El anuncio del Pacto Nacional impulsado por María Corina Machado ha sido recibido como una señal de apertura política. La propuesta busca incorporar a gremios, académicos, empresarios, organizaciones civiles y líderes sociales a una conversación más amplia sobre el futuro de Venezuela. Después de años en los que los partidos concentraron la mayor parte de las decisiones estratégicas de la oposición, la iniciativa parece responder a una demanda legítima: ampliar la participación de quienes, sin militar en estructuras partidistas, también aspiran a contribuir a la reconstrucción democrática del país.
Política
Desde el punto de vista político, la apuesta es difícil de cuestionar. Toda coalición que aspire a gobernar una nación fracturada necesita algo más que partidos; necesita legitimidad social. Necesita que distintos sectores se reconozcan en un proyecto común.
Sin embargo, precisamente allí aparece el principal desafío del Pacto.
La oposición venezolana lleva años enfrentando problemas de liderazgo, coordinación y estrategia. Pero existe un problema menos visible que podría convertirse en el verdadero punto de tensión de esta nueva etapa: la tendencia a confundir legitimidad social con capacidad electoral.
Son conceptos relacionados, pero no equivalentes.
Una organización gremial puede representar a miles de profesionales. Una universidad puede aportar prestigio intelectual. Un movimiento ciudadano puede movilizar opinión pública. Todo ello genera legitimidad. Pero las elecciones se ganan mediante estructuras capaces de organizar voluntarios, formar testigos, movilizar votantes y defender resultados en miles de centros electorales simultáneamente.
La historia reciente de la oposición venezolana demuestra que una cosa no sustituye a la otra.
El problema que María Corina intenta resolver
Visto desde esta perspectiva, el Pacto Nacional puede interpretarse como un intento de resolver una de las contradicciones históricas de la oposición.
Durante años, los partidos fueron criticados por actuar como estructuras cerradas y poco permeables a la sociedad civil. Sin embargo, esos mismos partidos construyeron las redes organizativas que permitieron sostener campañas, movilizar votantes y defender procesos electorales.
Machado parece comprender ambas realidades.
Por un lado, necesita ampliar la legitimidad de la coalición democrática incorporando sectores que durante mucho tiempo se sintieron excluidos de la toma de decisiones.
Por otro, necesita preservar la capacidad operativa de las organizaciones que siguen siendo indispensables para cualquier estrategia electoral seria.
El éxito del Pacto dependerá de su capacidad para equilibrar ambas necesidades sin sacrificar ninguna.
La pregunta incómoda
El verdadero desafío aparecerá cuando la legitimidad social y la capacidad electoral entren en conflicto.
Porque tarde o temprano ocurrirá.
¿Qué sucede si un sector con amplio reconocimiento social exige una influencia política superior a su capacidad real de movilización electoral?
Política
¿Qué ocurre si quienes aportan legitimidad consideran insuficiente el peso que reciben dentro de la coalición?
¿Y qué ocurre si los partidos, responsables del trabajo territorial y electoral, consideran que se les exige ceder espacios estratégicos a actores que no asumen los mismos costos organizativos?
Estas preguntas no son secundarias.
Son probablemente las preguntas más importantes que enfrenta el Pacto Nacional.
Toda coalición amplia debe resolver una cuestión fundamental: ¿cómo se distribuye la influencia interna?
¿En función del prestigio social?
¿De la representación sectorial?
¿De la capacidad organizativa?
¿De la movilización electoral?
¿O de una combinación de todas ellas?
Responder esas preguntas será mucho más difícil que firmar cualquier documento de unidad.
Las diferencias que no desaparecerán
La amplitud de la convocatoria también implica la convivencia de visiones distintas sobre el país que debe construirse después de una transición democrática.
Las discrepancias sobre el tamaño del Estado, la política tributaria, las reformas laborales, el papel de la inversión privada o la relación con organismos multilaterales no son accidentes. Son el reflejo natural de una sociedad plural.
El error sería intentar ocultarlas.
Las democracias sólidas no se construyen eliminando diferencias. Se construyen creando mecanismos para administrarlas.
Por ello, la verdadera fortaleza del Pacto no será alcanzar unanimidad. Será generar reglas capaces de procesar desacuerdos sin producir fracturas.
Más difícil que construir la unidad
La oposición venezolana ha demostrado en múltiples ocasiones que puede alcanzar acuerdos frente a amenazas comunes.
Lo que históricamente ha resultado más difícil es mantener esos acuerdos cuando aparecen disputas sobre liderazgo, estrategia o distribución de poder.
Por eso, la prueba definitiva del Pacto Nacional no será reunir más organizaciones alrededor de una mesa.
La prueba llegará cuando alguno de sus integrantes considere que merece más influencia de la que otros están dispuestos a concederle.
Será entonces cuando se comprobará si existe un verdadero mecanismo para transformar diferencias legítimas en decisiones operativas.
Conclusión
María Corina Machado parece haber identificado correctamente una necesidad histórica de la oposición: ampliar su base de legitimidad incorporando sectores sociales que durante años permanecieron fuera de los espacios formales de decisión.
Pero el éxito del Pacto Nacional dependerá de algo más complejo que sumar adhesiones.
Dependerá de evitar que la legitimidad social termine compitiendo con la capacidad electoral.
Porque una coalición democrática necesita ambas. Necesita legitimidad para representar al país. Y necesita capacidad electoral para convertir esa representación en poder político efectivo.
Política
La historia juzgará al Pacto Nacional no por la cantidad de firmas que logre reunir, sino por su capacidad para responder una pregunta mucho más difícil: qué ocurre cuando quienes representan sectores importantes de la sociedad exigen más poder del que realmente pueden aportar para conquistar y sostener una victoria política.
Allí se encuentra la verdadera prueba del Pacto. Y probablemente también su mayor riesgo.