En el preámbulo de la Constitución de 1999, Venezuela es definida como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.

De acuerdo al Artículo 62 de dicho texto: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Sin embargo, el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por del resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha anunciado que se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que los venezolanos ni las venezolanas tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos.

Tendrá que haber razones de mucho peso, será que su contenido es muy perjudicial para el país, para que el gobierno se sienta obligado a mantener, no solo las negociaciones, sino los acuerdos en secreto. Dado este secreto gubernamental, no nos queda más remedio a los ciudadanos de este país que buscar fuentes de información externa.

En pasado 8 de agosto la empresa Gold Reserve, realizó un anunció público, en la ciudad de Spokane, Estado de Washington de los Estados Unidos, explicándole a sus accionistas y potenciales inversionistas el contenido del acuerdo que ha firmado con el gobierno venezolano.

Los contenidos más resaltantes de este acuerdo son los siguientes:

El gobierno Venezolano ha acordado la creación de una empresa mixta con la Gold Reserve. La Empresa Mixta tendrá derechos mineros al oro, el cobre y la plata en 18.000 hectáreas, incluyendo los depósitos de Brisas-Cristinas.

La República Bolivariana de Venezuela acuerda pagar la totalidad de la indemnización que de acuerdo al laudo arbitral solicitado por la empresa al CIADI, más los intereses acumulados hasta el 24 de febrero de este año por un total de US$ 769.681.823. Este monto será pagado en dos partes antes del 31 de diciembre de este año.

El gobierno venezolano acuerda comprar los datos técnicos de minería en Venezuela con los que cuenta la empresa por un total de 240 millones de dólares. Solo cuando se termine de cancelar este montó, los datos serán entregados por la empresa.

La Gold Reserve ha acordado una suspensión temporal de la exigencia legal de la aplicación de la indemnización del laudo arbitral hasta que el pago final de esta indemnización sea hecha por Venezuela. Tras el pago final de la indemnización, la Compañía cesará todas las actividades legales relacionadas con el reclamo de la indemnización. La Gold Reserve podrá dar por terminado el Acuerdo de solución mediante notificación escrita, sin exigir una decisión de cualquier autoridad judicial, si las dos cuotas correspondientes al pago de la indemnización no son recibidas por Gold Reserve en los plazos previstos en el Acuerdo de solución.

Venezuela va a utilizar el producto de toda financiación que se cierre después de la ejecución de este acuerdo para pagar a Gold Reserve las cantidades adeudadas en virtud de este acuerdo con preferencia a cualquier otro acreedor.

En las condiciones de profunda crisis que vive en país, donde no hay suficientes divisas para garantizar la importación de los alimentos y medicamentos básicos que requiere la población, el gobierno se compromete a entregar a la Gold Reserve, a corto plazo, más de mil millones de dólares.

Mediante este acuerdo, se establece además que los pagos del Estado Venezolano a la Gold Reserve tendrá prioridad sobre cualquier otro acreedor, aunque se trate de deudas que sea necesario cancelar como condición para poder adquirir los alimentos y medicamentos que con urgencia requiere la población venezolana.

La Empresa Mixta será propiedad en 55% de Venezuela y 45% por una subsidiaria propiedad en un cien por ciento de Gold Reserve. La duración del proyecto minero es de 40 años (20 años con dos extensiones de 10 años).

Venezuela contribuirá a la Empresa Mixta, los derechos sobre el oro, el cobre, la plata y otros minerales estratégicos contenidos dentro de 18.000 hectáreas ubicadas en el sureste del Estado Bolívar, que incluye el proyecto Brisas Cristinas. Gold Reserve, bajo un Acuerdo de Servicios Técnicos, proporcionará los servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a la Empresa Mixta. Gold Reserve percibirá una comisión del 5% de todos los costes de la construcción y el desarrollo del proyecto. Una vez que comience la producción comercial, a la Compañía se le pagará una cuota del 5% por su asistencia técnica durante las operaciones.

Venezuela y la compañía trabajarán en conjunto para completar los recursos para financiar los US $ 2,1 millardos previstos como costos de capital para el proyecto Brisas Cristinas.

Esto es, se calcula que se necesitan más de dos mil millones de dólares de nuevo capital para llevar a cabo el proyecto. La empresa, a pesar de recibir más de mil millones de dólares del Estado venezolano no aportará capital propio, no traerá dinero fresco. Esos mil millones serán distribuidos entre los accionistas de Gold Reserve. La nueva empresa mixta tendrá que buscar esos recursos en el mercado de capitales. Para el Estado venezolano esto significa que además de los más de mil millones de dólares que debe pagar a corto plazo a la Gold Reserve, tiene que endeudarse por 1.155 millones de dólares adicionales para poder hacer su aporte al capital requerido por la nueva empresa mixta. ¿De dónde saldrán estos 2164 millones de dólares? ¿Es esa la prioridad que hoy tiene la población venezolana?

Decretos Presidenciales han sido o serán emitidos dentro del marco legal del Arco Minero del Orinoco, con los siguientes incentivos impositivos y fiscales para las empresas mixtas que operan en esa zona:

Aquí es importante hacer notar que la empresa afirma que, además de los extraordinarios beneficios impositivos y fiscales ya acordados a las empresas transnacionales, el gobierno les ha garantizado nuevos beneficios por la vía de nuevos decretos que serían emitidos a futuro.

Exención de pago del impuesto sobre el valor agregado, impuesto de timbres fiscales, impuestos municipales y los impuestos que surjan como contribución de bienes tangibles e intangibles, de existir estos, a las empresas mixtas de las partes.

Las Empresas Mixtas incurrirán en el mismo costo de la electricidad, diésel y gasolina como los efectuados por el Gobierno o entidades relacionadas.

Venezuela y Gold Reserve participarán en las ganancias netas de la empresa mixta, de acuerdo con una fórmula acordada resultando en porcentajes especificados basados en el precio de venta de oro por onza.

La Empresa Mixta pagará una regalía (net smelter return royalty) a Venezuela sobre la venta de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos de 5% durante los primeros diez años de la producción comercial, 6% durante los siguientes diez años y el 7% en los años siguientes.

La Empresa Mixta estará autorizada para mantener fondos asociados con los futuros costos de financiamiento en dólares estadounidenses.

La Empresa Mixta estará autorizada para exportar y vender su concentrado y barras doré que contengan oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos fuera de Venezuela y mantener los ingresos de tales ventas en una cuenta offshore en dólares norteamericanos.

Esto entra en clara contradicción con lo establecido el Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, de diciembre del año pasado, que establece en su artículo 31 que:

El oro y demás minerales estratégicos que se obtengan como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, serán de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela podrá autorizar, la venta y/o entrega de cada mineral a una entidad distinta, en los términos que a tales efectos se establezca.

Si Venezuela entra en un acuerdo con un tercero para la incorporación de una empresa mixta para llevar a cabo actividades similares en términos y condiciones que sean más favorables que los incentivos impositivos y fiscales señalados arriba, Venezuela se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para otorgar a la Sociedad Mixta términos similares que se aplicarán al proyecto Brisas Cristinas.

Como si fueran poco favorables para la empresa las condiciones de este acuerdo, cualquier beneficio adicional acordado a otra empresa, sería igualmente extendido a la Gold Reserve.

Particularmente alarmante es el siguiente punto del acuerdo:

Venezuela indemnizará a Gold Reserve y afiliados contra cualquier futura acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas.

Esto está definido en términos tan amplios que el Estado venezolano asume los costos de cualquier acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas, estén estos relacionados con el carácter inconstitucional e ilegal de las operaciones mineras del Arco Minero del Orinoco, como de cualquier impacto socioambientales o laborales que se deriven de las operaciones de la empresa mixta. Es este el ideal máximo de una empresa, un capitalismo sin riesgo, y sin incentivo alguno para cumplir con las normas legales del país donde operan. El Estado se compromete a asumir y pagar todas las consecuencias.

Como parte de su interés complacer a sus accionistas y atraer nuevos inversionistas, la empresa afirma que:

El proyecto combinado Brisas Cristinas, un depósito de oro y cobre ubicado en distrito minero kilómetro 88 del estado Bolívar en el sureste de Venezuela, cuando se construya, se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y una de las más grandes del mundo.

El boletín de la Gold Reserve concluye con una declaración de Doug Belanger, presidente de la empresa que dice lo siguiente: _En nombre de los accionistas y las partes interesadas están muy contentos de resolver nuestra disputa con Venezuela. Este acuerdo permite que procedamos con la tremenda oportunidad para la Compañía y para Venezuela de desarrollar en forma conjunta el depósito de oro y cobre Brisas Cristinas, a la vez que proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera. Esto se transformará en sólido crecimiento económico de Venezuela y en la expansión de una nueva industria complementaria a la existente industria petrolera de la República. Después de la recepción de la indemnización y liquidación de la totalidad de las obligaciones financieras de la empresa, una mayoría sustancial de los ingresos netos relacionados con la indemnización y la venta de datos técnicos de minería está previsto que sean distribuidos a nuestros accionistas.

De esta declaración es importante destacar lo siguiente: proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera.

Aquí está claramente por lo menos parte de la explicación de por qué el gobierno venezolano ha decidido entrar en un convenio tan leonino y tan perjudicial para la nación como el firmado con esta empresa. El conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera (esto es el control militar y la suspensión preventiva de garantías constitucionales en el territorio minero, así como la clara violación del derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas), por un lado y fiel cumplimiento con las exigencias del CIADI fueron consideradas por el gobierno como condiciones sin las cuales no podría aspirar a generar la requerida confianza entre los inversionistas extranjeros, condición necesaria para atraer las ansiadas inversiones de las corporaciones mineras transnacionales.

En un ambiente de tan generalizada corrupción ¿existirán algunos incentivos adicionales para que los altos funcionaros de este gobierno auto-denominado como revolucionarios considerasen conveniente la firma de este convenio?

¿Qué pasó con la soberanía? ¿Con el anti-imperialismo?

La Gold Reserve es una pequeña empresa de exploración que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto como empresa de capital de riesgo, registrada bajo la denominación de Aventure capital@. Como otras empresas de su tipo, su fuente principal de ganancias no está en la actividad productiva sino en la especulación.

Nosotros, integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, no tenemos por los momentos forma de saber hasta que punto el comunicado público de la Gold Reserve es fiel al contenido del acuerdo al cual se llegó con el gobierno venezolano. Si el gobierno llegase a considerar como incorrecta esta información, en lugar de desmentir su contenido, tiene la obligación de difundir ampliamente los documentos de los acuerdos suscritos.

Caracas 15 de agosto 2016