universal.

Considerando

Que los aumentos salariales de los últimos años han sido una estafa a todos los trabajadores de la administración pública, pues se aplica un enfoque neoliberal de reducir los salarios para producir un ahorro en las arcas nacionales, a costa de la vida, del sacrificio y de la dignidad de los trabajadores y del pueblo, llegando al extremo de no honrar la última Convención Colectiva Universitaria e imponer un supuesto instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto y luego en connivencia con la federación corporativista pulverizar los bonos vacacional y recreacional repartiendo su pago en 11 meses a partir de agosto 2022.

Acuerda:

1. Rechazar categóricamente las acciones y conducta lesiva del Gobierno Nacional hacia todos los entes de la administración pública y exigir el cese inmediato de estas acciones y un cambio de conducta por el bien del futuro de nuestra nación.

2. Invitar a todos los gremios de la educación nacional a todos los niveles y a los gremios de la administración pública nacional, regional y local, para que se establezca un frente amplio de lucha por las reivindicaciones laborales que no sólo están garantizadas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras sino establecidas como derechos inalienables en la Constitución y en los Tratados internacionales suscritos válidamente por al República. Todos estamos sufriendo las arbitrariedades de un gobierno que ha planificado nuestra destrucción.

3. Hacer un llamado a las fuerzas vivas nacionales: Asamblea Nacional, iglesia, sector productivo, entre otros, para que se pronuncien respecto a la destrucción de los entes públicos y dentro de éste los sectores educación y salud. El futuro de la nación está en juego y debemos actuar de inmediato. Sectores como la educación son claves en el desarrollo de un país, su desaparición o minimización implicaría poner en riesgo la formación de calidad para todos nuestros contemporáneos, así como nuestros hijos y nietos, quienes en un futuro tendrán en sus manos el desarrollo de Venezuela.

4. Elevar una protesta enérgica ante el Ministerio de Educación Universitaria, por el trato irrespetuoso ejercido en persona de su ministra al Representante de la Universidad de Los Andes y a otros miembros del Consejo Nacional de Universidades, cuando han solicitado la inclusión para discusión, en las sesiones de ese Consejo, de puntos medulares para la educación universitaria y la nación.

Mérida, 07 de agosto de 2022

Mario Bonucci Rossini

Rector

Manuel Joaquín Morocoima

Secretario

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