Cada cierto tiempo Venezuela vuelve a hacerse la misma pregunta. Cambian los gobiernos, cambian las sanciones, cambian los socios petroleros, cambia el precio del barril y cambia incluso la producción de crudo. Sin embargo, hay una interrogante que permanece inalterable: ¿dónde están los reales?

La pregunta reapareció con fuerza después del reciente reportaje publicado por el Financial Times, según el cual los ingresos generados por las exportaciones petroleras venezolanas podrían superar este año los US$ 35.000 millones. La cifra sorprendió a muchos venezolanos y alimentó una conclusión casi automática: si el país está recibiendo semejante cantidad de dinero, ¿por qué la recuperación no se siente en las calles? ¿Por qué continúan los problemas en los servicios públicos? ¿Por qué no mejoran los salarios? ¿Dónde está ese dinero?

Es una pregunta legítima. Pero creo que parte de un diagnóstico equivocado.

Seguimos observando la economía venezolana con los lentes de un país que ya no existe. Durante décadas nos acostumbramos a pensar que el petróleo era una fuente prácticamente ilimitada de recursos y que cualquier incremento de la producción debía traducirse casi automáticamente en mayor gasto público, mejores salarios, nuevas carreteras o programas sociales más ambiciosos. Esa fue la lógica de la Venezuela rentista y, en buena medida, continúa siendo el marco mental con el que muchos interpretan la realidad económica del país.

El problema es que la Venezuela de hoy se parece muy poco a aquella. Es cierto que la producción petrolera ha venido recuperándose y que el país produce alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, el mayor nivel en varios años. También es cierto que los ingresos han aumentado respecto a los mínimos registrados durante el colapso de la industria. Pero ambas afirmaciones, siendo correctas, cuentan apenas una parte de la historia. La otra parte es que esos mayores ingresos llegan a un país profundamente descapitalizado, con una infraestructura deteriorada, un aparato productivo debilitado y unas necesidades de inversión acumuladas durante más de dos décadas.

Dicho de otra manera, el flujo de recursos ha mejorado, pero el tamaño de la factura pendiente ha crecido mucho más rápido. Por eso, cuando alguien me pregunta dónde están los reales, mi respuesta suele decepcionar a quienes esperan encontrar una gran bolsa de dinero escondida o un excedente capaz de resolver, por sí solo, los problemas del país. La realidad es bastante menos espectacular y mucho más compleja.

En términos generales, esos recursos están yendo hacia dos grandes destinos.

El primero es el mercado cambiario.

Desde hace varios años he insistido en que buena parte de la estabilización macroeconómica observada en Venezuela descansa sobre la capacidad del Estado para ofrecer divisas al mercado. Esa oferta ha permitido moderar las presiones sobre el tipo de cambio, contener parcialmente la inflación y facilitar las importaciones que necesita una economía altamente dependiente del exterior. También ha servido para atender la demanda privada de dólares y permitir la salida de capitales de empresas y personas que buscan diversificar riesgos o proteger patrimonio.

Puede discutirse si esa política ha sido la más adecuada o si existían alternativas mejores. Lo que resulta difícil discutir es que ha requerido una enorme cantidad de recursos. Sin esas intervenciones cambiarias, probablemente hoy estaríamos hablando de una inflación mucho mayor, de una depreciación más acelerada del bolívar y de un entorno de negocios considerablemente más inestable. Ni hablar de problemas de abastecimiento y/o escasez.

Hay quienes ven esas ventas de divisas como un gasto. Yo prefiero entenderlas como el costo de preservar una estabilidad macroeconómica todavía frágil. La pregunta relevante, entonces, no es si ese dinero pudo haberse destinado a otro fin, sino cuál habría sido el costo económico y social de no hacerlo.

El segundo destino de esos ingresos es mucho menos visible para el ciudadano común, pero igual de importante: la propia industria petrolera.

Durante años PDVSA fue tratada como una caja registradora. La empresa producía petróleo y buena parte de los recursos salía inmediatamente para financiar gasto público. La reinversión dejó de ser una prioridad. Se postergó el mantenimiento, se deterioró la infraestructura, se acumularon deudas con proveedores y socios, y la capacidad operativa de la industria terminó desplomándose.

Reconstruir una empresa después de un proceso de descapitalización de esa magnitud no ocurre por decreto. Requiere tiempo, inversiones y recursos. Por eso una parte importante del flujo de caja generado actualmente permanece dentro del propio negocio petrolero. Se utiliza para financiar capital de trabajo, recuperar instalaciones, adquirir insumos, pagar compromisos pendientes y sostener el aumento gradual de la producción. En otras palabras, una parte de los nuevos ingresos se utiliza para garantizar que esos ingresos sigan existiendo mañana.

Paradójicamente, el petróleo necesita consumir una parte creciente de la riqueza que genera simplemente para volver a producir petróleo.

Hasta aquí podría parecer que la respuesta a la pregunta inicial está resuelta. Sin embargo, creo que eso sería quedarse en la superficie del problema.

Porque incluso si aceptamos que los recursos se destinan principalmente al mercado cambiario y a la recuperación de la industria petrolera, la sensación de frustración de buena parte de la sociedad sigue siendo comprensible. Los hospitales continúan necesitando inversiones. Las escuelas siguen deterioradas. Las carreteras muestran años de abandono. Los sistemas eléctricos y de agua potable operan con enormes limitaciones. Los salarios públicos permanecen muy lejos de lo necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido.

¿Por qué?

Porque Venezuela no enfrenta un problema de miles de millones de dólares.

Enfrenta un problema de decenas de miles de millones de dólares.

Después de más de veinte años de políticas públicas ineficientes, corrupción, pérdida de capacidad institucional y destrucción de capital físico, el país acumuló un déficit de inversión gigantesco. A ese panorama se suman ahora las necesidades derivadas de la reconstrucción tras los terremotos de junio, que por sí solas exigen recursos equivalentes a varios puntos del PIB. La conclusión es antipática: aunque el flujo petrolero haya mejorado, sigue siendo insuficiente para cubrir el tamaño del deterioro acumulado.

Sin embargo, creo que el error más frecuente consiste en pensar que el principal problema de Venezuela sigue siendo la cantidad de dinero que produce el petróleo.

La evidencia internacional demuestra exactamente lo contrario.

Hace ya más de dos décadas, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson demostraron que las diferencias de desarrollo entre los países dependen mucho más de la calidad de sus instituciones que de su dotación de recursos naturales. Douglas North llegó a conclusiones similares al explicar cómo las instituciones reducen la incertidumbre, generan incentivos para invertir y hacen posible el crecimiento sostenido. El Banco Mundial, a través de sus indicadores de gobernanza, y el Fondo Monetario Internacional, mediante sus evaluaciones de transparencia fiscal, han encontrado una relación consistente entre instituciones sólidas, rendición de cuentas y mejores resultados económicos.

No es casualidad. Los países que convierten sus recursos naturales en bienestar colectivo no son necesariamente los que producen más petróleo. Son los que cuentan con instituciones capaces de administrar esos recursos con reglas claras, controles efectivos y mecanismos de supervisión independientes.

Noruega suele citarse como el ejemplo más evidente, pero la lección trasciende ese caso. Lo importante no es copiar un modelo específico, sino comprender que el petróleo nunca sustituye a las instituciones. En el mejor de los casos, las financia.

Venezuela, por el contrario, ha vivido demasiados años creyendo que la renta petrolera podía reemplazar al Estado, compensar la debilidad institucional o corregir decisiones equivocadas. La historia demuestra que ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más dependimos del petróleo para resolver nuestros problemas, menos incentivos tuvimos para construir instituciones capaces de administrar esa riqueza con responsabilidad.

Por eso pienso que la pregunta “¿dónde están los reales?” termina siendo menos importante que otra mucho más importante:

¿Qué tipo de instituciones necesitamos para que los ingresos futuros produzcan resultados distintos a los del pasado?

Esa, a mi juicio, es la discusión verdaderamente relevante. Porque Venezuela necesitará movilizar recursos que van mucho más allá de los que puede generar el petróleo en el corto plazo. Hará falta inversión privada, financiamiento multilateral, acceso a los mercados internacionales de capital y cooperación con organismos internacionales. Todo ello exige algo que ningún barril de petróleo puede comprar por sí solo: confianza.

La confianza nace de las instituciones.

Por eso la reconstrucción económica del país pasa necesariamente por dos tareas simultáneas. La primera consiste en construir acuerdos políticos suficientemente amplios para recuperar la institucionalidad y crear un entorno estable que permita atraer los recursos financieros que Venezuela necesita. Sin estabilidad política y reglas previsibles será imposible cerrar la enorme brecha de inversión que hoy enfrenta el país.

La segunda tarea es igualmente importante: construir un Estado que rinda cuentas. Los venezolanos tienen derecho a conocer cuánto ingresa por concepto de petróleo, cómo se utilizan esos recursos, cuáles son las prioridades del gasto público y qué resultados concretos produce cada dólar administrado por el Estado. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero la opacidad siempre termina alimentándola.

Al final, quizás llevamos demasiado tiempo formulando la pregunta equivocada: no se trata únicamente de saber dónde están los reales. Se trata de construir un país donde esa pregunta deje de ser necesaria porque existan instituciones capaces de responderla todos los días, con datos, con transparencia y con resultados. Ese es el verdadero desafío de Venezuela. No producir más petróleo. Sino convertir esa riqueza, por primera vez en mucho tiempo, en un activo para el desarrollo y no en una nueva oportunidad perdida.

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