En Venezuela decimos: «No somos suizos» para justificar nuestra manera de improvisar y resolver. Pero quizás deberíamos preguntarnos por qué el país más aburrido del mundo es también el más innovador.

Durante catorce meses, Machado había sido un ser multiplexado, una señal sin origen localizable, físicamente en ningún sitio y virtualmente en todas partes. Esa condición la protegió mientras se mantuvo oculta.

El final del siglo XX venezolano ha sido el periodo más largo de nuestra historia de gobiernos escogidos por el pueblo y presididos por civiles. Fueron cuarenta años de alternabilidad democrática, de ejercicio de la libertad, de subordinación de los militares a la Constitución y de oportunidades para los venezolanos.

La investigación, que analizó la normativa dictada en la materia, así como las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los últimos 5 años, revela la profundización de un patrón estatal de control sobre las organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro, en el cual confluyen leyes restrictivas, actuaciones discrecionales e intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dificultan o imposibilitan su libre funcionamiento.

Hace exactamente dos décadas, las máximas instancias judiciales de Venezuela pretendieron sentar un precedente histórico en materia de protección ambiental. A través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dictaron medidas de amparo para proteger a las familias de La Punta y Mata Redonda frente al implacable y silencioso ascenso del Lago de Valencia.

Que un hospital pueda contratar enfermeras, una escuela pueda reparar sus techos o un país pueda construir una red de energía limpia depende a menudo de factores que rara vez aparecen en las noticias. En muchos casos, son las normas que limitan los déficits, el endeudamiento y el gasto las que determinan, en última instancia, si los gobiernos pueden invertir en el futuro.