Con ocasión de la decisión de la Asamblea Nacional de revocar el nombramiento de los 13 magistrados titulares y 21 suplentes realizado por la gestión anterior de ese organismo, Acceso a la Justicia comentó su respaldo a la medida pues 10 de los 13 no cumplían con los requisitos para serlo. Ahora nos preguntamos, ¿se repite esta situación con los 19 magistrados restantes?
La investigación arroja que siete de ellos cumplen a cabalidad (Marjorie Calderón, Mónica Misticchio, Francia Coello, Guillermo Blanco, Indira Alfonzo, Bárbara César, y Arcado Delgado); sobre seis hay dudas y los seis restantes no cumplen con uno o más de los requisitos requeridos para tener ese cargo.
De estos últimos, tres han sido condenados penalmente mediante sentencia definitivamente firme o han sido sancionados por responsabilidad administrativa mediante un acto administrativo definitivamente firme; lo que trasgrede la Constitución y la LOTSJ. Los otros no tienen alguna de las condiciones que exige la Constitución de manera alternativa: 15 años de ejercicio de la abogacía con un título de posgrado en derecho, 15 años siendo profesor universitario en derecho o 15 años como juez superior en el área de la Sala para la que se han postulado. Dos de ellos tienen el agravante de que no se sabe si renunciaron a la militancia partidista que profesaban anteriormente, lo que violaría además de la Constitución, la LOTSJ ylos Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
Esto último sucede también con cuatro de los magistrados de los que existen dudas sobre su perfil. Dos de ellos suman a esta incertidumbre cuestionamientos sobre su honorabilidad (que es un requisito Constitucional), al existir denuncias en su contra por distintas razones. Es el caso también del quinto magistrado de este grupo, mientras que el sexto no tiene su currículo publicado por lo que no hay manera de saber si es venezolano y no tiene otra nacionalidad.
Al sumar estos resultados con los presentados anteriormente por Acceso a la Justicia encontramos que 16 de los magistrados actuales del TSJ (es decir, el 50%) no tienen el perfil requerido para ejercer ese cargo y 6 más (19%) generan dudas de importancia sobre su idoneidad.
Acceso a la Justicia no puede evitar insistir en el hecho de que por la importancia de su labor estos son cargos que deberían estar ocupados por los mejores juristas del país, y lo que evidencia esta situación es que se han privilegiado criterios de preferencia política en lugar de aquellos de idoneidad profesional.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La imparcialidad y la independencia son sin duda las dos características más importantes que un juez debe tener para que pueda cumplir su rol. Si tenemos en el país como máximos jueces a personas que no tienen los requisitos para serlo sino que están allí por ser amigos o simpatizantes del gobierno de turno y nada más, ¿podremos esperar realmente que actúen de manera independiente y que sean imparciales? ¿Qué clase de Justicia puede impartir un juez que le debe su cargo no a sus méritos sino a sus conexiones políticas?
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Acceso a la Justicia
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